Voces

jueves 25 feb 2021 | Actualizado a 23:47

La Constitución chilena como esperanza

Lo importante será observar si los actores políticos dan cuenta de esa repolitización y actuán en consecuencia.

/ 2 de noviembre de 2020 / 00:54

Yo pisaré las calles nuevamente/ de lo que fue Santiago ensangrentada/ y en una hermosa plaza liberada/ me detendré a llorar por los ausentes. Estas palabras vuelven a tener sentido cuatro décadas después de que Pinochet, antes de su retirada del poder, establezca la Constitución chilena como candado para limitar la naciente democracia.

En Bolivia, ocupados en nuestros afanes electorales y pasiones políticas tuvimos poco tiempo para celebrar el nuevo ciclo que Chile ha decidido emprender. El pasado 25 de octubre, siete millones de chilenos y chilenas votaron para reemplazar la Constitución instituida durante la dictadura de Augusto Pinochet. Con 78% de aprobación, la decisión fue que se redacte una nueva Carta Magna y esta sea de responsabilidad de una Convención Constitucional elegida por la ciudadanía. El desafío ahora es que Chile escriba un texto constitucional que no solo avance en derechos sino, sobre todo, genere cambios sustantivos en la organización del poder.

Cuarenta años le tomó a la sociedad chilena modificar el legado de la dictadura. Mientras en Bolivia, con ayunos y rezos, un grupo de desubicados convocan nuevamente los oscuros tiempos de la dictadura militar, la ciudadanía chilena celebra los apabullantes resultados del plebiscito para sacudirse finalmente del pinochetismo. Este momento es comprendido como parte de un largo proceso que se inició hace décadas y tuvo como detonador definitivo las protestas de octubre de 2019 que pusieron en cuestión la profunda desigualdad social que vive Chile.

Según el analista Javier Sajuria, los resultados nos hablan de tres fenómenos en el Chile actual: una polarización de las élites, su aislamiento de las masas y la (re)politización de la ciudadanía. La polarización de las élites parece más evidente en los espacios institucionales como el Senado o el Tribunal Constitucional donde se identifica una distinción entre quienes se inclinan hacia la derecha y quienes lo hacen hacia la izquierda. Esta división y confrontación entre representantes está acompañada de un claro alejamiento entre estas élites políticas y los votantes, lo que conlleva el potencial aislamiento y escasa legitimidad de estos sectores. Desde ya un tiempo considerable, las dirigencias de los partidos políticos tienen una desconexión persistente con la ciudadanía, mostrando brechas con el resto de la población en términos de ingresos, sistemas educativos, acceso a la salud e incluso aislamiento geográfico del resto de la sociedad chilena.

Frente a la falta de intermediación política, la sociedad chilena, sobre todo los jóvenes, han respondido con una (re)politización que todavía no es comprendida desde los partidos políticos y los medios de comunicación masiva. Así, los resultados contundentes del plebiscito parecen mostrar que existe una amplia coalición en torno a la nueva Constitución que logró atraer votantes más allá de los sectores progresistas o de (centro)izquierda. Según datos de las encuestas, detrás de la aprobación se encontraron sectores independientes y hasta un tercio de quienes se identifican con la derecha, ganando en todos los grupos etarios, al igual que en los diferentes niveles de ingreso. Incluso la opción por una nueva Constitución tuvo mayoría entre los evangélicos, un grupo que se asocia a posturas más conservadoras.

El proceso que se viene en Chile es complejo. Lo importante será observar si los actores políticos dan cuenta de esa repolitización y actúan en consecuencia. Será necesario que durante el proceso constituyente la ciudadanía se sienta incluida, sacudiendo los mecanismos de participación e intermediación tradicionales que no gozan de legitimidad. Es el único camino para que la nueva Constitución ayude a superar la actual crisis política chilena.

*Lourdes Montero es cientista social

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Paro médico

Los profesionales en salud bolivianos pierden nuestro respeto ante la inhumana decisión de declararse en paro en plena pandemia.

/ 22 de febrero de 2021 / 01:55

El mundo entero ha aplaudido de pie el trabajo en primera línea de los médicos, enfermeras y profesionales sanitarios que hacen frente a la pandemia. Miles de fotografías, murales, videos y canciones han circulado buscando rendir homenaje al personal de salud que combate al COVID-19. En Bolivia, todos lloramos la muerte del doctor Óscar Urenda porque simboliza la entrega en la lucha contra la pandemia. Muchos médicos han ofrendado su vida y muchos otros se han ganado nuestro respeto creando redes de atención gratuita y proporcionando no solo medicina contra la enfermedad, sino sobre todo contención emocional a una población llena de miedo y desinformación.

Pero hoy los profesionales en salud bolivianos pierden nuestro respeto ante la inhumana decisión de declararse en paro en plena pandemia. Ya nadie se siente inducido a colocar en su ventana un letrero que diga “yo apoyo a mi médico” porque su dirigencia ha demostrado no tener compasión por la salud y la vida del conjunto de la población. Nuestros queridos trabajadores en salud han perdido la batalla de la opinión pública porque los motivos que exponen para oponerse a la Ley de Emergencia Sanitaria representan privilegios de un gremio que pierden sentido frente a la dura realidad de una pandemia mundial. Por ello, es posible afirmar que el paro médico refleja la defensa a ultranza de un privilegio de casta inaceptable en tiempos de crisis sanitaria.

Esta dura afirmación se basa en comprender que la dirigencia médica ha convocado a una medida extrema de protesta buscando defender tres privilegios que se contraponen con el bien común.

El primero, el más cuestionable, es la defensa de que no haya límite en el costo de salvar nuestra vida. ¿Quién puede oponerse al control de precios en medicamentos y servicios sanitarios si hemos sido víctimas de los excesos de las clínicas privadas que exigían depósitos de entre $us 10.000 y 50.000 previa internación? Tal vez la dirigencia médica no comprende que las familias bolivianas, al hacer frente a la enfermedad, hemos consumido nuestros ahorros, estamos endeudados y, para enfrentar la especulación de precios en la atención medica solo nos queda invocar la solidaridad o la caridad de nuestros amigos.

Esta actitud explica por qué gran parte de enfermos de COVID-19 en Bolivia hemos recurrido a la medicina tradicional, a la ivermectina, al dióxido de cloro o a cualquier receta casera que nos aleje de un centro médico.

El segundo privilegio del que goza el sector de salud es el de vetar la política pública para defender sus intereses. Su derecho a la protesta no puede estar por encima del bien mayor como es la salud de la población. Como nunca podemos afirmar que, en tiempos de pandemia, la protesta expresada en un paro indefinido se constituye en un riesgo para la vida de todos los bolivianos.

Por último, un tercer privilegio que la dirigencia médica defiende es el derecho exclusivo de un conjunto limitado de personas a desarrollar su actividad en Bolivia, sin ninguna sensibilidad en tiempos excepcionales de pandemia. Necesitamos más personal en salud y si el Estado determina medidas excepcionales para contratarlos, debemos apoyar la disposición. La pandemia nos coloca en tiempos excepcionales y respetar a ultranza el derecho de exclusividad que impone el gremio médico es un monopolio inaceptable.

Es imperativo que los intereses gremiales sean puestos de lado en un momento como el actual, cuando se pone de manifiesto que salvar vidas es la principal función de la profesión médica. Queremos volver a aclamar de pie el espíritu humanista de quienes han decidido consagrar su vida a preservar la salud de la población.

   Lourdes Montero es cientista social.

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ATB y la hipersexualización de niñas

/ 8 de febrero de 2021 / 02:52

La semana pasada se inició el año escolar. El programa Que Viva la Mañana del canal nacional ATB mostró a sus presentadores disfrazados de escolares. Por el estilo del programa, que hace un uso comercial del cuerpo erotizado de sus presentadoras, el resultado fue la sexualización de las prendas de uso colegial. Quisiera con este motivo profundizar sobre la responsabilidad de un medio de comunicación en las imágenes que proyecta y su contribución al incremento de la violencia contra las mujeres en Bolivia.

Seguramente quienes conciben y producen el programa Que Viva la mañana saben que Bolivia es la nación donde más mujeres son asesinadas en Sudamérica. Dos de cada 100.000 mujeres sufren feminicidio en territorio boliviano, cifra que duplica a países con mucha violencia y criminalidad como por ejemplo Brasil, donde el margen es de 1,1.

Si este dato no conmueve a los productores de ATB, pasemos a hablar de su contribución directa al grave problema de la violencia sexual: la erotización de las niñas y adolescentes. Bolivia, según la Organización Panamericana de la Salud, ocupa el segundo lugar en la región —después de Haití— en prevalencia de violencia sexual. Cada año se registran 14.000 casos de mujeres violadas sexualmente. Los datos estadísticos revelan que 7 de cada 10 mujeres bolivianas en algún momento de su vida han sido víctima de abuso sexual. A esto, debemos sumar los problemas del acoso callejero y la desaparición de niñas y jóvenes en la trata y tráfico de mujeres.

Pero vayamos al problema concreto al que ATB contribuye mostrando a sus presentadoras como Lolitas. En Bolivia, cada día al menos cuatro niñas y adolescentes son víctimas de violación, y prácticamente todos los delitos sexuales son perpetrados por conocidos de las víctimas. Como agravante debemos subrayar que los delitos sexuales cometidos por desconocidos implican una agresión única, mientras que las agresiones por parte de conocidos suponen un ejercicio de violencia repetitiva ya que los agresores próximos al entorno familiar como vecinos, padrastros, padres y familiares son los que predominan. Miles de estas niñas seguramente serán sometidas al aborto clandestino, corriendo el riesgo de perder la vida y otras serán niñas maternando niños. Si tienen dudas sobre estos datos, les recomiendo leer el estremecedor informe publicado por la Defensoría del Pueblo, donde se expone cómo la violencia sexual en Bolivia es naturalizada y normalizada.

Pero hablemos claro, la hipersexualización de las niñas normaliza la pedofilia. Resulta curioso, por tanto, asistir a este despliegue de doble moral. En Bolivia, por un lado, se condena la pederastia, mientras por otro, se promueve en la televisión a mujeres que aparentan ser niñas en cuerpos sexualizados enviando un peligroso mensaje: el erotismo proporciona beneficios sociales. Se está diciendo a los niños y a los adultos que las niñas están a su disposición, que son objetos, se está educando este tipo de deseo sexual. Por ello, la sexualización de las niñas (o de su imagen) contribuye al aumento de abusos sexuales y propicia las conductas sexuales agresivas, contribuyendo a la perpetuación del patriarcado y la violencia.

Todo esto, amigos míos, es estremecedor. Por ello, no encuentro ni gracioso, ni peculiar, ni creativo que el programa Que Viva la Mañana de ATB presente a las niñas y adolescentes escolares como objeto de consumo sexual para el entretenimiento mañanero de su audiencia. Es momento que exijamos que los medios de comunicación asuman su responsabilidad en la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.

    Lourdes Montero es cientista social.

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La fuerza de romper el silencio

/ 25 de enero de 2021 / 02:06

Con asombro e incredulidad, recibí la noticia que Felipe Quispe, el Mallku, había muerto. Y con su muerte, como reguero de pólvora, resurgieron en las redes sociales los traumas irresueltos en torno a la indianidad de nuestra identidad nacional. Y es que, como nadie, El Mallku puso el cuerpo y la palabra para confrontar el colonialismo interno que opera en silencio para mantener el orden de la segregación racial y encubrir prácticas jerarquizantes. Fue ese silencio cómplice el que Felipe Quispe voló en pedazos con la irreverencia irónica que lo caracterizaba. Con él supimos cómo se incuba la furia en los espíritus rebeldes.

Múltiples mensajes se escribieron comentando su muerte. Miles tenían una historia que contar, un encuentro que recordar o simplemente compartían una frase de El Mallku que les había marcado la vida. Lo imagino con una media sonrisa en el rostro, desconfiado de la explosión de simpatía que su muerte provoca incluso en quienes lo despreciaban. Su sola presencia invocaba los odios y miedos de quienes creen que “estos salvajes, que ni se bañan, se van a meter a nuestras casas y se lo van a llevar todo”. Y en el fondo creo que él disfrutaba infundir ese miedo con el poder de quien domina el arte del performance político.

Y es que Felipe Quispe, con todas sus contradicciones, era un maestro en provocar espanto a lo políticamente correcto; y si bien sabía cómo encantar o irritar con su lenguaje brutal y directo, también lograba infundir respeto a la fuerza de lo desconocido que todavía es el mundo indígena andino. A fines de la década de los 90, irrumpió en la escena política como secretario ejecutivo de la CSUTCB, con los temidos bloqueos campesinos. “Yo no soy pongo político”, sentenció en la mesa de negociaciones con autoridades del gobierno de Banzer en 2001. Fue varias veces candidato y llegó a ser representante nacional, curul al que renunció porque se sintió asqueado de la gestión parlamentaria.

Para desarmar la ficción oficial de la república mestiza multicultural, nos habló de las dos Bolivias para referirse a un país formal y un país real sumergido e invisible. Proponía —para pavor de nuestras clases medias— “indianizar a los q’aras”. Sus ideas ponían de vuelta en el centro del conflicto político la histórica desigualdad, el racismo y discriminación imperantes, que buscaban ser ignorados por una modernidad/tecnocrática/ liberal igualadora en auge neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Hay que decirlo. El Mallku era un hombre de su tiempo (y de su espacio) en temas de violencia y discriminación aymara contra las mujeres. Agudo e implacable para señalar las marcas de la discriminación racial y clasista, prefería hacer de la vista gorda frente a las desigualdades que sufren mujeres y niñas en las comunidades indígenas. Testimonio de ello es la entrevista de María Galindo en Radio Deseo, en julio de 2013.

Todos recordamos el efecto electrizante de su respuesta cuando una periodista lo increpaba por su opción armada como miembro del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK). “A mí no me gusta que mi hija sea empleada de usted. Entonces, ¿cómo puedo protestar? No voy a pedir una limosna para que mi hija no sea su sirvienta”. Era la declaración pública de la rabia como fuerza política. Tal vez no había nada de novedoso en la declaración, y seguramente reflejaba el sentimiento de muchos migrantes indígenas que en las ciudades se sentían explotados; sin embargo, el silencio que estaba rompiendo era el silencio cómplice de la jerarquía colonial.

La construcción del discurso público del orgullo de ser indio, tanto como el sentido social de la ruptura del silencio son marcas que nos deja Felipe Quispe en su lucha indianista. No se puede entender la política contemporánea de Bolivia sin su liderazgo y por ello nos quedamos con sus palabras de hace tan solo seis días: “Por principio estoy luchando y voy a seguir luchando hasta mi muerte, si es posible debajo de la tierra voy a seguir gritando”. Vuela alto, Mallku, como toda fuerza protectora de los espíritus rebeldes.

    Lourdes Montero es cientista social.    

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La marea verde en Argentina

Esperemos que estos avances contagien a los partidos políticos progresistas de Bolivia, donde se estima que se realizan 180 abortos cada día.

/ 14 de diciembre de 2020 / 07:36

El 11 de diciembre fue un día histórico para el avance de los derechos de las mujeres en Argentina y América Latina. Luego de 22 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la ley que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la atención posaborto. El proyecto, presentado por el Ejecutivo, obtuvo 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. El bloque del Frente de Todos fue el que aportó la mayor cantidad de votos para conseguir la sanción. De los 119 diputados que participaron de la sesión, 82 votaron de manera afirmativa. El proyecto ahora debe ser sancionado en la Cámara de Senadores, donde se confía en llegar a una ajustada votación a favor.

El proyecto de ley ha estado acompañado de dos medidas que han allanado su aprobación: la concesión de ayudas económicas durante dos años para las mujeres sin recursos que quieran llevar adelante el embarazo (denominado el Plan de los 1.000 días) y la inclusión de la objeción de conciencia.

Esta vez los argumentos en contra —los mismos que se esgrimieron en el debate de 2018— no alcanzaron para frenar la marea verde de mujeres dentro y fuera del Congreso que celebraron con lágrimas la media sanción. Y es que nuevamente, como en 2018, las calles cercanas al Congreso se inundaron de mujeres (sobre todo jóvenes) y organizaciones diversas que utilizan el pañuelo verde como símbolo de su lucha por la despenalización y comparten la convicción de que los derechos se ganan en la calle.

Será el noveno intento de despenalizar el aborto en Argentina. En la discusión, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito logró convencer que no se trata de defender ni de promover el aborto, sino de habilitar la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo no deseado puesto que, como se ha demostrado con investigaciones en torno al tema, en los países con legislación prohibicionista, la penalización del aborto no impide la interrupción de los embarazos no deseados, y lo único que hace es obligar a las mujeres con menos recursos a abortar en condiciones de clandestinidad que ponen en riesgo su vida.

Esperemos que estos avances contagien a los partidos políticos progresistas de Bolivia, donde se estima que se realizan 180 abortos cada día y las complicaciones por interrupciones mal practicadas son la tercera causa de mortalidad materna. Ya sufrimos una arremetida conservadora en 2018 cuando las iglesias, los grupos corporativos de los médicos y organizaciones “pro vida” lograron frenar la ampliación de causales de aborto impune en el Código Penal.

Pero la marea verde boliviana ya tiene algunas señales. Hace unos días, uno de los voceros de estas organizaciones ultraconservadoras denunció a un activista y a la Defensoría del Pueblo por “promover el aborto”. Como respuesta se virilizó la campaña #YoAcompaño donde, desde diversas voces, se testimonió la amorosa complicidad de muchas personas con las mujeres de su entorno frente a la decisión de interrumpir el embarazo.

Después del largo proceso en Argentina, en toda la región siguen días de activismo y esperanza. El aborto es un problema de salud pública que incide en las altas tasas de morbimortalidad materna. No se trata de legislar sobre una cuestión moral, que puede ser ejercida de manera individual según su particular sistema de creencias. También es un derecho humano que involucra la libertad, autonomía y dignidad de las mujeres sobre sus cuerpos, quienes pueden decidir por sí mismas y no bajo la tutela del Estado. En Bolivia, no puede haber mujeres en riesgo de perder la vida, la salud o la libertad por restricciones a nuestra capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos.

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El retorno de Evo

/ 15 de noviembre de 2020 / 23:44

Evo Morales culminó en Chimoré una caravana multitudinaria que desde el pasado lunes le acompañó tras su entrada a Bolivia. Los últimos tres días hizo lo que mejor sabe hacer, protagonizar actos de masas para ratificar su capacidad de comunicación con los sectores populares y la cohesión que logra en torno a él.  “Un año atrás salimos del aeropuerto de Chimoré y dijimos que volveríamos millones. Aquí estamos, somos millones”, sostuvo emocionado en uno de los encuentros más impresionantes de los últimos años.

Regresó para agitar el fantasma de ser él quien gobierna detrás de Luis Arce, a pesar de que el binomio Arce-Choquehuanca ha dado un par de señales de autonomía frente a su líder histórico, como no ir a su encuentro en las fiestas de bienvenida, ni transmitir por el canal estatal la caravana del retorno. El nuevo gabinete también ha sido una muestra de la renovación que Arce comprometió.

Y Evo regresa con considerable ruido para despejar dudas sobre la unidad del MAS en torno a su liderazgo. Sin duda el masismo demostró poder ganar las elecciones sin Evo, pero él nos recuerda constantemente su intervención en la definición del binomio ganador, compartiendo su carisma con el liderazgo técnico de Arce, quien parece sentirse más cómodo impartiendo clases universitarias que compartiendo el baño de masas que cautiva a Morales.

Paradójicamente, tras un año de estigmatización del masismo, la persecución política y judicial dotó al MAS de un discurso de justicia social y de una épica que había perdido. Luis Arce ganó los comicios con 55%, con una diferencia de 26 puntos respecto al segundo candidato mejor votado y con 8 puntos de ventaja sobre el propio Morales en la votación de 2019. Estos datos parecen confirmar que no era el proyecto del MAS el que estaba agotado, sino la repetición de la figura de Morales como presidente.

Este resultado demuestra que el MAS fue capaz de renovarse, reconectar con los sectores populares después de tantos años de poder estatal, sacudirse de su barniz burocrático y hasta de ejercer cierta autonomía frente al líder exiliado.

Esto no quita que, en el actual escenario, Evo sea un factor de poder decisivo para el equilibrio de fuerzas políticas. Imaginamos al menos tres tareas urgentes que el líder debe asumir. La primera (y tal vez más importante) mantener la unidad del partido, tejiendo la filigrana de equilibrios en esa confederación de diversos que es el MAS. La segunda, y no menos desafiante, organizar el partido y distribuir su carisma para ganar las elecciones subnacionales. Por último, contener a las bases de lo popular ante medidas críticas que seguramente la gestión estatal deberá asumir para enfrentar la crisis.

Se podría incluso afirmar que frente a las próximas elecciones subnacionales, la maquinaria electoral del MAS puede funcionar mejor con una división de funciones: Arce atendiendo la delicada gestión de gobierno en época de pandemia y crisis económica, y Evo gestionando las disputas internas y externas por el poder. Sabemos que en las elecciones subnacionales, factores como el voto étnico como elemento de cohesión no operan de la misma manera que en lo nacional y, por tanto, identificar a nuevos liderazgos que aseguren su ventaja en la contienda no será tarea fácil para Morales.

Y, por lo visto en esta última semana, Evo es un pez en el agua ocupado de la gestión política sin la responsabilidad de la gestión pública.

Ante la absolutamente necesaria articulación entre el liderazgo carismático de Evo y la gestión estatal del binomio gobernante; dejemos para más tarde pensar en el postevismo. Por ahora, solo aticemos la discusión con una pregunta: ¿podrá Morales evadir la tentación de ser candidato en 2025? A pesar del profundo odio que despierta Evo Morales en sus detractores, parece difícil que desaparezca del escenario político al menos los próximos 10 años.

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