Voces

viernes 4 dic 2020 | Actualizado a 10:22

Masas de agosto y voto de octubre

/ 26 de octubre de 2020 / 02:25

Mucho antes de que naciera el sol, nacieron los Uru-Chipaya, ícono de una de las culturas originarias más antiguas de América Latina. Salieron ilesos de la arremetida cultural desde los incas hasta la colonia española. Síntesis del Estado Plurinacional. Allí, un reportaje gráfico, el día de las elecciones, registra ciudadanos con sus trajes típicos solo para fechas especiales, emitiendo su voto. Ellos sintetizan lo nacional-popular que apostó a las elecciones para recuperar la democracia desportillada desde el golpe de Estado de 2019.

René Zavaleta hablaba que la crisis y el acto electoral son dos formas de revelación de lo social y lo político. Ambas, son intensas y movimientos estructurales como moleculares de la sociedad abigarrada boliviana. En efecto, para comprender la coyuntura política ambas formas se imbrican.

Hace un año, como parte de una cruzada conspirativa antes de las elecciones y posteriormente urdiendo el discurso del fraude electoral y la defensa de la democracia y, a la vez, azuzando el odio de la clase media urbana, protagonizaron una movilización para forzar la renuncia presidencial de Evo Morales con el auxilio de un motín policial y la renuncia de una autoridad castrense devino en un golpe de Estado posesionando a Jeanine Áñez como presidenta transitoria, que a los pocos días perpetró masacres contra indígenas/campesinos. Posteriormente, el gobierno de Áñez se tiñó de un autoritarismo atroz con persecuciones políticas y judiciales.

La pandemia posibilitó que este gobierno se sumergiera en un pantanal de corrupción. Con el saqueo de los recursos naturales y acompañada con un discurso del miedo para provocar zozobra en los sectores sociales articulados a lo nacional-popular. Un sometimiento a los rectores impuestos por el gobierno norteamericano. Todo ello mermó significativamente el proyecto de restauración oligárquica/conservadora en curso.

Mientras tanto, después de una perplejidad inicial, lo nacional-popular organizó la resistencia al golpe de Estado, que sirvió para recuperar el ajayu del Movimiento Al Socialismo- Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). En efecto, esa mística eclipsada por la burocratización partidaria fue recuperada en el curso del interregno autoritario del gobierno de Áñez.

Quizás, el momento decisivo de las movilizaciones de lo nacional-popular fue en agosto. Allí, las masas de agosto —parangón a lo que Zavaleta denominó las masas de noviembre de 1979 para dar cuenta de la autodeterminación de las masas para abortar el golpe de Estado de Alberto Natusch—, con su movilización lograron blindar la fecha para las elecciones que inclusive fue leída equivocadamente por muchos analistas políticos, anunciando el declive de la hegemonía del MAS-IPSP y, por lo tanto, vislumbraban, una vez más, la derrota de lo nacional-popular. En esa lectura miope, no preveían el potencial democratizador y la advertencia del “cuarto intermedio” fue factor decisivo para bajar las ínfulas de sectores propensos a la ruptura constitucional abonando el decurso democrático.  

Entonces, los ecos de las masas de agosto movilizadas ondeando wiphalas, esgrimiendo el discurso democrático —en 2019 fue usado por la clase media movilizada—, se tradujo en la victoria electoral del 18 de octubre de 2020. Quizás, lo más importante de la diferencia electoral amplia obtenida por el MAS-IPSP despejó cualquier tentación de prorroguismo golpista o fraude electoral. Así se recuperó la democracia.

Yuri Tórrez es sociólogo.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Señales desde la comunicación de gobierno

/ 4 de diciembre de 2020 / 00:45

Un repaso sobre el estilo comunicacional del pasado gobierno del MAS, puede llevarnos a pensar que el expresidente Morales nos acostumbró a que casi toda medida implementada en su gobierno constituía un suceso gubernamental que merecía ser ampliamente publicitado e incluso espectacularizado. En tanto puesta en escena, estos sucesos gubernamentales tenían como principal sujeto de la información la figura del expresidente; como escenario, los espacios públicos abiertos; como participantes, una población que simboliza lo popular y como elemento principal, los discursos presidenciales emitidos casi cotidianamente.

En tanto acción mediática gubernamental lo que le seguía a esa puesta en escena solía ser una campaña multimedia de posicionamiento de los ejes que emergían de los discursos presidenciales y un agendamiento de los mismos a través del sistema de medios de difusión estatales. Todo esto en el marco de una estrategia comunicacional conocida como campaña permanente; es decir que estos procesos comunicacionales se repetían incesantemente como un loop en el tiempo.

Como hipótesis, la existencia de ese tipo de comunicación gubernamental sumado al poco y difícil acceso a la información pública estatal que se arrastra, desde hace varias décadas, fue un ingrediente de peso en el crecimiento de un periodismo que privilegia las declaraciones por encima de los hechos.

A poco de cumplirse el primer mes de este gobierno, además de las señales de “establecimiento” del mismo ya se han implementado las primeras medidas concretas de gestión, entre ellas: arribo de comisión CIDH, decretos orientados a promover los derechos de las mujeres, de pago del Bono contra el Hambre, de fomento al turismo interno, de diferimiento de créditos y de gestión sanitaria para la pandemia.

En un recuento del tratamiento comunicacional que desde el Gobierno se ha implementado para la difusión de estas primeras medidas, lo que se avizora con alguna claridad es el estilo presidencial que se busca construir, pues los elementos colindantes a una estrategia aún no parecen mostrarse con claridad. Respecto al estilo presidencial, un primer acercamiento muestra que los sujetos de información para la difusión de estos sucesos gubernamentales han sido variados desde el Poder Ejecutivo, dando cuenta de que la gestión ocurre perfectamente sin necesidad de una centralidad presidencial. Luego, un cúmulo de fotos del presidente Arce en la Casa Grande del Pueblo componen el mosaico de actividades que comparte diariamente en sus redes, quizá buscando construir una imagen de trabajo en gabinete, más técnica que populista. Para la salutación por el día contra la violencia contra la mujer ha optado por un video, posiblemente pretendiendo estar pero pasando periféricamente por dónde se encontraba el centro de la noticia, en las calles. Para su más reciente puesta en escena  ha optado por entregar el Bono contra el Hambre dentro de una instancia financiera estatal ubicada en la zona Sur de La Paz; lo cual podría significar que se busca limitar la espectacularidad y apostar por la sobriedad.

Son las señales, los discursos y los hechos los que cotidianamente van construyendo un cúmulo de datos que finalmente establecerán cómo será el paso del presidente Arce por la historia. En términos de comunicación gubernamental, específicamente estilo presidencial, hasta ahora pareciera haber intención de modificar una centralidad comunicativa de tipo personalista que fue clave por años en el devenir del escenario informativo y comunicacional del país.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Reyes chiquitos

/ 4 de diciembre de 2020 / 00:43

El libro Inclusión Social en Bolivia: Avances y Desafíos (2006-2014), coordinado por Verónica Paz Arauco, señala que en dicho periodo la economía del país creció a un ritmo del 5% anual, la diferencia en el ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre se redujo en más de 100 veces, y la pobreza extrema disminuyó en más de 20 puntos porcentuales. Ciertamente el modelo económico del MAS-IPSP —caracterizado por la propiedad soberana sobre los recursos naturales, la distribución social de la riqueza y la intervención activa del Estado en la localización de recursos— ha demostrado ser efectivo. No obstante, queda mucho por recorrer. Estudios recientes demuestran que los logros alcanzados carecen de profundidad suficiente y sostenibilidad en el tiempo.

En una investigación cuyo título puede ser traducido como Desigualdades persistentes en tiempos de bonanza: analizando variaciones en los servicios públicos locales (2001-2012), el politólogo Marco Just Quiles da cuenta de las profundas diferencias inter regionales en Bolivia en cuanto a disponibilidad de bienes y servicios, mediante la aplicación del Índice de Densidad Estatal, desarrollado para medir la presencia del Estado a lo largo del territorio mediante los siguientes servicios públicos: salud, educación, identificación personal, agua potable y electricidad.

Los resultados, poco halagadores, demuestran que, a pesar de las reformas emprendidas durante el gobierno del MAS, poco ha reducido la desigualdad entre municipios en cuanto al acceso a servicios y bienes públicos, debido más a factores estructurales como historia, geografía y demografía, que a razones institucionales y políticas. Así, un boliviano nacido en una ciudad capital de departamento tiene mayor acceso a ciertos servicios que uno proveniente de Charaña, Puerto Rico, San Ramón o Magdalena. En Bolivia, influye mucho sobre el curso de una vida haber nacido en un lugar y no en otro.

En regiones alejadas de los centros políticos y económicos del país, como por ejemplo Pando o Beni, grupos reducidos de familias controlaban hasta hace poco (quien sabe si todavía) la asignación de recursos y oportunidades, generalmente bajo la autoridad de hombres fuertes o caciques locales. Me viene a la mente Leopoldo Fernández, cuya élite regional fue desplazada en septiembre de 2008 después de un intento de golpe de Estado, una masacre y un Estado de Sitio.

La descentralización municipal como proyecto político debió haber contribuido a superar estos problemas, y aunque muchos de sus efectos fueron positivos, es innegable que la Ley de Participación Popular de 1994 no solo democratizó elecciones y presupuestos desde el centro hacia las secciones de provincia, sino también prácticas informales como el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción, dando paso a la emergencia de cientos de reyes chiquitos que confundían sus jurisdicciones con haciendas desde las cuales aspirar a otros espacios de poder.

Esta reflexión es importante debido a que en los últimos días la atención de la opinión pública se ha concentrado en los posibles candidatos para las venideras elecciones subnacionales, en las cuales se debe combatir justamente esta lógica todavía imperante de discrecionalidad para los reyes en miniatura. Una forma de hacerlo es reformar la transferencia de recursos fiscales desde los gobiernos subnacionales hacia los propios servicios, tal como propuso Iván Finot hace ya algunos años en la presentación de su texto Pacto Fiscal: cómo conciliar equidad con eficiencia.

Carlos Moldiz es politólogo.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Háganse cargo

/ 2 de diciembre de 2020 / 07:18

¿Qué será de los huérfanos? ¿Qué será de los padres? ¿Qué será de los hermanos menores? ¿Qué será de los enfermos que estaban a cargo de las víctimas de feminicidio? Son los sobrevivientes, de esas tragedias producto del machismo. ¿Quién se hace cargo de todas esas personas? Los huérfanos con más suerte pasarán a vivir con sus tíos, abuelos, que quizás los traten con cierto cariño; los menos afortunados van a formar parte de hogares de acogida donde todo es incierto, desde el presupuesto que tengan para la alimentación hasta las amistades que lleguen a forjar. La misma situación pasará con los ancianos que se irán con algún pariente si tienen o terminarán en algún asilo con más abandono que compasión. Las personas que estaban bajo la protección o el cuidado de la mujer asesinada por su pareja, sienten cómo se trunca su vida.

Cada vez con mayor frecuencia los medios reproducen noticias sobre feminicidios,  comparan las cifras de años anteriores, realizan infogramas comparativos por categorías, algunos mencionan el nombre y apellido de la víctima y escriben la iniciales del feminicida. Los que quedan aparecen en una línea, en una frase, así nos enteramos que quedaron huérfanos bebés de tres meses, pequeños de dos a seis años, adolescentes de 12 o 15 años. Muchos de ellos fueron testigos del asesinato de su madre, son ellos los que en su media lengua relatan lo que vieron aunque no terminen de entender el drama al que se están enfrentando. Son esos adolescentes que en muchos casos quedaron heridos en el cuerpo y en el alma porque intentaron defender a su madre y en el intento se pusieron en medio, el agresor les asestó el golpe, el cuchillo, la bala. Se salvaron, pero a medias, porque seguirán vivos pero con heridas incurables en sus corazones y en sus mentes.

¿Qué necesitan esos niños y adolescentes que en su mayoría nadie quiere porque no son sus hijos o porque no pueden mantenerlos? Necesitan protección. Necesitan ayuda para reconstruir su vida. Muchos podrían ser adoptados por parejas deseosas de tener hijos, dispuestas a hacerse cargo de dar bienestar y cariño a niños que están en desgracia. A los posibles padres y a quienes los necesitan los separa una burocracia interminable.

Los legisladores tienen que saber que la Ley 348 de Lucha Contra la Violencia tiene un vacío respecto a los hijos que son las otras víctimas de los feminicidios. Y que el Código Niño, Niña y Adolescente tampoco prevé ninguna medida para salvaguardarlos. Corrijan estos errores y dicten normas que asistan a estos niños en su recuperación por el trauma sufrido. Hace mucho que la sociedad civil pide acciones responsables para este flagelo.

Lucía Sauma es periodista.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

/ 2 de diciembre de 2020 / 07:16

Desde su nacimiento hace 75 años, la ONU ha prometido a todos los países del mundo mantener la paz y la seguridad mediante la defensa del derecho internacional, con el firme compromiso de brindar dignidad, justicia e igualdad a la humanidad, así como apoyar la liberación de los pueblos de las cadenas de la colonización y la ocupación, garantizando desarrollo y prosperidad a todos los países del mundo sin excepción.

Es paradójico que mientras esta organización aprobaba su Carta Magna, y la comunidad internacional elaboraba la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra, el pueblo palestino estaba siendo privado de los derechos consagrados en dichos documentos. Y hoy seguimos viviendo bajo ocupación. No obstante, esto no ha acabado con nuestra fe en el derecho internacional como base para una solución justa y duradera del conflicto, además, aceptamos negociaciones, iniciativas políticas y la resistencia popular pacífica como el camino para poner fin a la ocupación israelí de las tierras del Estado de Palestina, haciendo realidad la libertad y la independencia de nuestro pueblo.

Durante las horas más oscuras, a pesar de la Nakba desde 1948, la injusticia y todas las acciones de Israel contra el pueblo palestino, no hemos perdido nuestra fe en el diálogo pacífico ni en el enfoque legal y político, manteniéndonos firmes en la defensa de nuestros derechos y comprometidos con la doctrina del derecho internacional. Tenemos plena consciencia de que el Derecho Internacional es imprescriptible y es la piedra angular del orden multilateral basado en normas, que debemos respetar.

Más de 140 países han reconocido al Estado de Palestina y están comprometidos con el consenso internacional, como base, para la solución de dos Estados sobre las fronteras de 1967; manteniendo el estatus legal de Jerusalén y el statu quo histórico de los santuarios cristianos y musulmanes.

Es hora de que la comunidad internacional adopte medidas prácticas que traduzcan el consenso internacional y su rechazo a las políticas coloniales, anexionistas y opresoras, así como al bloqueo de Israel a Palestina que durante la pandemia se intensificó en lugar de terminarse. Estas medidas deben traducir el apoyo internacional al ejercicio del pueblo palestino de su derecho a la libre determinación, la libertad y la independencia en el territorio de su Estado (ocupado desde 1967) con Jerusalén Este como su capital.

La mano palestina sigue extendida buscando una paz justa basada en los términos de referencia reconocidos internacionalmente, en las resoluciones internacionales y en la solución de dos Estados sobre las fronteras de 1967. En este aspecto, reiteramos nuestra disposición a reanudar las negociaciones directas con Israel.

Nunca hemos rechazado ninguna negociación. En febrero de 2018 presentamos nuestra iniciativa de paz ante el Consejo de Seguridad, en la que el Presidente palestino solicitó que se convocara una conferencia internacional y se estableciera un mecanismo multilateral —como el Cuarteto Internacional— para apoyar a las partes en las negociaciones y en todas las cuestiones del estatus final; ofreciendo garantías para la implementación de lo acordado en un plazo definido y así lograr una paz justa e integral basada en el Derecho Internacional y las Resoluciones de la ONU. De nuevo nuestro Presidente aprovecha esta oportunidad para reiterar al secretario general de la ONU, António Guterres, a emprender, en coordinación con el Cuarteto Internacional y el Consejo de Seguridad, todos los preparativos para una conferencia internacional con plena autoridad, a principios del año próximo.

Saludamos a todos los países que han expresado su apoyo a la convocatoria de esta Conferencia de Paz Internacional, y a la unanimidad de los miembros del Consejo de Seguridad, reflejada en las declaraciones emitidas durante la reunión celebrada el pasado octubre por la presidencia rusa.

El pueblo palestino permanecerá en su tierra, nunca se rendirá ante la opresión y la injusticia, continuará luchando y resistiendo contra la colonización y la ocupación. No renunciaremos a la unidad de nuestra tierra y nuestro pueblo. Seguiremos construyendo nuestras instituciones nacionales, defendiendo nuestro Estado de derecho y difundiendo una cultura de paz y tolerancia que está profundamente arraigada en nosotros.

En el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, también queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los países, gobiernos, organizaciones y pueblos que han expresado su apoyo al pueblo palestino y a su justa lucha en las circunstancias más espantosas, mientras se enfrenta a los mayores desafíos.

Mahmoud Elalwani es embajador de Palestina en Bolivia.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Atentados selectivos

/ 2 de diciembre de 2020 / 07:10

El 27 de noviembre, por un atentado terrorista resultó muerto el Doctor Fajrizadeh, destacado físico iraní y profesor de universidad. El Doctor Fajrizadeh presidía la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio iraní de Defensa y había llevado a cabo distintos proyectos en los campos de la defensa pasiva química, biológica y nuclear. Una de sus últimas prestaciones a la humanidad era la producción de la primera prueba de detección de COVID-19 en Irán, considerando las condiciones en las que el pueblo iraní se encuentra bajo las inhumanas sanciones del Gobierno de Estados Unidos que impiden incluso el acceso a los artículos humanitarios como medicamentos y equipos médicos, y también supervisaba la producción de la vacuna iraní contra el COVID-19.

Con el atentado contra su vida, el número de científicos iraníes caídos en atentados similares desde 2009 suman siete. Existen claros indicios que apuntan a la participación y responsabilidad del régimen sionista de Israel en este acto terrorista, como son las amenazas vertidas contra el científico iraní por parte de las altas autoridades israelíes, la más importante de ellas el premier israelí Benjamín Netanyahu, quien amenazó públicamente al Doctor Fajrizadeh ante las cámaras de televisión el 30 de abril de 2018. Este acto terrorista perpetrado por el régimen terrorista de Israel es un ejemplo más del terrorismo de estado que tiene como objetivo poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, la integridad territorial, la seguridad de la región de Oriente Medio, y por supuesto, impedir el desarrollo científico de los pueblos independientes.

Este hecho terrorista va en contra de los principios fundamentales del Derecho Internacional y de los principios constatados en la Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, requiere la atención y condena por parte de la comunidad internacional y las correspondientes organizaciones internacionales. Este acto terrorista muestra que los enemigos de la diplomacia pasan por tiempos llenos de pánico y que tienen la intención de poner en peligro la paz y la seguridad mundiales perturbando la región de Oriente Medio.

Uno de los principales objetivos de los belicistas norteamericano-israelíes y sus aliados regionales es, precisamente, imponer condiciones especiales a Oriente Medio para luego alcanzar sus nefastos propósitos. Si piensan ellos que con la ayuda del terror podrán detener el avance de la ciencia en Irán están muy equivocados, pues el progreso científico no depende de los individuos y va a seguir su curso en todos los campos con el ímpetu y la celeridad de antes.

Dadas las serias consecuencias de este horrible hecho para la paz y seguridad internacionales y por el hecho de que el terrorismo, como un duro desafío para todo el mundo, requiere una reacción colectiva, invito a la comunidad internacional a condenar fuerte y categóricamente este acto inhumano con base en su compromiso bajo los principios del Derecho Internacional para luchar contra el terrorismo.

Hoy están ante una prueba seria aquellos gobiernos que se presumen de defender los derechos humanos y luchar contra el terrorismo. Tienen que responder al pueblo iraní por su silencio ante las actividades terroristas que han victimizado a más de 17.000 personas en todo Irán en los 40 años que pasan de la Revolución Islámica. La Organización de las Naciones Unidas ha descrito y reprobado a través de sus distintas resoluciones y en consenso, cualquier medida, método y práctica terrorista dondequiera y por quienquiera como actos criminales e injustificables. Dichas resoluciones ratifican que actuaciones, métodos y prácticas terroristas, así como su financiación, programación y provocar su realización contravienen los principios y objetivos de esa organización mundial.

Por tanto y en la línea con la actuación de la Organización de Naciones Unidas esperamos que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a la que ha sido encargada la importante tarea de luchar contra el terrorismo, condene incondicionalmente este crimen terrorista. El Gobierno de la República Islámica de Irán confirma su firme compromiso con la lucha contra el terrorismo y se reserva sus derechos, sobre todo su derecho inalienable por la defensa propia para tomar, según la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, todas las medidas necesarias para responder a ese ataque terrorista y castigar a sus autores tanto físicos como intelectuales.

Morteza Tafreshi es embajador de la República Islámica de Irán en Bolivia.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Últimas Noticias