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martes 1 dic 2020 | Actualizado a 13:53

Votar para fortalecer la democracia

/ 16 de octubre de 2020 / 10:52

Faltando pocos días para las elecciones generales, Bolivia se prepara para un evento histórico en el que se pondrá a prueba la capacidad del sistema político de superar la conflictividad y la polarización política, dirimiendo las diferencias mediante el voto.

Uno de los pensadores más destacados de la ciencia política latinoamericana, Guillermo O’Donnell, esbozó en su extensa obra un análisis esencial sobre las relaciones entre el Estado, la democracia y la ciudadanía. Planteó que las elecciones deben ser limpias, competitivas, libres, igualitarias, decisivas, inclusivas e institucionalizadas— y que para que ello suceda, deben existir condiciones subyacentes, como ciertas libertades relacionadas con las elecciones, tales como las de expresión, asociación, participación e información, que el Estado debe garantizar.

Para las democracias latinoamericanas persisten desafíos, que no son ajenos a Bolivia, vinculados, por ejemplo, con una brecha creciente entre las nuevas demandas y expectativas que acompañan la expansión de clases medias, y un sistema político con aparatos estatales de capacidad reducida. Abordar este desafío supone priorizar reformas institucionales que extiendan la participación, mediante consultas ciudadanas y centralidad del voto, y que fortalezcan la fiscalización y la transparencia. Son requisitos básicos para afirmar la democracia representativa y para responder a demandas por derechos políticos y protección ante la vulnerabilidad.

Frente a estos desafíos, Bolivia se ha preparado en forma bajo el liderazgo técnico del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED), en colaboración con múltiples actores, para llevar adelante un proceso electoral de este tenor.

Existen elementos que denotan una preparación sólida por parte de la autoridad electoral: la presentación oficial del Padrón Electoral Biométrico, la capacitación de notarios y notarias, el sorteo y capacitación de las y los jurados electorales, la aprobación y divulgación de los protocolos de bioseguridad, las pruebas técnicas de los sistemas de sistematización y transmisión de resultados. La transparencia y provisión de información sobre la realización de estos procesos demuestran que el TSE y los TED cumplen de manera oportuna con el calendario electoral aprobado con equidad, calidad técnica y legitimidad.

Asimismo, existe información clara y transparente sobre la transmisión de resultados, un eje central para la transparencia del proceso. Se utilizarán dos mecanismos: el Direpre, que habilita la transmisión de fotografías de las actas desde cada recinto de votación y alimentan un centro de datos del TSE, brindando una aproximación de resultados informativa y no vinculante. El segundo mecanismo, el cómputo oficial, brindará los datos oficiales y definitivos: se inicia con el traslado de las actas físicas a los centros de cómputo, operados por las salas plenas de los TED, cuya revisión física alimenta el sistema de cómputo electoral. 

Ya en días pasados, en un comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal, la Unión Europea y las Naciones Unidas hacíamos una declaración de apoyo al TSE y los TED por el convencimiento que tenemos del rigor técnico, la transparencia y la imparcialidad con la que han manejado el proceso y hacíamos un llamado a una jornada electoral en paz, destacando los avances en la institucionalidad democrática, y alertando sobre los riesgos de un clima de confrontación política que no contribuye a solucionar los retos de la democracia boliviana.

Hoy, más que nunca, es clave que cada actor contribuya, de manera responsable, a unas elecciones en paz. El respeto por parte de todas las organizaciones políticas y de las y los bolivianos por los resultados electorales, certificados por el TSE, es fundamental para dar un paso más en el proceso de reconstrucción democrática. La posesión de las nuevas autoridades y el respeto por los perdedores y las minorías abrirán el camino a una institucionalidad y una Bolivia en paz.

Luciana Mermet es representante resiente del PNUD en Bolivia.

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Votar para fortalecer la democracia

Hoy, más que nunca, es clave que cada actor contribuya, de manera responsable, a unas elecciones en paz.

/ 16 de octubre de 2020 / 11:59

Faltando pocos días para las elecciones generales, Bolivia se prepara para un evento histórico en el que se pondrá a prueba la capacidad del sistema político de superar la conflictividad y la polarización política, dirimiendo las diferencias mediante el voto.

Uno de los pensadores más destacados de la ciencia política latinoamericana, Guillermo O’Donnell, esbozó en su extensa obra un análisis esencial sobre las relaciones entre el Estado, la democracia y la ciudadanía. Planteó que las elecciones deben ser limpias, competitivas, libres, igualitarias, decisivas, inclusivas e institucionalizadas— y que para que ello suceda, deben existir condiciones subyacentes, como ciertas libertades relacionadas con las elecciones, tales como las de expresión, asociación, participación e información, que el Estado debe garantizar.

Para las democracias latinoamericanas persisten desafíos, que no son ajenos a Bolivia, vinculados, por ejemplo, con una brecha creciente entre las nuevas demandas y expectativas que acompañan la expansión de clases medias, y un sistema político con aparatos estatales de capacidad reducida. Abordar este desafío supone priorizar reformas institucionales que extiendan la participación, mediante consultas ciudadanas y centralidad del voto, y que fortalezcan la fiscalización y la transparencia. Son requisitos básicos para afirmar la democracia representativa y para responder a demandas por derechos políticos y protección ante la vulnerabilidad.

Frente a estos desafíos, Bolivia se ha preparado en forma bajo el liderazgo técnico del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED), en colaboración con múltiples actores, para llevar adelante un proceso electoral de este tenor.

Existen elementos que denotan una preparación sólida por parte de la autoridad electoral: la presentación oficial del Padrón Electoral Biométrico, la capacitación de notarios y notarias, el sorteo y capacitación de las y los jurados electorales, la aprobación y divulgación de los protocolos de bioseguridad, las pruebas técnicas de los sistemas de sistematización y transmisión de resultados. La transparencia y provisión de información sobre la realización de estos procesos demuestran que el TSE y los TED cumplen de manera oportuna con el calendario electoral aprobado con equidad, calidad técnica y legitimidad.

Asimismo, existe información clara y transparente sobre la transmisión de resultados, un eje central para la transparencia del proceso. Se utilizarán dos mecanismos: el Direpre, que habilita la transmisión de fotografías de las actas desde cada recinto de votación y alimentan un centro de datos del TSE, brindando una aproximación de resultados informativa y no vinculante. El segundo mecanismo, el cómputo oficial, brindará los datos oficiales y definitivos: se inicia con el traslado de las actas físicas a los centros de cómputo, operados por las salas plenas de los TED, cuya revisión física alimenta el sistema de cómputo electoral. 

Ya en días pasados, en un comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal, la Unión Europea y las Naciones Unidas hacíamos una declaración de apoyo al TSE y los TED por el convencimiento que tenemos del rigor técnico, la transparencia y la imparcialidad con la que han manejado el proceso y hacíamos un llamado a una jornada electoral en paz, destacando los avances en la institucionalidad democrática, y alertando sobre los riesgos de un clima de confrontación política que no contribuye a solucionar los retos de la democracia boliviana.

Hoy, más que nunca, es clave que cada actor contribuya, de manera responsable, a unas elecciones en paz. El respeto por parte de todas las organizaciones políticas y de las y los bolivianos por los resultados electorales, certificados por el TSE, es fundamental para dar un paso más en el proceso de reconstrucción democrática. La posesión de las nuevas autoridades y el respeto por los perdedores y las minorías abrirán el camino a una institucionalidad y una Bolivia en paz.

*Luciana Mermet es representante resiente del PNUD en Bolivia.

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Género y COVID-19

Las mujeres están en la primera línea en la respuesta a la crisis sanitaria

/ 18 de julio de 2020 / 16:56

Se estima que la crisis del COVID-19 disparará una recesión económica aún más profunda que la crisis financiera de 2008, provocando una crisis de desarrollo sin precedentes. En este contexto, la pandemia ha expuesto aspectos centrales que afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres. Factores como el aumento de la violencia de género, la reducción en los ingresos, el aumento de los riesgos para las trabajadoras de la salud, la sobrecarga en las tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, que generalmente recaen en las mujeres, y el limitado acceso a servicios de salud sexual y reproductiva son algunas de las dimensiones que impactarán en el bienestar de mujeres y niñas en el corto, mediano y largo plazo.

De acuerdo con ONU Mujeres, 1 de cada 3 mujeres en América Latina y el Caribe ha padecido violencia física y/o sexual; y existe evidencia de que menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda o denuncian el delito. En Bolivia, las cifras todavía son más alarmantes. Según los datos levantados en la Encuesta sobre Prevalencia de la Violencia en el país en 2016 más de 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Debido a las medidas de aislamiento por el COVID-19, los riesgos de violencia de género e intrafamiliar aumentan, tal y como se ha documentado en el contexto de las emergencias, ya sean crisis económicas, conflictos o pandemias. Por ejemplo, en Argentina, Perú y Colombia aumentó hasta en 50% el volumen de llamadas a líneas de denuncia, y los reportes de violencia y feminicidios se incrementaron en todos los casos. En Bolivia, el porcentaje de denuncias atendidas por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) habría disminuido en 25% en las primeras semanas de la cuarentena. Sin embargo, es probable que estas cifras estén subestimadas e invisibilicen la gravedad de la situación, ya que muchas mujeres no pueden contactar a los servicios de manera segura al encontrarse confinadas junto a su agresor. En este sentido, se han creado varias iniciativas apoyadas por ONU Mujeres para apoyar a las mujeres a hacer sus denuncias online o en farmacias y supermercados.

En días pasados, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hacía un llamamiento a poner fin a la violencia en todas partes, identificando áreas críticas para la acción, incluyendo poner a disposición de las organizaciones de derechos de las mujeres financiación urgente y flexible, reconociendo su rol en la respuesta a la pandemia; garantizar servicios sanitarios y sociales, así como acceso a respuesta policial y servicios de justicia, implementación de medidas preventivas y asegurar la recopilación de datos para mejorar los servicios y programas en cumplimiento de estándares éticos y de seguridad.

Las mujeres están en la primera línea en la respuesta a la crisis sanitaria y asumen más costos físicos y emocionales, así como un mayor riesgo de infección. En América Latina, 57% de las doctoras en medicina y 9 de cada 10 de las y los profesionales de enfermería son mujeres. Una sobrerrepresentación en ocupaciones como la enfermería crea mayor riesgo de exposición asociado al manejo de la enfermedad, por ejemplo, en la toma de muestras de pacientes. Sin embargo, aunque las mujeres representan 70 por ciento del sector de la salud en todo el mundo, el acceso a la anticoncepción, la salud materna y los servicios y bienes de salud sexual y reproductiva se han reducido a medida que aumenta la presión de respuesta al COVID-19 en los sistemas de salud. Mujeres entrevistadas reportan resistencia a acudir a los centros de salud por miedo a la exposición al virus, o se enfrentan a otro tipo de obstáculos derivados del confinamiento.

Adicionalmente, las mujeres también están sobrerrepresentadas en sectores que están siendo altamente afectados por la crisis, como los servicios turísticos, transporte aéreo, entretenimiento y servicios de limpieza y cuidado y trabajo doméstico remunerado. De hecho, América Latina es la región del mundo con mayor porcentaje de empleo femenino en turismo, con casi el doble de mujeres empresarias en turismo que en cualquier otro sector (51%). También, las mujeres trabajan de manera desproporcionada en el sector informal y tienden a asumir la carga del trabajo de cuidados no remunerado y mal remunerado. El trabajo de cuidado remunerado constituye uno de los pilares de la economía del cuidado y concentra empleos altamente precarios y mal remunerados, siendo uno de los sectores donde las desigualdades sociales y de género se expresan con mayor claridad y evidencia, pues suele ser la puerta de entrada al mercado del trabajo para las mujeres y niñas más pobres, con menor nivel educativo y que viven en un entorno de mayor exclusión social. Además, debido a la saturación de los sistemas sanitarios, el cierre de escuelas, guarderías y residencias, y dadas las normas sociales imperantes, las tareas de cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres y las niñas, quienes asumen la responsabilidad de atender a familiares enfermos, niños, niñas, personas adultas mayores, entre otras, lo cual puede tener un impacto en la salud física y emocional de estas mujeres por la sobrecarga de trabajo que asumen.

La pandemia es más que una emergencia sanitaria mundial, es una crisis sistémica del desarrollo humano, cuyo impacto sin precedentes ya se ha hecho patente en las dimensiones económicas y sociales del desarrollo. El COVID-19 intensificará las desigualdades económicas y sociales existentes. Los impactos asociados a las medidas de contención, como el aislamiento o el distanciamiento social, instan a que las respuestas de política pública aseguren la dimensión de género, considerando de manera diferenciada las necesidades de mujeres, hombres, niñas y niños y grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre otras medidas, sistemas de protección social fortalecidos, incluidas las transferencias monetarias, la cobertura universal de salud, la creación de un sistema de cuidados, el acceso a otros servicios esenciales, y el desarrollo de planes y programas específicos de empoderamiento y recuperación económica centrados en las mujeres serán centrales para erradicar las desigualdades que caracterizaban a las sociedades antes de la COVID-19, y que hoy se hacen más visibles. Por su parte, las iniciativas de promoción de la igualdad de género deberán recibir apoyos más decididos para coadyuvar en la eliminación de todas las formas de discriminación en razón de género y la deconstrucción de las normas sociales arraigadas en torno al reconocimiento, reducción y redistribución de la sobrecarga de trabajo no remunerado, el liderazgo y participación política de las mujeres en todas las fases de respuesta a la emergencia y su inclusión en la esfera digital.

Luciana Mermet y Violeta Domínguez son representantes del PNUD y ONU Mujeres-Bolivia

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Crisis de salud y crisis de desarrollo

Es preciso trabajar en estrategias de resiliencia integrales que aborden los impactos sociales, económicos, ambientales y de derechos humanos.

/ 26 de marzo de 2020 / 21:25

En un artículo publicado en el Washington Post el 4 de marzo, el director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) planteaba que “(…) el brote del Covid-19 es una nueva fuente de volatilidad y una amenaza para la estabilidad macroeconómica de América Latina y el Caribe”. Desafío que está poniendo a prueba la resiliencia de la región. La propagación del Covid-19 ha desatado una crisis de salud, pero no es solo eso. También está provocando una crisis social, económica, política y de desarrollo que dejará profundas cicatrices en las sociedades afectadas.

A la fecha, el virus se ha expandido a escala planetaria, con más de 487.648 casos confirmados y 22.030 muertes, que siguen en franco aumento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que esta crisis tendrá consecuencias económicas con choques en la oferta y la demanda diferentes a crisis pasadas. El tremendo impacto que está teniendo esta pandemia se explica en parte por el crecimiento de la economía china y los precios de los productos básicos. Lo cual podría provocar un shock en la región, siendo China el principal proveedor de insumos intermedios, así como también un fuerte destino de exportaciones. La CEPAL prevé impactos en el nivel de empleo que podrían incrementar la pobreza en un 6% (de 185 millones de personas a 220 millones).

Ya en Bolivia se registra una caída en las importaciones (15% hasta enero de 2020 respecto al mismo periodo de 2019). La reducción del precio del petróleo en más del 50% (de $us 51,37 el barril a 26,53) influirá en el precio de exportación del gas boliviano, afectando los ingresos de varios sectores y niveles de gobierno, universidades, así como también a la inversión y el gasto público. Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares, que representa un 67% del PIB, también experimentará una reducción, afectando al crecimiento. Y por el lado de la oferta, que en conjunto representan aproximadamente el 25% del PIB, varios sectores están siendo afectados por las restricciones, como el transporte público, el comercio (al por mayor y minorista, formal e informal) y la actividad turística.

Ante este preocupante contexto, es preciso adoptar un enfoque integral con respuestas decididas contra el Covid-19 que enfrenten este desafío más allá del sector de la salud. Esto para limitar la propagación del virus y al mismo tiempo mitigar el potencial impacto devastador en poblaciones y economías vulnerables, así como en sistemas de gobernanza e institucionalidad frágiles.

Este enfoque abarca tres grandes áreas. En primer lugar, es preciso fortalecer los sistemas de salud, incluyendo la adquisición de productos y suministros médicos; así como la infraestructura de salud y la gestión de residuos sanitarios. También urge una asesoría técnica especializada a las diferentes reparticiones del Ministerio de Salud, incluyendo incentivos salariales para trabajadores del sector.

En segundo lugar, es necesario establecer respuestas integradas que reúnan a todos los niveles de gobierno, sociedad civil, academia y sector privado entorno a un diálogo y acciones mancomunados. Esto incluye actores de sectores que no necesariamente operan en el ámbito de la salud, como por ejemplo las áreas de educación, transporte, servicios públicos y protección social.

Por último, es preciso trabajar en estrategias de resiliencia integrales que aborden los impactos sociales, económicos, ambientales y de derechos humanos del Covid-19, definiendo agendas de mediano y largo plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y que también aborden la discriminación creciente como efecto de la pandemia y la violencia de género, con especial foco en poblaciones vulnerables.  

En Bolivia ya se están dando pasos adelante para ayudar a las comunidades a prepararse, responder y recuperarse de los impactos generados por el Covid-19, impulsados desde una mesa de coordinación estratégica al más alto nivel. Será vital articular desde este espacio acciones centradas en los grupos más vulnerables y con mirada de futuro.

* Es representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia. 

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Fin de la pobreza, un imperativo generacional

En un mundo con acceso sin precedentes a conocimientos y recursos, eliminar la pobreza es un deber moral

/ 20 de octubre de 2019 / 00:00

Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Para evidenciar los vínculos entre derechos humanos y pobreza extrema, y en el marco del florecimiento de regímenes multilaterales que incorporaron estándares de derechos humanos en las agendas de desarrollo por venir, en 1992  la Asamblea General de la ONU declaró el 17 de octubre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, respondiendo al llamado de 1987 del padre Joseph Wresinski con el informe Gran pobreza y precariedad económica y social, que propuso, por primera vez, una estrategia global de lucha contra la miseria.

Desde entonces hemos visto importantes hitos en la conformación de agendas globales de desarrollo signadas por la lucha contra la pobreza en todas sus formas. En 1990, con el primer Informe de Desarrollo Humano, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) planteaba que la pobreza no era solo una cuestión económica, sino un fenómeno multidimensional que comprendía la falta, tanto de ingresos como de las capacidades básicas para vivir con dignidad.

En la década del 2000, la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) generó estándares para las agendas nacionales de desarrollo y políticas públicas para reducir pobreza con base en 1990. Visto en retrospectiva, la movilización mundial detrás de los ODM generó el movimiento contra la pobreza más exitoso de la historia, basado en el compromiso de “no escatimar esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema”.

Como resultado de estas políticas, en 2015 la cantidad de personas que vivía en situación de pobreza extrema monetaria (menos de $us 1,25 al día) se redujo de 1.900 millones en 1990 a 836 millones. Pero los logros fueron desiguales. La meta global fue alcanzada en buena medida gracias a las altas tasas de crecimiento, y su efecto en los ingresos, en países como China e India, evidenciando deficiencias a niveles subnacionales y en grupos poblacionales que aún enfrentan exclusiones extremas.

En 2015, la apuesta se redobló con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que establecen una línea aspiracional de desarrollo hacia el 2030. Los 17 ODS abarcan los derechos humanos, el clima y el crecimiento económico, y trazan un camino claro hacia un futuro sostenible.

A través del ODS 1 (“Fin de la pobreza”), los países se han comprometido a implementar políticas para eliminar la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. A nivel mundial, cerca de 736 millones de personas aún viven con menos de $us 1,90 al día (2015); y se estima que unas 1.300 millones viven en la pobreza multidimensional. En Bolivia, la senda se encuentra trazada: en 2005, el 60,6% de la población vivía en situación de pobreza, y en 2018 esta cifra se redujo a 34,6%.

El movimiento global antipobreza conoció esta semana una buena nueva. Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 2019 “por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global”. Este enfoque reedita la relevancia de la investigación aplicada a la reducción de la pobreza a nivel mundial como una tarea urgente. En el anuncio se reconoce que los galardonados lograron, a partir de un enfoque riguroso,  vincular investigación con políticas viables y sus impactos, brindando resultados concretos sobre los mecanismos detrás de la pobreza e intervenciones específicas para aliviarla.

En las últimas décadas, en esta tradición de innovación en el campo de la investigación aplicada han proliferado conceptualizaciones, métodos, métricas e intervenciones de políticas para atacar la pobreza. En términos de mediciones, éstas han evolucionado de centrarse en el ingreso a mediciones multidimensionales que pueden dar mejor cuenta de privaciones.

Con la disponibilidad de nuevas tecnologías de información, se observan cambios en los enfoques tradicionales de medición, hacia métodos alternativos para producir estimaciones de pobreza en entornos con escasez de datos (por ejemplo, con datos e imágenes satelitales se pueden evaluar características de cobertura y uso del suelo y objetos específicos para aproximar el bienestar del hogar).

En un recordado discurso del anterior secretario general de la ONU Ban Ki-moon, el desafío nos fue planteado: “Podemos ser la primera generación en acabar con la pobreza global”. En un mundo con acceso sin precedentes a conocimientos, tecnología y recursos, eliminar la pobreza es un deber moral, una obligación jurídica para realizar derechos humanos vigentes y un imperativo para la generación actual.

* es representante residente del PNUD en Bolivia.

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