Voces

jueves 22 oct 2020 | Actualizado a 17:25

(In) Certidumbres

/ 11 de octubre de 2020 / 07:01

Ante los resultados de las encuestas, candidatos y analistas han celebrado la posibilidad de re-editar la democracia pactada, esa que durante décadas convirtió al Estado en un botín de guerra. Era previsible: frente a la posible victoria del Movimiento Al Socialismo, la única opción que les queda a los otros partidos es negociar alianzas por la democracia y acuerdos patrióticos que les permitan aspirar a una gobernabilidad pactada. La propia Jeanine Áñez renunció a su candidatura afirmando que ese era el único camino para evitar el triunfo de los que ella llama “salvajes”. Resulta irónico que quienes afirman que en 2019 el MAS recurrió a un “monumental fraude” para ganar las elecciones, tengan ahora la certeza de perder si no recurren a medidas extremas, como juntar peras con manzanas o cruzar ríos de sangre.

Lo cierto es que la derecha sabe que el MAS no ha perdido su núcleo duro de votantes, aunque minimiza su cohesión y lo quiere creer mucho menor de lo que es realmente. Esa excesiva confianza en la derrota que dicen haberle infligido a su enemigo ideológico es lo que explica la fiebre de candidaturas. Ahora es cuando —se dicen. Si no llego a ganar la presidencia, por lo menos voy a poder sacar una tajada de poder en la Asamblea —se alientan. Toda inversión que haga ahora será recompensada cuando venda y alquile mi apoyo en la Asamblea futura —se convencen.

Lo que su odio no les deja ver es que el MAS ha sido golpeado, pero se levantó rápido y más fuerte. El voto duro en las elecciones de 2019 llegó al 47,08%, un porcentaje consistente con el referéndum de febrero de 2016, en el que el Sí obtuvo el 48,7%. ¿Qué razón puede tener una persona que votó por el MAS en octubre para apoyar ahora a un candidato de la derecha?

Supongamos que una parte de ese apoyo haya sido el voto de aquellos que ponían su confianza en Evo como persona. Se podría pensar que esos votantes retirarían su apoyo al MAS al no ver a Evo como candidato. Es una hipótesis que no se sostiene fácilmente, pues justamente la persecución y los insultos que sufre Evo Morales cotidianamente en manos de los partidos de derecha es razón suficiente para que cualquier “Evista” se ponga la camiseta del MAS, independientemente del candidato que este partido presente. De hecho, hubo muchos que en octubre votaron en contra de Evo porque llegaron a convencerse de que un cuarto término era excesivo, o se dejaron llevar por la insistente narrativa de “autoritarismo” y “corrupción” que inundó los medios y las redes. Pero a la luz de la violencia, el racismo y la corrupción que se develaron desde el golpe de Estado de noviembre, muchos de esos votantes afirman que volverán a apoyar al Movimiento Al Socialismo. O no lo dicen abiertamente y pasan a engrosar el porcentaje de N/S en las encuestas.

En definitiva: el MAS tiene sobradas posibilidades de alcanzar más que el 41% que le dan en voto válido las encuestas más recientes, ganando incluso en primera vuelta. Si bien no lo dice, la derecha sabe perfectamente que éste es un escenario no solo posible sino muy probable. Y algunas señales que nos están dando son claras: los grupos paramilitares que asedian al Fiscal General en Sucre y al presidente del tribunal electoral de Santa Cruz; los grupos de intolerantes de ambos bandos que queman casas de campaña, apedrean caravanas y muestran sus nalgas a ciudadanos que expresan preferencias políticas contrarias; las amenazas del ministro Murillo y de la Presidenta de facto, los rumores que hierven en redes sociales, involucrando a militares, policías, armas y cuarteles. Todas son señales que deben alarmarnos. Esperemos que el día de las elecciones no se genere esa violencia en los recintos electorales. Esperemos que, una vez anunciados los resultados, no se repitan las declaraciones altisonantes, los llamados a no aceptar las reglas del juego, las quemas de tribunales electorales, los jóvenes embanderados clamando fraude sin pruebas. Esperemos, en fin, que ante un resultado desfavorable ninguna de las partes decida patear el tablero electoral y sacarse la máscara democrática.

Las elecciones son el último puente, la última barrera. Si fracasan otra vez ¿qué nos queda? La enorme responsabilidad de que estas elecciones salven lo último de institucionalidad, de democracia y de convivencia pacífica que tenemos no solo está en hombros del Tribunal Supremo Electoral o de los partidos en contienda. Es también la responsabilidad de cada ciudadano. Debemos demostrarle al sistema de partidos que no estamos dispuestos a seguir en la incertidumbre. Debemos votar con confianza en nuestro destino común y defender la regla más simple de la democracia: Que gane quien obtenga más votos.

Verónica Córdova es cineasta.

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Narrativas

/ 27 de septiembre de 2020 / 06:55

Una de las consecuencias funestas de la comunicación por redes es la velocidad con la que se imponen consignas: esas formas del discurso que movilizan sin resistir un mínimo análisis. ¿Para qué estudiar estadísticas, revisar datos, confrontar ideas, analizar tendencias o profundizar argumentos, si se puede responder con una frase hecha que, a fuerza de repetirse, se convierte en verdadera?

“Fraude monumental” es un ejemplo de consigna, repetida hasta la náusea tanto por internautas sueltos de lengua (o de dedo, para ser más precisos) como por políticos, analistas y periodistas —si es que podemos seguir llamando así a algunos de ellos, puesto que no solo por trabajar en un medio de prensa adquieres el derecho a considerarte miembro de ese valioso gremio. Nadie, entre quienes defienden la teoría del fraude, ha presentado pruebas al respecto —más allá de unas hojas de Excel sin más fundamento que el deseo autocumplido. Por el contrario, universidades, instituciones y científicos de prestigio internacional han demostrado una vez y otra que el “monumental fraude” no es más que la excusa que allanó el camino para el golpe de Estado. Pero ¿para qué tomarse la molestia de leer un informe, si descalificarlo sin análisis permite justificar el papel que cada quien ha jugado en los eventos?

“Querían volar la planta de Senkata” es otra consigna que se repite para justificar una masacre de compatriotas. Ninguna de las imágenes filmadas en esas horas aciagas muestra esa intención por parte de los vecinos de la zona. Por el contrario, lo que se ve son personas derrumbando un muro con la fuerza de su sola desesperación. Lo que se ve son helicópteros y aviones volando bajo, sembrando terror; y lo que se ven son soldados y policías disparando a quemarropa. Pero ¿por qué creer las minuciosas investigaciones y dictámenes de organismos internacionales de derechos humanos, si repetir una frase me salva de ser encubridor de esas muertes?

“Tú no sufriste el terror de pasar la noche en guardia, para evitar que vengan a saquear tu barrio” argumentan algunos cuando se les cuestiona su silencio o su apoyo en las redes. A pesar de mucha indagación, todavía no he escuchado ni un solo testimonio de alguien cuya sacrificada vigilia haya sido más que una falsa alarma. La tarde del 11 de noviembre de 2019, la edición digital de Página Siete publicaba: “Una turba de ponchos rojos, de hombres y mujeres al grito de guerra civil, se aproximan al centro de la ciudad de La Paz”. Huelga decir que ninguna movilización de ponchos rojos llegó a la ciudad, porque ninguna venía. Por la noche, en mi calle de Miraflores los vecinos desesperados tocaban uno a uno los timbres de las casas, llamando a gritos para que salgamos a “defendernos”. Con fogatas y barricadas histéricas se respondía a los mensajes que llegaban de madrugada: “ya están viniendo los ponchos rojos, salgan con palos”, “están bajando de las Villas”, “ya están cruzando el Puente de las Américas”. Nadie vino, nadie estaba viniendo. Solo creer la verdad de esas afirmaciones es una muestra de racismo.

“Cuarenta muertos a causa de la falta de oxígeno” es otra de esas consignas que dejan de ser especulaciones a fuerza de repetirse. Esos 40 bolivianos que ya no están entre nosotros son tan lamentables como los otros 7.691 que murieron por falta de respiradores, de atención hospitalaria, de medicamentos, de oxígeno, en fin: de una mínima gestión gubernamental durante la pandemia.

Una de las consecuencias funestas de la comunicación por redes es que nos empuja a un radicalismo binario que se sustenta en nada más que consignas, insultos, imágenes grotescas. A eso se ha reducido el debate ciudadano. Qué pena.

Verónica Córdova es cineasta

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Donde los muertos hacen fila

/ 13 de septiembre de 2020 / 05:58

En nuestra cultura andina, la muerte es siempre un viaje. Para los que se van, especialmente si lo hacen antes de tiempo, es un viaje a regañadientes. Por eso las ancianas vuelcan las sillas de la casa en cuanto se llevan el cuerpo: no hay que dejarle al alma un lugar para sentarse. El rol de los seres queridos es aprovisionarlo para las dificultades del camino y ayudarlo a irse. Por eso los parientes deben mantener su dolor atemperado: demasiado llanto hace que el alma no quiera alejarse.

Para los que se quedan, el tiempo entre la muerte y el entierro es un tiempo de peligro. En su afán de quedarse, las almas pueden trastocar el equilibrio del mundo. En su dolor de separarse, las almas pueden llevarse a los que quedan vivos. Los rituales del velorio y del entierro son dulces despedidas, pero también salvaguardias. Por eso deben hacerse con cierta premura: no vaya a ser que el alma se desgane del viaje.

Los caminos de la muerte deben tener ahora trancaderas. Las almas deben andar tristes, arrastrando sus pasos, porque muchas no tuvieron despedidas. Dicen los vecinos de la periferia que los cementerios clandestinos se llenan de tumbas frescas. Y que los enfermos regresan al campo para morir allá con la dignidad intacta.

Al día de hoy el Ministerio de Salud confirma 7.146 fallecidos por la pandemia, pero el Servicio de Registro Cívico publica 21.313 muertes más en 2020 que el promedio en el mismo periodo todos los años anteriores. Es probable que no todas esas almas hayan muerto de COVID, pero es evidente que la mayoría ha partido por causa del COVID: enfermos de cáncer, ancianos que sufren accidentes, gente con otro tipo de dolencias que no accede a atención médica, porque los hospitales no los atienden, porque los servicios están saturados, porque los médicos no quieren arriesgarse.  

Mucha gente está muriendo hoy en sus casas, en asilos, en las calles —iniciando un tiempo de peligro y dolor que, aunque parezca increíble, la Policía y el Ministerio de Salud se han encargado de hacer más largo, más costoso, más miserable.

En otro tiempo, si un anciano o un enfermo fallecía en su casa, el médico responsable de su cuidado llenaba un certificado de defunción y con eso los familiares podían enterrarlo sin problemas. Ahora la Policía debe hacer un levantamiento de cadáver y el forense debe certificar la razón de la muerte, aun de los que mueren sin violencia. Pero por mucho que llames a la Policía no viene, o viene después de días de espera. Para evitar esa angustia, muchos optan por ir al instituto forense y hacer una cola de horas y hasta días con su cadáver a cuestas. Pero (milagros de la economía de mercado) para quienes pueden pagarlo, los certificados gratuitos y numerados se venden en el mercado negro por el módico costo de Bs 1.000. “Tiene suerte, señor”, le dijeron a alguien que lo necesitó recientemente. “En julio estaban a 4.000”. Y ante la indignación del doliente: “Yo solo me gano 100 pesitos, el resto se va a la Policía y al forense”.

A eso hemos llegado: los muertos deben hacer cola ante una burocracia corrupta antes de poder partir en su viaje. Los vivos deben enterrar a sus almas de noche, como ladrones, si no pueden pagar funerarias angurrientas y coimas administrativas. ¿Cuántas almas se habrán desganado en la espera y se habrán quedado aquí, para asolar de más muerte nuestra Patria? ¿Cuántas desgracias caerán sobre aquellos que lucran de la muerte ajena? ¿Cuántas ofrendas tendremos que hacer a la Pacha para restablecer los equilibrios que se han roto en estos meses de ignominia?

Verónica Córdova es cineasta.

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¿Para qué sirve la escuela?

/ 30 de agosto de 2020 / 00:37

La respuesta varía enormemente dependiendo a quién preguntas.     Los chicos y chicas que se han visto privados de acceder a ella desde marzo tienen sentimientos encontrados. Para los que se sienten liberados, la escuela es una prisión que reprime sus ideas, persigue sus identidades y los obliga a repetir consignas que no les interesan. Para los que se sienten apenados, la escuela es un lugar de encuentro, donde conocen a sus amigos y parejas, donde asimilan las reglas más dulces y dolorosas de la convivencia entre seres humanos.

Los padres y madres que han visto cancelarse el año escolar tienen sentimientos encontrados. Hay quienes sienten que han perdido la única escalera que puede sacar a sus familias de la discriminación y la pobreza. Para miles de familias campesinas, obreras o gremiales, la ilusión de un hijo profesional es un enorme acicate que permite soportar todas las penurias. La escuela, el colegio, la universidad son puertas de ingreso a una mejor vida, si no para ellos por lo menos para generaciones venideras. Para esas familias, la escuela fiscal, pública y gratuita es más que un derecho: es una esperanza.

Hay también padres y madres que han visto la clausura del año escolar con cierto alivio. Son aquellos que, guiados por la idea de que la educación abre las puertas a la meritocracia, hacen sacrificios económicos para inscribir a sus hijos en colegios particulares. Son aquellas que, apretadas por la crisis, han demandado una reducción del monto de las pensiones. Son aquellos que han criticado las clases virtuales porque les implican erogar dinero adicional en internet para que sus hijas estudien. Son aquellas que entienden que unos meses sin clases no va a dañar irreparablemente la educación de sus guaguas, mientras aprueben el año no hay de qué preocuparse.

Hay familias que no han visto ni sentido gran diferencia a partir de la clausura, porque sus hijos siguen pasando clases virtuales en colegios privados que les han dado pocas posibilidades de resistirse. Con cierto disimulo, los directores han planteado que, si abandonan el curso ahora, tendrán pocas opciones de mantener su plaza el próximo año. Es un tema que da para pensar: con los conflictos que se han generado entre colegios y padres, además de la profunda crisis económica, es muy probable que la demanda de plazas en los colegios fiscales se dispare hacia arriba el año que viene. Dudo que el Ministerio de Educación esté preparado para esa contingencia.

De hecho, el Ministerio de Educación no ha previsto, planificado ni solucionado ninguna contingencia emanada de la pandemia, o de la súbita expansión de su responsabilidad al haber asumido la cartera de culturas.

Quedan pendientes la batalla en instancias judiciales por la “anulación de la cancelación” y la iniciativa de la Asamblea Legislativa para garantizar el derecho a la educación. Como diría Adela Zamudio: permitidme que lo dude. El Gobierno de facto nos ha demostrado su interés en defender solamente los intereses de sus socios (banqueros, agroindustriales y empresarios privados —incluyendo quienes lucran de la salud, de la educación y de las comunicaciones). Reinstaurar la educación no está dentro de sus planes, proteger la cultura no está dentro de sus prioridades.

¿Para qué sirve la educación? Para liberar, para pensar, para crear, para transformar, para revolucionar. Por eso no es de asombrarse que este gobierno haya cancelado la educación, así como eliminó el Ministerio de Culturas. Nada es gratis, alguien tiene que pagar —dijo el ministro Cárdenas. En Bolivia la educación es fuente de esperanza. Y cancelar la esperanza tendrá su costo para quien lo haga.

Verónica Córdova es cineasta.

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Estado de No-Estado

/ 16 de agosto de 2020 / 07:24

Bolivia ha pasado de ser un “Estado-de-no-derecho”, como alguien lo ha calificado, a convertirse en un No-Estado. ¿Qué otra cosa podemos llamarle a la situación actual de cosas, en las que el Estado boliviano ha perdido legitimidad, capacidad de interlocución, capacidad de acción y hasta razón de ser y sentido de existencia?

La teoría política más básica nos enseña que el Estado se sustenta en un pacto social, en el cual gobernados renuncian a ciertas libertades a cambio de la protección de ciertos derechos: el derecho a la vida y la salud; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a la educación; el derecho a la libertad, la dignidad y la propiedad.

Desde marzo hemos perdido el derecho a la salud —el Estado no ha cumplido con su función de garantizar a los ciudadanos el acceso a los hospitales, a las pruebas de diagnóstico, a los respiradores, a los medicamentos más básicos y hasta a una manera digna y accesible de ser enterrados. Es de una hipocresía despreciable culpar a los bloqueos de ahora de unas carencias que llevamos soportando desde hace meses, y que son resultado de la falta de planificación, de la ausencia de empatía, de la corrupción más abyecta y del interés de que la emergencia beneficie económicamente a los privados.

Desde noviembre de 2019 hemos perdido el derecho a elegir a nuestros gobernantes —el Estado ha incumplido su obligación de garantizar un proceso democrático, que dirima pacíficamente las diferencias entre los ciudadanos. El 3 de mayo, fecha prevista para las elecciones nacionales, Bolivia reportaba un total de 1.352 casos de COVID-19, y sin embargo la pandemia fue motivo para suspender los comicios y arrastrarnos a un conflicto que ahora parece no tener salida.

Desde los primeros días de este mes hemos perdido el derecho a la educación —el Estado ha claudicado en su responsabilidad de proporcionar una formación universal y gratuita, y ha decidido que cada quien haga lo que quiera y se eduque como pueda. En los hechos, la clausura del año escolar ha significado la privatización de la educación en Bolivia. Los colegios particulares siguen dando clases a quienes pueden pagarlo, y los que no pueden pagar no importan. 

Desde hace algunas semanas de manera más abierta y evidente (aunque el proceso empezó en octubre) el Estado ha perdido también el monopolio del uso de la fuerza, que de acuerdo a la Constitución opera de forma legal solo en ciertas circunstancias. En el No-Estado boliviano, grupos de vigilantes autoproclamados andan por calles y carreteras en motocicleta, aplicando a la fuerza sus propias interpretaciones de las leyes. En Santa Cruz, esos grupos armados han dejado un reguero de heridos a bala, quienes además no se han atrevido a presentarse en hospitales por miedo a mayores represalias. En Cochabamba, grupos de motociclistas no solo persiguen y golpean a ciudadanos (ensañándose cobardemente con mujeres de pollera) sino que se dedican a asaltar farmacias, mientras la Policía los protege —y hay quien dice que además los provee de implementos.

El derecho a la dignidad y al respeto se ha perdido hace tiempo, y el Estado no solo es indolente frente a discriminaciones e improperios, sino que encumbra a racistas en el gabinete. Quienes se hacen llamar “gobierno moral de Santa Cruz” consideran a sus conciudadanos “bestias indignas de ser ciudadanos”, la propia Presidenta los llama “salvajes” y su ministro de Gobierno propone que “meter bala” es la salida políticamente correcta para el conflicto.

Ante ese No-Estado, incapaz de cumplir con su parte del pacto social que le ha dado origen, ¿debería sorprendernos que la sociedad se movilice, se organice y demande un cambio?

Verónica Córdova es cineasta.

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‘Nos mataron como a animales’

/ 2 de agosto de 2020 / 00:15

El título no solo responde al informe sobre las masacres de Senkata y Sacaba publicado por la Universidad de Harvard. Es una expresión repetida muchas veces durante los aciagos días de noviembre: la sensación de que quienes se oponían al Golpe no eran vistos como seres humanos. Que no solo los policías y militares que salieron a reprimirlos, sino también los medios de comunicación, las autoridades de facto y una buena parte de la clase media los ponía en una categoría distinta, a la que podían referirse como “hordas” y definir como “terroristas” para, por esa vía, dispararles impunemente.

Es un tropo clásico del racismo, que se usó con el mismo efecto por los nazis contra los judíos, por poner solo un ejemplo. Una vez que separas a un grupo del tuyo y lo despojas de las cualidades que en el discurso predominante nos caracterizan como “humanos” (racionalidad, libre albedrío…) es mucho más fácil convencer a tus seguidores de discriminar, perseguir y luego eliminar físicamente a ese grupo.

Estamos viendo ese proceso desarrollarse delante de nuestros ojos, desplegarse en nuestras redes sociales, materializarse en discursos, imágenes y comentarios que hace muy poco habríamos hallado inaceptables. Es ahora frecuente escuchar a cualquier persona referirse a ciertos grupos como “llamas” o “burros” y representarlos con el rostro de simios. El periódico El Deber de Santa Cruz publica con indignante frecuencia ese tipo de ilustraciones en su sección de humor gráfico. Representar al que no comulga con nuestras ideas como a un animal no es una broma inocente: es un paso hacia el despojo de derechos que se asignan justamente por la condición humana de quienes los reciben. El derecho al voto, por ejemplo.

Otra forma menos explícita, pero igual de efectiva, de deshumanizar al otro es asumir su incapacidad de voluntad propia, su imposibilidad de decidir libremente, en base a su conciencia, cómo participar de la vida social y democrática. Un ser humano que solo participa de la vida colectiva “obligado”, “pagado” o (en otra forma de animalización frecuente) “arreado como ganado”, es un ser humano incompleto, en el mejor de los casos un “niño” y en el peor de los casos un sub-humano. Bajo esa lógica, durante más de un siglo de vida republicana se excluyó a la mayoría de la población boliviana de la ciudadanía y el voto. Si no se asume que el otro puede tomar decisiones libres y conscientes, no puede confiársele el destino de gobernar o decidir cómo ser gobernado. Una vez instaurada esa idea en el discurso general, resulta aceptable eliminar la opción política de esa población, quitarle la personería jurídica a su instrumento político, orillarlo hacia la abstención y suponer que no habrá reacción alguna.

O que sí la habrá. Ahí es donde entra otro tropo del fascismo: asumir que el otro, al ser subhumano, es también bestial, peligroso, salvaje. Que vendrá en “hordas” desde El Alto para saquear los barrios paceños (como publicó Página Siete en noviembre). Que hará volar la planta de Senkata, matando no solo a miles de alteños sino también a sus propias familias. Que es capaz de disparar a sus propios compañeros o de traer gente enferma para deliberadamente contagiar a los que participen en una marcha, como afirman sin escrúpulos ciertos ministros.

Deshumanizar al otro es el primer paso para subyugarlo, perseguirlo, eliminarlo. La historia nos muestra que es muy sencillo, y que puede darse de forma muy rápida en ciertas condiciones de crisis. No podemos permitir que ese discurso termine de separarnos. Cada uno de nosotros es responsable de evitarlo, porque cada uno de nosotros sufriremos las consecuencias si no lo hacemos.

Veronica Córdova es cineasta.

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