Voces

lunes 28 sep 2020 | Actualizado a 16:04

No fue choque, fue masacre

/ 14 de septiembre de 2020 / 01:43

Desde hace 10 meses, el puente Huayllani, a la entrada a Sacaba, es conocido como el “puente de la muerte”. Allí, el 15 de noviembre del 2019, se ejecutó la masacre a campesinos. En esa jornada fatídica, los productores de hoja de coca intentaban marchar hacia la ciudad de Cochabamba. Momentáneamente, un helicóptero militar, como si fuera un ave de rapiña en busca de su carroña, sobrevolaba por el puente en una actitud de amedrentamiento. Era el preámbulo de la masacre. El puente dividía a policías/militares con los movilizados. Luego se perpetró el ataque por tierra y aire. Fallecieron 11 campesinos. 

La Real Academia Española define masacre a la “matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”. La historiadora María Moliner es más enfática, “es una matanza salvaje de personas”. El título del informe de la Universidad de Harvard sobre las masacres en Sacaba y Senkata reza: Nos mataron como animales, reflejo fiel a lo ocurrido ese viernes fatídico en Sacaba. El informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de otras organizaciones académicas que investigaron los acontecimientos en Sacaba coincidieron en sus conclusiones: fueron ejecuciones extrajudiciales y, por lo tanto, los tipificaron como masacre.

Los manifestantes no estaban armados con objetos letales, como informó el gobierno de Jeanine Áñez. A lo mucho, estaban precavidos con agua, vinagre para mitigar los efectos de los gases lacrimógenos ante una posible gasificación. Algunas señoras portaban banderas blancas en señal de paz; otros tenían wiphalas o bandera nacional quizás diciendo que ellos también son bolivianos. El Informe de la CIDH es contundente: “Los numerosos testimonios recibidos (…) son consistentes al indicar que las personas manifestantes estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por iniciativa propia, y fueron agredidas de repente con armas de fuego, contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras armas por la fuerza pública, de manera sorpresiva”. Empero, a contrarruta de los acontecimientos, el relato gubernamental sobre la masacre en Sacaba —y la perpetrada días después en Senkata— fue negacionista con explicaciones inverosímiles: “Los cocaleros se habrían disparado entre sí”, y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue más lejos: “La mayoría murieron por balas de calibre 22 en la nuca, o en la espalda, o bajo un brazo. ¿Qué significa esto? Significa que la gente del MAS, aquellos que incitaron los disturbios, mataron a esa gente para encender la cosa”.

Desde el día siguiente a la masacre, la prensa del establishment fue la caja de resonancia de este relato gubernamental. Un periódico cochabambino y otro paceño usaron la misma frase: “Fuego cruzado”, otro utilizó la palabra “enfrentamiento” y hace poco, periodistas colaboracionistas con el régimen golpista emplearon la palabra “choque” para referirse a la masacre de Sacaba.

El gobierno de Áñez pretendió blindar esta masacre con un decreto supremo que presenta incoherencias y contradicciones jurídicas que seguramente serán develadas en un futuro juicio para esclarecer este hecho oscuro de la democracia boliviana. Esta masacre fue consecuencia del golpe de Estado de noviembre que, además, contó con la complicidad de fiscales, jueces y periodistas que contribuyen hasta hoy a la impunidad. Mientras tanto, en el puente Huayllani se erigió una apacheta, convertido en un espacio ritual simbolizando no solo un recuerdo y, a la vez, justicia para los caídos de la masacre, sino, a través de ellos, resarcir a la propia democracia boliviana. 

Yuri F. Tórrez es sociólogo.

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Voto útil, pero a la inversa

/ 28 de septiembre de 2020 / 03:04

La cruzada conspirativa previa al golpe de Estado, el 10 de noviembre de 2019, fue consecuencia de un conjunto de acontecimientos que respondían a una misma lógica desestabilizadora. En esa estrategia, Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), fue una pieza clave del complot y momentáneamente se convirtió en el candidato de la oligarquía cruceña que, al carecer de un candidato propio, hizo campaña por él para que derrote a Evo Morales. Así, nació el discurso del “voto útil” a favor del candidato de CC, pero, a la vez, le convirtió en un peón movido por el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz (CPSC), Luis Fernando Camacho.

La noche de las elecciones, sin saber exactamente los resultados oficiales, Mesa salió a la palestra mediática para proclamar la segunda vuelta y convocó a la población a “cuidar el voto” que desembocó en la quema de tribunales electorales. Días después, esgrimió el discurso del fraude electoral y se alineó a las directrices del CPSC. Consiguientemente, Mesa devino en “rehén” de otros. 

Cuando Mesa asumió una postura moderada, ya era tarde. En el decurso de los acontecimientos, la postura maximalista fue arrastrando peligrosamente a la moderada. Mesa nunca tuvo iniciativa y tampoco asumió para él los votos conseguidos quizás porque consideraba “votos prestados”, especialmente los de Santa Cruz. Así, se engendró el complejo del “alquiler de votos”. Como en el pasado, una vez más, Mesa quedó atrapado, en los tentáculos de Camacho. Perdió su liderazgo de opositor conseguido amén a las elecciones de 2019. Mientras, Camacho convocaba a los propios adherentes de Mesa a manifestaciones “cívicas” con un discurso antipartidario.  O sea, el candidato de CC tenía la gran oportunidad de salir como ganador de ese entuerto político, entre otras cosas, si hubiese aceptado la segunda vuelta que le hubiera beneficiado, más aún en un ambiente signado por el discurso de la supuesta trampa electoral que salpicaba al gobierno de Morales. Pero, Camacho le asustó y Mesa se arrinconó.

Era un escenario trazado por Camacho. A él no le interesaba el informe de auditoría de la OEA, simplemente por dos razones: si el informe decía que no hubo fraude, Morales tenía el camino expedito para su cuarto mandato, pero dijo que existió irregularidades en las elecciones, entonces se abrió la posibilidad de una segunda vuelta. En ese escenario, Mesa sería el gran beneficiado amén a esta movilización que puso en vilo al gobierno del MAS. En suma, a Camacho no le convenía ninguna de esas opciones: Morales o Mesa. Por eso insistió en nuevas elecciones quizás porque en esos comicios ya “no prestaría” votos a nadie. Así, Mesa quedó descolocado. Con el distanciamiento entre Camacho y Mesa se reforzó la postura radical que apostó al “todo o nada”, a la salida que conducía a la ruptura constitucional, en la cual Mesa paradójicamente fue parte del engranaje golpista. ¿Camacho, a quién puso a jaque? A nadie, simplemente pateó el tablero. Allí no solo Morales o Mesa perdieron, sino la democracia.

Un año después, ante la declinación de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, al ruedo electoral, esos votos no irán automáticamente a reforzar el caudal de votos de Mesa, sino de Camacho, hoy candidato, especialmente en Santa Cruz y el Beni. Además, la oligarquía cruceña nunca vio al expresidente como su opción, hoy apuestan que el voto útil sea para Camacho. Entonces, en este escenario quizás el gran perdedor sea Mesa.

Yuri Tórrez es sociólogo.

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Choquehuanca

/ 28 de septiembre de 2020 / 03:02

“Decimos que nuestra lucha va más allá de la democracia en la que hay sometimiento de las mayorías a las minorías, y someter no es vivir bien”, escribió David Choquehuanca en 2007 (revista Asuntos Indígenas – Primer año de presidencia de Evo Morales, Copenhague, Dinamarca), artículo en el que se explaya en conceptos y reflexiones acerca de la mirada aymara sobre el mundo, en la que prevalece la idea de armonización del hombre con la naturaleza y privilegia la lógica de complementariedad por encima del ida y vuelta utilitario de la reciprocidad.

Transcurridos 13 años de dicha reflexión, Choquehuanca es hoy candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), nominación que para él surgió de la legitimidad que le otorga su militancia y activismo en el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y que fue aceptada a pesar de que la gran mayoría de las organizaciones lo querían presidenciable, con el razonamiento de que un indígena debía seguir encarando tan grande responsabilidad. Si el excanciller de los gobiernos de Evo Morales hubiera actuado bajo las coordenadas de la lógica occidental en la que se lucha a brazo partido por los espacios de poder, no habría resignado esa promoción al puesto número dos en la lista. Lo hizo porque se concibe como parte de un colectivo humano expresado simbólicamente por la wiphala, bandera de la inclusión, en la que todos tienen el mismo tamaño e importancia, y la unidad debe prevalecer por sobre todas las cosas.

Desacostumbrado al juego mediático, y obligado por su rol de candidato, Choquehuanca, ha comenzado a ejercitar implacables tareas de posicionamiento político, explicitando, en primer lugar, la obligación de Evo Morales a rendir cuentas ante la Justicia y a buscar ayuda profesional en un psicólogo, debido a las acusaciones de estupro y pedofilia que pesan en su contra. Con serenidad quirúrgica, como si se tratara de un especialista experimentado en desempeños de quirófano, ningún militante del MAS-IPSP había cuestionado de manera tan dura y descarnada al líder del llamado Proceso de Cambio. Desde Buenos Aires, Evo decidió hacer mutis por el foro.

Conforme fue aceptando entrevistas en radio y televisión, el exnúmero uno de la política exterior boliviana continuó en su implacable ruta autocrítica: “De 20 reuniones que tenemos, en 19 nos dicen que el entorno de Evo no debe volver, que se cometieron demasiados errores que no debemos repetir”, dijo Choquehuanca, afirmación rematada por su compañero de binomio, Luis Arce Catacora, candidato presidencial que afirmó que si el MAS regresa al gobierno, les extenderá los salvoconductos a los asilados en la Embajada de México, dos de los cuales, Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta, pertenecen claramente a ese entorno que tendría responsabilidades en algunas decisiones erróneas que desembocaron en el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.

David sabe que lucha contra Goliat. Que la presión norteamericana es enorme y la gobernabilidad del próximo gobierno depende en gran medida de la reinstalación de la lógica de los acuerdos entre fuerzas representativas que llegarán a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que en ese contexto los subestimados “compañeritos” a los que se tacha de “levantamanos” que nada más atinaban a asentir las órdenes que llegaban desde el Ejecutivo, deberán jugar un rol activo, más allá de las roscas o círculos aúlicos que suelen evitar que los grandes líderes se acerquen a la ventana para mirar el horizonte. Se trataría, y esta vez en serio, de empoderar lo indígena originario campesino en la institucionalidad del país.

Durante los 10 años en que fungió como primer canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Choquehuanca encabezó una tendencia del MAS, por algunos llamada pachamamista, caracterizada no precisamente por una tensión creativa, sino más bien por un asedio que concluyó con una intriga en la que terminó sindicado como aliado, “vendido a los gringos”, versión que en determinado momento Evo habría aceptado como cierta. Concluido abruptamente su tercer mandato, y con una clara diferencia de visiones entre renovadores y nostálgicos que añoran el retorno del caudillo de Orinoca, el MAS-IPSP está cerca de lograr la hazaña electoral de trascender a su líder histórico, certificando que efectivamente se había tratado de un proyecto colectivo capaz de superar los tiempos de un culto a la personalidad que contradice una vocación y un espíritu comunitario, transparentemente expresados en el discurso de su indígena candidato vicepresidencial.

Julio Peñaloza es periodista.

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Millones de nuevos pobres en Bolivia

/ 28 de septiembre de 2020 / 02:59

Estamos cada vez más cerca de la cita electoral en Bolivia. Han pasado más de 300 días desde que Áñez asumiera como presidenta de Bolivia sin haber sido electa para tal menester. En este tiempo, claramente se extralimitó en la mayoría de las decisiones y no respetó el “espíritu transitorio” que debía marcar su gestión. Lo hizo en materia de relaciones internacionales, justicia, sectores estratégicos, Fuerzas Armadas, etc. Y, cómo no, también tomó las riendas en los asuntos económicos y sociales.

No cabe duda de que la pandemia es un hecho global que ha afectado a la economía de todos los países. Pero también es verdad que una buena parte de los gobiernos han reaccionado con políticas que amortiguan este impacto negativo. Si observamos el estudio realizado por la Universidad de Columbia (Economic policy responses to a pandemic: Developing the Covid-19 economic stimulus index), queda absolutamente demostrado que Bolivia está en la cola de los países en América Latina con menor porcentaje de su PIB dedicado a políticas fiscales expansivas: apenas el 1%, mientras se prevé que la caída de su economía sea —en el caso más optimista— del 6% (según el Banco Mundial; y muy similar al dato del Banco Central de Bolivia). Aunque seguramente la caída será mucho mayor si seguimos el ritmo de actualizaciones a la baja que vienen haciendo la mayoría de organismos internacionales.

En economía, como bien sabemos, no hay milagros. Todo tiene su por qué. Si se hunde la economía por motivos externos y no se hace nada para solventarlo, entonces la ecuación se resuelve con una gran crisis empobrecedora. Este es el caso de la Bolivia gobernada por Áñez.

Y, en este sentido, es importante no olvidar una cuestión obvia: cualquier contracción económica no afecta a todos por igual. Siempre unos salen peor que otros. No es lo mismo un shock económico adverso para la población que obtiene ingreso diario, respecto a otra que tiene empleo formal y estable, con mayor capacidad económica, con ahorros. Por tanto, es fundamental simular el impacto económico negativo, cualquiera que fuera, considerando que tal efecto se distribuye desigualmente por deciles.

Si microsimulamos la caída del 6% del PIB pronosticada por el Banco Mundial, siguiendo el patrón identificado en las encuestas continuas de empleo de Bolivia de los últimos años, y considerando la política de “brazos caídos” de Áñez, entonces tendríamos que en Bolivia se habría generado algo más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.

Si en vez de considerar ese escenario tan optimista, asumiéramos lo planteado en la investigación realizada por Beatriz Muriel (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo), que estima que la pandemia ocasionaría una pérdida de ingresos de entre 30-50%, según el cuantil, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza.

En un nivel intermedio está nuestra propia predicción como CELAG, que considera una caída del PIB boliviano del 7,9%, que generaría más de un millón de nuevos pobres, siempre y cuando no se implementen medidas y acciones económicas diferentes a las que actualmente lleva a cabo el gobierno de Áñez. Entre ellos, casi 800.000 personas entrarían a la pobreza extrema y 1,4 millones engrosarían la pobreza.

Luego del ciclo largo de políticas exitosas implementadas por el MAS para erradicar la pobreza, como así lo certifica la totalidad de los organismos internacionales, en estos pocos meses la ineficacia de la política económica y social del gobierno de Áñez frente a la pandemia ha provocado un masivo empobrecimiento de la ciudadanía boliviana; entre uno y dos millones de nuevos pobres, según sea el escenario considerado. Y lo más preocupante de esta situación es que aún se puede agravar más si no se hace nada.

Lo único esperanzador es que en pocos días habrá elecciones y se abrirá la posibilidad de que el pueblo boliviano elija una opción que le dé mejores condiciones de vida, en vez de empobrecerles deliberadamente. El candidato Arce ya demostró que sí sabe crecer desempobreciendo; y al otro lado, está Mesa que es una incógnita en materia económica porque apenas ha explicado qué haría para erradicar la pobreza. Veremos qué ocurre.

Alfredo Serrano y Nicolás Oliva son parte del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)

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El factor ‘khencha’

/ 27 de septiembre de 2020 / 07:24

Cuando Borges calificó a la democracia como un abuso de la estadística, no estaba lejos de la verdad, además concretó su afirmación al citar a Carlyle que la definió como el “caos provisto de urnas electorales”. Cuando la dictadura militar argentina declinaba irreversiblemente (1983) y se llamó a elecciones, reconoció que su dictamen fue refutado “espléndidamente”. No sabemos si eso ocurrirá en Bolivia.

Las últimas cifras de la encuesta electoral confirmaron la condenatoria a los últimos lugares de la señora Áñez, cuyo caudal de votación se esfumaba cada semana   para migrar a otros grupos que fundaron empresas políticas, nombradas en Bolivia como frentes, concertaciones, alternativas, inclusive partidos. El Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) es la única agrupación que tiene estructura partidaria y presencia en los nueve departamentos de Bolivia y cuyas disputas internas son descarnadas y feroces a la hora de decidir por sus candidatos; es una estructura primaria donde todavía reina el cacicazgo y los lazos verticales y horizontales del compadrazgo.

En las otras empresas políticas no ocurre eso, simplemente la cúpula decide a partir de intereses corporativos, patrimonio personal y cuotas magnánimas para ocupar la proclamada “franja de seguridad”, que no es otra cosa que garantía de impunidad asegurada para que el postulante generoso rescate su capital y lo reproduzca de manera geométrica, sin peligro de ir a la cárcel.

Algunos analistas políticos profesionales y comentaristas aficionados como nosotros, no tomamos en cuenta que la subjetivad de las clases populares no se basa exclusivamente en cálculos estadísticos y matemáticos, sino que existen otros factores que están sedimentados en el ethos de la población marginal, comportamientos no medibles y que crean un espejo ciego que impiden ver otros caminos.

Así, después de la Guerra Federal (1899-1900), luego de la persecución y asesinato de Zárate Villca y sus cercanos colaboradores, “el cholaje y la indiada”, como gustaban valorar a la mayoría de la población en aquella etapa histórica, calificaron al Gral. José Manuel Pando como El K’encha. En el sabroso Diccionario del Saber Popular de Antonio Paredes Candia (1924-2004) se lee: “Khencha, (El).- Lenguaje popular. De carácter político.a. del General de División José Manuel Pando, Presidente de Bolivia (1899-1904)”.

Origen del apodo: fue uno de los promotores de la Revolución Federal donde murieron muchos bolivianos. Las creencias aborígenes dicen que es khencha quien derrama la sangre de sus hermanos. (p. 271-2005).

A estas “creencias” se adhiere una multitud heterogénea de la población y abren múltiples interpelaciones morales a los políticos que usaron el poder para imponer con la fuerza bruta, sus intereses de casta y de grupo. Esta ligazón con la memoria corta y larga precede a la hora de decidir por el candidato y la calificación moral antecede a cualquier valoración de gestión y administración del Estado.

La población excluida, marginal y con índices de analfabetismo funcional o no, juzga a los khenchas en los mercados populares, en los miles de pueblos del área rural. Esa inteligencia ética está incorporada en su vida diaria porque vive en sus muertos de las masacres y actos represivos; cada muerto es una señal y genera solidaridad estableciendo una visión diferente de la clase media y la clase pudiente, tal vez más cerca de los gremiales, obreros y campesinos y lejos de los empresarios.

Al revisar las sañudas disputas que se narran en la historia de un país fracturado como Bolivia, se descubre la enorme cantidad de khenchas a los que tuvo que resistir y sobrellevar la mayoría de los bolivianos, como si la violencia, a partir de la eliminación del opuesto, fuera la única posibilidad de generar un espacio de concertación más o menos duradero.

 Esta sedimentación cultural popular ha extendido su fatalidad no solo a los que matan a sus hermanos, sino también a los que nunca pueden consolidar sus proyectos, porque sus padres o abuelos participaron en masacres y genocidios o se hicieron ricos de manera dolosa con el sufrimiento de muchas personas; por lo tanto cargan un khencherío casi contagioso.

En la memoria popular todavía se recuerda al juez Uría que mandó a fusilar a Jáuregui, en un juicio político por la muerte de Pando; casi medio siglo después, el hijo de éste, fue colgado con Villarroel en 1945.   

Édgar Arandia Quiroga es artista y antropólogo.

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El voto útil NO es útil

/ 27 de septiembre de 2020 / 07:21

Agotada la pandemia como hecho discursivo, el “noviembrismo” en alianza con grupos de apoyo político y económico busca instalar ahora un nuevo eje temático que module y establezca la agenda de prioridades electorales que deben ser debatidas e instaladas en las portadas de la atención mediática. El actual y urgente tema es la exigencia de un voto útil acompañado de una presión mediática y de redes sociales para que los candidatos, aquellos que las encuestas señalan como menores, abandonen sus candidaturas. La fijación del objetivo político electoral ya suma también una voz de mando: “Para que el MAS no vuelva nunca más”. A ello se agrega todo un trabajo, a momentos desesperado, con gestiones para agrupar a la derecha del país en una sola candidatura. La presión va esta vez sobre Luis Fernando Camacho, para que abandone su candidatura condicionado por la urgencia que impone el voto útil.

Y es que el voto útil es útil para generar un resultado electoral, pero la cuestión excede ese beneficio corto, pues lo central está en conocer si lo es también para el país o únicamente para un sector de la población. En una mirada de prospectiva institucional y estatal, corresponde comprender y saber cómo incide el voto útil sobre la estabilidad, la gobernabilidad y la pacificación del país. Este pedido a la no dispersión del voto de los sectores de clase media y urbano bajo la asustada lógica de voto útil obliga a deconstruirlo y observar sus caracterizaciones y consecuencias.

Primero que busca polarizar la elección entre Arce/Choquehuanca y Mesa/Pedraza. La intención está puesta en una rápida apariencia, impedir la victoria en primera vuelta del MAS, pero hay otras intencionalidades: crear, en una visión reduccionista, un bipartidismo que distribuye el poder bajo la lógica de los bloques MAS/Anti MAS, sin Creemos como actor político. Este empeño electoral encierra adicionalmente otro elemento de fin profundo: el bloqueo de los sectores medios y urbanos conservadores del occidente al poderío político de oriente. Un voto llamado útil para dejar vacío de poder a Santa Cruz y a Luis Fernando Camacho.

Pero también, el voto útil se convierte en una excusa que disuelve la responsabilidad de cumplimiento del programa de gobierno de cualquier candidato, ya que los objetivos se reducen simplificadamente a buscar un escenario final.  Los impulsos que mueven a los electores a votar se basan en diferentes factores: creencia en una estructura partidaria y su líder político; afinidades identitarias; hechos históricos; factores inclusivos o en una causa finalmente entre otros motivos, pero todo esto siempre en concordancia con el programa y propuesta electoral. El voto útil extingue todas las consideraciones y razones establecidas a priori que encaminaban el voto, exigiendo una dejación de afinidades programáticas, esto es, de todo aquello que convencía a “su” electorado. La maximización del resultado obliga al ciudadano a estar menos comprometido con un partido, un líder y un programa. La consecuencia es una circunstancial legitimidad. Estamos en ese caso, ante la prevalencia de la argumentación utilitarista de corto plazo que opaca mirar con prioridad la debida gobernabilidad. La lógica pragmática degradando lo programático.

Otra variable propia del voto útil está en la pretensión de instalar una tendencia de falsa responsabilidad. Quienes rechazan esta lógica de voto útil y persiguen construir un proyecto político diferente, ejercen la pluralidad del sistema democrático. Las acusaciones de responsabilidad que buscan efectos inmediatos y censuras colectivas envilecen la calidad democrática, pero también la obligatoriedad que tiene un candidato de comunicar y establecer una ineludible conexión con la población en el esfuerzo de sumar adherentes a su propuesta. Lo contrario equivale a firmar un cheque en blanco para quien no persevera en aglutinar y empatizar con la ciudadanía.

Hoy en Bolivia, el voto útil está instrumentalizado para inhabilitar a un grupo social, algo que trasciende el proceso electoral. Si nos detenemos en la comprensión de que aún está pendiente e inconclusa la cuestión social y la tolerancia inclusiva por el que es diferente en piel, en origen y apellido, sabremos también que el voto útil solo puede ahondar el problema.

Jorge Richter es politólogo.

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