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lunes 28 sep 2020 | Actualizado a 13:49

De regreso a la democracia pactada

/ 14 de septiembre de 2020 / 01:36

Primero, el Movimiento Al Socialismo. Segunda, Comunidad Ciudadana. Tercera la alianza Juntos, que gracias a su desdoblamiento de gobierno de transición a candidatura presidencial, según las encuestas, lograría triplicar el raquítico resultado del pasado 20 de octubre (Óscar Ortiz, 4%) y que, en su momento, estuvo cuadruplicando hasta que unos respiradores mal comprados y nunca puestos en funcionamiento le generaron una caída en las preferencias de la que parece casi imposible recuperarse. Este es el cuadro de situación electoral que en términos de posiciones parece inamovible: Ganará Luis Arce; Carlos Mesa, que fuera uno de los artífices de la llegada de  Jeanine Áñez a la presidencia, será segundo; y quien fuera promovida por policías, militares, cívicos, Tuto, el propio Mesa y Camacho, llegará tercera, aunque no se descarta que la extrema derecha cruceña (Creemos-Comité Cívico Pro Santa Cruz) pueda arrebatarle la medalla de bronce y bajarla del podio. La única gran duda es si el MAS logrará más del 40% de los votos y por lo menos el 10% de diferencia de ventaja frente a su perseguidor, para evitar o viabilizar la segunda vuelta

Entre el gobierno del virus y los remedos de campañas electorales severamente limitados por los estragos que ha producido la pandemia, Bolivia se ha farreado un año de su derrotero democrático en el que campean las denuncias nacionales e internacionales por violaciones a los derechos humanos, casi como en tiempos en que pisaba fuerte la bota militar. Uno escucha a los candidatos y llega a paradójicos extrañamientos de lo que fuera la democracia pactada, en tanto Paz Estenssoro, Sánchez de Lozada, Banzer y Paz Zamora dotaban de contenidos programáticos a las contiendas, independientemente de que éstos fueran o no cumplidos, una vez conformadas las administraciones de poder entre 1985 y 2002, y esto porque el proyecto finalmente absolutista de Evo Morales ha triturado a los que fueran referentes de nuestra democracia pactada hasta comienzos de este siglo: Bolivianas y bolivianos entre los 20 y 35 años de edad no tienen idea de quiénes son Manfred Reyes Villa (NFR), Mario Cossío (MNR), Leopoldo Fernández (ADN) y ni siquiera Branko Marinkovic —por si acaso, ministro de Planificación del Desarrollo de este gobierno—, que fue superado con creces por su discípulo Luis Fernando Camacho liderando la gestión cívica cruceña, con su actuación definitoria para la caída de Evo el pasado 10 de noviembre.

Observo a Carlos Mesa desafiando a Luis Arce a debate. Le dicen sus asesores que debe poner cara de malo frente a la cámara para interpelar al exministro que batió todos los récords de permanencia al frente de la Economía y las Finanzas —12 años—, y como para que quede clara la admisión de la inminente derrota, sus asesores deslizan una frase que los hace prisioneros de su propio enunciado: “Carlos Mesa es el único que puede ganarle al MAS”. Admitiendo de manera anticipada su derrota en primera vuelta, conscientes de que lograr el triunfo solo sería posible en un eventual balotaje.

No hay duda de que Jeanine Áñez les desfiguró los planes a quienes pretendían escribir el segundo capítulo de la caída de Evo y que consistía en consolidar la salida del MAS del precario sistema político partidario del país. Los promotores de su llegada a la silla presidencial y su entorno más cercano lo hicieron todo con insuficiencia, obsesionados con lo que dice y deja de decir Morales desde Buenos Aires, al punto que otra vez descuidaron los deberes propios: conformación de estructuras partidarias institucionales, divulgación de proyectos alternativos de país, cuestionamientos estructurales con datos sólidos a la mano de los errores, las deficiencias y las oscuridades producidas por el MAS, sobre todo en los últimos cuatro años en lugar de esa burda persecución política muy parecida a la practicada bajo la gestión del fiscal general Ramiro Guerrero. Hasta el momento de la denuncia de presunto estupro y presunta pedofilia, Evo fue el protagonista fundamental de esta accidentada transición gubernamental, desaprovechada por sus ansiosos operadores, conscientes de que un cuarto de hora en política es de muy fugaz duración. La falta de madurez y la inexperiencia en la gestión pública no los condujo a  pensar que otro sería el cantar si a su presidenta-candidata le facilitaban una gestión proactiva con proyecto alternativo al prevaleciente en los últimos 14 años, en lugar de la exclusiva retórica anti-MAS que confirma, en gran medida, que los adversarios de Evo saben lo que no quieren, pero que desde la Asamblea Constituyente de 2007-2008 no saben comunicar qué “otro país” serían capaces de construir si son favorecidos con el voto popular.

La tabla de posiciones electoral parece estar definida, pero lo que sí sufrirá una recomposición en la correlación de fuerzas será la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que dejarán de reinar los dos tercios y el sistema quedará obligado al retorno de los acuerdos partidarios. Si Arce es presidente, necesitará conversar con Mesa, Jeanine y probablemente hasta Camacho.  Si Mesa logra retornar a la silla, deberá estar consciente de que el MAS es una realidad política que ha llegado para quedarse más allá de Evo Morales, pues representa a los colectivos sociales que han logrado consolidar un instrumento viabilizador del ejercicio de sus derechos ciudadanos y sus demandas sectoriales. Ese es el nuevo gran capítulo que se abrirá en la historia democrática del país, como nunca urgido en estos 38 años de democracia por contar con autoridades surgidas de la voluntad popular a expresarse en las urnas.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Choquehuanca

/ 28 de septiembre de 2020 / 03:02

“Decimos que nuestra lucha va más allá de la democracia en la que hay sometimiento de las mayorías a las minorías, y someter no es vivir bien”, escribió David Choquehuanca en 2007 (revista Asuntos Indígenas – Primer año de presidencia de Evo Morales, Copenhague, Dinamarca), artículo en el que se explaya en conceptos y reflexiones acerca de la mirada aymara sobre el mundo, en la que prevalece la idea de armonización del hombre con la naturaleza y privilegia la lógica de complementariedad por encima del ida y vuelta utilitario de la reciprocidad.

Transcurridos 13 años de dicha reflexión, Choquehuanca es hoy candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), nominación que para él surgió de la legitimidad que le otorga su militancia y activismo en el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y que fue aceptada a pesar de que la gran mayoría de las organizaciones lo querían presidenciable, con el razonamiento de que un indígena debía seguir encarando tan grande responsabilidad. Si el excanciller de los gobiernos de Evo Morales hubiera actuado bajo las coordenadas de la lógica occidental en la que se lucha a brazo partido por los espacios de poder, no habría resignado esa promoción al puesto número dos en la lista. Lo hizo porque se concibe como parte de un colectivo humano expresado simbólicamente por la wiphala, bandera de la inclusión, en la que todos tienen el mismo tamaño e importancia, y la unidad debe prevalecer por sobre todas las cosas.

Desacostumbrado al juego mediático, y obligado por su rol de candidato, Choquehuanca, ha comenzado a ejercitar implacables tareas de posicionamiento político, explicitando, en primer lugar, la obligación de Evo Morales a rendir cuentas ante la Justicia y a buscar ayuda profesional en un psicólogo, debido a las acusaciones de estupro y pedofilia que pesan en su contra. Con serenidad quirúrgica, como si se tratara de un especialista experimentado en desempeños de quirófano, ningún militante del MAS-IPSP había cuestionado de manera tan dura y descarnada al líder del llamado Proceso de Cambio. Desde Buenos Aires, Evo decidió hacer mutis por el foro.

Conforme fue aceptando entrevistas en radio y televisión, el exnúmero uno de la política exterior boliviana continuó en su implacable ruta autocrítica: “De 20 reuniones que tenemos, en 19 nos dicen que el entorno de Evo no debe volver, que se cometieron demasiados errores que no debemos repetir”, dijo Choquehuanca, afirmación rematada por su compañero de binomio, Luis Arce Catacora, candidato presidencial que afirmó que si el MAS regresa al gobierno, les extenderá los salvoconductos a los asilados en la Embajada de México, dos de los cuales, Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta, pertenecen claramente a ese entorno que tendría responsabilidades en algunas decisiones erróneas que desembocaron en el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.

David sabe que lucha contra Goliat. Que la presión norteamericana es enorme y la gobernabilidad del próximo gobierno depende en gran medida de la reinstalación de la lógica de los acuerdos entre fuerzas representativas que llegarán a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que en ese contexto los subestimados “compañeritos” a los que se tacha de “levantamanos” que nada más atinaban a asentir las órdenes que llegaban desde el Ejecutivo, deberán jugar un rol activo, más allá de las roscas o círculos aúlicos que suelen evitar que los grandes líderes se acerquen a la ventana para mirar el horizonte. Se trataría, y esta vez en serio, de empoderar lo indígena originario campesino en la institucionalidad del país.

Durante los 10 años en que fungió como primer canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Choquehuanca encabezó una tendencia del MAS, por algunos llamada pachamamista, caracterizada no precisamente por una tensión creativa, sino más bien por un asedio que concluyó con una intriga en la que terminó sindicado como aliado, “vendido a los gringos”, versión que en determinado momento Evo habría aceptado como cierta. Concluido abruptamente su tercer mandato, y con una clara diferencia de visiones entre renovadores y nostálgicos que añoran el retorno del caudillo de Orinoca, el MAS-IPSP está cerca de lograr la hazaña electoral de trascender a su líder histórico, certificando que efectivamente se había tratado de un proyecto colectivo capaz de superar los tiempos de un culto a la personalidad que contradice una vocación y un espíritu comunitario, transparentemente expresados en el discurso de su indígena candidato vicepresidencial.

Julio Peñaloza es periodista.

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Represión y violencia política en la Revolución de 1952

Ésta es la segunda parte de una serie de textos dedicados a la revisión histórica de la persecución política en Bolivia. En las siguientes entregas figuran las dictaduras militares, la puesta en vigencia del Estado Plurinacional y el actual gobierno de transición como momentos referenciales significativos acerca de esta controvertida temática referida a las violaciones de los derechos humanos en nuestro país.

/ 27 de septiembre de 2020 / 08:19

Víctor Paz Estenssoro fue el principal rostro político de la Revolución de 1952. Foto: Libro Víctor Paz Estenssoro

En tiempos de posverdad y redes sociales queda mejor evidenciado que la historiografía oficial de Bolivia se ha encargado de soterrar pasajes fundamentales e indicativos de momentos históricos cúspide de la construcción nacional republicana y uno de ellos está específicamente relacionado con la violencia política, entendida esta como mecanismo de control para la preservación de proyectos de poder concebidos y aplicados con el propósito de consolidar hegemonía y dominio, tal como sucedió con el hecho más relevante para la transformación del Estado boliviano en el siglo XX, la Revolución de 1952, encabezada y luego consolidada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que, de manera paralela en unos momentos, y conjunta en otros, con las Fuerzas Armadas de la Nación, dominaría el espectro de la vida nacional durante medio siglo, aplicando simultáneamente medidas que generarían transformaciones sociales y económicas, y otras relacionadas con el autoritarismo y la represión contra el adversario, focalizadas en quienes aparecían como amenaza desestabilizadora a lo largo de los 12 años de gobierno que les tocó presidir a Victor Paz Estenssoro (1952-1956, 1960-1964) y Hernán Siles Zuazo (1956-1960).

Por toda la información que hemos sabido recolectar y editar, Paz Estenssoro y Siles Zuazo son conocidos por las generaciones actuales, gracias a sus últimos gobiernos correspondientes a la nueva era democrática inaugurada en 1982, y prácticamente piezas de museo sin desempolvar de los 50 y 60, de las que poco se ha dicho acerca de responsabilidades relacionadas con la instauración de un tenebroso Control Político que logró mantener a raya a sus principales opositores, en principio aliados, pertenecientes a la Falange Socialista Boliviana (FSB) jefaturizada por Óscar Unzaga de la Vega, pero fundamentalmente, desde la perspectiva de la consolidación de la dependencia de los Estados Unidos, a mineros como preclaro sector representante de la clase obrera (Irineo Pimentel, Federico Escóbar, de la Federación Sindical de Trabajadores de Bolivia —FSTMB —), campesinos sin militancia, universitarios y a algunas otras facciones minoritarias e irrelevantes en la vida política de entonces.

Es sugestivo que la mejor producción bibliográfica acerca de la Revolución del 52, así como de sus antecedentes y sus posteriores consecuencias histórico políticas, haya sido investigada y escrita por académicos e investigadores estadounidenses, digamos que la contracara pensante desligada de los mecanismos que hacen funcionar al sistema imperial. Así tenemos La revolución inconclusa (1970) de James Malloy (Tesis de doctorado, Universidad de Nueva York); La revolución antes de la Revolución– Luchas indígenas por tierra y justicia en Bolivia (2011) de Laura Gotkowitz (Universidad de Chicago),“Minas, balas y gringos – Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy (2016) de Thomas C. Field Jr. (Embry-Riddle College of Security and Intelligence) y Victor Paz Estenssoro – Una biografía política (2015) de Joseph Holtey (Rutgers University). Incluso podría citarse San Román – biografía de un verdugo (autor anónimo, sin más datos), publicada en inglés por la Universidad de Texas en 44 páginas, breve biografía del represor de confianza de Paz Estenssoro, que dirigió campos de concentración e infligió torturas a quienes osaban contradecir los preceptos revolucionarios enarbolados por el MNR, finalmente fagocitados por la agenda impuesta por la Embajada de los Estados Unidos de América a partir de la puesta en vigencia del Plan Triangular. Esos fueron presos políticos en el verdadero sentido de la palabra y se pueden recoger hasta ahora, testimonios de situaciones desgarradoras, de parte de los herederos de esos falangistas a los que el movimientismo acusaba de estar coludido con los terratenientes de la época y por supuesto que desde la profunda perspectiva ideológica de clase, lo sucedido con los trabajadores mineros, bastión obrero de Bolivia que en su momento constituyó el ala izquierdista del proceso revolucionario organizada en sindicatos de tendencias comunista y trotskista.

La Revolución del 52 y su instrumento político, el MNR, tuvieron una estrecha y sistemática relación con los Estados Unidos de América que incidieron con recursos económicos, siempre condicionados a intereses relacionados con el acaparamiento y el saqueo de nuestros recursos naturales, así como también en las tareas represivas violatorias de los derechos humanos, con el muy distintivo estilo de actuar a la sombra, con una especie de mano invisible, que solventaba recursos para mantener el sistema de vigilancia y sofocación de conatos subversivos. La “ayuda” norteamericana estuvo siempre condicionada, inconfundible manera de consolidar la dependencia de los países periféricos, especialmente en América Latina en los años 60, a la agenda dictada desde Washington para todo el planeta en su lucha contra el polo soviético y en el objetivo de que Bolivia, por su estratégica condición geopolítica, no llegara a convertirse en una segunda Cuba, país que le quitaba el sueño a la Casa Blanca, hecho evidenciado con la invasión a la Bahía de Cochinos también conocida como invasión de Playa Girón y que se constituyó una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos, invadieron Cuba en abril de 1961, para intentar crear una cabecera de playa, formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el reconocimiento de la comunidad internacional. La acción acabó en fracaso en menos de 65 horas. Fue aplastada por las Milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas. Más de un centenar de soldados invasores murieron, y los cubanos capturaron a otros 1.200, junto con importante material bélico.

Dos versiones periodísticas acerca de los Campos de Concentración, los perfiles de los principales esbirros del régimen revolucionario, Claudio San Román y Luis Gayán Contador, y un informe de Falange Socialista Boliviana (FSB) de 2001 (de próxima publicación), son los documentos que nos sirven para graficar lo que significó la injerencia y la represión política atentatorias contra los Derechos Humanos en pleno proceso revolucionario movimientista.

Más adelante, en la parte final de este informe correspondiente a la etapa revolucionaria del 52 encabezada por el MNR (también de próxima publicación), incluimos un análisis de cómo los intereses de dominio económico de parte del gobierno de John Fitzgerald Kennedy (1960 – 1963) que penetró la revolución movimientista, utilizó para sus fines injerencistas, el asesoramiento para el control y la represión políticos contra todos quienes fueran adversarios o impugnadores del proyecto hegemónico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), procurando, desde el principio, incorporar a las Fuerzas Armadas en su lógica de poder.

Con fortalezas y debilidades, este material ayuda a contar con un panorama escondido por nuestra historia e invisibilizado en el debate nacional que cuando genera discusiones sobre persecución y represión políticas, y sus variantes autoritarias, se circunscribe a las dictaduras militares inauguradas en 1964, considerando que el antecedente de la violencia política en la Bolivia contemporánea se encuentra en el escenario del primer gran cambio social producido en nuestro país con la ciudadanización que implicó la puesta en vigencia del Voto Universal, la Reforma Educativa, la Nacionalización de las Minas y la Reforma Agraria. He aquí la agenda oculta –y oscura— de un proceso revolucionario y hegemónico plagado de atropellos y conculcación de libertades ciudadanas, que para conseguir sus objetivos, instaló un muy bien pensado aparato represivo, útil para la defensa de un ejercicio pragmático de la hegemonía política, capaz de espantar amenazas internas como el sindicalismo “comunista” que hiciera trastabillar la llamada Revolución de Abril.

Campos de concentración, un hecho desconocido para las nuevas generaciones (*)

Bolivia tuvo campos de concentración en el primer gobierno del MNR muy parecidos a los instalados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

El MNR fue fundado oficialmente el 2 de junio de 1942. A partir de ese momento estuvo presente en cada decisión política para influir en la vida pública del país según sus propios intereses y su propia visión de país. Como claro ejemplo de sus primeras actuaciones políticas, figura su participación en el golpe de estado de 1943, cuando junto a la logia Razón de Patria (RADEPA) de Gualberto Villarroel, expulsó del Palacio de Gobierno a Enrique Peñaranda.

El MNR también fue artífice de la caída de Villarroel, al que apoyó hasta días antes de su derrocamiento. Desde ese momento fue perfilándose como artífice de la Revolución del 9 de abril de 1952, con el objetivo de tomar el poder, pero previamente, los movimientistas fueron activos protagonistas políticos del país al conspirar en el gobierno de Enrique Hertzog en 1947, promoviendo un enfrentamiento entre mineros y obreros que logró su renuncia para que asumiera Mamerto Urriolagoitia, que durante su interinato, el 27 de agosto de 1949, sufrió un levantamiento liderado por el partido rosado. Más adelante llegaría el “mamertazo” con el que Urriolagoitia decidiera provocar un autogolpe y entregar el poder a una junta militar encabezada por el Gral. Hugo Ballivián.

Según registros de la época, el MNR fue un partido muy bien organizado en cuadros, casi al estilo militar. Advirtió con vehemencia que tomaría el poder, pese al anuncio de la junta militar de convocar a elecciones en 1952, comicios que jamás se concretaron, porque la presión social azuzada por el movimientismo, puso contra las cuerdas a Ballivián. Fue uno de sus ministros, Antonio Seleme, quien conspiró contra su propio gobierno al convertirse en informante del MNR para propiciar la Revolución del 9 de abril de 1952. Dicha conspiración tenía originalmente prevista la participación de la Falange Socialista Boliviana (FSB), que por disputas en planes de gobierno y repartija de cargos terminó desmarcándose de la Revolución que dejó 490 muertos y más de mil heridos. Los aliados del MNR fueron los mineros que ayudaron a consolidar la toma del poder.

La primera participación del MNR en 1952, se produjo en co-gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) fundada el 17 de abril del mismo año, por Juan Lechín Oquendo. Sin  perder de vista  transformaciones como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa, el voto universal, quedaron en el olvido una serie de negocios «turbios» emprendidos con gobiernos extranjeros. Una muestra de ello, es el tan problemático código petrolero Davenport, que parceló el país en tres partes, para la explotación petrolera y comprometió nuestros recursos hidrocarburíferos por décadas.

Los campos

Volviendo al tema central, el MNR hizo un gobierno de fuerte acento represivo y producto de ello, fue que para sacar del camino a sus opositores, instaló campos de concentración en distintas localidades del país  para encarcelar a los denominados presos políticos. Las prácticas autoritarias del partido rosado se caracterizaron por la aplicación de métodos violentos de control político. El 23 de octubre de 1952, a través del Decreto Supremo 02221, Víctor Paz Estenssoro estableció prisiones bajo administración militar en Corocoro, La Paz; Uncía y Catavi, Potosí; y Curahuara de Carangas en Oruro. Tres de los cuatro campos de concentración se encontraban en centros mineros. Eran controlados por mineros y militares a los que se trasladaban presos políticos, opositores al gobierno, principalmente pertenecientes a la Falange Socialista Boliviana (FSB), que eran vejados y torturados sin piedad. Según testimonios de algunos presos políticos como Gad Lemús, la prisión de Corocoro era el purgatorio, mientras que Curahuara de Carangas,  se asemejaba al averno. En Catavi, en 1953, se encontraba un contingente de 131 presos; mientras que en Curahuara, entre 1953 y 1954, 254 presos.

“Carne de presidio”

En Curahuara de Carangas, el Teniente Bacarreza mandó una formación y ordenó que los prisioneros alojados en la celda del lado oeste del cuartel fueran trasladados a las barracas del frente, quien a modo de explicación dijo que “eso les conviene porque entre ustedes ya se conocen”. Las confusas palabras de Bacarreza dieron a entender que otra “carne de presidio” ocuparía las celdas más frías, oscuras y destartaladas del campamento. Pronto fue una triste constatación cuando el Teniente, respondiendo a las interrogantes de Lemús, le confió que estaban por llegar presos de Uncía y marchaban a Curahuara los del clausurado campo de Catavi. Los prisioneros supieron entonces del establecimiento de un nuevo campo de concentración, que hasta el mes de diciembre carecía de posibilidades concretas de apertura. Curahuara de Carangas era algo así como la Siberia del altiplano boliviano, escenario ideal, incrustado en la infinitud de la pampa para que los detenidos y confinados fueran presas del terror, el hambre y la soledad.

Otro relato está relacionado con lo que le sucedió a Jaime Villarreal, quien fue prisionero sin ser político, por el simple hecho de trabajar en la fábrica de catres del falangista Víctor Kellemberger. Las privaciones, preocupaciones, castigos materiales y el trabajo forzado, habían desembocado en la tuberculosis pulmonar que sobrellevaba pacientemente, perdiendo peso a ojos vista. Su rostro naturalmente blanco, se cubrió de intensa palidez, y sus mejillas, a los 25 años, comenzaron a hundirse. Ninguna consideración impidió, no obstante, que el responsable del campo, René Gallardo, dispusiera su inhumano flagelamiento. El centenar de latigazos que su enflaquecida carne soportó heroicamente, terminó por sumirlo en cama acelerando las secuelas de su tremenda enfermedad.

Presos

Es interminable la lista de presos que llegaron a esos campos de concentración que eran dirigidos por el entonces ministro de Gobierno, Federico Fortún, mientras Claudio San Román, Luis Gayán Contador, Emilio Arze Zapata, Alberto Bloomfield, René Gallardo, Juan Peppla y Adhemar Menacho, se encargaban de las torturas y vejámenes, que para muchos presos políticos se convirtieron en  una triste memoria por el sufrimiento generado por el llamado «Control político». De los mencionados, unos estaban a la cabeza del sistema represivo, otros dirigían los campos, y otros directamente eran los torturadores de los detenidos.

Se intentaron justificar esos excesos con el argumento de que se ejercía una violencia revolucionaria y antioligárquica para sostener la estabilidad de la Revolución. La intransigencia y los abusos se convirtieron en el pan de cada día.

*Texto original de Dehymar Antezana, periodista, La Patria de Oruro, 31 de julio de 2011, debidamente editado para los objetivos de esta investigación. Antezana consultó la ‘Historia de Bolivia’, José de Mesa, Teresa Gisbert, Carlos D. Mesa, y ‘Campos de Concentración en Bolivia’ de Fernando Loayza Beltrán.

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Túpac Katari y Bartolina Sisa, primeros perseguidos políticos de nuestra historia

Ésta es la primera parte de una serie de textos dedicados a la revisión histórica de la persecución política en Bolivia. En las siguientes entregas figuran la Revolución del 52 con sus campos de concentración, las dictaduras militares, la puesta en vigencia del Estado Plurinacional y el actual gobierno de transición como momentos referenciales significativos acerca de esta controvertida temática referida a las violaciones de los derechos humanos en nuestro país.

/ 19 de septiembre de 2020 / 23:37

La imagen de Tùpac Katari en el Palacio de Gobierno de La Paz. Foto: La Razón

Las dos primeras décadas del siglo XXI están marcadas por la rotunda imposición de las llamadas redes sociales y la posverdad que es en realidad la mentira reelaborada desde las sofisticadas técnicas de persuasión a través de la que se opera la introducción de contenidos a escenarios mediáticos con el propósito de malversar la realidad y la historia, y de configurar estructuras mentales congraciadas con un orden establecido gestado desde los centros de influencia cultural occidental hasta lo que se llaman periferias, allá donde los índices de pobreza e indicadores económicos negativos manifiestan las grandes desigualdades que caracterizan al mundo .

A las redes sociales se ha trasladado el debate ciudadano de la diversidad temática que caracteriza la condición y la actividad humana. La frontera entre la vida privada y la vida pública ha dejado de existir y el respeto por la dignidad como valor fundamental para la convivencia,  ha sido pulverizado por esa especie de judicialización ejercida en contenidos que abarcan desde el vestuario que se elige a diario hasta las decisiones políticas que cada ciudadano y ciudadana toman, sea en las urnas, en sus prácticas cotidianas, en su compromiso o indiferencia con el prójimo, en su adhesión o rechazo a ciertos preceptos y causas políticas, sociales, económicas, culturales y religiosas.

Cuando se produjo el Cerco de La Paz en 1781, Facebook, Twitter, Instagram o Youtube estaban muy lejos de existir y a tres siglos de perpetrado el sanguinario descuartizamiento de Túpac Katari, el hecho está débilmente registrado en la actualidad a través de los portales de internet —lo mismo que sucediera cuando todavía el libro era la única fuente histórica formal—, como autoría de Francisco Tadeo Diez de Medina, auditor de guerra español, oidor y alcalde de la ciudad en dos oportunidades, que fuera dueño y señor de las dos casonas situadas, a media cuadra del Palacio Quemado, en la calle Comercio entre Socabaya y Yanacocha de la ciudad de La Paz, restauradas y acondicionadas para lo que hoy son el Museo Nacional de Arte y la Villa de París. Diez de Medina fue quién sentenció en una de sus grandes residencias, con la pena capital al líder indígena:

“Después de muerto, para público escarmiento, su cabeza fue enviada a la ciudad de La Paz. Allí estuvo colgada durante tres días en el Alto de K’illik’illi (hoy mirador de Villa Pabón). Y lo propio ocurrió con sus extremidades: su brazo derecho fue enviado al pueblo de Achacachi; el izquierdo, a Sicasica; la pierna derecha, a Caquiaviri; y la izquierda, a Chulumani. Además, se ordenó que el tronco del cuerpo se mantuviese en la horca y después fuese reducido a cenizas, las cuales fueron echadas al viento para que no quede ninguna huella física de Julián Apaza. Toda esta ordenanza fue cumplida a cabalidad.” (1)

Buena parte de la historia oficial —por supuesto que también insertada en internet y en las redes sociales— tampoco se encarga de reflejar lo siguiente:

“Se dice que la casona restaurada, ubicada en plena esquina de la plaza de Peñas, pertenecía a Joseph de Santa Cruz Villavicencio, padre de Andrés de Santa Cruz y Calaumana, impulsor de la Confederación Perú-Boliviana. Sabemos que Julián Apaza y sus seguidores fueron traicionados por un antiguo aliado, Tomás Inga Lipe, en cercanías a Peñas. Fue Joseph de Santa Cruz quien trasladó a Túpac Katari y a sus compañeros a la ciudad de La Paz para que sean juzgados por su rebelión contra la corona española.” (2)

Túpac Katari o Julián Apaza fue el primer gran líder boliviano cuando Bolivia todavía se encontraba lejos de ser fundada como República, al que se le arrebató la vida por defender derechos humanos elementales como la libertad, la autodeterminación, la soberanía, o más simple que eso, el derecho a existir sin yugos, opresión, controles políticos, y esclavitud económica, con una extraordinaria conciencia sobre la persistente afirmación de la identidad de los habitantes originarios de estas  tierras brutalmente colonizadas con la cruz, la espada y la Biblia durante casi cuatro siglos. Su impronta, gracias a los enjuagues de historiadores conservadores, se exhibe en calidad de pieza valiente de hora cívica, pero sin itinerario vital estudiado a fondo: Era un indio al que mataron de la manera más brutal por los pecados de ser indio y rebelarse ante los españoles.

La cruel manera en que le fue quitada la vida a Katari es el primer antecedente fundamental que marcará, en el discurrir histórico de nuestro país, a quienes se persiguió, encarceló, torturó, desapareció y asesinó por razones de dominación política en Bolivia, lo mismo que a su compañera de vida,  Bartolina Sisa, quién también fue físicamente eliminada a través del ahorcamiento y sobre la que Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI) dice lo siguiente:

“Julián Apaza (Túpac Katari), que luego se convertiría en el esposo de Bartolina Sisa, también fue parte del comercio de la coca, luego de estar dos años en el trabajo forzado en la mita en las minas de Oruro. En uno de sus tantos viajes y frecuentando los mismos lugares, se conoce con Bartolina Sisa.

Bartolina fue descrita por algunos historiadores como una mujer aguerrida que dominaba el kurawa (onda) y el fusil. Sabía montar caballo, era joven y de piel morena, atractiva, esbelta y de ojos negros, y muy inteligente.

Mientras que Julián Apaza era un hombre de buenas condiciones físicas y una inteligencia notable.

En 1772, ya casados, tuvieron el primero de sus cuatro hijos (tres varones y una niña). Según el historiador Alipio Valencia Vega, el primer hijo fue capturado en Perú por el brigadier Sebastián Segurola, en 1783, y se cree que posteriormente fue asesinado. Los otros llegaron a sobrevivir y cambiaron de nombres y apellidos.” (3).

Esta es parte de la significativa historia invisibilizada por el conservadurismo aliado a intereses foráneos que pusieron los ojos, y muchas veces las balas, los cañones, los tanques y los aviones de guerra, para penetrar la economía nacional a través de controles al “pensamiento subversivo” de diversas características, que con el transcurrir de la primera mitad del siglo XX se fueron sofisticando en métodos expresados en el violentamiento de mentes y cuerpos de aquellos que siempre se situaron en la vereda de la resistencia popular, de la autodeterminación como imperativo moral y social, de la defensa de las riquezas del suelo propio como base material destinada a la subsistencia, en síntesis, en el escenario de la vida digna de quienes ya eran bolivianas y bolivianos, que ha trascendido de generación en generación y que combatieron con sus convicciones ofrendando tantas veces sus vidas, contra los aliados a intereses vinculados a los imperios mundiales y a las transnacionales que son las que en buenas cuentas gobiernan el mundo: El capital financiero, la industria armamentística, las industrias de los alimentos,  de los fármacos, de las sustancias controladas, de los combustibles, hasta la industria del espectáculo en sus variadísimas y numerosas expresiones. Vaciados de nuestros contenidos históricos, reducidos a fugaces homenajes de plazuela, registrados en páginas de textos escolares superficiales y esquemáticos, los que debieran ser héroes o referentes de vida son simple y llanamente indios revoltosos que se resistían a vivir sometidos a la Mita (4) en el occidente minero de la plata y el estaño del país, y al Habilito (5) en el oriente, en la zona Amazónica rica en goma y castaña.

En consecuencia, la primera gran violación, sostenida por décadas, a los derechos humanos en Bolivia, cuando el concepto institucionalizado de  esos derechos era inexistente,  está relacionada con la conculcación al derecho que tienen los ciudadanos a estar debidamente informados, en el amplio espectro que va desde las noticias vehiculadas por los medios de comunicación hasta los contenidos escolares y universitarios con los que las nuevas generaciones van construyendo su imaginario social, en el que no caben las que podríamos llamar versiones alternativas de los distintos hitos coloniales y republicanos que han desembocado en el último tiempo en la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia que arrastra la herencia de la memoria a través del falseamiento de la historia popular, del desdibujamiento de la importancia de los desmembramientos de nuestra original extensión territorial, de las luchas, levantamientos, e insurrecciones de “los de abajo”, de la culpabilización y criminalización de las movilizaciones masivas en calles y carreteras,  a los designios de “oscuras fuerzas” (léase, campesinos, obreros, comunismo y socialismo) destinadas a intentar acabar con la libertad y la democracia cuando el mundo, a mediados del siglo XX,  arribaba a tiempos de la Guerra Fría y la bipolaridad por el control del planeta tuvo enfrentados a los Estados Unidos de América y a la Unión de la Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) librando batallas por la penetración ideológica y territorial de tierras y territorios en la periferia del cosmos, según lo señala la geopolítica: Asia, África y América Latina.

 Invasiones e imposiciones ideológicas, la instalación de la Cortina de Hierro en el este europeo, la guerra en Vietnam, las dictaduras militares controladas directamente por el poder político imperial estadounidense, forman parte de esta historia en la que los contenidos de una pretendida democracia única y perfecta se transmitieron a través de todos los grandes dispositivos tecnológico- culturales de masaje cerebral en niños y jóvenes  de todas las latitudes, a través del cine, la televisión, el deporte y todo cuanto pudiera ser utilizado para ocupar el tiempo libre y recreativo de la “gente común” de las ciudades, desinteresada por los asuntos nacionales de la política, y por supuesto que ahora, desde hace aproximadamente una década con gran fuerza, a través de las redes sociales que han empoderado la cotidianidad de las llamadas clases medias que se expresan diariamente a partir de sus estructuras mentales neocolonizadas.

No considerar el Sistema-Mundo (6) para encarar las razones primigenias que en 1948 dieron lugar a la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humamos es no asumir que, como dijera Hobbes en su Leviatan (7) “el hombre es el lobo para el hombre”, que la humanidad ha caracterizado su existencia en la lucha por dominadores y dominados, explotadores y oprimidos, burgueses y proletarios, terratenientes y campesinos. La necesidad de la existencia de unos preceptos relacionados con el respeto a la vida y a la dignidad, que se traducen en derechos en distintos órdenes que la actividad humana ha confirmado, conforme la ciencia, la tecnología y en general el progreso tal como lo conocemos en este siglo XXI, se manifiestan en saltos cualitativos sorprendentes que han complejizado el funcionamiento de un planeta al que además, en el último tiempo, la devastación de la naturaleza, la depredación de la llamada Madre Tierra en lo que deberíamos denominar agresión Norte-Sur, se añade como problemática mundial, vinculada a los derechos que los hombres y las mujeres  tienen sobre las bondades que la naturaleza les provee.  Es en esta amplia lógica de sistema que utilizo los ejemplos de Túpac Katari y Bartolina Sisa como hito significativo de persecución-represión y violencia política en esta parte del mundo, entonces organizada en el Alto y el Bajo Perú.

Hay aproximadamente entre doscientos ochenta y trescientos términos y conceptos que conforman el universo conceptual de los derechos humanos en el mundo. De todos ellos, una gran mayoría son permanentemente violados en todos los contextos socioculturales de naciones y continentes. Se trata de la paradójica contradicción de un mundo con una inagotable capacidad para simplificar tiempos y espacios a través de la electrónica y la transfronterización de datos, para hacernos la vida cotidiana más sencilla y funcional,  y al mismo tiempo, con una misión articulada por los poderes económico-financieros, políticos y religiosos para que nada cambie en términos de correlación de fuerzas, esto es, que los ricos concentren cada vez más en esas pocas manos lo que van produciendo a costa de los pobres condenados por los siglos de los siglos a repartirse las migajas. Se trata del capitalismo transnacional regido por un puñado de potencias que no llegan a la decena y han hecho del monetarismo, el mecanismo que rige el sistema sobre el cual hemos sido obligados a someternos a la acumulación desenfrenada de la riqueza material que nos informa que el Dios planetario por antonomasia en tiempos de internet y satélites que todo lo almacenan y vigilan, se llama Dinero y que la búsqueda de amasar y amasar más de él, es la adicción más nociva y devastadora con los valores humanos con los que nacieron hombre-mujer.

Es en este marco de comprensión que debemos abordar los trayectos históricos de la Persecución y Represión Política en Bolivia, asumiendo a nuestro país como una más de las naciones dependientes y subdesarrolladas a lo largo y ancho de casi toda su existencia, que sometieron su identidad y destino con la facilitación de sus agentes locales de turno gobernantes, empresarios, banqueros– a las imposiciones del capitalismo que ha sabido introducir los tentáculos de la injerencia política, condicionando todo lo que supuestamente pudiera beneficiarnos desde los centros económicos poderosos, al sometimiento de la República a la voracidad por la apropiación de nuestros recursos naturales renovables y no renovables que significaron despojo y saqueo durante la segunda mitad del siglo XIX con la presencia política de los conservadores en el  gobierno  —Narciso Campero Leyes, Gregorio Pacheco Leyes, Aniceto Arce Ruiz, Mariano Baptista Caserta, y Severo Fernández Alonso— ; y todo el siglo XX, a partir de la llegada de los liberales a las esferas del poder presidencial —José Manuel Pando, Ismael Montes Gamboa, Eliodoro Villazón Montaño y José Gutiérrez Guerra—,  con intereses económicos concretos que los mantuvieron con los cordones umbilicales invariablemente conectados a Londres y Washington.

Citas

(1) y (2) ”La casa donde se sentenció a Túpac Katari”. Esteban Ticona Alejo. Diaro La Razón de La Paz, Bolivia, 16 de junio de 2018

(3) Servicios de Intercomunicación Intercultural (SERVINDI). www.servindi.org. Lima, Perú, 2016

(4)y(5) La Mita en el occidente y el Habilito en el oriente de Bolivia, fueron los sistemas prevalecientes servidumbrales con los cuales los indígenas en tiempos de la Colonia y las primeras décadas de la República fueron sometidos a la explotación económica que se traducía en pagos miserables y en especies por los  trabajos desempeñados.

(6 )La perspectiva del sistema-mundo, también conocida como economía-mundo, o teoría,   enfoque o acercamiento analítico de los sistemas-mundo (expresión original en inglés World-systems approach) es un desarrollo de la crítica postmarxista que intenta explicar el funcionamiento de las relaciones sociales, políticas y económicas a lo largo de la historia en el planeta Tierra. Es una teoría historiográfica, geopolítica y geoeconómica con gran vigencia y aplicación en las relaciones internacionales

(7) l Leviathan, en inglés, o Leviatán, como se conoce popularmente, es seguramente la obra más importante y trascendental del filósofo, político y pensador inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes. Haciendo referencia y escribiendo con espléndida maestría, el autor hace referencia al monstruo bíblico más temido para explicar y justificar la existencia de un Estado absolutista que subyuga a sus ciudadanos. Escrito en el año 1651, su obra ha sido de gran inspiración en las ciencias políticas y, paradójicamente, en la evolución del derecho social.

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En guerra simbólica

/ 17 de agosto de 2020 / 01:52

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le dice a una televisora internacional que meter bala —a los bloqueadores, se entiende— sería lo políticamente correcto. Hace un par de meses, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, le advierte a un ciudadano de San Ramón, Beni, que le hace un reclamo a un oficial de ejército, que no lo irrespete porque “podría hacerlo desaparecer en 10 segundos”. Al día siguiente pide disculpas, pero transcurridas algunas semanas, ese mismo ministro desafía al  presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, diciéndole que “si es hombrecito debería ir al Chapare” para explicar las razones de fijación de la fecha de elecciones para el 18 de octubre.

Con excepción de extremistas como Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que llama bestias humanas a los bloqueadores y al día siguiente de semejante declaración se ratifica en lugar de retractarse, los ministros que desafían con bala y en arranques de ira amenazan con desapariciones, llegan a la sensata conclusión que el de la violencia sería el camino más corto para terminar de fracasar en la transitoriedad gubernamental y, por ello, optan por armar una caravana de transporte de cisternas con oxígeno sin policías ni militares, y ven por conveniente que en la carretera la coordinación quede a cargo del representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox y la Cruz Roja, hasta llegar a La Paz, efectuando un rodeo por Chuquisaca y Potosí.

Bolivia está desde el 10 de noviembre de 2019 en guerra civil simbólica. A partir de entonces comienzan a incubarse grupículos civiles en plan justiciero y superheroico que hacen vigilias en puertas de domicilios particulares y vigilancia urbana en motocicletas, amedrentan enemigos por redes sociales, y hasta los amenazan con eliminarlos físicamente. Pero cuando ya nos encontramos nuevamente en el borde del abismo, casi todo queda, afortunadamente, en pura prepotencia verbal. Los aprendices de reyertas callejeras con tufo político, esos a los que Evo bautizó como pititas en plan subestimador, le podrían preguntar a Felipe Quispe, el Mallku, cómo se hace para alfombrar con piedras una carretera y bloquear de verdad, a riesgo de que aparezcan “motines” y “milicos” para corretear y detener “indios”, con instrumentos disuasivos, o peor, como en Senkata y en Sacaba, con armas que acabaron con las vidas de más de 30 personas.

La presidenta Áñez no incluye a la wiphala en la banda presidencial, aunque bien sabe que se trata de un símbolo patrio constitucionalizado.  Se refiere a la República de Bolivia y tiene el cuidado de jamás referirse al Estado Plurinacional. Y en su sistemático juego iconográfico, en el programa del 195 aniversario de la independencia y la fundación del país, incluye un Te Déum oficiado en la Catedral Metropolitana de la sede de gobierno por monseñor Edmundo Abastoflor, pasándose por el forro la nueva condición, también constitucionalizada, de Estado laico y un día antes del feriado, en un forzado gesto por exhibir fortaleza, posesiona a Branko Marinkovic como ministro de Planificación del Desarrollo; esto es, para los sectores populares social y políticamente organizados a partir de las acciones de la COB, el Pacto de Unidad y el MAS, la otorgación de poder a alguien que estuvo fuera del país durante una década, acusado de separatismo, en tiempos en que Manfred Reyes Villa había afirmado con ardor: “Adelante Santa Cruz con su independencia”.

Se trata del intento de desmontaje del Estado Plurinacional. Ni más ni menos. Y para ello, torpes operadores con entrenamiento en el Norte, titulan notas de opinión con pretensiones de estrategia electoral: “Mesa y Jeanine deben pactar para evitar que el MAS de Evo Morales regrese al poder”, que a los pocos minutos de haberla subido a la red, es sustituida por otro título sin rasgos comprometedores: “La difícil transición tras la caída de Evo Morales”. En dicho texto, el autor se dedica a enumerar los desaciertos y los claros indicios de corrupción del gobierno encabezado por Áñez, pero como hay que evitar que Morales vuelva, no importa, mejor nomás unirse con el candidato Carlos Mesa, quien deja fuera de juego a su ayudante al declarar que el hecho de que Áñez se habilitara como candidata presidencial, da pie a validar la versión de que efectivamente lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado.

En este intento de construcción de una opción alternativa para que el MAS y Evo no regresen al poder, lo que apenas encontramos hasta ahora es el desconocimiento de símbolos patrios, de ciertas cualidades insertas en la Constitución votada en las urnas en 2009,  el desempolvamiento y la puesta en vigencia de personajes en su momento apartados del debate nacional y el incesante fogoneo de operadores-opinadores que saben perfectamente qué no quieren para Bolivia —el retorno de Evo y los suyos—, pero que siguen sin exponer mínimamente qué es lo que alternativamente habría que hacer para superar el atoramiento en el que se encuentra esta Bolivia históricamente partida por el eje debido al racismo y a la exclusión social nacientes en la Colonia.

Entretanto, en las carreteras bloqueadas, en las zonas rurales organizadas, se gesta una persistente y tenaz lucha por la recuperación del voto para restituirle al país su condición democrática plena con el costo que implica la criminalización de presuntamente evitar el paso del oxígeno por las rutas interdepartamentales. El Gobierno, desgastado por la irregular gestión sanitaria contra la pandemia, montado en el córcel de una lucha sin pausa contra el narcotráfico con persecución de “sediciosos” y “terroristas”, con renuncias de personeros de alto nivel convertidas en moneda corriente, finalmente se rinde ante la evidencia de que el único camino es el de la promulgación de la ley que autoriza la realización de elecciones el 18 de octubre como fecha límite, con artículos de penalización a quienes osaran intentar posponerla por tercera vez.

Estado Plurinacional versus República. Wiphala versus tricolor. Religión oficial (católica) versus Estado laico. Cívicos contra indígenas radicalizados, reducidos a categoría infrahumana. Aymaras radicalizados contra croatas “que deberían regresar a su país”.  He aquí el resumen de acusaciones e impugnaciones en esta guerra verbal entre las dos Bolivias marcadamente separadas en las que campea la hostilidad, la desconfianza y un legítimo resentimiento histórico que muchos traducen con una sola palabra: Odio.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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La crónica de Soledad

/ 17 de julio de 2020 / 08:39

“Para una fotografía sin nombres” es el título de la crónica con la que Soledad Domínguez ganó un premio el pasado año. A diferencia de quienes abrazan el género como valor en sí mismo, más allá de cuan anecdóticos o trascendentes puedan ser sus contenidos, a Domínguez lo que le interesa es reivindicar el valor decisivo y la calidad humana de cuatro mujeres, esposas de trabajadores mineros, que con su decisión de instalar una huelga de hambre, comenzaron a tumbar la dictadura de Banzer en 1977.

La historia de Nelly Colque, Angélica Romero, Luzmila Rojas y Aurora Villarroel es dramática, potente, desgarradora, profundamente triste, y con todas esas características queda honrada y relievada por el talento narrativo de Domínguez, que además de ejercitar una retrospectiva de las condiciones político sociales reinantes en la época, desvela una realidad que ayuda a romper con la idealidad del perfil del obrero de interior mina, y que consiste en que éste, por más rasgos de compromiso y valentía que haya sabido exhibir en su histórica lucha contra la opresión conservadora empresarial militar, forma parte de un sistema patriarcal y machista, del que no puede liberarse por más ideas progresistas que abrace puertas para afuera. 

La fotografía en blanco y negro que inspira este texto registra a esas gigantescas madres y compañeras rodeadas de sus pequeñ@s hij@s, que hicieron huelga a pesar de las amenazas represivas y de haber vivido siempre subestimadas y minimizadas por sus compañeros, en épocas en que ser varón era indiscutible y no había igualdad de género instalada en el escenario de la deliberación pública. En democracia tan patriarcal y falocrática como la nuestra, no podrían alcanzar todas las reencarnaciones posibles para guardar agradecidos en nuestras memorias, lo que significó semejante determinación de valentía y compromiso con sus familias, sus compañeros, la vanguardia minera y el país íntegro. 

Gracias a esas mujeres comenzamos a vislumbrar democracia en Bolivia, y gracias al talante para contar historias de Soledad Domínguez, la narración sobre las huelguistas mineras ya no es un simple apunte de refilón, en tanto se ha convertido en un testimonio provisto de nervio y garra en el que la riqueza temática adquiere contundencia por la calidad del relato.

Pero la otorgación de este premio periodístico literario es todavía más interesante, si examinamos con precisión quién lo confiere y quienes lo reciben, directamente la autora, e indirectamente las mujeres protagonistas de la huelga. Quien entrega este Premio Nacional de Crónica Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela es el diario propiedad del heredero-primogénito de un empresario muy cercano al dictador Banzer, Raúl Garafulic Gutiérrez, hecho al que muchos podrían calificar de justicia poética. En otras palabras, un diario hijo del banzerismo y de la derecha capitalizadora y gonista del país, termina entregándole un premio a la autora de un texto que da cuenta de la lucha popular contra Banzer, el General que entre 1971 y 1978 gobernó de facto Bolivia a punta de persecución política, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos incluidas las masacres de Tolata y Epizana en 1974. 

Para decirlo pronto y claro, un diario de orígenes ideológicos banzeristas premió hace un año a una cronista ahora preocupada por el regreso del fascismo y que en su documental “Hermana constitución” (2006-2007), refiere una serie de acontecimientos en los que las mujeres del campo popular boliviano aportaron con su combatividad a la puesta en vigencia de una nueva Constitución Política que abre las compuertas al Estado Plurinacional. Para decirlo metafóricamente, el banzerismo premió desde el más allá a una documentalista y cronista de izquierda y a unas mujeres mineras  que combatieron al dictador, desde la palabra, la memoria y una acción político social como la huelga de hambre.

En homenaje a la solidez de las fuentes informativas para referirnos a personajes públicos influyentes en nuestra historia política, será bueno releer “Incestos y blindajes, Radiografía del campo político periodístico”, importante libro de investigación de Rafael Archondo (Plural, 2003) en el que se pueden encontrar significativos elementos que describen quién fue Garafulic, a propósito de la capitalización de la entonces línea aérea bandera nacional, Lloyd Aéreo Boliviano. Dicho sea de paso, en la introducción de tan riguroso trabajo, el autor cuenta cómo fue definitivamente suspendida la columna que publicaba habitualmente en éste diario, La Razón, entonces propiedad de este empresario, que fue censurada, lo mismo que le aconteciera hace algunos meses a la activista María Galindo en el diario que preside en la actualidad Raúl hijo.  

“¿Qué había de reprochable en la conducta solapada de Garafulic?” pregunta Archondo para ejecutar el desmontaje  que parte con la siguiente afirmación: “A mediados de noviembre de 2002, la adormecida opinión pública boliviana se enteró que el empresario Raúl Garafulic Gutiérrez había usado a su ex amigo y socio Ernesto Asbún como prestanombres para comprarse las acciones privatizadas del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). La ilegítima operación quedaba al descubierto gracias a la propia auto-incriminación de Garafulic, quién acudía a los  tribunales de Cochabamba para reclamar la titularidad de sus supuestas posesiones de la aerolínea.”

Además de haber escrito una valiosa crónica, y de haber rescatado del olvido y la ingratitud a esas cuatro mujeres de las minas bolivianas, Soledad Domínguez ha logrado, sin siquiera sospecharlo, que Garafulic castigue simbólicamente a Banzer con el premio que le fue otorgado, y que al cabo de medio siglo los hechos expliquen, sin necesidad de ejercitar juicios de valor, por qué estos personajes ocupan el lugar al que la historia los tiene condenados.

Julio Peñaloza Bretel es periodista

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