Voces

domingo 31 may 2020 | Actualizado a 05:44

¿Ascensos bajo presión?

A propuesta del Ejecutivo, para hacerse efectivos, los ascensos deben ser ratificados por el Senado

/ 22 de mayo de 2020 / 06:09

Por La Razón

Sin coordinación previa, en un acto de intimidación, el comandante de las Fuerzas Armadas y sus camaradas se presentaron en traje de campaña en la Asamblea Legislativa para presionar sobre los ascensos en la institución militar. El uniformado llegó al extremo de fijar plazo y amenazar al primer órgano del poder público. Es un hecho inaceptable en un Estado de derecho.

El inciso 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece de manera inequívoca las atribuciones de la Cámara de Senadores: “ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, a general de Ejército, de la Fuerza Aérea, de División y de Brigada”. Lo propio en el caso de la Policía. No existe, pues, ninguna posibilidad de omisión, atajo o interpretación de esta atribución constitucional. A propuesta del Ejecutivo, para hacerse efectivos, los ascensos deben ser ratificados por el Senado.

El tema ya fue objeto de controversia la semana pasada cuando el Gobierno provisorio interpuso, y perdió, una acción de cumplimiento contra el presidente de la comisión legislativa correspondiente. El informe ya era de conocimiento de la presidenta del Senado, desde el 19 de marzo. Tenía observaciones y, por tanto, debe ser devuelto al Ejecutivo para que las subsane. Una vez subsanadas las observaciones, cuyo contenido no se conoce, corresponde el tratamiento de los ascensos en una sesión reservada.

Desconociendo el procedimiento constitucional, que involucra a dos órganos del Estado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, emitió una “orden” (que circuló en las redes sociales) convocando a un acto oficial para los ascensos, incluida la presencia de la presidenta Áñez. El acto fue suspendido y en su lugar Orellana y los suyos fueron a la Plaza Murillo con ultimátum para que el Senado ratifique los ascensos. En caso de una respuesta negativa, amenazó con proceder por su cuenta.

Asumiendo que en Bolivia vivimos en un Estado constitucional de derecho y en un régimen democrático, en el cual las Fuerzas Armadas no deliberan, son esencialmente obedientes y están sujetas al ordenamiento normativo vigente, la actitud del Gral. Orellana es sencillamente inaceptable. Es evidente que el Senado tiene la responsabilidad de considerar los ascensos, pero debe hacerlo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo el informe del Tribunal de Calificación, y no bajo intimidación. La próxima semana, cuando se cumpla el plazo militar, en caso de no haberse subsanado aún las observaciones planteadas en el informe y, por tanto, no haya ratificación del Senado, ¿el Alto Mando de las Fuerzas Armadas procederá de facto con los ascensos? “Merecemos respeto y lo vamos a exigir”, espetó Orellana en su intempestiva visita al Legislativo. Todo bien mientras tal “exigencia” se haga por los cauces institucionales correspondientes. La Constitución Política del Estado se respeta. Y lo vamos a exigir.

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Responsabilidad compartida

Existen grandes desafíos de coordinación y ejecución concurrente de las acciones contra el COVID-19 en esta nueva etapa

/ 30 de mayo de 2020 / 12:43

Por La Razón

La nueva etapa de cuarentena “dinámica y condicionada” se inicia en medio de un repunte de los contagios. Los gobiernos departamentales y municipales están asumiendo mayor protagonismo. Sin embargo, esto no exime al Gobierno central de sus responsabilidades de rectoría. Al contrario, más que nunca se necesita una clara coordinación entre todos los niveles del Estado.

Después de 70 días de cuarentena estricta, en gran parte del país las restricciones de movilidad serán flexibilizadas de manera paulatina, supuestamente con base en indicios de la estabilización de los contagios en sus territorios. Sin embargo, llama la atención que varios municipios han iniciado este proceso sin que sus calificaciones de riesgo hayan mejorado significativamente en las últimas semanas.

Se entiende la urgencia de algunos ciudadanos y empresas para reiniciar actividades. Pero, otra vez, no queda clara la aplicación de los criterios y los riesgos que esto implica para la población. Parecería que depende mucho de los equilibrios sociopolíticos de cada territorio y no tanto de estándares epidemiológicos estrictos. Se esperaría que cada gobierno local evalúe con cuidado sus opciones, ya que están asumiendo una gran responsabilidad.

Otra situación extraña es la distancia que está tomando el Gobierno central frente a estas decisiones. El Ministerio de Salud ha publicado un mapa de riesgo municipal, pero tal parece que no desea ejercer una rectoría, o que cuente con instrumentos para monitorear su efectiva aplicación. ¿Por qué algunos territorios están empezando a liberar actividades cuando tienen aún un riesgo alto de circulación del COVID-19? ¿Pueden las autoridades locales asumir riesgos sin que el Gobierno central diga algo?

Y existe otra cuestión aún más inquietante: los gobiernos locales tienen un gran reto, y de sus acciones depende la salud de cientos de miles de personas. Pero al mismo tiempo enfrentan escasez de recursos. El desempeño de muchos de ellos ha sido deficiente en estos tres meses de crisis; por ejemplo, en el caso de varios servicios departamentales de salud (SEDES). ¿Por qué ahora será mejor? ¿Se han reestructurado en este tiempo?

Lo cierto es que el Gobierno central tiene la obligación de acompañar a todos los territorios en este esfuerzo, monitorear su desempeño, compensar las obvias desigualdades de recursos que existirán entre ellos, e intervenir cuando haya necesidad de hacerlo. En medio de una crisis sanitaria de tal envergadura, no pueden haber diferencias en la atención de salud entre las regiones, y solo el poder central tiene los medios para velar que eso no suceda.

En otras palabras, existen grandes desafíos de coordinación y ejecución concurrente de las acciones contra el COVID-19 en esta nueva etapa, y el Gobierno central no puede eludir su rol crucial en los resultados que se obtengan. La población al final juzgará el desempeño de sus autoridades sin distinción.

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‘Secuestro’ de un juez

La detención del juez se produjo sin ninguna información oficial sobre las causas de semejante hecho

/ 29 de mayo de 2020 / 07:09

Por La Razón

La irregular aprehensión del juez Hugo Huacani, poco antes de que lleve adelante la audiencia cautelar por el caso respiradores, provocó sorpresa y dudas, primero; e indignación y cuestionamientos, después. Se trata de un nuevo e inaceptable acto de intromisión contra el Órgano Judicial. Organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron al respecto demandando una investigación.

El pasado viernes, el juez asignado al caso de los 170 respiradores españoles, comprados con sobreprecio por el Gobierno nacional, debía realizar la audiencia cautelar con los cinco acusados hasta el momento, incluido el ex ministro de Salud. Y cuando ingresaba al tribunal fue prácticamente secuestrado por policías y civiles, sin que exista un requerimiento o proceso abierto para el efecto. El hecho provocó la suspensión de la audiencia por segunda vez (la primera fue por el rechazo a la modalidad virtual).

La detención del juez se produjo sin ninguna información oficial sobre las causas de semejante hecho. Su liberación fue resultado de una acción de libertad interpuesta por el propio magistrado tras su arresto. Ante las repercusiones por esta arbitrariedad, la Fiscalía Departamental de La Paz emitió un comunicado aclarando que no había emitido ninguna orden de aprehensión en su contra. A su vez, el Ministerio de Justicia difundió una aclaración señalando que no había presentado ninguna denuncia contra Huacani.

Pronto se conocieron categóricos pronunciamientos de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a tiempo de llamar a las autoridades a investigar las circunstancias de la aprehensión, recordó que “la independencia judicial es vital para la vigencia del Estado de derecho”. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras demandar la protección de la actividad judicial, llamó a “evitar que estas acciones indebidas se repitan”.

En ese contexto se supo por un comunicado oficial que la entidad responsable de la detención del juez, operada por la Policía, fue el Ministerio de Gobierno. Alegó en descargo la “posible parcialización (de Huacani) en un caso de cesación de detención preventiva”. Y presume “un hecho en flagrancia” (sic). Con esa lógica, cuestionó el director de Human Rights Watch (José Miguel Vivanco), el Gobierno de Bolivia “podrá encerrar a todo juez que emita una decisión que no le guste”.

Es “un desvarío”, remató. Más allá de las implicaciones del “secuestro” de marras como hecho en sí mismo, es muy crítica la persistente lógica de amedrentamiento desde el Órgano Ejecutivo contra fiscales y jueces para influir en decisiones judiciales (hay innumerables ejemplos de ello en el gobierno del MAS). Claro que este caso reviste atención y gravedad especial, toda vez que el juez Huacani tiene a su cargo el proceso relacionado con el mayor escándalo de corrupción de la gestión gubernamental de la presidenta-candidata Jeanine Áñez.

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Desafortunada declaración

Las declaraciones del Procurador General del Estado han enardecido el ya de por sí complejo escenario electoral

/ 28 de mayo de 2020 / 05:09

Por La Razón

Si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya tiene a su cargo un asunto de extrema complejidad como es conciliar el mandato de celebrar elecciones presidenciales hasta el primer domingo de agosto, con la necesidad de preservar la salud de la población en el actual contexto de pandemia, el Procurador General del Estado acaba de enrarecer aún más este escenario.

En efecto, de manera inopinada, la máxima autoridad de la institución llamada constitucionalmente a defender los intereses del Estado convocó el martes a conferencia de prensa para acusar al presidente del TSE de “negligencia”, por no haberse constituido en parte querellante en el proceso instaurado por el presunto fraude en las anuladas elecciones del 20 de octubre de 2019.

Dijo el Procurador que es notoria la “ausencia y la falta de colaboración y cooperación” del TSE y los nueve tribunales electorales departamentales en formar parte del proceso penal por delitos electorales. Trámite del cual el Ministerio Público no ha dado ningún dato sobre su avance o sobre las dificultades que afronta en su realización. La autoridad se refería al hecho de que el presidente del TSE no ha respondido a cartas enviadas por su despacho el 19 de febrero, el 16 de marzo y el 15 de mayo de 2020.

Aunque es tarea de abogados y jurisconsultos confirmarlo o negarlo, a simple vista la declaración del Procurador parece caer por fuera de las atribuciones que la CPE y la Ley 64 asignan a la institución a su cargo. Una cosa es requerir al TSE información relevante para el avance las investigaciones encomendadas a la Fiscalía General, y otra muy distinta es tratar de forzar a su máxima autoridad a constituirse en parte querellante.

Es posible que las obvias aristas políticas del caso sean las razones por las que el aludido en la conferencia de prensa del Procurador ha preferido guardar prudente silencio. Ya bastante duro tiene el panorama electoral como para verse involucrado en un caso de evidente interés para el Gobierno transitorio en general y para los ministerios de Justicia y de Gobierno en particular.

Asimismo, no es descabellado pensar que para la población boliviana será de mucho mayor interés ver a la Procuraduría General del Estado participando en la investigación del caso de compra de respiradores españoles con sobreprecio. Asunto en el que el Procurador no solo eximió de responsabilidad a la Canciller, sino que además le sirvió para atacar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ha sido, pues, desafortunada la declaración del Procurador, especialmente si se considera que el TSE es por ahora el último órgano del Estado en conservar no solo credibilidad, sino también institucionalidad; condiciones imprescindibles para llevar adelante un proceso electoral de gran trascendencia para el presente y futuro del país.

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Votación: difícil fecha

Bolivia necesita cuidar el Estado de derecho y la democracia a fin de evitar cualquier deriva autoritaria

/ 27 de mayo de 2020 / 06:37

Por La Razón

Por mandato de la Ley de Postergación aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la jornada de votación para las elecciones generales 2020 debe realizarse como máximo el 1 de agosto. Ello implica que el TSE tendrá que fijar fecha y reanudar las actividades del calendario electoral, hoy suspendido, a más tardar la tercera semana de junio. Es una decisión compleja.

Los comicios para elegir al binomio presidencial y a los representantes al Órgano Legislativo llegaron tras haberse declarado “sin valor legal” las fallidas elecciones de octubre de 2019 (en Bolivia no existe la figura de anulación de un proceso electoral). En ese marco, tras la designación de nuevas autoridades electorales, la votación fue convocada para el pasado 3 de mayo. Pero su implementación no fue posible debido a la situación de emergencia sanitaria, en especial la cuarentena decretada por el Gobierno provisorio.

En este contexto de Estado de excepción por la pandemia del coronavirus SARS-CoV2, sumado a la persistente crisis político-institucional y la polarización en el país, la fecha para elegir en las urnas a un gobierno legítimo se convirtió en sí misma en fuente de disputa. Así, unos actores políticos exigen “elecciones ya”, otros quieren postergar el proceso sine die, y algunos buscan situarse discursivamente en el medio. Todos ellos pensando más en su cálculo estratégico-electoral que en la crisis derivada de la COVID-19.

La disputa por la fecha de los comicios se torna más intensa a medida que las actividades posconfinamiento se van adecuando a la “nueva normalidad”. Claro que la salida, asumiendo que la cuarentena total es hoy insostenible, tiene lugar en la fase más crítica de contagio comunitario. En tales condiciones, el TSE tiene la responsabilidad de brindar certidumbre con prontitud: sobre la fecha de votación, la reanudación del calendario, las medidas de seguridad sanitaria durante la jornada electoral.

A reserva de que se adopte una fecha razonable para el sufragio, cuyo plazo podría variar en atención a la emergencia sanitaria, lo indiscutible es el pleno respeto al principio de preclusión; esto es, que en ningún caso pueden revisarse o repetirse actividades ya realizadas. Es un principio fundamental del sistema electoral boliviano, y mal harían algunos actores políticos, con arreglo a sus intereses, en pretender desconocerlo. El calendario electoral debe retomarse desde la actividad que quedó pendiente.

Otro riesgo inaceptable es pretender bloquear las elecciones, ora mediante acciones constitucionales, ora con operaciones de facto, pues se estaría cerrando la única vía institucional, democrática y pacífica para la renovación de autoridades y representantes electos. En un contexto de crisis y polarización, agravado por la incertidumbre, Bolivia necesita cuidar el Estado de derecho y la democracia a fin de evitar cualquier deriva autoritaria vinculada a la tentación de prórroga de mandatos sin legitimidad.

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Tragedia en el Beni

Lo que al inicio de la emergencia sanitaria nacional parecía un capricho de los trabajadores de salud se reveló en el caso del Beni como una realidad trágica

/ 26 de mayo de 2020 / 06:00

Por La Razón

Considerado durante las primeras semanas de emergencia sanitaria en el país como un departamento modelo por la inexistencia de casos confirmados de personas infectadas con el nuevo coronavirus, Beni ha pasado en muy poco tiempo a tener los peores indicadores. Hoy en el departamento oriental se ha comenzado a implementar medidas de emergencia, lo cual tal vez pudo hacerse antes.

El domingo la cifra de personas infectadas con COVID-19 sumaban más de un millar, con una letalidad cercana al 7%. Es decir, el doble que en Santa Cruz, que hasta hace unos días tenía la mayor cantidad de personas infectadas en todo el país, y por mucho. Durante gran parte de la semana pasada las noticias dieron cuenta de la muerte de personas notables de ese departamento, particularmente de Trinidad, ciudad severamente afectada por la pandemia.

Ante el colapso de la paupérrima infraestructura hospitalaria, la ausencia de suficientes médicos especialistas y demás profesionales en salud, de camas, espacio disponible y de elementos esenciales como balones de oxígeno y hasta de equipo de protección personal, los trabajadores de salud realizaron una marcha exigiendo mejores condiciones para realizar su trabajo. Al día siguiente, el Gobernador del departamento declaró Desastre Sanitario, con la esperanza de recibir apoyo del Gobierno central y de países vecinos.

Lo que al inicio de la emergencia sanitaria nacional parecía un capricho de las y los trabajadores de salud se reveló en la circunstancia beniana como una realidad trágica. Tanto así que ya se cuentan seis médicos fallecidos por el temible virus, otros seis han sido dados de baja por estar infectados, y un puñado de profesionales sigue dando batalla, con turnos de más de 24 horas, por la falta de personal. La solidaridad de grupos de médicos de otros departamentos ayudó finalmente.; mientras el Gobierno nacional llamaba la atención por su silencio sobre el tema.

Finalmente, el fin de semana el Ministro de la Presidencia reconoció que la situación en su departamento natal “es difícil y complicada”, y anunció la movilización de la ayuda necesaria, incluyendo el traslado del equipo del Sedes de Santa Cruz, el de mayor experiencia. A su vez, la Ministra de Salud llegó ayer con material de apoyo. Se anunció que desde hoy se aplicará un plan de emergencia basado en cuatro pilares: encapsulamiento, identificación de afectados casa por casa, habilitación de hospitales móviles para la atención de enfermos, además de centros de aislamiento para los pacientes asintomáticos.

Es al menos un alivio saber que por fin la tragedia beniana comienza a ser afrontada correctamente. Sin embargo, es necesario que las autoridades hagan un serio examen y respondan a la pregunta de por qué tardaron tanto en reaccionar. Mañana, cuando la emergencia haya pasado, tendrán mucho que explicar, sobre todo después de las reiteradas promesas de la Presidenta interina y de la enorme cantidad de recursos económicos disponibles.

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