Voces

martes 20 oct 2020 | Actualizado a 18:59

Unidad sin legitimidad

La unidad se construye, no puede imponérsela a punta de amenazas y el recurso a la violencia

Por La Razón

/ 5 de abril de 2020 / 06:30

Algunos voceros del oficialismo y sus operadores mediáticos plantean la necesidad de unión incondicional, sin pizca de crítica, en torno a las erráticas medidas adoptadas por el Gobierno provisorio en su estrategia de contención del coronavirus COVID-19. Olvidan premeditadamente que la unidad se construye con acuerdos, requiere un mínimo de legitimidad e implica disponibilidad para hacerla posible.

Es evidente que en una situación de emergencia sanitaria, como la que hoy afrontamos a nivel global por la pandemia del COVID-19, las sociedades deben cerrar filas en torno a sus autoridades electas y liderazgos. No siempre ocurre así debido a que priman mezquindades personales, disputas políticas e intereses económicos y corporativos. Pero al menos hay la certidumbre de que existe conducción y el barco no está a la deriva. Ello no exime, sino más bien supone, la necesidad del intercambio crítico.

En ese marco, el primer dato relevante e ineludible es que la unidad se construye: no puede imponérsela a punta de amenazas y el recurso a la violencia. La historia nos demuestra que grandes crisis requieren líderes concertadores que tejan la convicción de unidad –en este caso nacional– con diálogo plural, decisiones planificadas y acuerdos. Para enfrentar una crisis como la del coronavirus no bastan cabezas de poco mérito cuya narrativa principal sea autoritaria, de persecución, fuerza pública y cárcel.

Claro que para construir unidad en torno a decisiones complejas, difíciles, que demandan sacrificio y suponen pérdidas es fundamental que quienes deciden por todos tengan la suficiente legitimidad. El problema añadido en Bolivia es que el actual Gobierno provisorio carece de legitimidad de origen proveniente de las urnas. Peor todavía en un contexto de crisis, polarización e incertidumbre, marcado por una fuerte fractura social derivada de los irresueltos hechos de octubre y noviembre del año pasado.

En esas condiciones, mientras no se tiendan puentes de encuentro auténtico, consignas como “la unión es la fuerza” son solo banderas deshilachadas. Peor todavía si las decisiones se toman de manera unilateral a punta de decretos, sin la necesaria coordinación con los otros niveles territoriales del Estado ni con la densa y amplia red organizativa que existe en la sociedad boliviana. No se ve, pues, que las autoridades provisorias que prueban suerte ante la crisis tengan disponibilidad de unidad.

Pero quizás el problema de fondo tiene que ver con la apuesta por la improvisación frente a la crisis sanitaria, que claramente es la peor apuesta. El Gobierno provisorio decide por su cuenta con arreglo al cálculo electoral, comunica mal y, para colmo, no está logrando ejecutar sus decisiones. Veamos sino el anuncio de la “canasta familiar” realizado el 21 de marzo. Diez días después resulta que, en realidad, será un bono. Y que se pagará, si acaso, desde el 3 de abril. Así, no hay unidad posible.

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El día después

Con la votación de ayer, parte de la institucionalidad democrática ha sido recuperada; sin embargo, es todavía mucho lo que resta por hacer.

Por La Razón

/ 19 de octubre de 2020 / 06:52

Aunque no eran pocos quienes apostaban a un final de jornada con inestabilidad y cual agoreros afirmaban que estaban listos para enfrentar la violencia, la votación ayer fue, como ya es tradición en Bolivia, ejemplar y con una masiva asistencia de las y los electores; la suspensión del sistema de Difusión de Resultados Rápidos (Direpre) fue seguramente el hecho más inesperado del día.

En efecto, aunque hasta el momento de escribirse estas líneas era imposible señalar siquiera cuál de los candidatos llevaba ventaja sobre el resto, sí se hizo posible afirmar que la gran victoria fue para la democracia, pues la ciudadanía asistió a votar y en muchos casos a vigilar el desarrollo de los comicios hasta el conteo de votos y firma del acta. La gran innovación este año estuvo en que en muchas mesas de sufragio hubo muchas personas tomando fotografías del acta.

El interés de muchas y muchos ciudadanos en tener un registro propio del acta tiene varias explicaciones, todas ellas relacionadas: por un lado queda la susceptibilidad producida por la narrativa del fraude, que vincula el sistema de Transmisión Rápida de resultados Parciales (TREP) con la alteración de resultados, pese a que siempre se supo que lo exhibido en este sistema no tenía carácter vinculante.

Precisamente por ello, uno de los mayores empeños del Tribunal Supremo Electoral (TSE) estuvo en rediseñar dicho sistema, tarea que produjo el sistema Direpre, cuyas bondades y fortalezas fueron señaladas con insistencia, no obstante de lo cual fue súbitamente suspendido pocas horas antes de iniciarse la votación. Tareas que “no podían ejecutarse y era preferible dejarlas” fue la razón esgrimida por el presidente del TSE para esa decisión, que contra lo que se esperaba, produjo un evidente alivio en los diferentes actores políticos, con la clara excepción de Creemos, la agrupación que empujó al expresidente del Comité Civico pro Santa Cruz a la candidatura.

La otra novedad fueron las enormes filas en muchos recintos de votación de las ciudades. Las medidas de bioseguridad para evitar en lo posible los contagios de COVID-19 implicaron distancia social y distribución de las y los votantes por horario según la terminación de la cédula de identidad. Una vez más, la población votante del país demostró que existe disciplina a la hora de ejercer el derecho, que a la vez es deber, de elegir.

Queda, como ha pedido el presidente del TSE al anunciar el sábado la suspensión del Direpre, paciencia para conocer los resultados finales del cómputo, única fuente oficial para publicitar el resultado final de la elección. Mientras tanto, también cabe esperar templanza de los líderes políticos para aceptar el resultado sea cual fuere y, sobre todo, para calmar los ánimos de las bases en la eventualidad de la derrota. Con la votación de ayer, parte de la institucionalidad democrática ha sido recuperada; sin embargo, es todavía mucho lo que resta por hacer.

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Hoy elegimos

En un escenario de crisis múltiple, polarización política exacerbada y alta incertidumbre, las y los bolivianos tenemos hoy una importante cita con la democracia.

Por La Razón

/ 17 de octubre de 2020 / 21:59

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Desorden estatal

No se puede seguir erosionando la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones y el imprescindible acatamiento de las autoridades a las leyes que nos rigen a todos.

Por La Razón

/ 17 de octubre de 2020 / 03:57

Aunque la actual gestión gubernamental está en su fase menguante, no es admisible el espectáculo de desorden, descoordinación y abierto conflicto que se observa en varias acciones y situaciones en estos días. No se puede seguir erosionando la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones y el imprescindible acatamiento de las autoridades a las leyes que nos rigen a todos.

En esta semana se está produciendo un nuevo “choque de trenes” entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional en torno a la promulgación de algunas normas y la censura a varias figuras del gabinete. Más allá de las razones de fondo de tales controversias, sobre las cuales quizás hay razones válidas que podrían argumentar sus protagonistas en un lado y el otro, lo preocupante es el espectáculo de ausencia de diálogo, de coordinación y de respeto por las formas en la manera como se están desenvolviendo estos conflictos.

De igual manera, es preocupante la cantidad de renuncias y renovaciones de altas autoridades de Estado faltando semanas para la transición hacia un nuevo gobierno, cuyo objetivo no parece evidente en un momento en el que lo prioritario es preparar la entrega ordenada de grandes asuntos a las autoridades que serán elegidas. Algunas de ellas, además, operadas en medio de controversias y hasta episodios insólitos, como los acontecidos en la Procuraduría hace unas semanas y ahora en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

La institucionalidad estatal, tan necesaria en estos tiempos de incertidumbre, no se construye únicamente con normas impecables y diseños constitucionales exquisitos, sino sobre todo con prácticas, actitudes y el respeto de ciertas formas. Cuando estas últimas se rompen o no importan, suele ser una señal de disfuncionamientos aún más graves al interior de las instituciones.

¿Cómo exigir a la ciudadanía común y corriente respeto y acatamiento a las decisiones del Estado si los propios altos dignatarios confunden, a veces, autoridad con prepotencia o si no hay códigos de respeto y cumplimiento de las normas básicas en las altas esferas de decisión?

A todas luces es desaconsejado no ser críticos ante la desmesura o a un “todo vale” justificado en la confrontación política de este momento de transición. La preocupación de fondo es que en ese trajín de pugna por el poder en detrimento de la búsqueda del bien común estamos perdiendo todos y haciendo más difícil la resolución de los problemas urgentes que hoy aquejan al país, que sigue bajo la emergencia sanitaria. Estamos, lamentablemente, llegando al punto de pedir a algunas autoridades ya no una gestión a la altura de las actuales circunstancias, sino un mínimo de compostura.

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Resultados preliminares

El único resultado oficial es el que proviene del cómputo de actas a cargo de las y los vocales de los TED.

Por La Razón

/ 16 de octubre de 2020 / 10:10

En vísperas de la elección del domingo 18, uno de los temas centrales en el debate público es el de la Difusión Rápida de Resultados Preliminares (Direpre), procedimiento de publicación de datos que en 2019 llevaba el nombre de Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), y que fue fuente de las sospechas que llevaron a declarar un todavía no demostrado fraude electoral.

La principal observación ha sido a la decisión de eliminar la publicación de las fotografías de las actas que los jurados electorales elaboran al concluir el conteo de votos en cada una de las mesas. Quienes observan esta decisión, encabezados por los voceros del Movimiento Al Socialismo (MAS), creen que eso le quita transparencia.

El argumento, enarbolado en varias ocasiones y en una carta enviada por el expartido gobernante a las “misiones de observación internacional” y los “organismos internacionales”, es que el no mostrar las actas en el Direpre impide hacer observaciones antes de que el procedimiento de registro final de resultados precluya y sea imposible hacer cambios o enmiendas a ese conteo.

A simple vista, la observación es razonable, al punto que una de las personas que con mayor esfuerzo trató de demostrar el supuesto fraude de 2019, el ingeniero informático que denunció la manipulación de los servidores del TREP, terminó coincidiendo plenamente con la vocera del MAS. Sin embargo, tanto las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como el equipo técnico electoral enviado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a fines de 2019 para ayudar a reconstruir la institucionalidad del Órgano Electoral han explicado que este extremo es falso.

En efecto, la Vicepresidenta del TSE, en entrevista con el programa Piedra, papel y tinta que produce La Razón y difunde a través de su sitio web, ayer aclaró detalladamente las razones por las que se adoptó la decisión: por una parte, porque ningún país donde exista un sistema de difusión de resultados preliminares muestra las actas; por otra, porque el mostrar esas actas fue el punto de partida de las sospechas de fraude que terminaron con la anulación de las elecciones de 2019.

Finalmente, se aclaró que no hay posibilidad de alteración de actas o de aprobación de actas fraudulentas porque tanto en el conteo en las mesas de votación, como en el procedimiento de cómputo a cargo de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), todas las fuerzas políticas en competencia tendrán delegados que se asegurarán, precisamente, de evitar cualquier irregularidad con las actas.

Estamos, pues, ante una suerte de fetichización de un procedimiento que en rigor es solo indicativo, pues el único resultado oficial es el que proviene del cómputo de actas a cargo de las y los vocales de los TED. Es inevitable percibir algo de mala intención en las críticas, y si bien es comprensible en tiempos de pugna electoral, es poco saludable para la institucionalidad democrática del país, tan severamente afectada desde hace un año.

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Resultado incierto

Preocupan algunas voces que insisten en la narrativa del “fraude”, en algunos casos asociada a escenarios de confrontación y violencia.

Por La Razón

/ 14 de octubre de 2020 / 02:48

A pocos días de las elecciones generales 2020, el resultado es incierto. Igual que el año pasado, ningún candidato obtendría mayoría absoluta de votos. Según las encuestas que cuentan, pocos puntos pueden definir si Arce gana en primera vuelta o disputará la presidencia en segunda vuelta con Mesa. En tal escenario, es fundamental que todos se comprometan a reconocer el resultado.

Dicen que la democracia electoral se caracteriza por la combinación de certeza en las reglas e incertidumbre sobre el resultado. El supuesto son comicios transparentes, plurales y competitivos. Pese a las tensiones y declaraciones de desconfianza en torno al proceso y al organismo electoral, las y los bolivianos iremos a votar este domingo con la esperanza de una elección incuestionable cuyos resultados sean aceptados sin impugnaciones. Esperamos, pues, que las diferencias se expresen libremente en las urnas.

Varios factores pueden incidir en el resultado de la votación cuando la diferencia es tan estrecha. Se habla del “voto oculto”, que no se revelará sino el día del sufragio; del todavía importante porcentaje de indecisos; de la campaña político-mediática por el “voto útil”, con centro en Santa Cruz; del limitado, pero no desdeñable, voto en el exterior; en fin, del voto rural no siempre captado en las encuestas. A estas alturas, parece muy improbable que un evento de campaña pueda modificar las tendencias.

En ese marco, preocupan algunas voces que insisten en la narrativa del “fraude”, en algunos casos asociada a escenarios de confrontación y violencia. Es crítico en especial que el propio Gobierno provisorio, hoy sin candidata presidencial, abone discursos orientados a generar desconfianza en el proceso electoral, tal como hizo el Ministro de Gobierno en su reunión con el Secretario General de la OEA: ambos hablaron de fraude. Y el propio Murillo amenaza con el uso de la fuerza pública.

Más allá de la disputa político-electoral, más allá de los deseos y expectativas sobre la intención de voto de la ciudadanía, es fundamental que todas las voces democráticas en el país confluyan en la necesidad de cuidar los comicios de este domingo y, en especial, respetar la voluntad ciudadana. Sea que haya ganador en primera vuelta, sea que debamos ir a una segunda vuelta, debe preservarse el mecanismo electoral como la forma pacífica y democrática de formar gobierno y elegir representantes.

Este miércoles concluye el plazo para la propaganda electoral y los actos públicos de campaña. Desde mañana debemos esperar que las organizaciones políticas, las candidaturas, los medios de comunicación, en fin, todos respetemos el silencio electoral a fin de que la ciudadanía participe con su voto libre de presiones, consignas y amenazas. Que haya reafirmación democrática este domingo y que el resultado oficial de los comicios, independientemente de quién gane y quiénes pierdan, sea reconocido por todos.

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