Sociedad

viernes 4 dic 2020 | Actualizado a 09:47

Intervención policial de una protesta deja a un trabajador con riesgo de perder la vida

Sucedió en inmediaciones de Laboratorios Vita, en El Alto; el empleado fue impactado en la cabeza con un proyectil de gas lacrimógeno.

Uno de los heridos en la intervención

/ 6 de octubre de 2020 / 00:34

La tarde de hoy, lunes 5, un trabajador de Laboratorios Vita en El Alto resultó gravemente herido en la cabeza por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, el cual había sido lanzado en la intervención policial que hubo para dispersar a empleados que protestaban en inmediaciones de la fábrica.

“La violenta intervención de la Policía dejó como saldo varias personas heridas, dos de ellas de gravedad, una de ellas, J.L.T. de 20 años, se encuentra en riesgo de perder la vida al haber quedado expuesta su masa encefálica”, informó el Coordinador Regional de la Defensoría del Pueblo en El Alto, Santos Lipa.

El herido fue trasladado al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde será intervenido quirúrgicamente por el cuadro crítico que presenta; hay otro herido con un balín en el tobillo derecho, destaca un informe defensorial.

Los trabajadores protestaban por el despido de sus dirigentes sindicales, señala la Defensoría; radio Éxito añade maltratos, reducción de salarios y amedrentamiento por parte de los empleadores.

Hasta del cierre de la presente entrega, Laboratorios Vita no había emitido ningún comunicado reciente que diera cuenta de su versión del conflicto.

La protesta había comenzado en la mañana, a eso se hizo presente en el lugar el contingente policial, informó Éxito. Por su lado, la Defensoría apunta que previamente a la intervención policial, personal de la Inspectoría de Trabajo se hizo presente en la fábrica y declaró ilegal la huelga que los trabajadores realizaban en protesta por el despido de sus dirigentes sindicales. Esto dio paso a que la empresa solicite el cumplimiento de una orden judicial de resguardo de sus predios.

Producto del conflicto, fueron arrestadas 52 personas, dos de ellas mujeres, que se encontraban en la FELCC de El Alto, a la espera de la definición de su situación jurídica.

Al respecto, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, condenó la represión policial por no ajustarse, dijo, a la normativa nacional e internacional, y expresó su preocupación ante la normalización de estas prácticas bajo la mirada permisiva de las autoridades nacionales.

“La institución estará vigilante a la evolución de la salud de las personas heridas, y exigirá a las autoridades policiales y al Ministerio Público, investigar y sancionar estos graves actos”, manifestó Cruz.

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El Parlamento Andino pide una auditoría al informe de la OEA sobre las elecciones de 2019

Hay al menos ocho temas conflictivos del informe electoral del organismo que deben ser aclarados, asegura el presidente de dicho parlamento, Adolfo Mendoza.

El diputado supraestatal Adolfo Mendoza. Foto: La Razón-archivo

/ 2 de diciembre de 2020 / 18:29

Al menos por ocho cuestionamientos, el Parlamento Andino pedirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) desarrollar una auditoría al trabajo e informe que la Misión de Observación Electoral (MOE) del organismo emitió sobre las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia.

Al finalizar la jornada electoral y luego de que se interrumpiera el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la MOE de la OEA señaló que cuando dicho sistema fue reanudado encontró cambios en la tendencia del resultado “difíciles de explicar” y que no coincidían con las otras mediciones de que se disponía.

En medio de protestas por la idea de fraude que se había instalado, luego la OEA, a pedido del gobierno, efectuó un Análisis de Integridad Electoral de los comicios, el cual concluyó en que en la elección hubo “manipulación dolosa” e “irregularidades graves”.

El informe y las declaraciones de los representantes de la MOE de la OEA fueron utilizados para justificar las movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales, hasta provocar su renuncia el 10 de noviembre de 2019.

El presidente del Parlamento Andino, el diputado supraestatal boliviano Adolfo Mendoza, informó que esta instancia “aprobó una resolución que solicita una auditoría al informe técnico de la OEA sobre las elecciones de 2019, exhortando a que los representantes diplomáticos de los países miembros del Parlamento Andino trabajen sobre ello en el seno mismo de la OEA”.

En declaración a La Razón, Mendoza detalló los temas por los que la instancia parlamentaria hizo la solicitud:

“Uno, la consistencia técnica del informe; dos, el análisis comparado de los datos del TREP versus el cómputo final; tres, el alcance de la decisión de solamente trabajar con datos del TREP y no con los del cómputo final; cuatro, el modelo de análisis estadístico (utilizado por la OEA); cinco, las marcas de tiempo en las actas ‘observadas’; seis, la correlación entre el resultado en las mesas ‘observadas’ con lo mismo en anteriores elecciones; siete, el impacto de los informes de la OEA en la anulación de las elecciones; ocho, el impacto de las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la ruptura institucional de noviembre de 2019”, describió Mendoza los temas en cuestión que llevaron al pedido parlamentario.

El análisis del informe de la OEA sobre la elección boliviana de 2019 es demandad —destacó el diputado— también para los futuros procesos electorales en la región: “Las lecciones y enseñanzas que tiene ese informe y su elaboración para la democracia a nivel continental”.

Con el esclarecimiento del informe y el rol de la OEA tras la elección, insistió el presidente del Parlamento Andino, es “generar certidumbre en Bolivia y transparencia frente a la ciudadanía” acerca de lo que pasó en el proceso electoral fallido.

El pedido, que fue aprobado —según dijo Mendoza— por el pleno del Parlamento Andino, será enviado las cancillerías de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y a la Secretaría General de la OEA; a esta última en espera de una respuesta.

Consultado sobre el hecho de que en febrero de este año, la representación de México en la OEA ya pidió revisar el estudio del organismo sobre las elecciones de 2019, y, además, que al menos 28 congresistas demócratas del Congreso de Estados Unidos ya demandaron dicha “auditoría de la auditoría” de la OEA, Mendoza destacó la mayor “fuerza” de la resolución del Parlamento Andino. “Esta es una decisión de un parlamento de integración, así, su cualidad es distinta”, aseveró.

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En pos de una investigación sin exclusiones

El grupo de expertos de la CIDH indagará tanto los actos de violencia como las violaciones de los derechos humanos

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de izquierda a derecha: Magdalena Correa, Patricia Tappatá, Juan Méndez, Julián Burguer y Marlon Weichert

Por Iván Bustillos

/ 2 de diciembre de 2020 / 15:01

El lunes 23 de noviembre finalmente se instaló en el país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) constituido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz del acuerdo firmado entre este organismo y el gobierno transitorio de la presidenta  Jeanine Áñez el 12 de diciembre de 2019. Como ya se dijo, su trabajo en el país está previsto para seis meses, plazo que podrá ser extendido “por acuerdo de las partes, por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”, según detalla el Acuerdo.  

En el Acuerdo del 12 de diciembre, en su primer párrafo, hay una definición de su ámbito de trabajo; dice que se investigará y esclarecerá “los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos”. Pues bien, sin el menor asomo de prejuicio, el gobierno del presidente Luis Arce retoma esta idea y la reivindica en el sentido de que ello es lo completo: no solo se investiga los excesos del Estado (la violación de los derechos humanos), sino también la violencia entre sectores de las sociedad (los actos de violencia).

El Acuerdo de diciembre de 2019, que fue suscrito entre la canciller de entonces, Karen Longaric, y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrau, era una salida a la tensión que había surgido entre el gobierno transitorio y la CIDH a causa del informe preliminar de este organismo hecho público apenas dos días antes, el 10 de diciembre. Es en este informe que la CIDH define a lo ocurrido en Sacaba y Senkata como dos “masacres”. Hay que recordar que el gobierno transitorio lo rechazó de plano, calificándolo de “vergonzoso”, “totalmente sesgado”. El entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo incluso acusaba a la CIDH: “¿Dónde estaba la CIDH en la matanza de Porvenir, La Calancha? ¿Dónde estaba la CIDH cuando pateaban y masacraban a los indígenas de Chaparina? ¿Dónde estaba la CIDH en estos últimos 14 años donde ha habido más de cien muertos en nuestro país por el gobierno de Evo Morales? Esa es una pregunta que debe responder la CIDH”.

COMISIÓN

Al margen de la reacción poco cordial del gobierno interino, lo primero que dice el informe preliminar de la CIDH del 10 de diciembre es que “urge la realización de una investigación internacional independiente sobre los sucesos que se han registrado en el país a partir del mes de octubre de 2019” y, es justo reconocerlo, como apunta el propio informe, el gobierno de Áñez en una “nota diplomática” fechada ese mismo 10 de diciembre ya expresa su voluntad de que haya dicha investigación internacional independiente. “Será esa investigación internacional la que investigue los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre del 2019”, y que “[e]stamos plenamente de acuerdo que haya una investigación internacional imparcial la que determine y califique los hechos de violencia ocurridos en Bolivia”, cita la CIDH la nota diplomática enviada por el Gobierno boliviano.

Acordada la creación del grupo de expertos en diciembre, éste fue anunciado por la CIDH el 23 de enero, en un acto público en Washington. El grupo estaba conformado por cuatro integrantes: Julián Burger, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Un mes después, el 21 de febrero, como relata Amnistía Internacional (AI) en su informe sobre estos mismos hechos, “el Ministerio de Justicia boliviano solicitó a la CIDH, dándole un plazo específico, un cambio de integrantes del GIEI, concretamente de Juan Méndez y Patricia Tappatá Valdez ‘por tener una opinión predefinida y tendenciosa de los hechos ocurridos en Bolivia’”. Dicho cuestionamiento y la sugerencia de cambiar de expertos, protestó AI, “constituye una afectación a la autonomía de la CIDH y a la independencia del GIEI para llevar adelante su labor”. La CIDH no aceptó el pedido del gobierno interino, aunque, a fines de abril (28), anunció que se añadía una quinta experta, la colombiana Magdalena Correa. En marzo de 2020 el grupo ya estaba listo para venir a Bolivia, pero fue en una reunión efectuada entre autoridades bolivianas y la CIDH en Haití, en el marco del 175 Periodo de Sesiones de la CIDH (2 al 8 de marzo), que se acordó que el GIEI vendría recién luego de las elecciones nacionales, fijándose como fecha tentativa el 2 de octubre.

Fue en la reunión en Haití que se tomó un acuerdo ciertamente insólito: “que el informe preliminar de la CIDH, de diciembre de 2019, sobre los sucesos de violencia en Bolivia, no será la base del trabajo de investigación de GIEI”.

Si bien ya se señaló bastante lo que el GIEI hará en Bolivia, vale la pena precisar algunos detalles no muy difundidos del Acuerdo del 12 de diciembre; un texto de cuatro páginas, que se lo puede consultar en: http://www.oas.org/es/cidh/giei/Bolivia/acuerdo/default.html.

En el primer párrafo, se establece que el plazo que se investigará, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, es una “decisión del Gobierno de la República de Bolivia”, del gobierno transitorio de Áñez.

ATRIBUCIONES

El GIEI se crea, dispone el punto 1, “con la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Bolivia”. Se le otorga tres grandes atribuciones: “A. Elaboración de Planes de Investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades  en Bolivia; B. Análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y C. Análisis técnico de un Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos ocurridos a partir del 1 de septiembre de 2019”.

En el punto D, se detalla lo que el Estado boliviano debe garantizar al grupo de expertos: a) el pleno acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciadas; b) el “acceso a la información pública gubernamental relacionada con los hechos, incluso cuando no se encuentre agregada a las actuaciones de las indagatorias o causas penales iniciadas”; c) se garantizará “las instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para realizar su trabajo”; d) “la seguridad para el desarrollo de su trabajo”; y e) “la formalización de la asistencia técnica mediante el instrumento normativo que corresponda”.

Luego, en el punto 3, se establece que “la Secretaría Ejecutiva de la CIDH cubrirá, por medio de fondos específicos y propios, todos los gastos en que incurra el grupo”. En el punto 5 se determina que el “GIEI dará a conocer al Estado boliviano los resultados parciales y finales de su gestión y las recomendaciones que se estimen convenientes y elaborará un informe público final de su trabajo”. Y, en el punto 9, se anota que sobre la base del Acuerdo, luego “se suscribirá un Protocolo de Actuación” para operativizar la labor del grupo de expertos.

Fue este Protocolo de Actuación que precisamente firmaron los representantes de la CIDH y el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, el lunes 23. No es una formalidad, pues en éste se precisan algunos aspectos omitidos en el Acuerdo, que de todos modos sigue siendo el documento base. En este sentido, hay cierta continuidad entre lo iniciado por el gobierno interino de Áñez y lo que ahora promueve el gobierno del presidente Luis Arce. Hasta la fecha, no se ha publicado el texto íntegro del Protocolo, pero para conocer sus más importantes rasgos acudimos al ministro de Justicia, Iván Lima Magne.

Lo primero que el ministro destaca de la labor del grupo es que su trabajo “va a privilegiar el derecho de las víctimas a conocer la verdad, y el tema de la reparación de los daños que han sufrido”; esto es lo que diferencia la acción de los expertos de lo que harán la Fiscalía o el Órgano Judicial, remarca Lima.

El periodo, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, fue una decisión del gobierno transitorio, como dando a entender que durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), los meses previos a la crisis de octubre, también se dieron hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos. Al respecto, el ministro de Justicia señala que en el actual gobierno se decidió mantener dichos plazos para favorecer la investigación, que se conozca el contexto de la crisis que se desencadenó desde el 21 de octubre. “Los contextos de estas investigaciones son muy importantes; la violencia en los países no se desencadena de un momento a otro, son procesos de acumulación de causas; el objetivo de una investigación seria es ver con la mayor objetividad cómo hemos llegado al contexto que hemos sufrido los bolivianos en noviembre”; pero acaso más importante es la razón que luego el ministro Lima señala: la inclusión que debe tener la investigación de los hechos: “Al fijar la fecha de septiembre, lo que hacemos es permitir que ningún boliviano sienta que está excluida su participación; ese es un elemento importante por el que el actual gobierno no ha cuestionado la fecha de trabajo del grupo de expertos”, destacó el ministro.

COMPLETO

En lo relativo al cuestionamiento que vino de la oposición de que el trabajo del grupo de expertos tenderá a enfocarse solo a los hechos que le interesa al gobierno del MAS, el ministro Lima es enfático en señalar que el “carácter completo” de la labor del GIEI (además de haber mantenido las fechas) está garantizado porque se manejarán con dos grandes premisas: se investigará los “hechos de violencia” y las “violaciones de los derechos humanos”.

“La investigación va ser completa, porque el marco del Protocolo señala que se va a investigar los hechos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en ese periodo, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. Voy a pedir que se publique el Protocolo para que todo el país esté tranquilo de que se está dando una participación amplia a todos los sectores sociales y a todos los hechos investigados”, destacó.

El ministro confirmó que se acordó que el grupo de expertos presente informes mensuales, periódicos y el informe final, “que tiene que ser del conocimiento del Gobierno de Bolivia 10 días antes de su publicación”.

En cuanto al acuerdo que hubo entre la CIDH y el gobierno transitorio de Áñez, de que el grupo de expertos no tome en cuenta el informe preliminar de la propia CIDH de diciembre de 2019, Lima directamente señala que eso va contra la naturaleza de esta investigación. Siendo un grupo de expertos independientes, “ellos no excluirían de su proceso de análisis y de decisión ningún elemento de prueba; pretender que algunos de los elementos sea excluido (en este caso, el informe preliminar de la CIDH), es no entender la naturaleza jurídica de estas instituciones”. Otra cosa es no estar de acuerdo con ese informe, para lo cual lo único que resta es que se lo trate de rebatir, se argumente contra el mismo, puntualiza el ministro.

“Decir que ese informe está equivocado es admisible, ojalá que lo hagan, que hagan llegar escritos, documentos, al Grupo de Expertos, en los cuales refuten los hechos que se recogen en ese informe, pero pretender suprimirlo es un acto de arbitrariedad; todos los informes que se han hecho hasta ahora deben ser objeto de evaluación del grupo de expertos”.

A la fecha, hay cuatro informes internacionales y tres nacionales sobre la violencia ocurrida entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. Esto, al margen de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

Con respecto al efecto que tendrá la investigación del grupo de expertos, Lima remarcó la importancia aquí del Minsterio Público, de la Fiscalía, pues la investigación que lleve adelante esta instancia en últimas es la única válida jurídicamente, por eso se insiste en que el trabajo del GIEI sobre todo es para coadyuvar el trabajo de la Fiscalía.

“Es lo que siempre he manifestado. La soberanía de Bolivia no se puede vulnerar y quien es titular de la acción penal es la Fiscalía General del Estado a través de su Fiscal General, él es el que debe llevar el caso a juicios, a sostener la acusación”, afirmó el ministro abogado.

Ahora, esto tampoco significa que todo el país, peor la Fiscalía, deba esperar el informe final del grupo de expertos para saber lo que pasó en la crisis del año pasado. Claro que tiene su valor, el trabajo del GIEI es “para restaurar la paz entre los bolivianos”, señala Lima, pero es la Fiscalía la que debe llevar a cabo la investigación según los plazos que la da la ley: “respetamos el trabajo del Fiscal (Juan) Lanchipa y su objetividad, pero le exhortamos a que cumpla los plazos que señala nuestra ley para darle justicia a las víctimas; no podemos estar esperando el informe final de la CIDH; somos soberanos, y esperamos que el trabajo del Fiscal se desarrolle en apego a la ley pero siempre cumpliendo los plazos procesales”.

Con todo, el ministro informó que ya está acordada toda una relación entre el grupo de expertos y la Fiscalía General del Estado y las fiscalías departamentales que corresponda.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Fiscalía policial abre causa contra los denunciados por el motín en la crisis de 2019

El caso fue abierto el jueves 26 de noviembre y comenzó en Cochabamba.

El motín de noviembre de 2019 comenzó en Cochabamba.

/ 2 de diciembre de 2020 / 07:42

El jueves 26 de noviembre, la Policía, a través de su Fiscalía, abrió causa contra los denunciados de haber instigado y conducido el motín policial de noviembre de 2019; el punto de partida es la denuncia presentada por el exministro Carlos Romero.

En declaración a La Razón, el director nacional de la Dirección General de Investigaciones Internas de la Policía (Digip), coronel Néstor Villca, señaló que la investigación fue abierta la semana pasada con base en la denuncia que presentó el exministro de Gobierno del expresidente Evo Morales.

“El caso está abierto. Se va a proceder con la investigación que corresponde; se va a citar a las partes”, destacó el jefe policial.

La causa es una acción disciplinaria llevada adelante por un fiscal policial, informó Villca. Aclaró que, como en todo proceso judicial, se presume la inocencia del acusado y éste tiene todos los recursos legales a su alcance para defenderse de la acusación.

“Es una investigación que por las circunstancias, y también por el problema que se ha suscitado en esa oportunidad (en noviembre de 2019 principalmente), existen varios actores; por esto es un proceso que va a tomar un tiempo en la investigación. Ya se ha abierto el caso, y ya tiene conocimiento la Fiscalía Policial para realizar este trabajo”, señaló Villca.

El director del Digip señaló que las investigaciones partieron de la denuncia de Romero. Se empezará en el departamento de Cochabamba, que es donde empezó el motín policial de fines de 2019.

A mediados de noviembre, el exministro Romero reveló que el motín policial que antecedió a la caída del expresidente Morales fue parte de un “golpe de Estado” en el que hubo por los menos 300 personas en Santa Cruz que lo financiaron; entre ellas, empresarios y gente vinculada a la Gobernación de Santa Cruz y a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.  Además, dijo tener identificados a los jefes y policías que estuvieron detrás del motín en Cochabamba, que luego se irradió al resto de departamentos.

“Aproximadamente, unas 300 personas dieron dinero para el golpe o para sostener los 21 días (de paro cívico). Ahora, obviamente, algunos lo habían hecho de forma deliberada porque formaban parte de la conspiración, otros habrían sido chantajeados, extorsionados, había mucha gente que vivía bajo la sombra del pánico”, denunció en el programa No mentirás.

Aunque no dio mayores detalles, señaló que entre esos financiadores estaba gente vinculada a las entidades estatales cruceñas.

“Hay planillas, montos, contactos, logística. Toda esa información existe documentadamente”, aseguró, y dijo que las fuentes son varias, entre ellas del propio Comité pro Santa Cruz, donde se recibían los aportes.

De los involucrados en Cochabamba con el motín, mencionó a los mayores Edwin M., Marco Antonio A., Wilson F., a los capitanes Hernán V., Daniel C., José C., Oliver V., al teniente Mauricio O., al sargento V., y al policía Miguel A.

“Obviamente, hubo sobornos a jefes policiales y militares para que se incorporen al golpe”, consideró y recordó lo que decía el entonces líder cívico, luego candidato presidencial, Luis Fernando Camacho, de que su padre cerraba tratos con policías y militares.

“Se movió mucho dinero, porque se pagaba vuelos chárter, alimentación de gente movilizada en las calles; bueno, no sé qué hicieron con la plata, fueron varios millones de dólares”, aseguró y denunció que en el gobierno de Áñez hubo protección a casas de juego, al narcotráfico y extorsión a empresas que tenían contratos con el Estado.

Romero atribuyó el malestar policial con el gobierno de Morales a que se les quitó el servicio de identificación, la seguridad presidencial y de dignatarios de Estado, y el control de Pisiga en la lucha contra el contrabando.

El exministro aseguró que el motín policial se consolidó en noviembre poco antes de la renuncia de Morales, pero ya se lo trazaba desde octubre, cuando se permitió que sectores movilizados contra las elecciones quemen las oficinas de los tribunales electorales departamentales aduciendo que los movilizados habían rebasado a los efectivos policiales.

(02/12/2020)

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Comunidad Ciudadana se suma a generar la reforma parcial de la Constitución

CC coincide con el Ministerio de Justicia en cambiar la forma de elección de los altos magistrados.

Mesa y la bancada de CC en conferencia de prensa, este lunes.

/ 30 de noviembre de 2020 / 23:34

Comunidad Ciudadana (CC), principal partido opositor, anunció este lunes que propondrá un proyecto de ley que viabilice la reforma de la Constitución en al menos 11 artículos. Una de las principales cuestiones a cambiar es la elección popular de las altas autoridades judiciales.

El jefe de CC y excandidato a la presidencia, Carlos Mesa, en la conferencia de prensa de presentación de la propuesta, remarcó que lo que se plantea es una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, la cual puede ser accionada por iniciativa popular o legislativa. La cual, con todo, necesitará de un referendo ratificatorio.

El que haya una reforma parcial de la Carta Magna y que un hecho central en ello sea cambiar la forma de elección de los altos magistrados del Órgano Judicial, coincide con la propuesta del ministro de Justicia, Iván Lima, que hoy, a través de La Razón impresa, adelantó que la primera labor del Consejo de Notables que está convocando para la renovar la justicia será elaborar una ley de reforma parcial de la Constitución, la cual se pretende que la Asamblea Legislativa apruebe antes de entrar en receso de fin de año (antes del 20 de diciembre).

Lima adelantó que la propuesta del Ministerio de Justicia es concentrarse en tres cambios: modificar la elección de las altas autoridades el Órgano Judicial, definir mejor el papel del Tribunal Agroambiental, y constitucionalizar la independencia de los jueces.

El proyecto de ley de CC, explicó su jefe de bancada en la Asamblea Legislativa, Carlos Alarcón, incluye establecer en la Constitución el Consejo Ciudadano de Notables, constituido por representantes de universidades, colegios de abogados, periodistas, entidades empresariales, organizaciones laborales e indígenas.

Según CC sería este Consejo que evalúe a los postulantes y envié ternas a la Asamblea Legislativa, la cual estaría obligada a elegir a los magistrados de entre dichas ternas.

En el caso del Gobierno del presidente Luis Arce, Lima no adelantó la forma en que se elegiría a los altos magistrados. Lo que dijo es que será el Consejo de Notables que analice la propuesta de Ley de reforma de la Constitución.

CC propone que en la reforma parcial de la Constitución también se establezca como como constitucional un presupuesto de al menos 2% del presupuesto general del Estado para el Órgano Judicial.

En relación a dicho presupuesto, Lima señaló que esto no es un tema constitucional, sino administrativo, y que, al menos en este momento el Órgano Judicial antes que más dinero, lo que requiere es distribuir mejor sus recursos.

Alarcón dijo que la propuesta de CC será debatida aún por organizaciones sociales y políticas.

(30/11/2020)

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Preocupa al Gobierno la reciente designación de 140 jueces por parte de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura aprobó el nombramiento tres días después de que el ministro de Justicia, Iván Lima, reclamara que en un año no se designaba a estos jueces.

El ministro Iván Lima, en conferencia de prensa reciente. Foto: APG

/ 30 de noviembre de 2020 / 19:40

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, expresó su preocupación sobre la reciente designación que hizo el Consejo de la Magistratura de 140 jueces en el país. Se prevé que las nuevas autoridades sean posesionadas este martes, 1 de diciembre.

“Veo con preocupación que la última designación de jueces que han hecho ellos (los consejeros de la Magistratura), y que el 1 de diciembre van tomar juramento o posesión; va traer problemas al país; se ha decidido nombrar jueces que no merecen el cargo; se ha decidido mover jueces de un departamento a otro”, declaró el ministro de Justicia en entrevista con La Razón.

Lima señaló que está a la espera de que el Consejo de la Magistratura le haga llegar la información oficial de las referidas designaciones; pero dijo que “en todos los distritos hay quejas de los operadores de justicia; en Santa Cruz hay denuncias de designaciones que no han seguido el marco de la ley”.

El nombramiento de los 140 jueces sucedió al reclamo que el Ministerio de Justicia planteó en sentido de que durante un año dichos cargos estuvieron en acefalía.

El Consejo de la Magistratura aprobó la designación de los 140 jueces el jueves 26, el mismo día en que el Ministerio de Justicia formalizó la solicitud de juicio de responsabilidades contra los tres miembros que quedan, Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel, por el delito de incumplimiento de deberes.

El lunes 23 por la noche, el ministro Lima llamó a que los consejeros renuncien “por el daño provocado a la sociedad” al no haber designado 151 jueces durante un año. “Así elijan jueces este jueves, el año que hemos perdido los bolivianos en nuestra vida, patrimonio y libertad ya no tiene reparación, el inicio de un juicio de responsabilidades es inminente”, insistió el ministro.

Ese mismo lunes, Lima advirtió que si los consejeros no renunciaban, se pediría a la Asamblea Legislativa que instaure un juicio de responsabilidades contra ellos.

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