Sociedad

sábado 11 jul 2020 | Actualizado a 19:42

19 ancianos y 10 funcionarios del hogar San Martín de El Alto dan positivo al nuevo coronavirus

Cinco internos murieron. El gobierno local prevé que los asintomáticos sean transferidos a partir de mañana al Centro COVID-10 que funciona en el Real Plaza Hotel de La Paz.

/ 29 de junio de 2020 / 18:45

Imagen referencial

No pasan de tres los adultos mayores que dieron negativo a la prueba del COVID-19. Diecinueve internos de la Casa de la Tercera Edad San Martin y 10 empleados que se encargan de su cuidado se contagiaron con el nuevo coronavirus, confirmó hoy Henry Contreras, secretario Municipal de Atención Ciudadana y Gobernanza de El Alto.

“Había 12 sospechosos, a todos les ha tomado la prueba y hoy han llegado los resultados. Lamentablemente, 19 han salido positivos”. Este hogar es administrado por la Fundación de Fieles Cuerpo de Cristo y tiene carácter privado.

La noticia llega cuando en ese municipio se produce un incremento sostenido de los contagios. Hasta este domingo, 28 de junio, los positivos llegaban a los 891, de los cuales 134 se recuperaron y 24 murieron, por lo que los casos activos sumaban 733.

El funcionario explicó que se espera que entre mañana y pasado los enfermos asintomáticos sean trasladados el Centro COVID-19, que funciona en el Real Plaza Hotel de La Paz.

“El personal también ha sido mermado, porque 10 empleados han dado positivo. Estamos a la espera de que mañana podamos hacer el traslado de los adultos mayores y también de empleados del lugar al hotel”.
Debido al brote de COVID-19, cinco internos del hogar fallecieron: tres en el hogar y otros dos en sus domicilios, ya que fueron recogidos por sus familiares.

La situación es similar a la que Hogar San Roque de la ciudad de Potosí, donde el 90% de los internos se contagiaron; 10 murieron y fueron enterrados en fosas comunes antes de que se oficializara el brote y sin ningún examen. De los 46 que quedaron con vida, 44 dieron positivos al nuevo coronavirus y cuatro fallecieron a consecuencia del mal.

Según la Defensoría del Pueblo, en el centro de acogida Sagrado Corazón de Jesús de Trinidad, capital del departamento de Beni, fallecieron 12 adultos mayores, a cinco se les hizo la prueba y dieron positivos, a las otras siete quedaron se les enterró como a sospechosos.

En Santa cruz de la Sierra, en el centro de acogida Dios nos Ilumina, de administración privada, murieron nueve ancianos, quienes fueron enterrados con sospecha de haber contraído el nuevo mal. Además, 12 de los internos habían dado positivo hasta el pasado jueves.

Ese día, la Defensoría del Pueblo expresó en un comunicado su preocupación por todas estas muertes reportadas en asilos de adultos mayores y denunció que persiste la falta de medidas de prevención y de atención frente al COVID-19, lo que es una vulneración de sus derechos.

(29/06/2020)

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El Concejo Municipal rechaza renuncia y ratifica a Alcaldesa de Caracollo

Mientras el pleno sesionaba, hubo incidentes entre vecinos de la población y comunarios, reportó la radio Fides.

/ 30 de junio de 2020 / 22:08

La alcaldesa suplente de Caracollo, Paola Pinaya.

Por Daymira Barriga

Por cuatro votos contra dos, el Concejo Municipal de Caracollo ratificó esta tarde a la alcaldesa Paula Pinaya, de la agrupación ciudadana Participación Popular (PP), quien dimitió luego de que el sábado reciente una turba atacara su casa y amenazara con prenderle fuego.

“Han atentado ya no contra mi persona sino han ido a mi casa y han amenazado a mi familia. Han empezado a arrojar piedras, petardos”, argumentó la autoridad el lunes 29 de junio.

Este martes, mientras se realizaba la sesión de pleno, vecinos del pueblo, que respaldan a la alcaldesa suplente y comunarios, que exigían su renuncia, protagonizaron incidentes e intercambiaron insultos.

«Disfrazados, no respetan al pueblo de Caracollo”, “No me estoy disfrazando, ¡Carajo!”, “El pueblo se respeta”, “Carajo, nosotros somos el pueblo”, iban y venían las frases lanzadas por ambos bandos.

Félix Velasco, presidente del Legislativo edil, informó que la carta de renuncia de la alcaldesa, víctima de violencia política, fue rechazada.

“El órgano legislativo, dando cumplimiento a su reglamento interno, ha convocado a una sesión para tratar la carta de renuncia de la alcaldesa, que ha sido analizada ampliamente, y el pleno el Concejo ha rechazado esta nota porque no tiene fundamento”.

El legislador explicó, sin embargo, que en el análisis pesó que perjuicio que iba a sufrir el municipio. “Si vamos a nombrar a otro alcalde o alcaldesa, va a tardar, se va a perjudicar la gestión, hasta habilitar su firma, sabemos muy bien la normativa, hay burocracia”, explicó.

Pinaya, en declaraciones recogidas por la misma radioemisora, sostuvo que si el Concejo respalda las medidas tomadas para enfrentar el COVID-19, su trabajo será mucho más fácil. “El trabajo no es de una alcaldesa, el trabajo es de todos”, dijo.

La tarde del sábado 27 de junio una turba de comunarios que rechazan el encapsulamiento contra la pandemia, dispuesto el gobierno local, apedreó su vivienda y amenazó con prenderle fuego.

Pinaya fue elegida el 18 de junio de 2019 en reemplazo de Juan Chino Salinas, del PP, quien se encontraba detención preventiva en la cárcel de Oruro por presuntos actos de corrupción.

En Caracollo, hasta esta noche, se habían confirmado cinco casos positivos de COVID-10; uno de los enfermos falleció.

(30/06/2020)

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Dimite la Alcaldesa de Caracollo; comunarios atacaron su vivienda el sábado

Pinaya es otra víctima de violencia política. En su carta de renuncia lamenta que existan personas que no cree en el COVID-19.

/ 29 de junio de 2020 / 22:54

La alcaldesa suplente de Caracollo, Paola Pinaya.

Por Daymira Barriga

La tarde del sábado 27 de junio una turba de comunarios que rechazan el encapsulamiento dispuesto por la alcaldesa suplente de Caracollo, Paola Pinaya, para frenar el avance del COVID-19, atacó su vivienda con piedras y petardos y amenazó con prenderle fuego.

La autoridad presentó su carta de renuncia esta mañana y, en declaraciones a la radio Fides Oruro, dijo que la directiva del Concejo convocó a una sesión para tratar su carta este martes.

“Han atentado ya no contra mi persona sino han ido a mi casa y han amenazado a mi familia. Han empezado a arrojar piedras, petardos”, dijo.

Pinaya, de la agrupación ciudadana Participación Popular (PP) fue elegida el 18 de junio de 2019 en reemplazo de Juan Chino Salinas, del PP, quien se encontraba detención preventiva en la cárcel de Oruro por presuntos actos de corrupción.

Ese gobierno local fue intervenido por la Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata (CIAI), encabezada entonces por el Ministerio de Justicia, que halló indicios de corrupción.

“La pandemia es algo grave que no se puede enfrentar cuando no hay apoyo y peor aun cuando hay amenazas incluso en mismo Concejo. En el mismo Concejo hay una concejala que está incitando, diciendo que no hay el coronavirus. No se puede trabajar así. Por todo eso, he tomado la decisión”, explicó.

En Caracollo, hasta la fecha, se han confirmado cinco casos positivos de COVID-10; uno de los enfermos falleció.

(29/06/2020)

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Alcaldesa cruceña anuncia condonación de impuestos, multas e intereses a los transportistas

El objetivo de este alivio es evitar que intenten elevar las tarifas, ya que tendrán que trabajar en horario reducido y con la mitad de su parque automotor. Aún no hay fecha para la reanudación del servicio.

/ 26 de junio de 2020 / 21:34

La alcaldesa interina Angélica Sosa durante una reunión.

Por Daymira Barriga

La alcaldesa suplente de Santa cruz de la Sierra, Angélica Sosa, anunció esta tarde que el transporte urbano de pasajeros será beneficiado con la condonación de los impuestos municipales de la gestión 2020 y de las multas e intereses.

El anuncio fue realizado a horas de que dirigentes de este sector declararan que el 1 de julio volverían a prestar el servicio sin tomar en cuenta las restricciones del plan de flexibilización de la cuarentena rígida que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y que entrará en vigencia ese día.

“Quiero anunciar que el 1 de julio aún no va a haber transporte público. Queremos ver (antes) medidas de seguridad, que salgan por placas pares e impares”, dijo la autoridad en una rueda de prensa en la que anunció que las nuevas normas que regularán el trabajo de los transportistas serán definidas en una reunión programada para este sábado.

“Se está preparando la condonación total de impuestos de 2020 a todo el transporte público y las multas e intereses que se hubieran acumulado hasta la fecha. El Concejo Municipal va a aprobar una ley”, anticipó.

Sosa explicó que estas concesiones tienen el objetivo de evitar que eleven las tarifas para compensar sus pérdidas, no solo por la inactividad durante la cuarentena rígida, sino porque en el marco de la “nueva normalidad”, tendrán que trabajar un día si, y otro no, de acuerdo a la terminación de la placa de sus vehículos (par e impar); adecuar sus motorizados a las normas de bioseguridad, y circular menos horas.

“Estamos haciendo todas estas consideraciones para pedirles que no suban tarifa al vecino. Estamos ante una ciudad empobrecida, con una gran crisis económica”.

“¿Cuándo volverá a trabajar el transporte? Cuando tengan las condiciones. Estamos trabajando hace tres semanas en la nueva normalidad, con nuevos horarios”, agregó.

(26/06/2020)

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Concejala Prieto reclama su curul y pide el cese de funciones de Carmona

Se espera que en las siguientes horas o días la nueva directiva del Concejo Municipal de a conocer su respuesta.

/ 26 de junio de 2020 / 16:38

Ximena Prieto, concejala UN.

Por Daymira Barriga

La crisis política en la Alcaldía de Potosí, que hace 11 días tiene dos alcaldes, dio este viernes un nuevo giro. En el pleno del Concejo se dio lectura a una nota de la concejala Ximena Prieto, Unidad Nacional (UN), dirigida a la directiva, en la que reclama su curul y pide el repliegue de su suplente Carlos Carmona.

Carmona, suplente de Prieto, fue elegido alcalde por el Legislativo edil el martes 16 de junio en reemplazo de Luis Alberto López, expulsado de UN, con los votos de la alianza del Movimiento al Socialismo (MAS) y Alianza Social (AS), partido de René Joaquino.

“Pido la habilitación expresa en mi calidad de concejala titular electa bajo la modalidad de teletrabajo, debiendo su autoridad disponer medidas, condiciones y protocolos necesarios para hacer efectiva la modalidad de teletrabajo y sin necesidad de trámite alguno, comunicar la presente determinación a mi concejal suplente, el señor Carlos Carmona, para que cese en las funciones que viene desarrollando”, dice en la misiva fechada el 17 de este mes, al día siguiente de la designación de Carmona, reportó la radio Kollasuyo.

Prieto tampoco descarta asumir “acciones tutelares” en resguardo de sus derechos políticos como autoridad electa, sin perjuicio de seguir las acciones penales correspondientes.

Tras su lectura, la misiva fue puesta a consideración y la directiva anunció que dará a conocer su respuesta, anunció la presidenta del Concejo, Elizabeth Ugarte (MAS-AS).


López, quien no reconoce su destitución y tampoco la legalidad de la designación de Carmona, continúa ejerciendo sus funciones desde el despacho del alcalde.

(26/06/2020)

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Aumento del turismo sexual infantil y explotación sexual de venezolanos en Bolivia destaca EEUU en informe anual

Washington mejoró calificación de Bolivia en la lucha contra la trata. Entre los puntos en contra, cita la retardación de justicia, los subterfugios legales que utilizan los tratantes para ser sentenciados por delitos menores, la abierta publicidad al respecto, entre otros.

/ 26 de junio de 2020 / 00:45

El gobierno de Estados Unidos mejoró la calificación de Bolivia en la lucha contra la trata de seres humanos, que pasó la lista de vigilancia del Nivel 2 a la lista sin vigilancia de ese mismo nivel entre 2018 y 2019, pese al aumento del turismo sexual infantil y de la explotación sexual de los migrantes venezolanos, según el Informe Anual del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas 2020 presentado este jueves 25 de junio.

Bolivia es un país de origen y destino de la trata de seres humanos. Los tratantes reclutan a hombres, mujeres y niños bolivianos para trata sexual y trabajo forzado dentro y fuera del país y, en menor grado a mujeres de países vecinos, como Brasil, Colombia y Paraguay. En este perfil coinciden tanto el gobierno estadounidense como las autoridades nacionales.

Sin embargo, Estados Unidos destacó –según la traducción oficial del documento que se encuentra en el portal de la Embajada de ese país en Bolivia que en 2019: “los tratantes explotaron a un mayor número de víctimas venezolanas en trata sexual y trabajo forzado dentro del país” al igual que  a “algunos” migrantes  de África, Chile y el Caribe que viajan hacia o a través de Bolivia.

El aumento del turismo sexual infantil en los departamentos de La Paz y Beni, “con publicidad dirigida a extranjeros que hablaban hebreo y árabe”, es otro aspecto que «sobresale» en el documento

El informe evalúa los resultados de 2019, es decir las administraciones de Evo Morales y del gobierno transitorio de  Jeanine Añez, que asumió la presidencia en noviembre del año pasado.

Evaluación

“El Gobierno de Bolivia no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. El Gobierno demostró esfuerzos generales crecientes en comparación con el período cubierto por el informe anterior; por lo tanto, Bolivia ascendió al Nivel 2”, dice el acápite referido al país, en el que se  explica la mejora de la calificación.

Estos esfuerzos incluyeron:  “investigar y condenar a más tratantes, identificar y derivar a más víctimas, aumentar las oportunidades de desarrollo de capacidades para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aumentar la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y realizar inspecciones laborales en áreas de alto riesgo de trabajo forzado”.

Así, en 2019, las autoridades informaron que inspectores de trabajo realizaron 145 inspecciones en áreas de alto riesgo de trabajo forzoso — región amazónica, áreas en el norte del departamento de Santa Cruz y el Chaco–, en comparación con cero inspecciones de  2018. Sin embargo, “los funcionarios no informaron sobre el resultado de esas inspecciones”.

En el informe, lleno de claroscuros, también dice que el Gobierno boliviano informó que se identificaron a 422 víctimas, en comparación de las 15 de 2018, de las cuales 289 eran mujeres; 113,  hombres y 20 de sexo no especificado. Del total 250 eran menores de edad; 121 adultos y de 51 su edad no fue registrada.

“Las autoridades no indicaron por qué hubo un aumento tan significativo en el número de víctimas identificadas; sin embargo, dado el marco legal superpuesto de Bolivia (…) es posible que estos casos incluyan personas que fueron objeto de otros delitos que a menudo se confunden con trata (…)”.

También destaca que aunque  existen servicios de atención para las víctimas, debido al pequeño número de albergues disponibles, la Policía a menudo no pudo asegurar un alojamiento seguro.

Las políticas de prevención y las campañas de sensibilización también fue un punto a favor.

Entre los puntos negativos  sostiene que el gobierno incumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave.

Así en 2019 el gobierno boliviano informó haber investigado 393 casos de trata con 422 víctimas, pero no precisó cuántos de esos casos condujeron a enjuiciamientos, en comparación con los 55 que en 2018 terminaron en juicio, incluidos nueve por proxenetismo en 2018.

También hace notar que el año pasado se condenó a cinco tratantes sexuales, en comparación con dos del año precedente. Sin embargo, observa que si bien todos fueron acusados por trata, cuatro se declararon culpables de delitos menores y recibieron sentencias de entre ocho y 18 meses de prisión y solo uno fue condenado por ese delito a 18 años de prisión. 

Los retrasos en el Órgano Judicial, la insuficiencia de recursos y personal –cada fiscal fue responsable de entre 800 y 1,000 casos, sostiene–, y la escasa capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “impidieron los esfuerzos de aplicación de la ley”. 

Si bien en noviembre del año pasado fue instalado un gobierno de transición  “la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata continuaron siendo preocupaciones importantes, inhibiendo la acción policial durante el año”. Así, por ejemplo, cita el recurrente aplazamiento de las audiencias del caso Katanas.

El gobierno estadounidense también hace notar que las víctimas adultas masculinas no recibieron del Estado “ningún servicio especializado”  y que los menores de edad fueron remitidos a organizaciones no gubernamentales, privadas para que reciban ayuda. 

“En 2019, las organizaciones de la sociedad civil notaron un aumento en el turismo sexual infantil cerca de las zonas turísticas de los departamentos de La Paz y Beni. A pesar de las preocupaciones y la disposición de la policía de turismo para investigar, las autoridades supuestamente tuvieron una capacidad limitada para hacerlo debido a las barreras idiomáticas.

En resumen, solo se procesó a un tratante, la atención brindada a las víctimas fue “inconsistente”, los casos de funcionarios cómplices permanecieron abiertos y, por segundo año consecutivo, no se informó sobre la identificación de ninguna víctima de trabajo forzado.

Recomendaciones

El Departamento de Estado formuló, además, 14 recomendaciones, que a su juici, deben ser priorizadas por el Gobierno. 

1)  Enjuiciar y condenar a los tratantes, incluidos los autores de trata laboral y funcionarios cómplices;

2) Financiar y colaborar con organizaciones de la sociedad civil para proporcionar servicios especializados a las víctimas y aumentar su disponibilidad  en todo el país;

3)  Identificar víctimas de trabajo forzado y de criminalidad y derivarlas a los servicios.

4) Ampliar la capacitación de los funcionarios sobre los protocolos para la identificación proactiva de víctimas entre poblaciones vulnerables su derivación a los servicios de atención; 5) Mejorar la coordinación entre agencias, incluyendo el intercambio de datos y la recopilación de datos sobre todos los esfuerzos contra la trata, distinguiendo la trata de personas de otros delitos;

6) Examinar a los migrantes venezolanos desplazados en busca de indicadores de trata, incluidos individuos para el comercio sexual y aquellos que trabajan en sectores de alto riesgo; 7) Capacitar al personal del Ministerio de Salud para examinar poblaciones vulnerables en busca de indicadores de trata cuando se realizan evaluaciones médicas;

 8) Proporcionar intérpretes para ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la investigación de casos de turismo sexual infantil en lugares turísticos populares.

 9) Adoptar una base de datos para monitorear y desglosar los casos de trata en todo el país; 10)  Aumentar el período de servicio de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en las unidades contra la trata (Los oficiales de Policía rotaron a nuevos puestos cada tres meses hasta un año, lo que dio por resultado una pérdida cíclica de conocimiento institucional y aquello impidió su especialización);

11) Modificar la ley contra la trata para garantizar que no se requiera una demostración de fuerza, fraude o coerción para tipificar la trata sexual infantil

12) Agilizar la emisión de visas humanitarias para víctimas de la trata;

13) Aumentar el conocimiento sobre la certificación del “Triple Sello” entre las empresas para reducir la demanda de trabajo forzado.

14) Capacitar a los funcionarios sobre la diferencia entre el tráfico y la trata de personas.

(25/06/2020)

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