Sociedad

viernes 10 jul 2020 | Actualizado a 18:36

Aparecen los primeros casos de COVID-19 en plenos territorios indígenas

Se trata de casos confirmados de coronavirus en los territorios originarios de Lomerío y Macharetí. Hasta ahora no se conoce un reporte oficial con datos desagregados.

/ 30 de mayo de 2020 / 22:01

Indígenas en el oriente del país. Foto: CPILAP

Hasta el viernes 29, se corroboró la muerte de una persona por coronavirus en el territorio indígena de Lomerío (Santa Cruz) y otros 17 contagios (aunque no indígenas) en Macharetí (Chuquisaca), informó el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

En el caso de Lomerío, destaca CEJIS, la persona que sufrió el contagio falleció el jueves 28 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a donde fue trasladada desde el territorio indígena para ser atendida. Según el testimonio del primer cacique de Lomerío, Cándido Vivero Parapaino, recogido por el ODPIB-CEJIS, en la reunión del martes del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Lomerío, se conoció sobre los síntomas y el traslado de esta persona a Santa Cruz para realizarle las pruebas correspondientes.

“Como él (la persona fallecida) es un docente que tenía seguro lo llevaron (de Lomerío) a Santa Cruz y ahí le hicieron los estudios y detectaron que tenía el virus. Para comprobar, le hicieron los estudios una segunda vez y lo mandaron al Cenetrop. Ayer (jueves) tenían que confirmarle si era positivo o no, pero no ha salido el resultado todavía; el jueves en la noche ya estaban comunicando que había fallecido. Eso es lo que sabemos”, indicó el Primer Cacique de Lomerío.

El contagio, según indican, podría haberse realizado por el contacto del fallecido con un familiar suyo que llegó de Santa Cruz de la Sierra, y quien tiempo después habría fallecido también por el COVID-19 y que fue enterrado en Lomerío.

Este caso, detalla el informe de CEJIS, se suma a los que se confirmaron entre los trabajadores del pozo petrolero Sipotindi X-1, ubicado en la autonomía indígena de Macharetí (Chuquisaca). Si bien los contagiados no pertenecen a las comunidades guaranís, el hecho puso en alerta a los indígenas que se encuentran en el lugar, debido al movimiento de los empleados de la empresa en la región.

“Somos vecinos de este pozo. Estamos muy preocupados, porque (los trabajadores de la petrolera) pueden salir o venir a las comunidades; por eso en cada comunidad se está prohibiendo que ingrese o salga la gente; se ha puesto trancas y se ha prohibido el ingreso de la gente, particularmente (proveniente) de la empresa”, detalló la capitana de la zona Macharetí, Alcira Cabrera.

Hasta el viernes 29 se reportaron 8.731 casos confirmados con COVID-19 en todo del país. CEJIS llama la atención sobre que a la fecha no existe un reporte desagregado que permita conocer el número de personas contagiadas que se autoidentifican como indígenas. Aunque, apunta la institución, se conoce de al menos tres indígenas contagiados: Marcial Fabricano y su hijo, quienes residen en Trinidad, y que ya están recuperados; y el gobernador de Beni, Fanor Amapo, que pertenece al pueblo Indígena Chacobo. (30/05/20)

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La CIDH insta a garantizar la atención funeraria a personas fallecidas en las calles

El organismo de la OEA urge a identificar a los fallecidos y a eventualmente realizar las pruebas COVID-19 a los familiares.

/ 10 de julio de 2020 / 13:54

Un fallecido por COVID-19 en una calle de Cochabamba. Foto: APG

Mediante su cuenta de Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este viernes al Estado a “garantizar el acceso a las inhumaciones y atención funeraria” a las personas fallecidas en la actual emergencia sanitaria por coronavirus.

En el tuit de la entidad internacional se especifica que, para dar dicha garantía, se deben adoptar “medidas que permitan la identificación de las personas fallecidas, la trazabilidad (el historial) de los cuerpos, así como (la) eventual realización de pruebas de #COVID-19 a sus familiares”.

En días pasados, desde diferentes ciudades del país las funerarias alertaron el colapso de su capacidad de prestar sus servicios; en Cochabamba una familia llevó en carretilla el ataúd de su fallecido y bloquear una vía para pedir que le ayuden a enterrarlo, después de siete días de haber convivido con el cadáver en su casa sin que escucharan sus pedidos de auxilio, según reveló la agencia France 24.

Al respecto, en otro tuit, la CIDH manifestó su “consternación” sobre el hecho de que la familia haya tenido que protestar en la calle para que las autoridades le ayuden a enterrar a su ser querido.

“La @CIDH expresa su profunda consternación ante reportes de que familias de las personas que han muerto en el contexto #COVID-19, se vieron obligadas a dejar los cuerpos en la vía pública en Cochabamba, debido a las dificultades para su traslado y sepultura”, señala la CIDH en el referido tuit.

El Ministerio de Salud informó que hasta el jueves fueron reportados 1.638 fallecidos en el país, además de 44.113 contagiados. A cuatro meses de presencia del virus en Bolivia (desde el 10 de marzo), según la estadística elaborada por este medio, en los últimos 30 días, del 10 de junio al 10 de julio, el incremento promedio de infectados está en el orden de 961 contagios por día.

(10/07/2020)

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El MAS rechaza la presencia de la OEA en las elecciones de septiembre

Es un organismo que ya no cuenta con la confianza de ser un observador imparcial, reclama el partido del anterior gobierno.

/ 9 de julio de 2020 / 14:11

Una persona emite su voto en las pasadas elecciones. Foto: APG-archivo

Mediante un pronunciamiento oficial, la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) expresó su “categórico rechazo a la posible venida de personeros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en misión de observadores para las próximas elecciones generales”.

Mientras el diputado por el MAS Remberto Calani Jaillita señaló que el rechazo se justifica porque en las pasadas elecciones la actuación y el “informe de la OEA mal hecho” fueron una causa directa para la crisis política de octubre y noviembre, la diputada de Unidad Demócrata (UD) Rose Marie Sandoval consideró que el rechazo expresa una incongruencia del MAS, “que quiere que no se le fiscalice”, que antes era muy cercano a la OEA y cuándo ésta le critica se pone frente a ella.

Para el MAS, destaca su comunicado, ya está instalada una desconfianza en el organismo internacional por su papel en las elecciones del 20 de octubre de 2019: “Creemos que no es ético que vuelvan a participar por haber sido parte y cómplice del golpe a la democracia” en la anterior elección.

También acusa a la OEA de haberse “extralimitado” en su rol de observador de los comicios, dedicándose más bien de “patrocinar intereses parcializados mezquinos y ajenos a la voluntad democrática del pueblo boliviano”.

El MAS también deplora que posteriormente al “informe preliminar parcializado” de la OEA, el organismo se haya empeñado en alimentar la idea del “fraude electoral” sin atender las observaciones metodológicas y de contenido que dicho informe tuvo por parte de otros estudios. “A la fecha, ninguna instancia competente de nuestro país ha comprobado o demostrado el supuesto ‘fraude electoral’ de 2019; es más, va creciendo otros (ya seis) informes de reconocidas instituciones y medios internacionales (…) que refutan y desmienten el malogrado ‘informe de la OEA’, habiendo encontrado contradicciones en sus mismos datos, recibiendo respuestas (por parte de la OEA) politiqueras e informales”.

El pronunciamiento del MAS también rechaza la probable instalación de la OEA en el país; “en caso de persistir su posición unilateral, consideraremos como una provocación a toda nuestra población”.

Las elecciones de octubre fueron anuladas por “graves irregularidades” en el sistema informático, que en criterio posterior del secretario general de la OEA, Luis Almagro, resultaron en “fraude” electoral. Los comicios, ganados por el MAS, fueron anulados luego para la convocatoria a nuevas elecciones.

(09/07/2020)

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El Senado decide sesionar virtualmente, una medida de compleja implementación

Esta forma de trabajo ya se intentó implementar antes, dijo un senador, y porque no era práctica, se tuvo que volver a las sesiones presenciales.

/ 8 de julio de 2020 / 22:17

Una pasada sesión de la Cámara de Senadores. Foto: Prensa Senado

Esta forma de trabajo ya se intentó implementar antes, dijo un senador, y porque no era práctica, se tuvo que volver a las sesiones presenciales.

Iván Bustillos / La Paz

Este miércoles, la Cámara de Senadores decidió trabajar mediante las llamadas “sesiones no presenciales” o virtuales mientras dure la cuarentena. El senador potosino disidente de Unidad Demócrata (UD) Edwin Rodríguez advierte que será complicado implementar dicha forma de trabajo.

Según una nota de prensa, la decisión de las sesiones virtuales fue tomada por unanimidad de la Cámara de Senadores a fin de preservar —se afirma— la salud de los legisladores y de los funcionarios de este órgano del Estado.

La propia presidenta del Senado, Eva Copa, del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció que se aislará a la espera del resultado de la prueba de COVID-19 a la que se sometió y Rodríguez confirmó que aparte de su colega hay al menos tres senadores con el diagnóstico de coronavirus. Él mismo tuvo que aislarse hace algunos días. Mientras, la presidenta Jeanine Añez, mediante Twitter, confirmó que la senadora Carmen Rosa Guzmán dio positivo.

El senador Omar Aguilar (MAS), durante el tratamiento de la resolución camaral que dispone las sesiones virtuales, sostuvo que éstas son una determinación necesaria y que no afectará al trabajo legislativo, ya que hasta ahora se ha mantenido el “compromiso de los legisladores para trabajar en normas que responden a las necesidades de la población en este tiempo de emergencia sanitaria”.

Al respecto, Rodríguez contó cómo desde inicios de la pandemia, el Senado ya había tratado de llevar adelante las referidas sesiones virtuales, pero que no tuvo éxito, debido a que no todos los legisladores tienen las condiciones técnicas para participar a distancia de dichas sesiones.

“Ya se había establecido a un principio esa posibilidad, luego volvimos a la presencial, porque no parecía justo que unos estén cómodamente en sus casas, mientras otros en plena pandemia y cuarentena estuviéramos trasladándonos a las sesiones como podamos”, apuntó el senador potosino.

Pese a la decisión de llevar adelante las sesiones virtuales, Rodríguez expresó su duda sobre la viabilidad de la medida. Se tendría que dar mejores condiciones técnicas para que las sesiones puedan ser plenamente virtuales; a lo más lo que se puede hacer es “combinar ambas formas de sesión”, presencial y virtual, demandó.

(08/07/2020)

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Internado en una clínica, el exministro Carlos Romero tiene sospecha de COVID-19

/ 8 de julio de 2020 / 17:07

El exministro de Gobierno Carlos Romero cuando ingresaba a una pasada audiencia cautelar. Foto: APG - archivo

La noche del martes, el exministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz fue internado en una clínica particular con sospechas de portar el COVID-19, informó a La Razón su abogado Andrés Zúñiga.

Por lo delicado del caso, el jurista se excusó de dar mayores detalles del hecho. Sin embargo, se supo que la exautoridad presentó algunos síntomas de la enfermedad. Al respecto, el abogado pidió esperar al resultado de las respectivas pruebas que ya se le practicaron.

Este miércoles, en conferencia de prensa, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, ratificó la internación de Romero.

“En el caso del señor Romero, él no se encuentra en un centro penitenciario. Entendemos que ha comunicado una solicitud al juez que le ha otorgado esa medida (de estar con detención domiciliaria) y ser trasladado a un centro de salud”, informó Santamaría.

La autoridad añadió que la responsabilidad de la ubicación de Romero y la forma de su detención corresponde al juez que le otorgó dicha medida.

“Quien tiene la responsabilidad, al haberle concedido (la detención domiciliaria), que es humanamente comprensible, es la autoridad jurisdiccional; obviamente, el Gobierno tiene claro que los derechos fundamentales, como el de la salud, no pueden ser negados absolutamente a nadie; en ese sentido recibe la atención médica necesaria y se monitorea, como corresponde, a través de la vía jurisdiccional”, aseguró el viceministro Santamaría.

(08/07/2020)

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Siete muertos en San Pedro y las autoridades aún no saben si son a causa de COVID-19

Se informa de al menos 17 sospechosos con el mal; la mayoría de los fallecidos serían adultos mayores.

/ 8 de julio de 2020 / 15:36

El viceministro Wilson Santamaría, en rueda de prensa este miércoles. Foto: ABI

Hasta el mediodía de este miércoles se confirmó la muerte de siete internos en el penal de San Pedro de La Paz. Pese a que el lunes ya se reportaron los primero tres fallecidos, hasta el momento no se tiene plena certeza de si los decesos fueron a causa del COVID-19.

Pese al hermetismo con que se maneja la información de lo que ocurre dentro del penal, se supo que hay al menos 17 sospechosos de haber contraído el coronavirus, y que los mismos están siendo aislados en la sección La Crulla y en la capilla del centro penitenciario.

Un dato preocupante es que los fallecidos son personas de más de 50 años. “Las edades fluctúan entre adultos y adultos mayores”, señaló a los medios un oficial de policía. 

Se cree que el foco de infección está en la sección La Posta; asimismo, se manejan diferentes hipótesis acerca de la forma en que el COVID-19 ingresó al penal, toda vez que desde hace semanas se suspendieron las visitas. Una de estas presunciones es que el virus vino tras la salida de un privado de libertad a una audiencia judicial presencial.

“Los fallecidos son con sospechas de COVID-19, otros con temas cardiorrepiratorios”, señaló este miércoles a los medios de comunicación el viceministro de Gobierno, Wilson Santamaría. Añadió que ya se trabaja tanto en el aislamiento de los sospechosos como en la asistencia médica y en fármacos para la población del recinto carcelario.

“Se han activado los mecanismos de desinfección, envío de medicamentos y refuerzo; se ha entregado además refuerzo alimenticio a la mayoría de las cárceles del país, se ha entregado equipos de protección y bioseguridad para el personal de la dirección de seguridad penitenciaria”, informó Santamaría esta mañana a los medios.

La familiar de uno de los internos del penal, entre lágrimas, declaró a la televisión que pese a que su esposo estaría con síntoma del COVID-19, no se le deja entrar para entregarle medicamentos.

El penal de San Pedro de La Paz es uno de los que presenta mayor grado de hacinamiento en el país. Según datos oficiales hasta 2019, allí vivían 3.500 reclusos, cuando su capacidad es de 800 internos; así la tasa de hacinamiento es de 438%.

(08/07/2020)

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