Sociedad

sábado 16 ene 2021 | Actualizado a 05:05

Empresarios privados y trabajadores de Beni rechazan el encapsulamiento de Trinidad por el COVID-19

Una de las preocupaciones es la provisión de alimentos para los hogares durante la semana de encierro obligatorio a partir del lunes.

Arribo a Trinidad de ocho especialistas voluntarios de La Paz, además de personal de salud del Sedes, el 18 de mayo. Foto: ABI

/ 29 de mayo de 2020 / 16:59

A través de un mitin y comunicado público los empresarios privados y trabajadores del departamento de Beni rechazaron el encapsulamiento de Trinidad anunciado por el Gobierno —estrategia que se realizará durante una semana, a partir del lunes 1 de junio— con el objetivo de mitigar el avance de infectados y muertos por el nuevo coronavirus (COVID-19).

La Federación de Empresario Privados del Beni, a través de un comunicado emitido el 27 de mayo dio a conocer su rechazo al encapsulamiento de Trinidad primeramente porque jamás fueron consultados como sector para asumir la medida.

Alimentos para el encierro

“Los hospitales no tienen condiciones para atender a todos los portadores del virus; no hay condiciones para proveer alimentos a todos los hogares; no hay medicamentos suficientes; pensamos que las familias trinitarias no aceptarán que sus familiares asintomáticos sean llevados a los centros de salud y sean separados de su familia; no existen los médicos y enfermeras suficientes que puedan atender a todos los pacientes; no existen los suficientes equipos médicos para atender a todos los que lo requieren”, argumenta el comunicado.

El sector obrero coincidió con la propuesta de los empresarios y el jueves protagonizaron un mitin con vecinos del distrito 4 de Trinidad para explicar que el rechazo se centra a que las familias no tienen recursos ni alimentos para “sobrevivir” los días del encierro obligado.

“No hay una garantía para que los trinitarios tengamos algo que comer, dicen que repartirán alimentos a las familias de los barrios más alejados de la ciudad, pero qué pasa con los que estamos dentro el radio urbano, no hablan nada”, manifestó el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) Beni, Mario Quenevo.

Aviones para médicos, no militares

El dirigente explicó que fue una medida unilateral impuesta por el Gobierno a través de su representante en el Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jorge Gómez, al que le pidió su renuncia y demandó a la Gobernación que ponga en marcha el plan de salvataje y acción inmediata; y a la presidenta transitoria Jeanine Añez, que ponga a disposición aviones para el traslado de profesionales en salud y la ayuda de otros departamentos.

“Pedir a la Presidenta que ponga a disposición los aviones de las Fuerzas Armadas para que trasladen a los médicos voluntarios que quieren venir a ayudarnos además del traslado de la ayuda gestionada por campañas realizadas en los otros departamentos. No queremos que traigan militares, queremos médicos, medicamentos y alimentos”, sostuvo.

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Bolivia rompe récord: 2.573 nuevos casos y 41 muertos día por COVID-19

Del Total, Santa Cruz tiene 1.045 casos y La Paz 598. Tarija es el departamento con menos casos, 37.

/ 15 de enero de 2021 / 23:08

Bolivia superó este viernes su récord de casos de COVID-19 en un día con 2.573 casos nuevos, de los cuales 1.045 están en el departamento de Santa Cruz. Un total de 41 personas perdieron la vida en esta jornada a raíz del coronavirus.

Los otros casos nuevos de COVID-19 se dieron en La Paz con 598; Cochabamba 291; Beni 264; Chuquisaca 129; Potosí 93; Oruro 67; Pando 49 y Tarija 37, según los datos oficiales divulgados la noche de este viernes por el Ministerio de Salud.

Con estos datos la cifra de personas contagiadas con coronavirus subió a 183.589, mientras que la cifra de decesos llegó a 9.571 luego de que se informará de 41 nuevos decesos en las últimas 24 horas.

Según el Ministerio, hasta la fecha se han recuperado de la enfermedad 142.279 personas, existen 31.739 casos activos, 3.996 sospechosos y 287.237 descartados.

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Las nueve ciudades capitales de Bolivia están en riesgo ‘desbordado’ de COVID-19

Según el Índice de Alerta Temprana el número de municipios en riesgo alto o desbordado de COVID-19 subió de 24 a 39 en una semana. Un total de 121 municipios tienen algún grado de riesgo

Una prueba del nuevo coronavirus.

/ 15 de enero de 2021 / 16:47

Concluye la semana con todas las ciudades capitales de Bolivia en categoría de riesgo alto o “contagio desbordado” de COVID-19, con lo que los municipios en riesgo alto subieron de 24 a 39 en una semana, según el Índice de Alerta Temprana.

La semana pasada solo siete ciudades capitales estaban en la categoría de riesgo alto, pero ahora el mapa se completó con Oruro y Potosí. Riesgo alto implica que “el contagio se encuentra desbordado, sucede tanto en ambientes cerrados, espacios públicos, persona a persona en cualquier lugar, hogares y otros. Se recomienda medidas más estrictas hasta desacelerar el contagio”.

Según el dato general, los municipios en esa categoría subieron de 24 a 39 en una semana, en tanto que 30 están con riesgo medio, 31 con riesgo bajo y 26 con riesgo inicial. En total, “126 municipios en Bolivia deben estar alertas e implementar medidas de prevención y/o contención, según el riesgo de propagación del virus”, establece el documento.

Riesgo medio representa “un brote de foco propagado. La población se está contagiando tanto en ambientes cerrados como en sus hogares, el trabajo u otros. La población debe tomar en cuenta estos factores y el riesgo de que se contagie es alto”.

Bolivia superó hasta el jueves los 180.000 contagios acumulados desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos del coronavirus.

Los municipios capitales de Santa Cruz y Cochabamba retomar medidas de restricciones para frenar la propagación del virus, en tanto que La Paz pidió al Gobierno la declaratoria de cuarentena rígida. El vocero presidencial Jorge Richter respondió que no era prudente.

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Gobierno empieza a planificar futura entrega de vacunas contra el COVID-19

Jorge Richter informó también de la realización de auditorías a entidades públicas para conocer la situación en la que quedaron tras la administración del gobierno transitorio.

El vocero presidencial Jorge Richter.

/ 15 de enero de 2021 / 14:43

El vocero presidencial Jorge Richter, a la conclusión del gabinete ampliado que se desarrolló la mañana de este viernes, informó que se coordinó con las diferentes instancias ejecutivas la entrega de vacunas contra el COVID -19 una vez lleguen al país, así como otros temas relativos a esta problemática.

“Primero tienen que llegar las vacunas, pero ya se hizo conocer a las gobernaciones, el concepto sobre el cual se realizará su distribución”, aseguró.

El Gobierno adquirió 5,2 millones de dosis de vacunas Sputnik V, desarrollado por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia, y 5 millones de dosis del inmunizante de AstraZeneca/Oxford, fabricado por el Instituto Serum de la India, para inmunizar a la población mayor de 18 años.

Richter agregó que se realizará la entrega a las gobernaciones y éstas a los municipios en los primeros y segundos niveles para que se inmunice a la sociedad. También se refirió a la “instalación de mesas de trabajo para optimizar la lógica de responsabilidades compartidas”.

Respecto al inicio de labores escolares, que inicialmente estuvo planificado para principios de febrero, remarcó que “la próxima semana se hará un anuncio oficial, luego de haber escuchado argumentos de todos los sectores”.

También dijo que se ha encomendado a diferentes instancias normar el Decreto Supremo 4451, que es específico para frenar el avance del COVID-19.

“Hemos solicitado que se trabaje en el marco del nuevo decreto que se ha publicado la noche del jueves y algunas normas que preservan la salud de los empleados públicos como el horario continuo, la alternancia en la asistencia laboral. Esto, para apoyar la lucha que se está promoviendo (desde el Gobierno) para contener la enfermedad, pero de manera compartida”, remarcó.

En cuanto al tema económico, el vocero informó que se determinó auditorías en las diferentes entidades estatales para conocer “el estado en que las dejaron después de la gestión de (la presidenta transitoria Jeanine) Áñez”. (15/01/2021)

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La Paz busca evitar una fase 5 de contagios y decesos por COVID-19

Luego de una reunión con el Gobierno, se determinó la instalación de mesas de trabajo que empiezan este viernes a elaborar propuestas para optimizar la respuesta ante el rebrote de la pandemia. Revilla ratificó el peligro de la fase 5, que implica mayor letalidad.

Por Aylin Peñaranda

/ 15 de enero de 2021 / 12:15

A partir de este viernes, las autoridades de La Paz y el Gobierno instalarán mesas de trabajo para elaborar nuevas propuestas que permitan optimizar la respuesta del departamento y sus municipios ante el rebrote de la pandemia del COVID-19; se prevé tomar nuevas decisiones ya la próxima semana.

“Estas mesas de trabajo y estas medidas que podríamos asumir a partir del lunes deberían evitar que lleguemos a la fase 5 que de esa manera podamos disminuir la enfermedad y disminuir la velocidad de los contagios”, indicó el alcalde Luis Revilla en entrevista con la red privada de televisión Unitel.

El burgomaestre reiteró el peligro de que la situación se salga de control si se pasa a una nueva fase de la pandemia. De inicio, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) planteó la posibilidad de aplicar una cuarentena rígida de al menos siete días, como pidió el sector salud, sin embargo luego de la reunión con el Ministerio de la Presidencia se decidió empezar con las mesas de trabajo y, por ahora, se descarta un nuevo confinamiento.

“Estamos dialogando, esto se está analizando técnica y científicamente también (…) Nosotros pedimos que en estas mesas de trabajo se puedan evaluar todas las acciones que ayuden a que se pueda disminuir los contagios”, declaró la secretaria municipal de Salud de La Paz, Verónica Hurtado. La funcionaria detalló que se propondrá coordinar la limitación de aforos, reducir los horarios de circulación y otras medidas. “Lo que se requiere es que exista menos movimiento en el departamento para que no haya un rápido contagio que hemos estado viendo y pasar a una fase 5 va a incrementar la cantidad de letalidad y no queremos llegar a tener que lamentar muertes porque no se han cumplido las restricciones o porque no se han tomado medidas en el momento necesario”, dijo Hurtado. (15/01/2021)

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Cruz: Política de prevención aplicada por Añez contra el COVID-19 fue insuficiente e inoportuna

El informe defensorial critica las medidas aplicadas por el gobierno transitorio, que solo generó temor en la población. Una clara muestra es la ‘apertura innecesaria’ de 1.337 causas penales y el arresto de 50.824 personas, señala.

/ 15 de enero de 2021 / 12:04

En un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, obtenida en 38 establecimientos de salud entre febrero y noviembre de 2019, se evidenció que durante la primera ola de la pandemia del COVID-19 o nuevo coronavirus, la respuesta estatal durante la administración de la presidenta Jeanine Añez fue “insuficiente” e “inoportuna”.

“La respuesta estatal no fue oportuna en cuanto a medidas de prevención y atención COVID-19, pues el primer caso se presentó el 10 de marzo de 2020 y la ley nacional de acciones de prevención, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19 data del 1 de abril de 2020”, indicó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, al presentar el Informe Defensorial “Salud, derechos humanos y Covid-19 en Bolivia”.

Para la autoridad, la política de prevención contra el COVID-19, aplicada por la anterior gestión de gobierno, generó temor en la población, pues convirtió la protección de un bien jurídico, como es la salud pública, en un discurso que justificaba la instrumentalización del derecho penal. Así, dijo, el resultado fue la apertura innecesaria de 1.337 causas penales y el arresto de 50.824 personas.

También alertó que la prevención contra la COVID-19 en el área rural ha tenido un alcance limitado y que el Estado afectó y puso en riesgo la integridad, vida y salud de las naciones y pueblos originarios campesinos. Asimismo, señaló que la exclusión de los centros de salud de primer nivel generó un colapso en el segundo y tercer nivel de atención.

El informe defensorial también contempla una serie de recomendaciones a las autoridades del actual gobierno, entre las que la Defensora destacó que se debe “incorporar la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) a las medidas de prevención y atención de la COVID-19 e incluir a los establecimientos de primer nivel de atención en la prevención, atención y tratamiento de la pandemia”.

También dijo que se debe modificar la Norma Técnica de Procedimientos de Bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19, para incorporar medidas dirigidas a poblaciones altamente vulnerables, particularmente a las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

“Hay que elaborar una normativa que se adecue a la excepcionalidad para la adquisición de equipos de bioseguridad, mobiliario, medicamentos, insumos, reactivos, equipamiento y la contratación de recursos humanos para los establecimientos de salud”, enfatizó la autoridad, según una nota de prensa.

Además, demandó que es necesario “dotar de ventiladores para las UTI a los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención, bajo las características técnicas recomendadas por la OMS e instancias científicas” y garantizar la dotación y distribución de oxígeno para el Sistema Nacional de Salud.

La Defensora indicó que se debe asegurar el abastecimiento de los medicamentos para el tratamiento de COVID-19 en el mercado interno, así como elaborar un protocolo de intervención para los rastrillajes a fin de uniformar el objetivo y las acciones asumidas.

En las conclusiones del informe, también se establece que el Ministerio de Salud, durante la primera ola del COVID-19, no ha promovido ni realizado estudios científicos para el uso de medios alternativos de tratamiento de la COVID-19, lo que generó que la población use estos medios sin una regulación necesaria y de manera indiscriminada.

Otro aspecto que contempla el documento, es que en la gestión pasada hubo una falta de regulación de los aranceles del subsector privado lo que ha vulnerado el acceso a la atención de salud. Esa ausencia permitió que los actores privados, amparados en una desigual libertad contractual, cometan abusos y arbitrariedades al momento de aceptar o recibir pacientes que adolecían de este virus.

Entre otras de las recomendaciones, el informe aconseja que el Ministerio de Educación debe incorporar dentro del currículo base la enseñanza de métodos y alternativas de prevención de enfermedades a partir de la gestión educativa 2021. Señala que los gobiernos autónomos municipales deben proveer a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención generadores de oxígeno para asegurar su abastecimiento, que deben programar de manera oportuna y sostenible la búsqueda de personas contagiadas y asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de material e insumos de bioseguridad.

La Defensora indicó que el Viceministerio de Comunicación debe desarrollar, en coordinación con el  Ministerio de Salud, una estrategia comunicacional masiva para la generación e implementación de campañas educativas e informativas de prevención, contención y tratamiento de la infección.

También señaló que es importante que la Asamblea Legislativa Plurinacional regule, mediante ley, los límites máximos de aranceles para la prestación del servicio de salud en el subsector privado de salud. (15/01/2021)

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