Sociedad

sábado 16 ene 2021 | Actualizado a 04:30

Salubristas del Sedes Chuquisaca amenazan con replegarse ante denuncia del delegado presidencial

El Ministro de Deportes dijo que su propósito no es perseguir a nadie en este periodo de cuarentena, sino investigar si cumplieron o no los protocolos en el segundo caso de COVID-19.

El director de Epidemiología, Jhonny Camacho, en conferencia de prensa.

/ 30 de abril de 2020 / 15:54

Ante la denuncia penal planteada la semana pasada en la Fiscalía de Chuquisaca por el ministro de Deportes, Milton Navarro, por supuestamente haber incumplido protocolos en el tratamiento del segundo paciente positivo de COVID-19, un grupo de trabajadores del Sedes amenaza con replegarse o renunciar en masa a sus cargos.

El fiscal departamental Mauricio Nava confirmó que los fiscales a cargo del caso decidieron abrir una investigación penal contra el autor o autores de supuestos delitos que se cometieron; sin embargo, aclaró que esa investigación quedaría paralizada porque no existe un juez que realice en control jurisdiccional del proceso, debido a que no están trabajando durante la cuarentena.

El portavoz de la molestia de los trabajadores fue el director de Epidemiología del Sedes, Jhonny Camacho, quien informó este jueves que recibió llamadas de al menos 15 profesionales, entre médicos y enfermeras, que forman parte del equipo de contención, que pidieron su repliegue a sus anteriores cargos.

Presión

Camacho incluso no descartó su renuncia a su cargo por esta situación que la considera como una presión al trabajo que realicen en plena crisis sanitaria.

“Mis colegas, mis compañeros que estamos en la contención, me están pidiendo retornar a sus cargos de base; eso es grave. A veces se toman decisiones políticas sin medir las consecuencias técnicas, definitivamente, yo no sé qué va a pasar, porque yo sin equipo no puedo trabajar y si reducimos el equipo de contención, que es el único que está trabajando, no podemos trabajar en las condiciones en la que estamos”, afirmó Camacho.

Calificó de exageradas las denuncias del ministro Navarro y dijo que es el peor momento en poner en tela de juicio el trabajo del personal de salud que está redoblando esfuerzos y poniendo en riesgo sus vidas y agregó que carga con un proceso penal sobre sus hombros solo por cumplir con su deber de cuidar la salud de los chuquisaqueños.

Réplica

En respuesta a esa situación, Navarro dijo que la intención de la denuncia es conocer cómo ha sido el manejo del segundo caso positivo de COVID-19 y si se cumplieron o no los protocolos. Además, afirmó que no se manejó ningún nombre y la denuncia es contra autor o autores.

“Nosotros no hemos venido a perseguir a nadie, nosotros nunca vamos a perseguir a nadie; lo que más bien queremos es el apoyo de los profesionales, queremos estar juntamente con ellos”, afirmó Navarro.

“Si alguien ha cometido un error o un delito tendrá que investigar y sancionar de acuerdo a lo que corresponda”, dijo. (30/04/2020)

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Bolivia rompe récord: 2.573 nuevos casos y 41 muertos día por COVID-19

Del Total, Santa Cruz tiene 1.045 casos y La Paz 598. Tarija es el departamento con menos casos, 37.

/ 15 de enero de 2021 / 23:08

Bolivia superó este viernes su récord de casos de COVID-19 en un día con 2.573 casos nuevos, de los cuales 1.045 están en el departamento de Santa Cruz. Un total de 41 personas perdieron la vida en esta jornada a raíz del coronavirus.

Los otros casos nuevos de COVID-19 se dieron en La Paz con 598; Cochabamba 291; Beni 264; Chuquisaca 129; Potosí 93; Oruro 67; Pando 49 y Tarija 37, según los datos oficiales divulgados la noche de este viernes por el Ministerio de Salud.

Con estos datos la cifra de personas contagiadas con coronavirus subió a 183.589, mientras que la cifra de decesos llegó a 9.571 luego de que se informará de 41 nuevos decesos en las últimas 24 horas.

Según el Ministerio, hasta la fecha se han recuperado de la enfermedad 142.279 personas, existen 31.739 casos activos, 3.996 sospechosos y 287.237 descartados.

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Las nueve ciudades capitales de Bolivia están en riesgo ‘desbordado’ de COVID-19

Según el Índice de Alerta Temprana el número de municipios en riesgo alto o desbordado de COVID-19 subió de 24 a 39 en una semana. Un total de 121 municipios tienen algún grado de riesgo

Una prueba del nuevo coronavirus.

/ 15 de enero de 2021 / 16:47

Concluye la semana con todas las ciudades capitales de Bolivia en categoría de riesgo alto o “contagio desbordado” de COVID-19, con lo que los municipios en riesgo alto subieron de 24 a 39 en una semana, según el Índice de Alerta Temprana.

La semana pasada solo siete ciudades capitales estaban en la categoría de riesgo alto, pero ahora el mapa se completó con Oruro y Potosí. Riesgo alto implica que “el contagio se encuentra desbordado, sucede tanto en ambientes cerrados, espacios públicos, persona a persona en cualquier lugar, hogares y otros. Se recomienda medidas más estrictas hasta desacelerar el contagio”.

Según el dato general, los municipios en esa categoría subieron de 24 a 39 en una semana, en tanto que 30 están con riesgo medio, 31 con riesgo bajo y 26 con riesgo inicial. En total, “126 municipios en Bolivia deben estar alertas e implementar medidas de prevención y/o contención, según el riesgo de propagación del virus”, establece el documento.

Riesgo medio representa “un brote de foco propagado. La población se está contagiando tanto en ambientes cerrados como en sus hogares, el trabajo u otros. La población debe tomar en cuenta estos factores y el riesgo de que se contagie es alto”.

Bolivia superó hasta el jueves los 180.000 contagios acumulados desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos del coronavirus.

Los municipios capitales de Santa Cruz y Cochabamba retomar medidas de restricciones para frenar la propagación del virus, en tanto que La Paz pidió al Gobierno la declaratoria de cuarentena rígida. El vocero presidencial Jorge Richter respondió que no era prudente.

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Gobierno empieza a planificar futura entrega de vacunas contra el COVID-19

Jorge Richter informó también de la realización de auditorías a entidades públicas para conocer la situación en la que quedaron tras la administración del gobierno transitorio.

El vocero presidencial Jorge Richter.

/ 15 de enero de 2021 / 14:43

El vocero presidencial Jorge Richter, a la conclusión del gabinete ampliado que se desarrolló la mañana de este viernes, informó que se coordinó con las diferentes instancias ejecutivas la entrega de vacunas contra el COVID -19 una vez lleguen al país, así como otros temas relativos a esta problemática.

“Primero tienen que llegar las vacunas, pero ya se hizo conocer a las gobernaciones, el concepto sobre el cual se realizará su distribución”, aseguró.

El Gobierno adquirió 5,2 millones de dosis de vacunas Sputnik V, desarrollado por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia, y 5 millones de dosis del inmunizante de AstraZeneca/Oxford, fabricado por el Instituto Serum de la India, para inmunizar a la población mayor de 18 años.

Richter agregó que se realizará la entrega a las gobernaciones y éstas a los municipios en los primeros y segundos niveles para que se inmunice a la sociedad. También se refirió a la “instalación de mesas de trabajo para optimizar la lógica de responsabilidades compartidas”.

Respecto al inicio de labores escolares, que inicialmente estuvo planificado para principios de febrero, remarcó que “la próxima semana se hará un anuncio oficial, luego de haber escuchado argumentos de todos los sectores”.

También dijo que se ha encomendado a diferentes instancias normar el Decreto Supremo 4451, que es específico para frenar el avance del COVID-19.

“Hemos solicitado que se trabaje en el marco del nuevo decreto que se ha publicado la noche del jueves y algunas normas que preservan la salud de los empleados públicos como el horario continuo, la alternancia en la asistencia laboral. Esto, para apoyar la lucha que se está promoviendo (desde el Gobierno) para contener la enfermedad, pero de manera compartida”, remarcó.

En cuanto al tema económico, el vocero informó que se determinó auditorías en las diferentes entidades estatales para conocer “el estado en que las dejaron después de la gestión de (la presidenta transitoria Jeanine) Áñez”. (15/01/2021)

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La Paz busca evitar una fase 5 de contagios y decesos por COVID-19

Luego de una reunión con el Gobierno, se determinó la instalación de mesas de trabajo que empiezan este viernes a elaborar propuestas para optimizar la respuesta ante el rebrote de la pandemia. Revilla ratificó el peligro de la fase 5, que implica mayor letalidad.

Por Aylin Peñaranda

/ 15 de enero de 2021 / 12:15

A partir de este viernes, las autoridades de La Paz y el Gobierno instalarán mesas de trabajo para elaborar nuevas propuestas que permitan optimizar la respuesta del departamento y sus municipios ante el rebrote de la pandemia del COVID-19; se prevé tomar nuevas decisiones ya la próxima semana.

“Estas mesas de trabajo y estas medidas que podríamos asumir a partir del lunes deberían evitar que lleguemos a la fase 5 que de esa manera podamos disminuir la enfermedad y disminuir la velocidad de los contagios”, indicó el alcalde Luis Revilla en entrevista con la red privada de televisión Unitel.

El burgomaestre reiteró el peligro de que la situación se salga de control si se pasa a una nueva fase de la pandemia. De inicio, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) planteó la posibilidad de aplicar una cuarentena rígida de al menos siete días, como pidió el sector salud, sin embargo luego de la reunión con el Ministerio de la Presidencia se decidió empezar con las mesas de trabajo y, por ahora, se descarta un nuevo confinamiento.

“Estamos dialogando, esto se está analizando técnica y científicamente también (…) Nosotros pedimos que en estas mesas de trabajo se puedan evaluar todas las acciones que ayuden a que se pueda disminuir los contagios”, declaró la secretaria municipal de Salud de La Paz, Verónica Hurtado. La funcionaria detalló que se propondrá coordinar la limitación de aforos, reducir los horarios de circulación y otras medidas. “Lo que se requiere es que exista menos movimiento en el departamento para que no haya un rápido contagio que hemos estado viendo y pasar a una fase 5 va a incrementar la cantidad de letalidad y no queremos llegar a tener que lamentar muertes porque no se han cumplido las restricciones o porque no se han tomado medidas en el momento necesario”, dijo Hurtado. (15/01/2021)

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Cruz: Política de prevención aplicada por Añez contra el COVID-19 fue insuficiente e inoportuna

El informe defensorial critica las medidas aplicadas por el gobierno transitorio, que solo generó temor en la población. Una clara muestra es la ‘apertura innecesaria’ de 1.337 causas penales y el arresto de 50.824 personas, señala.

/ 15 de enero de 2021 / 12:04

En un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, obtenida en 38 establecimientos de salud entre febrero y noviembre de 2019, se evidenció que durante la primera ola de la pandemia del COVID-19 o nuevo coronavirus, la respuesta estatal durante la administración de la presidenta Jeanine Añez fue “insuficiente” e “inoportuna”.

“La respuesta estatal no fue oportuna en cuanto a medidas de prevención y atención COVID-19, pues el primer caso se presentó el 10 de marzo de 2020 y la ley nacional de acciones de prevención, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19 data del 1 de abril de 2020”, indicó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, al presentar el Informe Defensorial “Salud, derechos humanos y Covid-19 en Bolivia”.

Para la autoridad, la política de prevención contra el COVID-19, aplicada por la anterior gestión de gobierno, generó temor en la población, pues convirtió la protección de un bien jurídico, como es la salud pública, en un discurso que justificaba la instrumentalización del derecho penal. Así, dijo, el resultado fue la apertura innecesaria de 1.337 causas penales y el arresto de 50.824 personas.

También alertó que la prevención contra la COVID-19 en el área rural ha tenido un alcance limitado y que el Estado afectó y puso en riesgo la integridad, vida y salud de las naciones y pueblos originarios campesinos. Asimismo, señaló que la exclusión de los centros de salud de primer nivel generó un colapso en el segundo y tercer nivel de atención.

El informe defensorial también contempla una serie de recomendaciones a las autoridades del actual gobierno, entre las que la Defensora destacó que se debe “incorporar la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) a las medidas de prevención y atención de la COVID-19 e incluir a los establecimientos de primer nivel de atención en la prevención, atención y tratamiento de la pandemia”.

También dijo que se debe modificar la Norma Técnica de Procedimientos de Bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19, para incorporar medidas dirigidas a poblaciones altamente vulnerables, particularmente a las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

“Hay que elaborar una normativa que se adecue a la excepcionalidad para la adquisición de equipos de bioseguridad, mobiliario, medicamentos, insumos, reactivos, equipamiento y la contratación de recursos humanos para los establecimientos de salud”, enfatizó la autoridad, según una nota de prensa.

Además, demandó que es necesario “dotar de ventiladores para las UTI a los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención, bajo las características técnicas recomendadas por la OMS e instancias científicas” y garantizar la dotación y distribución de oxígeno para el Sistema Nacional de Salud.

La Defensora indicó que se debe asegurar el abastecimiento de los medicamentos para el tratamiento de COVID-19 en el mercado interno, así como elaborar un protocolo de intervención para los rastrillajes a fin de uniformar el objetivo y las acciones asumidas.

En las conclusiones del informe, también se establece que el Ministerio de Salud, durante la primera ola del COVID-19, no ha promovido ni realizado estudios científicos para el uso de medios alternativos de tratamiento de la COVID-19, lo que generó que la población use estos medios sin una regulación necesaria y de manera indiscriminada.

Otro aspecto que contempla el documento, es que en la gestión pasada hubo una falta de regulación de los aranceles del subsector privado lo que ha vulnerado el acceso a la atención de salud. Esa ausencia permitió que los actores privados, amparados en una desigual libertad contractual, cometan abusos y arbitrariedades al momento de aceptar o recibir pacientes que adolecían de este virus.

Entre otras de las recomendaciones, el informe aconseja que el Ministerio de Educación debe incorporar dentro del currículo base la enseñanza de métodos y alternativas de prevención de enfermedades a partir de la gestión educativa 2021. Señala que los gobiernos autónomos municipales deben proveer a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención generadores de oxígeno para asegurar su abastecimiento, que deben programar de manera oportuna y sostenible la búsqueda de personas contagiadas y asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de material e insumos de bioseguridad.

La Defensora indicó que el Viceministerio de Comunicación debe desarrollar, en coordinación con el  Ministerio de Salud, una estrategia comunicacional masiva para la generación e implementación de campañas educativas e informativas de prevención, contención y tratamiento de la infección.

También señaló que es importante que la Asamblea Legislativa Plurinacional regule, mediante ley, los límites máximos de aranceles para la prestación del servicio de salud en el subsector privado de salud. (15/01/2021)

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