Sociedad

domingo 29 nov 2020 | Actualizado a 15:21

Rige el feriado de Viernes Santo y el pago de bonos en bancos y la compra de alimentos se recorren al sábado

El Gobierno dispone que las personas cuyas cédulas terminan en 9 y 0 podrán abastecerse de productos e ir a las entidades financieras el sábado.

El minstro de Trabajo, Óscar Mercado.

Por Miguel Gómez

/ 8 de abril de 2020 / 14:03

El Gobierno anunció que se respeta el feriado del viernes por Semana Santa y que el pago de los bonos en las entidades financieras y el abastecimiento de alimentos y productos se recorrerán al sábado.

“Todas las actividades previstas para el viernes 10 de abril son diferidas en la misma forma y circunstancias para el sábado 11”, informó este miércoles el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, en una conferencia de prensa.

Por esta razón, el viernes estará vigente la cuarentena total durante toda la jornada y explicó que los mercados y los bancos atenderán el sábado hasta el mediodía, a las personas cuyas cédulas terminan en 9 y 0.

“Las actividades serán con normalidad el sábado”, remarcó la autoridad, quien pidió a la población pasar el feriado en sus hogares. En los bancos se pagará el sábado la Renta Dignidad y los bonos Juana Azurduy y Canasta Familiar. (08/04/2020)

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Paulo Abrao: El gobierno de Áñez puso trabas para instalar el GIEI

El exsecretario ejecutivo de la CIDH visitó Bolivia en noviembre junto a una misión del organismo internacional. Explica los hallazgos de la investigación sobre vulneración de derechos humanos y responde a las críticas que lanzó el entonces gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

El exjefe de la CIDH Paulo Abrao visitó Bolivia diás después de las 'masacres' de 2019. Foto: La Razón

/ 29 de noviembre de 2020 / 14:03

Paulo Abrao fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lideró la misión que llegó a Bolivia a fines de noviembre del año pasado para verificar la vulneración de derechos humanos en la crisis poselectoral, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

El informe fue casi demoledor, rechazado por las autoridades gubernamentales de entonces, y también fue la clave para la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que llegó esta semana al país para esclarecer lo sucedido en los conflictos, desde septiembre hasta diciembre de 2019.

Abrao dio una entrevista en exclusiva a La Razón para recordar los hallazgos de esa investigación de la CIDH, responder a las observaciones que disparó el ahora exgobierno de Áñez y expresar sus expectativas sobre el trabajo del GIEI.

—¿Por qué la CIDH decidió realizar una investigación en noviembre en Bolivia?

—Bolivia ha sido uno de los países con mayor atención de la CIDH en una variedad de temas relevantes durante los últimos 14 años. Fueron siete visitas, 22 comunicados, 14 informes, 11 cartas confidenciales de información, más de 30 audiencias públicas y 55 nuevas peticiones admitidas. Otros seis casos contra el país fueron enviados a la Corte Interamericana. La CIDH criticó la cancelación del resultado del referéndum de 2016, realizó una audiencia sobre la reelección en 2018 y abrió un caso que sigue un orden cronológico regular.

A pesar de desestimada a presentar directamente una Opinión Consultiva, la posición de la CIDH sobre el tema en la Corte fue clara.

Militares disparan piezas de fusil automático liviano (FAL) calibre 7,62, en el puente Huayllani, 15 de noviembre de 2019. Foto: APG

La CIDH siguió atenta las crecientes tensiones políticas en el país. En octubre de 2019, innumerables denuncias, videos, fotografías, documentos con pruebas y denuncias de graves violaciones a los derechos humanos empezaron a llegar desde una amplia gama de organizaciones civiles y la Defensoría del Pueblo. La injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político, la vacante y controversial sucesión presidencial, los motines policiales, los grupos privados armados controlando las calles, la emisión del Decreto 4078 para otorgar amnistía penal irrestricta a las fuerzas de seguridad fueron agravantes que dispararon la alarma del monitoreo de derechos humanos .

—¿Por qué el informe concluyó que hubo «graves» violaciones a los derechos humanos?

—Esta visita fue autorizada para evaluar específicamente las violaciones de derechos humanos en el contexto electoral a partir de octubre de 2019. Las conclusiones preliminares se apoyaron en un elevado número de fuentes testimoniales y documentales, oficiales y extraoficiales, y apuntaron a un uso desproporcionado o excesivo de las fuerzas de seguridad, violando el derecho a la vida y el derecho a la protesta. Hubo evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos. Se registró vulneración a los derechos a la integridad física y la salud de un elevado número, de 804 personas heridas. Se verificó cientos de detenciones arbitrarias. Los testimonios recabados denunciaron el uso de torturas, malos tratos y otras formas de abuso.

Habría la apertura de numerosas investigaciones penales o procesos judiciales con motivación política, desencadenando un proceso de criminalización y persecución de opositores. La difusión de discursos de odio de parte de altos funcionarios públicos incitó la violencia y precedió a los saqueos, destrucción y quema de viviendas, sedes de partidos y sindicatos y radios comunitarias. Decenas de funcionarios públicos y electos renunciaron por temor a ser víctimas de actos violentos. Hubo bloqueo de calles, Policía amotinada y grupos civiles armados controlando territorios en motorizados, atacando e intimidando en sociedad o connivencia de las autoridades, afectando a la integridad personal y a la circulación de las personas.

Se registraron casos de actos racistas y discriminatorios, retención, golpes y humillación por motivos raciales y/o de género, incluso en contra de las “mujeres de pollera”. Los derechos indígenas se vieron afectados por la quema y la ofensa a la wiphala. Se reportó 50 periodistas agredidos, medios de comunicación atacados y acosados, corresponsales extranjeros amenazados y difamados.

Canales internacionales fueron censurados y bloqueados. Habrían debilitado el derecho al asilo.

En fin, una situación crítica de violaciones masivas y generalizadas a los derechos humanos.

—El término “masacres” levantó repercusión y desde entonces “bautizó” a lo sucedido en Sacaba y Senkata, ¿cuáles son los fundamentos para calificar de esta manera lo sucedido en estas regiones bolivianas en noviembre de 2019?

—A criterio técnico de la CIDH éstas pueden ser caracterizadas como masacres por ser resultado de operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas; la cantidad de personas que perdieron la vida de la misma forma, en el mismo tiempo y lugar; y debido a que se cometieron contra un grupo específico de personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado dieron serios indicios de ejecución extrajudicial. Los numerosos testimonios recibidos e imágenes capturadas serían consistentes para indicar que los movilizados se encontraban desarmados, avanzaban pacíficamente y fueron atacados repentinamente con armas de fuego, contenedores de gases lacrimógenos y otras armas, por la fuerza pública. En el operativo participaron incluso helicópteros.

Es demasiado grave que estos operativos se llevaron a cabo “protegidos” por el fatídico Decreto 4078. También se observó una acción coordinada entre las fuerzas de seguridad y los grupos parapoliciales privados que se habrían infiltrado en las protestas. Para contextos menos complejos, en otros países la CIDH calificó a estas situaciones como masacres. Además, la CIDH actúa tomando en cuenta a las víctimas, que nombran a las situaciones como masacres.

Un militar dispara un arma en las protestas de Senkata, el 19 de noviembre de 2019. Foto: APG

Otros informes técnicos internacionales y el propio Presidente electo democráticamente (Luis Arce) también se refieren a las masacres como tales. Las versiones que minimizan la gravedad de lo ocurrido en Sacaba y Senkata descalifican la naturaleza de las denuncias, afectan la dignidad de las víctimas y las revictimizan. Por tanto, hay que tener cuidado para no perderse con este tipo de tergiversación sobre el dolor de los familiares.

En este momento, es importante identificar a los autores materiales e intelectuales de estas masacres y otros sucesos en todo el país y responsabilizar a toda la cadena de mando para hacer justicia para todas las víctimas.

—Uno de los puntos más polémicos sobre lo acontecido en noviembre fue el Decreto 4078 que “eximía de responsabilidades” a los militares en operativos, ¿qué posición asumió la CIDH sobre este tema, en qué pudo haber incidido este decreto para la crisis y la violencia? ¿Son comunes este tipo de decretos en momentos de crisis, para “restablecer el orden y la seguridad” de un país?

—Los denunciantes han informado que ésta fue una condición para el ingreso de los militares en las operaciones de represión que se desarrollaron inmediatamente después.

La premeditación de actos de violencia a través de la expedición de un escudo legal para eximir la responsabilidad personal de las Fuerzas Armadas sería de extrema gravedad. La CIDH y otras organizaciones denunciaron que este tipo de amnistía era una verdadera carta blanca que estimulaba la represión violenta. Todo decreto de impunidad que atente contra el derecho a la verdad y la justicia es contrario al derecho internacional y contraviene en la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos.

—No hay que olvidar que el gobierno interino de entonces negó cualquier uso de balas militares o policiales en esas “masacres”, incluso planteó que los movilizados se dispararon entre ellos en Sacaba. ¿Hubo datos recabados por la CIDH que puedan solventar estas tesis?

—Durante la visita no hemos encontrado ningún mínimo indicio para sostener esta tesis. Escuchamos denuncias de que hubo coordinación entre las fuerzas públicas y los grupos armados privados, infiltrando personal en las manifestaciones.

—El gobierno interino de entonces calificó el informe de la CIDH como “injusto”, “inconsistente” y “parcializado”. ¿Cuáles son las fortalezas del informe que rebaten ello?

—Las visitas de la CIDH siguen un protocolo, metodología y criterios técnicos de documentación reconocidos internacionalmente. Es un proceso manejado por un equipo técnico altamente especializado para registrar de manera sistemática los resultados de una investigación que se emprende aún antes y termina después de la visita.

Las visitas amplían las investigaciones para generar evidencia, garantizar información veraz, registrar testimonios y documentos, y resguardarlos con el propósito de demostrar e informar. Gobiernos a veces asumen un comportamiento negacionista para evadir una verdad incómoda, o para desviar la atención de la gravedad de lo que sucede. A veces para proteger a los violadores de derechos humanos y su impunidad. La CIDH adopta los mismos estándares para todas las situaciones que son efectivamente similares.

—Usted llegó con la misión de la CIDH, ¿cuál fue su impresión personal durante la recopilación de información?

—Creo que fue una de las visitas más extensas y plurales que ha realizado la CIDH. La delegación se reunió con autoridades gubernamentales de los tres poderes, representantes de todos los partidos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, familiares de víctimas y de policías. El equipo contó con refuerzos y se dividió en equipos, visitó cuatro ciudades y estuvo en contacto con personas en hospitales, cárceles y sedes diplomáticas.

Si bien hubo personas que denunciaron violaciones anteriores al periodo de tiempo objeto de la visita y otras que versaron sobre violencia social entre personas privadas, que es algo fuera del mandato de la CIDH, concluimos que era importante incluir una recomendación para una nueva visita en 2020 con una temporalidad más amplia. Encontramos un país profundamente traumatizado por una crisis en pleno apogeo.

—Ustedes se reunieron en su visita con el Procurador General de entonces; sin embargo, él lo acusó a usted de un trato “diferenciado” por parte de la CIDH. Dijo que notaba este trato en solicitudes de medidas cautelares, que tuvieron vía expedita y afirmativa, para personas y autoridades afines al MAS, lo que no pasó con pedidos de “activistas” opositores, como Waldo Albarracín. ¿Cuál es su respuesta al respecto?

—Sucede en todos los países que cuando se presenta una crisis de derechos humanos de este tipo se incrementen las solicitudes (y otorgaciones) de medidas cautelares para los grupos afectados por el gobierno del momento. Todos los requisitos de cautelares están regulados, las resoluciones son públicas y las situaciones de urgencia, gravedad e irreparabilidad son únicas y no pueden ser comparadas entre sí. No es apropiado discutir públicamente casos particulares, pero les puedo asegurar que a la CIDH no se le ha otorgado ningún caso cuando se entiende que los requisitos normativos no están presentes. Testifico que en el caso del señor Albarracín la CIDH fue sumamente diligente y atenta y no encontró información que permitiera atender los requisitos en la evaluación inicial. Precisamente en reconocimiento a su trayectoria personal, en lugar de rechazar de inmediato la solicitud, se continuó buscando información adicional por más tiempo, antes de tomar una decisión final.

Muchas veces las cosas son exactamente al revés de lo que puede parecer, porque un tiempo más largo para tomar una decisión significa un esfuerzo más a favor que en contra de una persona.

—La conformación del GIEIBolivia responde a una de las recomendaciones de la CIDH en su informe de 2019. ¿Este documento de 2019 puede servir como base para el trabajo del grupo de expertos?

—Todos los GIEI han utilizado las fuentes de la CIDH. El gobierno anterior solicitó a la CIDH que el informe no fuera la base del trabajo de investigación. Si los registros del informe son la base o son apenas una más entre las diferentes fuentes de investigación, es algo menor.

Para la CIDH, el GIEI desarrolla su método de trabajo de manera independiente y utiliza cualquier recurso de investigación que considere relevante. En este momento, lo relevante es que el GIEI reciba toda la colaboración de las Fuerzas Armadas, la Policía, autoridades, que se entreguen los registros públicos, que se acceda a todos los testigos para investigar todas las violaciones de derechos humanos en los últimos cuatro meses de 2019.

—Como ex secretario ejecutivo de la CIDH, ¿cuál es su expectativa sobre la nueva investigación que se abrió con el GIEI-Bolivia?

—La visita de la CIDH cumplió con su rol para documentar y denunciar la alarmante situación a nivel internacional. La presencia de la CIDH ha ayudado a salvar vidas y a frenar la escalada de la violencia autoritaria. El gobierno interino fue poniendo trabas y posponiendo la instalación del GIEI, originalmente prevista para febrero hasta después de las elecciones para que el último día renunciara oficialmente a su instalación. Fue necesario el nuevo gobierno para rescatar su continuidad.

De hecho, los caminos hacia la justicia son amplios y difíciles.

No hay que temer al GIEI. Su presencia solo reforzará a Bolivia como un país abierto al escrutinio internacional de los derechos humanos, reforzará una reconciliación legítima basada en la verdad y la justicia y, además, podrá coadyuvar y cooperar con las autoridades y dar aportes y recomendaciones estructurales para reforzar la independencia y autonomía de su sistema de justicia. La memoria y la justicia para todas las víctimas será un baluarte para la reconstrucción democrática en Bolivia.

 PERFIL

Nombre: Paulo Abrao

Nació: En Brasil

Profesión: Abogado

DOCTOR EN DERECHO

Tiene un doctorado en Derecho. Fue profesor de Derecho Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos en Brasil, México, Estados Unidos y España. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos.

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La injerencia de las FFAA en el proceso político de 2019 alertó a la CIDH, devela Paulo Abrao

“Hubo evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos”, dijo a La Razón el exjefe de la CIDH Paulo Abrao.

Paulo Abrao llegó al país en noviembre de 2019 para investigar los sucesos luctuosos de. Foto: La Razón

/ 29 de noviembre de 2020 / 11:15

En una entrevista con La Razón, quien fuera secretario ejecutivo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, develó que la “injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político” de 2019 y otros hechos alertaron a organismos de derechos humanos.

“La injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político, la vacante y controversial sucesión presidencial, los motines policiales, los grupos privados armados controlando las calles, la emisión del Decreto 4078 para otorgar amnistía penal irrestricta a las fuerzas de seguridad fueron agravantes que dispararon la alarma del monitoreo de derechos humanos”, dijo el activista brasileño.

Luego de las fallidas elecciones del 20 de octubre del año pasado, cuestionadas por presuntas irregularidades develadas por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el país se desató una crisis política que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la sucesión “ipso facto” de la otrora senadora Jeanine Áñez.

Movilizaciones cívicas, un motín policial y la sugerencia de “renuncia” de Morales planteada por las Fuerzas Armadas precipitaron los hechos, que luego se complicaron con protestas a favor del mandatario derrocado más tarde intervenidas de manera conjunta las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana al amparo del Decreto Supremo 4078, que otorgaba inmunidad penal a los efectivos.

Sacaba, el 15 de noviembre, y Senkata, el 19 de noviembre fueron los hechos luctuosos emblemáticos que la CIDH, organismo independiente de la OEA, consideró que fueron masacres. Inicialmente, en cada uno de los operativos hubo nueve fallecidos, cifra que al final fue mayor.

“Hubo evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos. Se registró vulneración a los derechos a la integridad física y la salud de un elevado número, de 804 personas heridas. Se verificó cientos de detenciones arbitrarias. Los testimonios recabados denunciaron el uso de torturas, malos tratos y otras formas de abuso”, resumió Abrao en entrevista con La Razón.

El exjefe de la CIDH, no ratificado por diferencias por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró que la oportuna intervención de la CIDH en la crisis evitó más muertes a causa de la “violencia autoritaria”.

Abrao, además defendió la postura preliminar de la CIDH en sentido de que las muertes en Sacaba y Senkata fueron resultado de sendas masacres. Y denunció que el gobierno de Áñez frenó la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ya investiga los sucesos luctuosos de 2019.

Lea la entrevista completa en nuestra edición impresa.

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Joel Hernández sobre el GIEI: Se buscará verdad y justicia para las víctimas de 2019

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explica a La Razón las expectativas ante la investigación que realizará desde este lunes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en territorio boliviano.

Foto: Twitter@mreparaguay

/ 23 de noviembre de 2020 / 19:53

El mexicano Joel Hernández García preside desde marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado y diplomático atendió en exclusiva a La Razón, vía telefónica, para describir las expectativas del organismo hemisférico ante la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) a suelo boliviano, que desde este lunes investigará los hechos de violencia y la vulneración de derechos humanos entre septiembre y diciembre de 2019. Remarca el compromiso del Estado boliviano; indica que la comitiva buscará la reparación de las víctimas de la crisis, sobre todo con “verdad y justicia”; explica cómo fue el proceso para la elección de los cinco especialistas, y expresa su confianza y satisfacción de que están dadas las condiciones para que el GIEI realice un trabajo independiente e imparcial.

—¿Cuál es la expectativa de la CIDH ante este trabajo que el GIEI realizará en Bolivia?

—Es una gran satisfacción para la Comisión que se instale el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes porque se tiene la expectativa de que el grupo coadyuve con las autoridades nacionales en la investigación de los hechos de violencia que ocurrieron en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año pasado.

—En Bolivia se habla de que esta investigación es un paso para la reconciliación tras la crisis, para que el pueblo boliviano sepa la verdad de lo sucedido en esos hechos luctuosos, ¿que espera la CIDH?

—Precisamente que el GIEI coadyuve con las autoridades en estas investigaciones. Creemos que en la medida que exista una investigación independiente de los hechos, de manera auténtica, con base en el principio del debido proceso, se va a alcanzar justicia para las víctimas de esas violaciones. Y esto es algo muy fundamental, en todo proceso de memoria, la verdad y la justicia, y eso se buscará. Por lo tanto nuestras expectativas son que esta coadyuvancia que va a realizar el grupo interdisciplinario, sí va precisamente para reparar violaciones a las víctimas.

—¿Por qué se tardó en la instalación del grupo, habiendo ya un acuerdo firmado el 12 de diciembre?

—La pandemia puso en espera todo este proceso. Como sabemos, el mundo se puso en pausa y además de la firma del acuerdo con el Estado Plurinacional de Bolivia, que sucedió el año pasado, el 12 de diciembre, era necesario echar a andar todo el proceso de implementación, una parte lleva a la negociación y al acuerdo de un protocolo de actuación, lo que tiene en sí mismo su tiempo. Pero en este contexto de pandemia todos los procesos se fueron dilatando, tanto es así que es hasta ahora, en noviembre, cuando existen las condiciones de viaje, es que los cinco expertos pueden llegar a Bolivia. Antes hubiera sido muy difícil. Entonces, yo lo veo como un retraso debido a esta situación de pandemia que padecemos en todo el mundo.

—¿Este grupo qué tipo de relación tiene con la CIDH, puesto que el protocolo se firma con la Comisión?

—El grupo es resultado del acuerdo entre el Estado de Bolivia y la Comisión y como parte de ese pacto entre las dos partes, ambas han negociado un protocolo que rige la actuación in situ de los cinco expertos. Pero una vez que este grupo ha quedado establecido y una vez que va a empezar sus funciones con base en el protocolo, tiene un mandato propio con la garantía de desarrollar su trabajo de manera independiente e imparcial.

—¿En qué forma el GIEI es dependiente de la CIDH?

—Es dependiente desde un punto de vista formal, porque su creación la ha dado la Comisión, pero desde un punto de vista funcional, el grupo es independiente.

—¿Este grupo responde a las recomendaciones del informe que elaboró el anterior año la CIDH en cuanto a entablar un mecanismo de investigación internacional?

—Sí, correcto, fue una de las recomendaciones que hizo la Comisión en la visita que realizó en el marco de la crisis poselectoral del año pasado. Y con el propósito de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, la Comisión recomendó el establecimiento de este grupo.

—¿Tuvo algo que ver en su conformación que el anterior gobierno interino de Bolivia haya calificado de “injusto” ese informe de la CIDH?

—El anterior gobierno suscribió el acuerdo por el cual se crea el GIEI. Para la Comisión, ese acto muestra un compromiso de atender esta recomendación que formuló. Por lo tanto, la CIDH ve este acuerdo como uno de Estado que trasciende gobiernos. Esa es la mirada de la Comisión de futuro, de que el GIEI pueda realizar su trabajo a partir del 23 de noviembre, una vez que se han hecho todos los preparativos necesarios, y uno muy importante el de contar con un marco jurídico claro para su actuación, como el que está contenido en el protocolo que se va a firmar este lunes.

—¿Cómo se eligió a los integrantes de este grupo?

—Fue una selección hecha por la CIDH, es una de las facultades que tiene. La Comisión la ha ejercido en su experiencia de establecimiento de grupos de expertos independientes. Ha sido así, por ejemplo, en el caso del grupo que se estableció en México para el caso Ayotzinapa (de los 43 desaparecidos en 2014), el grupo que se estableció en Nicaragua. y ahora el GIEI. La Comisión hace una selección, nombramiento de expertas y expertos atendiendo a la materia de su mandato y buscando los perfiles de personas más altamente calificadas.

—¿Se despeja cualquier duda que sembró el anterior gobierno, sobre todo con dos expertos, Patricia Tappatá y Juan Méndez, de Argentina, de quienes dijo que habían hecho una descalificación a la posesión de la presidenta interina Jeanine Áñez?

—Para la Comisión, al momento de la selección de los expertos se constató su alta calidad moral y su elevado prestigio profesional. Los cinco tienen esta característica de competencia y de autoridad moral y, para la Comisión, una vez seleccionados y nombrados no se tiene la menor duda de que su actuación estará a la altura de las exigencias de este grupo. Por lo tanto, la Comisión siempre ha estado convencida de la calificación de las cinco personas expertas.

—Hay expectativa en Bolivia sobre el trabajo que realizará el GIEI. El Gobierno ya adelantó que los expertos tendrán total acceso a lo que es información, archivos de lo sucedido de septiembre a diciembre, incluso archivos de la Policía y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ve la CIDH toda esta apertura con la cual se espera al grupo?

— Celebro mucho dos hechos. Uno, el acuerdo firmado el 12 de diciembre del año pasado para el establecimiento del grupo y segundo, y muy importante, el protocolo que se va a firmar este lunes. El acuerdo es la expresión de compromiso, el protocolo es el marco normativo que permite la actuación del grupo en el terreno. Y constatando estos dos actos jurídicos para mí existen los elementos necesarios para que el grupo pueda realizar su mandato de manera totalmente independiente, imparcial y con eficiencia. Así que no me cabe la menor duda del compromiso expresado por las autoridades bolivianas de poder facilitar al grupo todos los accesos que sean necesarios para una simple razón: que el GIEI pueda hacer bien su trabajo y ello significa poder coadyuvar de manera eficiente con las autoridades bolivianas en el esclarecimiento de esos hechos. Así que, por parte de la Comisión, hay un amplio, un alto sentimiento de satisfacción para las autoridades bolivianas y para el pueblo de Bolivia, y las organizaciones de la sociedad civil que también han expresado, a lo largo de estos meses, su reiterado apoyo al grupo.

(23/11/2020)

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Juez ordena la detención de Rivas en la cárcel de San Pedro, por cuatro meses

El exdirector de Migración sufrió una descompensación y será llevado a una clínica para su evaluación. Es acusado de ayudar en la fuga de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.

Las celdas policiales donde aún se encuentra el exdirector Marcel Rivas. Foto: APG

/ 21 de noviembre de 2020 / 16:04

Un juez ordenó la detención preventiva de Marcel Rivas, exdirector de Migración, quien es acusado de ayudar a los exministros Arturo Murillo (Gobierno) y Luis Fernando López (Defensa) en su fuga del jueves 5 de noviembre, por la investigación que realiza la Fiscalía por el supuesto sobreprecio en la compra de material antidisturbios.

Rivas se encontraba en celdas judiciales desde el jueves, un tribunal rechazó su acción de libertad el viernes y este sábado en la mañana sufrió una descompensación, por lo cual estaba en duda si se llevaba a cabo su audiencia de medidas cautelares, por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Su abogado, Carlo Brito, confirmó a La Razón la decisión judicial y adelantó que se presentará una apelación. También se informó que Rivas, antes de ser llevado al penal de San Pedro, donde deberá permanecer por cuatro meses, será trasladado a una clínica para su evaluación médica.

(21/11/2020)

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Caen tres funcionarios de Migración en Santa Cruz; Rivas sufre descompensación

Los funcionarios son sospechosos de ayudar en la huida de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López; ya declaran ante el fiscal. Personal del IDIF evalúa a Rivas, cuya audiencia de medidas cautelares debía realizarse en la mañana.

Marcel Rivas, exdirector de Migración, el sábado en celdas policiales. Foto: APG

/ 21 de noviembre de 2020 / 15:37

Migración está en la mira. Tres funcionarios de la entidad en Puerto Quijarro (Santa Cruz) fueron aprehendidos por estar posiblemente involucrados en la fuga de los exministros Arturo Murillo (Gobierno) y Luis Fernando López (Defensa), mientras que el exdirector Marcel Rivas se descompensó en celdas policiales y es evaluado por médicos.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Ángel Morales, indicó que se dio cumplimiento al mandamiento de apremio contra los tres funcionarios, por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, por lo cual brindan sus declaraciones en la Fiscalía de la capital oriental.

“Estas personas llegaron ayer por la noche a la ciudad de Santa Cruz, están en calidad de aprehendidos”, añadió la autoridad policial a la red Unitel, quien sostuvo que ahora se determinará si están o no involucrados en la huida de los exministros, lo que sucedió el jueves 5 de noviembre, el día en que se emitió una “alerta migratoria” en su contra.

Mientras en La Paz, en las celdas de la FELCC, Rivas sufrió una descomposición, a horas de su audiencia de medidas cautelares. Personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) lo evalúa para recomendar o no su internación en un hospital. El exdirector de Migración es acusado de encubrir y ayudar en la salida del país de Murillo y López.

Es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Fue detenido el jueves y un día después, un tribunal de garantías rechazó su acción de libertad. La Fiscalía pedirá su encarcelamiento. Rivas sostiene que el jueves 5 ya no era director de Migración, pero el Ministerio Público opina lo contrario y apunta a que incluso se intentó falsificar un documento para que Rivas tenga una “coartada”.  

(21/11/2020)

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