Hoy, varios movimientos sociales los denominan, despectivamente, “motines” (golpistas). Sin embargo, hace 18 años, esos mismos actores los veían como “héroes”. ¿Qué pasó? Sucede que en febrero del 2003 los policías de base se amotinaron y frenaron un “impuestazo” ordenado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con ese acto hirieron de muerte al neoliberalismo, pero…

A principios de este siglo, la élite gubernamental, militar y empresarial de Estados Unidos consideraba a América Latina su “patio trasero”. Según el sociólogo estadounidense James Petras, el FMI y el Banco Mundial eran los que “digitaban” las políticas económicas en toda la región. Y Bolivia no estuvo al margen de este proceso.

En ese contexto, el régimen liberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y Carlos Mesa —en alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz Zamora, entre agosto de 2002 y octubre de 2003— estaba sometido a esos designios. Por eso, en febrero operó una medida de shock contra la economía popular, que siete meses después le cobró factura.

Mordaza

Antes de dictar el impuestazo, el gobierno, a través de la Unidad de Comunicación (Unicom), ejecutó una estrategia de “control de medios”. No obstante, Mesa, en El Diario, el 4 de febrero, negó que haya alguna “presión”.

Al cabo de tres días, en LARAZÓN, el jefe de informaciones de La Prensa, Andrés Gómez, reveló que el gobierno buscaba “controlar el manejo informativo”. Sus colegas corroboraron que se buscaba “evitar notas relacionadas con el ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín (… )”. Gómez, luego, renunció.

Tras ese hecho, Juan Carlos Marañón, jefe de noticias de la red Unitel, denunció que ese mismo ministro se negó a ser entrevistado si él no era despedido, lo que ocurrió 48 horas después. Los propietarios del canal variaban de criterio “tras conversaciones que sostenían con Sánchez Berzaín” y exigían “equilibrio”, explicó.

Las radios Fides, Pachamama, Erbol y Huayna Tambo, en esa coyuntura, también fueron amenazadas. 

Impuestazo

Al día siguiente, el gobierno operó medidas económicas. El Diario, mediante un titular en primera plana, advirtió que el “Impuesto al salario podría generar convulsión social”. LA RAZÓN informó que esa política, impuesta por “el FMI”, buscaba “reducir el déficit fiscal”. La Corporación Andina de Fomento (CAF) respaldó esa medida.

El lunes 10, LA RAZÓN ,en “Goni dicta el impuesto más duro en la peor crisis”, detalló que obreros y clases medias debían entregar parte de sus ingresos al Estado en la siguiente proporción expresada en Bolivianos: De 881 a 1.320, 55; de 1.321 a 1.760, 110; de 1.761 a 2.000, 140; de 2.001 a 3.000, 265; de 3.001 a 4.000, 390; de 4.001 a 5.000, 515; de 5.001 a 6.000, 640; de 6.001 a 8.000, 890; de 8.001 a 10.000, 1.140; de 10.001 a 20.000, 2.390; y, de 20.001 a 29.000, 3.628.

La Central Obrera Boliviana (COB), posteriormente, anunció movilizaciones.

Motín

El 11 de febrero de 2003, los policías de base se amotinaron contra sus altos mandos y el poder. Varios oficiales se vieron obligados a respaldarlos. En cuestión de horas, la rebeldía verde olivo se irradió a escala nacional. En El Diario el presidente de la Asociación de Suboficiales, Clases y Policías (Asclapol), Daniel Cahuana, aclaró que la medida de presión fue iniciada porque las autoridades no cumplieron con sus demandas: “Somos los menos pagados y no podemos permitir que suboficiales con 30 años de servicio que ganan 1.500 Bolivianos se vean afectados”. 10.000 de sus camaradas serían “víctimas” del impuestazo.

El ministro de Gobierno, Alberto Gasser, por su parte, se negó a dialogar con los acuartelados. El comandante de la Policía Nacional, Édgar Pardo, fracasó en su intento de parar el motín.

En esa jornada, “los periodistas fueron repelidos con gases lacrimógenos para evitar que tomen imágenes o declaraciones de las guarniciones y los amotinados”, narró El Diario. Alentados por la revuelta, los sindicatos se pusieron en pie de combate y quemaron varias sedes gubernamentales.

Muertos

El 12, la sede de gobierno se tiñó de sangre. De acuerdo a El Diario, mientras los amotinados marchaban acompañados de sus familiares, los estudiantes del Colegio Ayacucho —encabezados por el dirigente estudiantil Iver Medina— irrumpieron en la Plaza Murillo y “a pedradas” rompieron los cristales de Palacio.

Minutos después, se escucharon disparos y comenzó el intercambio de gases entre los militares y policías atrincherados en el Grupo Especial de Seguridad (GES).

“Pronto, el intercambio de fuego fue fatal para ambos bandos. Militares y policías vieron como caían sin vida sus compañeros, lo que los enfurecía más, al extremo que no dejaban en paz a sus dedos índices. Las bocanadas de fuego salían con una continuidad inusitada y casi todos disparaban a matar a todo aquel que se movía”.

Francotirador

Un periodista, en El Diario, hizo un particular relato: “Al comenzar mi jornada, jamás me imaginé que me iba a encontrar cara a cara con la muerte. A las 15:00 horas, vi cómo la sangre bañaba la caseta de un guardia de turno. Un amotinado (…), que estaba a tres metros del GES, murió instantáneamente. La bala fue directo a su cabeza, lo que hizo que le explotara el cerebro y los vidrios de la cabina se bañaron en sangre. Se presume que fue un francotirador el que le disparó”.

“No nos pueden matar como si fuéramos perros, somos personas igual que ellos, sólo reclamamos nuestros derechos, no somos sus enemigos, ellos son nuestros hijos (los conscriptos), por qué los enfrentan con nosotros (…)”, gritaba desde el fondo de su delgada figura una oficial de la Policía. Acto seguido, exigieron que “Goni renuncie a su cargo”.

El fatal desenlace de la rebelión social fue de 33 muertos a bala y más de 200 heridos.

Impunidad

Las causas del motín, según el mayor David Vargas, líder del levantamiento, fueron estructurales. “Los periodistas tienen que entender que los policías de base ganan, en promedio, 1 boliviano con 10 centavos (menos de 15 centavos de dólar) por hora. Imagínense la calidad de vida que tienen nuestros efectivos. Este es el detonante central que hizo estallar el levantamiento”.

La masacre de uniformados quedó en la impunidad. No existe un solo procesado ni detenido.

Vargas y otros policías rebeldes, hasta hoy, no fueron reincorporados a su institución.

(*) Miguel Pinto P. es periodista

René Zavaleta Mercado en su ensayo Las Masas en Noviembreanotaba que: “La Crisis Social General, muestra de modo inobjetable el grado de consciencia nacional alcanzado por el pueblo”, en este sentido, cabe decir que contra la predicción política de propios y extraños (del MAS y de los anti MAS), está claro que las clases subalternas en su conjunto (campesinos, obreros, cooperativistas, artesanos, gremiales del comercio y del transporte, y profesionales comprometidos) estaban y están por delante de los partidos políticos, que siguen confundiendo los deseos con la realidad. Digamos que el 18 de octubre de 2020 exige una nueva agenda política de autocrítica, de apertura a nuevos liderazgos, y de una gestión de abajo hacia arriba, desde lo político, desde lo económico, crear un empleo permanente y digno y profundizar la justa distribución de los ingresos. Todo esto unificado transversalmente con un real Seguro Único de Salud, que se plasma efectivamente cumpliendo la secuencia: alerta que permite el diagnostico, pruebas para la atención temprana, y vacuna para el control del COVID – 19 a mediano y largo plazo.

Resulta que para la elección general de octubre del 2020, el bloque de poder subalterno actuó como único para reestablecer el Proceso de Cambio, dejando pendientes contradicciones internas para las elecciones subnacionales, contradicciones que se irán resolviendo y atendiendo en la nueva agenda mencionada anteriormente. Por esta razón, más que en anteriores oportunidades, las elecciones gubernamentales y municipales serán muy distintas a la elección nacional. El ordenamiento político seguirá basado en torno a la dicotomía MAS-anti MAS, pero el MAS enfrentará contradicciones internas, no tanto del modelo económico y social a establecer, sino de su representación política en las gobernaciones y municipios. La oposición, en cambio, confiará, otra vez, en el crecimiento de las candidaturas mejor posicionadas en las encuestas previas, con la incertidumbre, claro está, de lo que pueda pasar con el 20% de indecisos.

La batalla nacional popular ganada en octubre de 2020 es absoluta, y este hecho ha obligado al abanico político contrario al Proceso de Cambio (que incluye a la clase media profesional liberal, partidos y asociaciones ciudadanas de centro derecha y derecha, los extremos de los grupos paramilitares y ultra izquierdistas y, la oligarquía de terratenientes agroindustriales, banqueros y grandes importadores-exportadores) recurrir a un expediente auto justificatorio e insólito: primero, quieren encontrar en el discurso de David Choquehuanca una fisura del MAS; segundo, en Eva Copa una ruptura del bloque de poder subalterno; y, tercero, hipócritamente se afanan en reconocer la consecuencia política de difuntos izquierdistas: Orlando Gutiérrez (28 de octubre 2020), Osvaldo Peredo (12 de enero del 2021), Felipe Quipe (21 de enero del 2021), Édgar Ramírez, solo para destacar las contradicciones que estos personajes tuvieron con la dirigencia del MAS.

La población boliviana sigue concentrada en un 70% en el eje troncal de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, hecho que no disminuye la importancia política y económica de los restantes 6 departamentos, la mayoría de las nacionalidades indígenas se hallan en la Amazonía y las pampas de Moxos de Beni y Pando, y en el Chaco de Tarija y Chuquisaca, los hidrocarburos en el Chaco Tarijeño y los minerales y el litio en Potosí y Oruro, por lo demás, son departamentos en los que la mayoría de sus municipios son dominantemente rurales, con esta precisión podemos referirnos a la correlación de fuerzas políticas del eje troncal en el momento actual:

Las encuestas y la percepción ciudadana indican que en la ciudad de La Paz, sin mayores contratiempos, se impondrá el candidato del MAS; en cambio, en el municipio de El Alto sin duda ganará la candidata de Jallalla, como producto de un error político del MAS, sin embargo, este fenómeno no se replicará a nivel de la Gobernación, donde el candidato del MAS tiene mayores posibilidades. Cabe en este punto hacer notar, que a despecho del antimasismo, la candidata de Jallalla de El Alto estará más cerca del Gobierno central que de ese abanico político contrario al Proceso de Cambio.

En el caso de Cochabamba, el candidato del MAS a la Gobernación tiene la mayor aceptación ciudadana, en cambio, a nivel del municipio del Cercado, el antimasismo recurre en acto desesperado a un candidato del tiempo de la democracia pactada, antes NFR y ahora Súmate, que ciertamente tiene posibilidades de salir victorioso; aquí, sin embargo, no se tiene en cuenta el peso determinante de los indecisos, del voto vertical y corporativo.

En el departamento de Santa Cruz, hoy por hoy estamos frente a la más importante disputa de poder ideológico-político. La vieja oligarquía, terrateniente, agroindustrial, financiera y de servicios no tiene representante propio ni para la Gobernación, ni para el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Obligados por las circunstancias, apuestan por el principal actor del golpe de Estado de noviembre del 2019, antes presidente del Comité Cívico y ahora de Creemos para la Gobernación y, para la Alcaldía de la capital cruceña, al presidente de UCS, aliado segundón de esa vieja oligarquía. Al frente y por primera vez un binomio unificador va de candidato del MAS a la Gobernación, y una militante, expresidenta del senado al municipio cruceño. Candidatos que solo pueden crecer por el voto oculto de los indecisos, la práctica del voto vertical y corporativo que se resuelve el día de la elección.

Como conclusión a medio tiempo, se puede señalar que el MAS a nivel nacional está mejor posicionado que en la anterior elección subnacional (de hace 6 años), que por primera vez en Santa Cruz se organiza un frente patriótico alternativo al monopolio oligárquico regional y que, mediando un plan realista oportuno y universal de lucha contra el COVID – 19, se establecerá en la practica el Seguro Único de Salud.

(*) Danilo Paz B. es sociólogo, investigador asociado del CESU-UMSS

Desde el 22 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2109, los actores directos sin intermediarios fueron los cívicos, la consigna era “anulación de elecciones” y “renuncia del Presidente y del Vicepresidente”. Los candidatos y políticos de las derechas políticas se alinearon a la ultra derecha cívica, perdieron iniciativa y su subsistencia dependía de su relación de subordinación-dependencia.

Luis Fernando Camacho asumió de hecho el liderazgo del golpe, empezó una articulación múltiple con las iglesias católicas y evangélicas, desplazamiento y control territorial urbano nacional, coordinación y subordinación a su mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, desde el 23 de octubre hasta las 17 horas del 10 de noviembre, todos los dirigentes cívicos, incluido el Conade estaban bajo el mando cívico cruceño.

El domingo 10 de noviembre, a las 07:30 de la mañana Evo anunciaba la anulación de las elecciones, convocatoria a nuevos comicios y elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) presionado-chantajeado por el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA); ese era el último y mejor momento para Mesa, pero él decidió rechazar, lo que demuestra su condición de político de imagen mediática y no así con liderazgo político.

Camacho al asalto y toma del Estado. Camacho, al estilo de la derecha venezolana en el golpe contra Hugo Chávez en 2002, plantea “renuncia del Presidente y Vicepresidente, cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, renuncia de todos los miembros del Órgano Judicial y del Tribunal Electoral Plurinacional”, es decir, plantea el asalto y control total del Estado con la conformación de un gobierno de “notables”. En Venezuela, militares y empresarios con similar dinámica detuvieron, secuestraron, a Chávez, cerraron el parlamento, cesaron a autoridades judiciales y nombraron presidente de Venezuela a las 3 de la madrugada a Pedro Carmona, que era presidente de la federación de empresarios venezolanos.

Camacho tenía la subordinación y control de militares y policías, subordinación de los políticos de las derechas, por tanto, el mango de la sartén del golpe para definir o designar a los “notables” para tener el control total del Estado sin ningún tipo de institucionalidad. Esta ilusión le duró desde las 10 de la mañana del 10 de noviembre hasta las 17:30. Se trasladó con seguridad policial desde su hotel en la zona Sur de La Paz hacia el edificio de la UTOP en plaza Murillo, de ahí hacia el Palacio Quemado. Tres personajes: Camacho, Marco Antonio Pumari y Eduardo León, con una Biblia y la tricolor boliviana como demostración del poder de la república colonial, del dominio de la religión sobre los paganos del pueblo plurinacional.

Ese es el tiempo mínimo de gloria de Camacho y Pumari, se sentían realizados, libertarios políticos y religiosos mientras oraban de rodillas en el hall de Palacio; los políticos de las derechas, sin capacidad de organizar una sola reunión de café, deciden volver a sus pasos del poder colonial republicano, recurren a la Iglesia Católica. Esta institución, a través de la principal autoridad de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Ricardo Centellas, que también denuncio fraude, exigió la renuncia del presidente y nuevas elecciones desde el exterior el 23 de octubre, sin tener o presentar un mínimo de prueba, lo que valía era su voz,  la voz santa, la voz del Señor, la voz de los creyentes; toma bajo su responsabilidad el resultado del golpe, es decir, la organización del gobierno del golpe.

La Iglesia convoca en el edificio de la Universidad Católica Boliviana en La Paz a Camacho, asiste Jerjes Justiniano en su representación, que luego será nombrado ministro de la Presidencia del gobierno de facto; a Carlos Mesa, asiste Ricardo Paz, jefe de campaña de Comunidad Ciudadana; a Waldo Albarracín en representación de la Conade; a la Unión Europea, a la representación de la Embajada de Brasil; también son partícipes de la reunión Jorge Tuto Quiroga, Luis Vázques Villamor, Samuel Doria Medina, Roberto Moscoso. Es el momento que Camacho pierde el control del golpe, se vuelve en uno más para las cuotas de poder estatal y burocrático.

Este es el grupo que de facto, bajo la tutela de la Iglesia Católica, le arrebata la organización del gobierno y control del Estado a Camacho. Organizan el gobierno, para ello, como lo reconoció Albarracín en un entrevista (Radio Deseo con María Galindo), se buscó una solución lo “más constitucional posible”; se acuerda que la segunda vicepresidenta del Senado, una senadora sin ninguna relevancia política ni regional, militante de Demócratas solo con la casualidad de ocupar un cargo en la directiva por cuotas que corresponden a las minorías, sea la presidenta.

Esta decisión es determinante porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se subordinan de manera inmediata a la senadora que estaba en Trinidad, es decir, los políticos de las derechas empezaron a operar quirúrgicamente para que no exista escisión en militares y policías en esta definición sobre el poder político de facto.

48 horas de gobierno de militares y policías. La Policía deja el amotinamiento y se desplaza territorialmente al igual que los militares en todo el país, vivimos 48 horas de gobierno militar-policial. Represión con balas a las movilizaciones, muertes en Ovejuyo, Rosales, Chasquipampa, El Pedregal, el control policial en plaza Murillo para impedir el ingreso de los senadores del MAS a la Cámara de Senadores e instalar la sesión y de esa manera garantizar que la senadora Jeanine Áñez se autonombre presidenta del Senado, luego en sesión (que nunca se instaló) sin quórum de la Asamblea Legislativa Plurinacional se autoproclame presidenta.

El control armado del territorio nacional y de la infraestructura de la Asamblea, la protección militar a Jeanine desde Trinidad hasta La Paz, posibilita que se consolide el golpe suave con la auto-elección-proclamación, era el procedimiento como excusa para mostrar que hubo sucesión constitucional.

Mesa y Camacho perdieron sus oportunidades en los momentos decisivos, les arrebataron las derechas políticas con la bendición, auspicio y organización de la Iglesia Católica.

(*) Segunda y última parte de la crónica de la crisis de octubre-noviembre de 2019 enviada por el exministro.

(**) CÉSAR NAVARRO M. exdiputado del MAS, exministro de Minería

A principios de febrero de 2020 empezaba su gestión en Bolivia la politóloga y socióloga Susana Sottoli como Coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, la máxima representante del organismo en el país, el cual a la fecha despliega su labor a través de 17 agencias. Pero la llegada de Sottoli al país no pudo ser menos complicada. Arribó a Bolivia justo cuando empezábamos a salir de lo más duro de la crisis política de fines de 2019 y ya se venía encima la crisis sanitaria por el COVID-19. Destacando que acaso el mayor logro del país en 2020 fueron las elecciones nacionales de octubre de ese año, Sottoli no deja de remarcar que el cierre de este ciclo de inestabilidad no es otro que las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.

— Usted llegó en un momento muy complejo en el país, entre secuelas de la crisis política y anuncios de la crisis sanitaria…

— Siempre es bueno tener esta mirada retrospectiva. En 2020 tuvimos un año complejo en Bolivia y en el mundo, pero acá la crisis política iniciada en 2019 se combinó con la crisis sanitaria del COVID19 y con sus impactos económicos. Estas tres dimensiones se apropian de la coyuntura del país y también de nuestras prioridades como Naciones Unidas. El sistema puso todos sus esfuerzos para acompañar al país a enfrentar esto, con la continuación del apoyo al proceso electoral iniciado a fines de 2019, con una respuesta inmediata al COVID-19, y con el inicio de un análisis, diagnóstico, de los impactos socioeconómicos, lo que pensamos usar para formular nuestras prioridades en 2021. Creo que lo positivo de 2020 para Bolivia fue haber reencauzado el proceso institucional democrático a través de elecciones pacíficas, transparentes, participativas el 18 de octubre del año pasado. Esto fue gracias a la ciudadanía más que nada, que con su participación hizo posible que se avanzara, cuando muchos pensaban que iba a ser un retroceso. Pero no es suficiente, el país todavía tiene muchos desafíos, y todavía se va conformar el tablero político con las elecciones subnacionales en marzo

— Pero es necesario cerrar, sin embargo, este periodo especial que tuvo el país con la crisis política, cerrarlo con la elección subnacional.

— Es necesario cerrar el ciclo. Por eso nosotros continuamos la iniciativa que hemos llamado de consolidación de la paz en Bolivia. En diciembre del año pasado hemos firmado con el Gobierno una segunda fase, que consiste en tres pilares que vamos a continuar este año: el apoyo al proceso electoral, al Tribunal Supremo y a los TED, con el liderazgo técnico del PNUD; ahí es donde vamos a apoyar al país para completar este ciclo, y que toda su institucionalidad democrática, incluida la territorial, esté establecida para abordar los desafíos de política pública que tiene el país. El segundo componente es el de derechos humanos e igualdad de género; aquí estamos esperanzados de poder transformar la misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en una oficina permanente (en Bolivia), estamos en diálogo con el Gobierno. Y el tercer pilar, el acompañamiento de Naciones Unidas a espacios de diálogo y de conciliación en el país, lo que tiene que ver con el proceso eleccionario, que contribuye enormemente a la consolidación de la democracia y la paz en el país; pero obviamente esto no es suficiente, es un proceso que requiere sanar heridas y acortar brechas de diferente índole.

— ¿Cuál ha sido la ayuda de Naciones Unidas contra el COVID?

— El año pasado, cuando empezó la crisis del COVID-19, el sistema de Naciones Unidas apoyó activamente, por ejemplo, a conformar una Sala de situación, en la provisión de insumos, pruebas, medicamentos, capacitación además del apoyo a poblaciones vulnerables como los repatriados bolivianos de Chile, donde apoyamos en la instalación de campamentos; luego, con poblaciones indígenas. Haciendo un recuento de este apoyo en la segunda ola del COVID, desde el 20 de octubre hasta ahora, hemos contabilizado alrededor de dos millones de dólares en donaciones, insumos, generadores de oxígeno, hace poco la OPS donó 40; Unicef donó, entre equipos de protección y pruebas antígenas, aproximadamente medio millón de dólares, con el apoyo de donantes o socios como Canadá, Estados Unidos, Suecia.

— Parece que la OPS tiene mayor presencia de la que se ve.

— La OPS está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud, asesorando técnicamente en todo lo que tiene que ver con la respuesta sanitaria, y a través del mecanismo Covax, en el cual Naciones Unidas tiene un rol importante a nivel global, vamos a ayudar al país en la introducción de la vacuna. Agencias como la OPS, el PMA, Unicef van a estar involucradas en apoyar la cadena de frío, el programa de inmunización ampliado y apoyo económico para los que van hacer la vacunación; y colaboración en la estrategia en comunicación, porque siempre en la introducción de una vacuna nueva hay mucha desinformación; es necesario traer la voz técnica, la evidencia, para que la gente genere confianza, y ojalá podamos avanzar en la propuesta del Gobierno del acceso universal a la vacuna. 

— Hay vacuna, pero también rebrote, y más agresivo; es otra dinámica.

— Evidentemente, hay una nueva dinámica, no solamente porque hay nuevas autoridades, sino porque la propia pandemia es diferente. Todo el mundo ha aprendido mucho, en todos los países hemos aprendido cómo responder; lo que estamos haciendo (como ONU) es estar muy atentos a las decisiones soberanas que toma el Estado de Bolivia y apoyar en lo que se necesite. También estamos atendiendo, con prioridad, a los grupos más vulnerables, que es un objetivo institucional de todo el sistema (de Naciones Unidas), es decir, cuando hay crisis, ponemos el énfasis en los grupos más vulnerables; y hay que decir que las crisis, y especialmente el COVID, implican costos que son asumidos de forma desigual entre las donaciones; para nosotros, atender a los grupos más vulnerables es una prioridad: comunidades indígenas, mujeres en el mercado informal del trabajo que tienen unas caídas muy importantes en su ingreso, personas en situación de pobreza, migrantes y refugiados, y en eso obviamente coordinamos con las diferentes autoridades del país, del Gobierno central y de los territoriales.

— ¿Cómo se está pensando la recuperación económica tras la crisis pandémica?

— Hay muchos esfuerzos, liderados por Naciones Unidas y algunos países, para lograr una recuperación económica a nivel global inclusiva y sostenible. Esto significa, por ejemplo, mecanismos y espacios donde se discuta el alivio a la deuda en los países más endeudados, valga la redundancia. En Bolivia lo que hemos hecho es un diagnóstico de los impactos socioeconómicos, y esto ha determinado ciertas prioridades. Una es apoyar al fortalecimiento del sistema de salud, que la pandemia ha hecho estragos. Otra es el fortalecimiento del sistema de protección social, y no sólo en Bolivia, sino en el mundo entero; estos shocks tan repentinos atacan a las familias, disminuyen el ingreso y nuestros países tienen sistemas de protección social todavía de poca cobertura; luego, reforzar la educación, en  modalidades diferentes de enseñanza y aprendizaje en época de pandemia, como una oportunidad para la digitalización, que puede abrir otros caminos de inclusión. También se da prioridad a la recuperación del ingreso, a repensar los modelos económicos; y ahí estamos trabajando a pedido del propio presidente Luis Arce con la CEPAL, para analizar el potencial de industrialización en el país, un plan que pueda identificar sectores donde es posible agregar o fortalecer cadenas de valor, ampliar la demanda interna y dar fuentes renovadas y soberanas de ingreso del país. Estamos muy alertas porque creemos que hay oportunidades en cada crisis, y esta crisis es de una magnitud tal que nos ha revelado muchos espacios donde se puede potenciar la economía, la sociedad, al país, con soluciones innovadoras, mucho más valientes, audaces; así que ahora es el tiempo de la reimaginación. Estamos justo en un momento clave, trabajando un diálogo con el Gobierno a través del Ministerio de Planificación y otros, porque se está haciendo el nuevo Plan de Desarrollo Social, y queremos adecuar nuestras prioridades a las prioridades del país, y, como quien dice, empujar juntos para un mismo lado.

— El 25 de noviembre del año pasado, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fueron muy enfáticos en que este es uno de los mayores problemas.

— Muchas gracias por mencionarlo. Dentro de la línea de la cohesión social, la construcción de paz, nosotros no concebimos avanzar en esta línea sin tener algún tipo de solución al tema de la violencia en contra de las mujeres y los niños que termina dramáticamente en feminicidios e infanticidios. Esta es una situación inaceptable. Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y la Asamblea en la revisión de la ley 348. Creo que además se necesita un debate nacional que de una vez por todas nos ayude a todos a tomar conciencia de la tragedia nacional que es perder mujeres y niños por este tipo de violencia, y, además, para que nos ayude a desnaturalizar esta situación, porque no podemos seguir como anestesiados, viendo en los periódicos que aumenta el número de estas muertes, y es imprescindible tomar conciencia de que no es aceptable, y ahí estamos involucradas tanto las instituciones como la ciudadanía. Es una prioridad, es algo en lo que vamos a estar trabajando todas las agencias del sistema.

Susana Sottoli

“El año pasado, Naciones Unidas cumplió 75 años. Esto nos llama a repensar nuestras prioridades. El secretario general (Antonio Guterres) pide responder a la pandemia con un enfoque de solidaridad global, que la vacuna sea universal, no sólo para quienes pueden darse el lujo de comprarla”.

Datos

Nombre: Susana Sottoli

Profesión: Socióloga y politóloga.

Cargo: Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia.

Perfil

La señora Susana Sottoli tiene una maestría en sociología y un doctorado en ciencias políticas y sociología de la Universidad de Heidelberg, Alemania.

(*) Iván Bustillos  es periodista de La Razón