domingo 24 may 2020 | Actualizado a 21:52

Crisis social general

/ 21 de mayo de 2020 / 14:22

Como diría Sergio Almaráz: “Hay que nacionalizar el propio gobierno” y, por ahora, para hacerlo la única opción son las elecciones generales.

Según la ciencia y la política, los momentos de crisis general dan la oportunidad de conocer las deficiencias y contradicciones estructurales de la sociedad, para tratar de superarlas: “La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la iniciativa, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera las crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado”, decía Albert Einstein. Y desde lo político local: “La crisis es la forma de la unidad patética de lo diverso. El único tiempo común a todas estas formas es la crisis general que las cubre o sea la política. La crisis, por tanto, no solo revela lo que hay de nacional en Bolivia, sino que es en sí misma un acontecimiento nacionalizador.”, señalaba René Zavaleta.

Sobre estos párrafos es posible desarrollar teorías y análisis profundos universales y específicos de cada sociedad en particular; aquí solamente destacaremos dos cuestiones: primero, ¿cuáles son los hechos económicos, sociales y políticos que se revelan de forma irrefutable por la crisis general? Y, segundo, en consecuencia, ¿cuáles serían los lineamientos de estrategias nacionales para superarlos?

MATERIAS PRIMAS

La crisis general lo primero que evidencia y deja fuera de discusión es que Bolivia no puede seguir dependiendo sólo de la exportación de materias primas sin valor agregado, esto vale para la explotación del gas, minerales y la propia producción de soya. Del mismo modo, el país no puede basar el empleo urbano, casi exclusivamente, en trabajadores por cuenta propia en los sectores terciarios del comercio y el transporte.

En lo social, la pandemia evidencia que la infraestructura física hospitalaria, sin el recurso humano especializado, sin equipamiento tecnológico y sin los insumos médicos de salud, es simplemente inútil, pero también esto demuestra que la salud es un asunto de Estado, y no de iniciativa privada. Qué decir de la educación:  se constata, por ejemplo, que la universidad no forma técnicos calificados en las áreas productivas (industria y agricultura), ni especialistas en planificación del desarrollo económico social, menos investigadores científicos, que son la base sobre la cual se levanta todo lo anterior.

LA POLÍTICA

Respecto a lo político, “que cubre todo como la crisis general”, el panorama hasta mediados de marzo de 2020, según las encuestas de opinión, el Movimiento Al Socialismo (MAS) aventajaba con 15% a Comunidad Ciudadana, y con 18% a JUNTOS (Ciesmori: 38% para Arce, 23.3% para Mesa, y 19.9% para Añez), esto, 45 días antes de la elección general, que debía realizarse el 3 de mayo del 2020. En este contexto, se puede afirmar que la declaración de cuarentena postergó la derrota de la oposición al MAS, o si se quiere, “los salvo la campana”.

A partir de la cuarentena, tres veces ampliada, la asignatura pendiente de elecciones generales encuentra a las candidaturas en una situación distinta: JUNTOS resolvió su aparente contradicción con CREEMOS, y CC día que pasa pierde protagonismo, al aferrarse a la estrategia de una segunda vuelta. Las consignas de establecer un dialogo nacional o, en su extremo, un gobierno de salvación nacional, apuntan a presentar un solo candidato de oposición al MAS, por el lado de elecciones, y, por el otro lado, a la prosecución del golpe de estado, cerrar el parlamento y formar un gobierno de unidad contra el MAS; sin embargo, para esta solución por el desastre tendría que el Ejercito pasar de un apoyo a la dirección política.

COYUNTURA

Si la “crisis general revela lo que hay de nacional en Bolivia”, la coyuntura exige una respuesta política para la nación en su conjunto, se trata de establecer un programa nacional popular, a partir de lo que existe, atendiendo el momento con un horizonte de largo plazo.

Lo que exige el momento es una industrialización de nuestras materias primas de exportación (particularmente el litio y el zinc); el fortalecimiento de las empresas estratégicas; el destino del capital financiero de fomento a los sectores productivos y una política monetaria y fiscal de acuerdo a esos objetivos nacionales, es decir, establecer una política económica estatal nacional, ahora más que nunca bajo el principio de desarrollo sostenible.

DESARROLLO

Siempre en el plano económico, es momento de apostar al desarrollo de la pequeña y mediana industria y a la economía campesina, directamente ligadas al mercado interno y el empleo productivo. Es tiempo de respetar la economía plural, privilegiar la asistencia técnica y financiera a estos sectores; sustituir la importación de alimentos y manifacturas por la producción nacional, liberando impuestos, bajando las tasas de interés y garantizando las compras estatales del producto de los pequeños y medianos productores, es decir, cambiar la lógica de cubrir la demanda con importaciones y contrabando de alimentos y manufacturas baratas y apostar solo a la agricultura a gran escala para la exportación.

Ahora se entiende porqué el principal fin del Estado es: “garantizar el acceso de las personas a la educción, a la salud y el trabajo” (Artículo 9, inciso 5, CPE). Para el caso, la crisis muestra que la salud es un asunto de responsabilidad del Estado, es decir, el gobierno debe garantizar una salud universal. La salud privada debe existir, pero en arreglo a una política de salud pública nacional.

Lo propio sucede con la educación: el nivel de pregado, grado y posgrado deben tener el objetivo de formar prioritariamente científicos, académicos, especialistas, técnicos y mano de obra calificada para una sociedad sana, productiva, respetuosa del medio ambiente, soberana y de justica social. Otra vez, la educación privada debe existir, pero también supeditada a una política educativa fiscal nacional.

CRISIS

En su remate, la crisis general es siempre, una crisis política. Por la referencia que realizamos hasta el momento, se infiere que la coyuntura actual requiere de un gobierno nacional popular, capaz de convertir la crisis en una oportunidad de cambio. Es hora no solo de reactivar la economía, sino de cambiarla. Apostar a un desarrollo de la pequeña y mediana industria en las ciudades y a la economía campesina en el sector rural; desarrollar nuestro mercado interior; procurar empleo digno y permanente. Proteger estas economías dotándoles de infraestructura (maquinaria, insumos, riego), crédito de fomento, liberalización de impuestos, compra de su producción para desayuno escolar, dotación de alimentos, crear supermercados de producción nacional exclusiva, etc. Al mismo tiempo, liquidar el contrabando de alimentos, manufacturas, la ropa usada y subir impuestos a la importación de alimentos procesados.

Se destaca esta política microeconómica porque hasta ahora no se estableció plenamente y es totalmente compatible con la política macroeconómica de desarrollo de la industria de nuestras materias primas y la modernización eficiente de las empresas estatales de los sectores estratégicos de la nación.

SALUD Y EDUCACIÓN

En  salud y educación, que tratamos aquí a modo de ejemplo de los varios tópicos del fenómeno social, se impone también una política nacional. Primero, establecer el Seguro Universal de Salud, que comprenda a los existentes y se amplié a más del 50% de la población que ahora no lo tiene. Segundo, se debe emprender una verdadera revolución educativa, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que el pregrado cambie su currícula dirigida hacia el conocimiento de la realidad nacional y del contexto internacional, con los conocimientos básicos del desarrollo científico y el manejo tecnológico moderno, teniendo en cuenta que no se puede reformar la educación sin primero cambiar a los maestros, ya decía Franz Tamayo: “Lo peor que puede ocurrir es enseñar lo que uno no sabe”. Y desde arriba, retomar la esencia de la autonomía universitaria, de preservar la independencia del conocimiento, la libertad soberana de Bolivia, el desarrollo de la ciencia, tecnología nacional y la educación gratuita.

Al final, la solución siempre es la política, la crisis social general que vivimos exige una solución nacional popular, como diría Sergio Almaráz: “Hay que nacionalizar el propio gobierno”, y por ahora, la única opción son las elecciones generales.

(*) Danilo Paz Ballivián, es sociólogo, Investigador Asociado del CESU-UMSS

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Para que el futuro comience

¿Por qué hay que imponer multas para que las personas se protejan? ¿Fracaso de nuestros sistemas educativos individualistas?

/ 20 de mayo de 2020 / 09:23

Salvo algunas excepciones, los gobiernos nacionales se han dedicado exclusivamente a gestionar la crisis pandémica y los resultados varían de un país a otro. Comienzan a discutirse ciertas cuestiones generales. Disfrazamos con gráficos y estadísticas todo nuestro desconocimiento sobre la dinámica de la pandemia, sobre sus causas próximas y lejanas, sobre la eficacia relativa de las diferentes políticas de contención y mitigación. Confiamos en la ciencia y la ciencia confía en que nuestro comportamiento confirme las estadísticas. Pero tanto los científicos como nosotros sabemos que los números están forzosamente viciados. No sabemos el número exacto de infectados (debido a la falta de pruebas) ni de fallecidos (debido a la subnotificación de casos).

E incluso dando crédito a los números, no nos dicen nada sobre los criterios insondables con los que el virus selecciona a sus víctimas, tantas veces respaldado por las actuales o anteriores políticas estatales. Tres preguntas serán suficientes. ¿A qué clase social pertenece y qué color de piel tiene la mayoría de los que están muriendo en Brasil? ¿Cuál es el porcentaje de inmigrantes y refugiados entre los fallecidos por el virus en Suecia? ¿No habían advertido las olas de calor de años anteriores a las autoridades de Portugal y de otros países europeos que las residencias de ancianos, tal como existen, serían una peligrosa zona de riesgo? Nos comparamos con los países más cercanos, que a veces presentan indicadores peores que los nuestros. En Europa, no se nos ocurre compararnos con Vietnam que, con 91 millones de habitantes y con una frontera de 1.281 kilómetros con China, a día de hoy no tiene ningún muerto.

Actuamos en la sombra y en la oscuridad hay poco espacio para la política, especialmente para la política democrática. Esta es también la razón por la cual el consenso político se vuelve más fácil, y afortunadamente es así durante la emergencia, pues lo contrario resulta catastrófico. Basta pensar en los casos trágicos y patéticos de Estados Unidos y Brasil, donde la gestión de la crisis pandémica se ha convertido en la gestión de la crisis política. ¿Pero cuánto durará la emergencia? Por ahora, está claro que lo que llamamos pospandemia es, de hecho, el comienzo de un largo periodo de pandemia intermitente. Un periodo que ni siquiera termina con la distribución generalizada de la vacuna, ya que, si el modelo vigente de desarrollo y consumo continúa, la matriz energética actual (en resumen, el patrón civilizatorio imperante), vendrán otras pandemias, y ciertamente serán más letales. De ser así, ¿tendremos que vivir en un estado de emergencia intermitente o permanente? ¿La protección de la vida será en el futuro incompatible con la democracia? Sabemos de varios Estados asiáticos que han logrado buenos resultados confiando en la disciplina de los ciudadanos. ¿Por qué en Occidente tenemos que imponer multas para que las personas se protejan? ¿Supone esto el fracaso de nuestros sistemas educativos, de una educación centrada en la falacia del individualismo y el espíritu emprendedor, que no educa para la solidaridad y la cooperación, para los bienes comunes y para todo lo demás que constituye nuestro destino común?

Decir que durante la pandemia las acciones del Estado se ejercen en la sombra significa que no se conocen todas las consecuencias de las acciones. Evidentemente se conocen algunas, y es a partir de su análisis que podemos comenzar a sospechar cuáles serán los escenarios posteriores a la pandemia. Los países que decidieron pronto el confinamiento, como Portugal, lo hicieron en general por una cuestión de principios (defensa de la vida) y por una cuestión práctica (evitar el colapso del sistema público de salud). Cuál prevalecerá lo sabremos próximamente. La cuestión es saber si la vida prevalece siempre sobre la economía o solo durante las pandemias. Durante la pandemia, el Estado ha mostrado una notable autonomía en relación con los mercados, que fueron eclipsados, y con los intereses económicos que, de repente, abrazaron (¿interesadamente?) la idea de la importancia del Estado en la regulación social. ¿Se trata solo de una tendencia fugaz? Veamos las señales

El confinamiento tiene una lógica contracorriente de modo que su duración tiene que ser limitada.

Para los países que recurrieron pronto a él, la política comienza con la flexibilización del confinamiento y, con ella, el fin del consenso. Durante el confinamiento, si los números aumentaban era culpa del virus, y si los números disminuían el crédito era del Gobierno. De ahora en adelante, cualquier resultado negativo se atribuirá a las acciones del Gobierno, mientras que cualquier resultado positivo se atribuirá a la disciplina de los ciudadanos. El alcance de la disidencia dependerá de la explotación de resultados negativos por parte de la ultraderecha que en España nunca se desarmó, incluso durante la pandemia. En Portugal, la ultraderecha troikificada no solo existe, sino que de manera intrigante el canal de televisión pública continúa dándole amplio espacio.

Con respecto a la relativa autonomía del Estado portugués en el próximo periodo, las señales son preocupantes. Puede que incluso tengamos que concluir que el consenso entre los órganos de poder público, saludable durante la pandemia, puede llegar a cobrar un alto precio en la pospandemia inmediata. La cuestión fundamental es la de los cambios en el modelo social y económico, cuya urgencia fue expuesta con particular vehemencia durante la pandemia. Habrá cambios en la medida que el Gobierno tenga fuerza para valorar los intereses nuevos o renovados revelados por la pandemia e imponerlos a los viejos intereses de siempre. Algunos ejemplos. Durante la pandemia, se generó un gran consenso sobre la valorización del servicio nacional de salud (SNS). Este consenso se basó no solo en lo que hizo el SNS, sino también en cómo se comportó el sistema privado. Al no poder beneficiarse indebidamente de la crisis, el sistema privado se retiró a una posición que yo clasificaría como parasitaria, esperando que pase la tormenta y que el sistema de salud vuelva a caer en sus manos. Con cierta perplejidad, vemos que esto es exactamente lo que sucederá cuando la Ministra de Salud anuncia el uso del sistema privado para reducir las listas de espera en lugar de tomar medidas urgentes para fortalecer el SNS. En otras palabras, volvemos al pasado, disfrazado como beneficio a corto plazo para los ciudadanos. Por lo tanto, estamos dejando de prepararnos activamente para la próxima pandemia. El regreso de lo viejo también puede estar presente en la forma en que intentamos lidiar con TAP (Transportes Aéreos Portugueses), una intervención del Estado que en el momento de la privatización se hizo (y bien) al borde del abismo, pero que ahora podría corregirse siempre y cuando no se desperdicie la oportunidad.

Otra señal inquietante es la continuidad de la lógica de los subsidios e incentivos otorgados a las industrias y servicios que alimentan el modelo actual de producción contaminante, de consumo masivo basado en transporte sin condiciones de seguridad sanitaria, energía fósil, agricultura industrial y en inmensos centros comerciales que pronto se considerarán áreas de alto riesgo si, entretanto, no son redimensionados. Este modelo está estrechamente relacionado con el cambio climático y la inminente catástrofe ecológica que, según el último informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), están directamente relacionados con la recurrencia de pandemias.

En otras palabras, subsidiar el modelo actual de producción y consumo significa subsidiar la aparición de nuevas pandemias. Para no desperdiciar las oportunidades que ha creado la pandemia del coronavirus, sería necesario que el consenso político esté sujeto a la condición que la experiencia reciente nos ha enseñado: si la izquierda hace la política de la derecha, los ciudadanos concluirán, tarde o temprano, que la derecha lo hace mejor.

(*) Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo portugués (*)

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Ante el Covid, virtualizar la educación

Al virtualizar la educación es importante el equilibrio entre la vida en línea y fuera de ella.

/ 20 de mayo de 2020 / 09:16

La pandemia provocada por el virus COVID-19 ha impuesto medidas de distanciamiento social y la disposición de cuarentenas a nivel global. Esto ha obligado a muchos docentes y ministerios de educación de la región a sostener la continuidad educativa a través de la educación virtual y a distancia. Siguiendo el monitoreo de la UNESCO, La educación en América Latina y el Caribe ante el COVID-19, proponemos un análisis sobre estos procesos.

A. Plataformas virtuales y contenido digital. En la región están los países que han logrado continuidad educativa desde entornos virtuales de aprendizaje (Uruguay, Chile y Argentina), y los países que trabajan con contenidos digitales y los que suben a un sitio web (Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Bolivia), o que, en su defecto, están en el proceso de consolidar sus plataformas y entornos virtuales de aprendizaje.

Un aspecto determinante para una mejor reacción a los entornos virtuales o a los contenidos digitales es la disponibilidad de electricidad y dispositivos tecnológicos y el acceso y conectividad a internet. Con mejores respuestas a estas medidas virtuales está Uruguay. Este país garantizó la infraestructura tecnológica, con la entrega de tablets al 85% de la población estudiantil y su cobertura de internet. De hecho, Uruguay tiene 45% de cobertura de internet en zonas rurales frente a 10% de cobertura en Colombia y 6% de Bolivia.

Gobiernos como Uruguay, Paraguay y Perú han liberado datos para el acceso a las plataformas educativas oficiales; sin embargo, esto no aplica para ver sus mismos audiovisuales alojados en YouTube.

B. Cuadernillos, televisión y radio. Argentina y Chile han impreso cuadernillos y guías de trabajo, para distribuir en escuelas de áreas rurales y población urbana sin acceso a internet. Ambos países, también, han dispuesto guías y textos oficiales para descargar libremente. Chile cuenta con una biblioteca en línea muy bien actualizada, exclusiva para estudiantes y docentes.

Los países que han recurrido a la televisión y radios nacionales para acompañar sus planes y programas de educación, en tiempos de cuarentena son Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil (en algunos estados), bajo una metodología de retransmisión de los audios extraídos de videos. También se vio la reutilización de cartillas radiales como El Maestro en Casa de IRFA de Bolivia y materiales ACPO de Colombia.

C. Experiencias por sistematizar. Suele criticarse a los docentes por un temor infundado a la tecnología, y por satanizar los recursos digitales; y además, a los jóvenes, por su falta de control emocional ante la gran cantidad de información. Sin embargo, escuchar innovaciones digitales docentes como las de Britzna Jerez (nivel inicial) y Luis Gómez (idioma aymara) que transmiten clases por redes sociales, resulta importante. Igualmente, escuchar a la juventud rural es necesario. Compartimos una entrevista desde el chaco boliviano.

“Primero, el director y los profesores se reunieron para plantear una manera de mandar las tareas por WhatsApp e hicieron grupos de padres de familia para preguntarles si estaban de acuerdo. De esta manera, estamos haciendo las tareas de las diferentes asignaturas.

Esto me parece bueno porque como pueden imaginar, en el colegio llevamos varias materias y hacemos varias horas de clases, y la idea es que no nos retrasemos cuando volvamos a las aulas. Ahora, el problema es que en otros lugares no hay señal o a veces cuesta conseguir dinero para nuestros megas; en mi caso, yo lo consigo haciendo algunos trabajos.

En este tiempo, estoy aprendiendo que mi familia es importante, que la tecnología es un medio que nos facilita a acceder a informaciones actuales, para mejorar. También, en esta época he ayudado a mi papá en su trabajo con la apicultura. Casi nunca lo he acompañado, pero me di cuenta que es una experiencia muy increíble, se aprende cosas muy lindas, aprendes cómo se produce la miel. Estoy muy orgullosa del trabajo que hace mi padre”. (Daveida Isavot Cuitira Rojas, 4to de secundaria, Macharetí, Chuquisaca, Bolivia)

Conclusiones

• La cuarentena por la pandemia COVID-19 obligó a los sistemas educativos de los países a avanzar en la virtualización de la educación, es preciso estudiar estos procesos a nivel de las políticas oficiales, dificultades prácticas e innovaciones, principalmente en el área rural.

• UNESCO estableció que 91,3% de la población estudiantil mundial está afectada por la suspensión de clases ante el COVID-19. La afectación a nivel de la población rural estudiantil es desconocida, conviene gestionar un mapa de acceso a internet, diferenciando el área rural, para hacer seguimiento de la agenda digital, global (ODS 9, Meta 9.c), nacional y local.

• Las políticas de aprendizaje virtual todavía se enfocan en la apropiación de herramientas digitales. Se debe trabajar en marcos normativos para virtualizar la educación de forma integral. Hasta ahora, los debates sobre la presión del capital en los sistemas de educación virtual, la universalización de la conectividad, la seguridad de datos o los temas de la economía de las telecomunicaciones son aspectos que están quedando desconectados de estas políticas.

• El presupuesto destinado a educación virtual es crucial para cualquier proceso de reforma educativa, extensión de educación, inclusión y emergencia sanitaria. Se requiere garantizar la infraestructura tecnológica, e impulsar la formación sobre lo virtual desde enfoques críticos y humanos.

• Frente a la inevitable virtualización de la educación es importante mantener el equilibrio entre la vida en línea y fuera de ella. En esta cuarentena, muchos niños y niñas del área rural, a pesar las dificultades, se han conectado con el aprendizaje a través del trabajo agrícola y pecuario, actividades manuales, de recreación y descanso, que igualmente enriquecen la vida personal y el conocimiento.

El enlace a plataformas virtuales y material transmedia de 10 países de la región, producidos en esta coyuntura, se puede encontrar en: https://www.sudamericarural.org/images/exploraciones/archivos/Exploraciones_54.pdf .

Jhaquelín Dávalos / Juan Camilo Forero son pedagogos

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El coronavirus y las cárceles en Bolivia

Hagamos el ejercicio individual de entender esta crisis como una oportunidad.

/ 20 de mayo de 2020 / 09:10

No cabe duda de que para el mundo entero hay un antes y un después de la crisis sanitaria que vivimos con la llegada del COVID-19. Es verdad que la pandemia ha desnudado en toda su crudeza las vulnerabilidades de cada sistema, pero también es cierto que con su presencia se han hecho más grandes las brechas económicas y sociales. Y cuando hablamos de temas sociales siempre es un factor intrínseco la subjetividad, subjetividad que puede llevar a algunos a pensar en la línea darwinista de que el éxito de la sobrevivencia se lo llevará el más fuerte. Este pensamiento, sin embargo, puede ser peligroso porque limita de toda responsabilidad a la comunidad y al Estado, pues enfocados únicamente en la supervivencia del yo (y mi círculo más cercano) en la continuidad de la selección natural, se llega a ignorar que la sobrevivencia del otro es también necesaria para la sobrevivencia propia.

No es de extrañar que el ingreso del virus en las cárceles hoy no sea tema de relevancia ni para el Estado ni para la sociedad; sin embargo, emergen situaciones que como mucho son antecedentes de que si el problema no se trata con la debida seriedad en los recintos penitenciarios, mañana podrían ser grandes focos de infección de áreas tanto urbanas como rurales. Se hace referencia a lo citado tomando como ejemplo el caso de la cárcel de Villavicencio en Colombia, lugar que hoy se presenta como uno de los focos más grandes de COVID-19 de la zona andina. Según el periódico El País esta prisión concentra 706 contagios en un área que tiene un 97% de población hacinada, bomba de tiempo que estalló hasta extenderse a un barrio entero.

Una serie de errores, como mal diagnóstico, demora en la detección, carencia de medidas de seguridad tanto para internos como para policías, sumados a traslados de reclusos de una cárcel a otra, fueron detonantes para la que se denomina como la mayor crisis carcelaria en ese país, con un contagio que ha trascendido a otras cinco cárceles más y, como consecuencia, no solo la ola de enfermos dentro y fuera de las prisiones, sino también de discriminación hacia policías y excarcelados.

¿Qué nos dice este suceso?

Bolivia presenta un cuadro preocupante, dada la falta de insumos de bioseguridad (tanto para médicos como para policías), de centros de atención accesibles y especializados y, sobre todo, la poca capacidad de detecciones del virus, dado el colapso en los centros que procesan las pruebas en el eje troncal, colapso que el Gobierno ha admitido tras varias denuncias de casos en los que la espera por el resultado demora hasta ocho días, tiempo suficiente para que una persona altamente vulnerable pierda la vida.

No olvidemos que casi 70% de la población carcelaria no tiene sentencia, lo que significa que víctimas de la retardación de justicia están a la espera del virus antes de que se pueda demostrar su culpabilidad. En ese sentido, son muchas las organizaciones de la sociedad civil como los organismos que se han manifestado sobre la situación del COVID-19 en las cárceles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación a fines de marzo sobre la poca salubridad y el hacinamiento extremo, y recomendó, entre otras medidas, la reevaluación de los casos de prisión preventiva para aplicar medidas alternativas, prioritariamente en población de adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas o con niños a su cargo.

Sin ir lejos, ANF informó este lunes que en Trinidad el penal de Mocovi contiene a más de 100 casos de personas con problemas respiratorios que aún no han sido atendidas por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni, situación que ha generado miedo, pues no se quiere repetir la experiencia de Palmasola en Santa Cruz que expone el fallecimiento de al menos un adulto mayor por coronavirus.

A pesar del indulto y las audiencias virtuales que está llevando a cabo el Órgano Judicial, la cantidad de personas sin sentencia habrá de rebasar el sistema en cualquier momento, es por eso que instituciones y activistas por los derechos humanos piden que se limite el ingreso de nuevas personas a los recintos, especialmente por casos de delitos menores no violentos; así como la aplicación de las medidas alternativas recomendadas por la CIDH y otros organismos internacionales.

En esa línea, la fundación Acción Semilla y el colectivo Por Mi Vida, en coordinación con el Centro de Orientación Femenina de Obrajes están llevando a cabo el proyecto “Fortalecimiento de las medidas de prevención y contención en grupos vulnerables de la población privada de libertad, del Centro de Orientación Femenina de Obrajes”, para mitigar las consecuencias sociales y sanitarias en poblaciones de riesgo de ese sector, brindar apoyo médico e insumos sanitarios, asistir educativamente a los niños que se quedaron sin posibilidad de continuar su programa de estudios, y brindar materiales para la elaboración de material biomédico para la subsistencia de las internas.

Mucho dependerá para el éxito de estos objetivos que la sociedad sea parte activa de esta campaña.

Es entendible que la población esté sumida en un contexto de incertidumbre y desconcierto; sin embargo, llegar a comprender que el bienestar del otro es el bienestar individual y el de la comunidad, hará de los bolivianos personas libres y más humanas. Por una Bolivia unida (que tanta falta nos hace) es hora de mirar más allá. Antes de juzgar a una persona tras las rejas es bueno preguntarse si ese rostro tiene una historia, si habrá tenido un juicio justo o un debido proceso, si acaso tendrá familia o dependientes a su cargo. El tiempo nos está diciendo claramente que un pensamiento egoísta eventualmente destruye, hagamos el ejercicio individual de entender esta crisis como una oportunidad para sanarnos a nosotros mismos desde la sanación del otro.

Patricia Chulver es comunicadora social, preside Fundación Semilla

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Periódicos, el reto de reinventarse

La crisis de la pandemia está poniendo a los medios impresos en variadas disyuntivas.

/ 20 de mayo de 2020 / 08:58

Los periódicos dejaron de publicarse en la penúltima semana de marzo; estamos cerca de cumplir los dos meses sin circular diariamente en las calles. Claro, aún contra el aislamiento físico a que obliga la cuarentena total, desde hace dos semanas algunos periódicos, como La Razón, han vuelto a las calles, al menos tres días a la semana, y nadie tampoco ha dejado de trabajar en la versión digital de los medios. No es poco lo que está pasando y, por tanto, no es pequeño el desafío que tienen por delante los medios impresos: renovar su vitalidad como fuente de lectura cierta, creíble, y de reflexión de la realidad, apuntalan nuestros entrevistados.

El 6 de abril, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), entidad que agrupa a la mayoría de las empresas periodísticas del país, envió una carta a la presidenta Jeanine Áñez pidiendo de parte del Gobierno “acciones urgentes y extraordinarias de la administración gubernamental (…) para salvaguardar la supervivencia de los medios de comunicación de impresos de Bolivia; y, de manera particular, de los periódicos de circulación diaria”. Las razones para esta demanda, detalla la misiva, radican en el hecho de que la crisis de los medios impresos es “generalizada y de extrema gravedad”. Aparte de lo que considera “asfixia económica desde el Estado” a los medios impresos durante el gobierno de Evo Morales, y la crisis política de octubre-noviembre de 2019, la crisis sanitaria por el coronavirus terminó de descalabrarlos, advierte la ANP: como nunca había pasado, los periódicos dejaron de publicarse, cuando, afirma, la edición impresa equivale al “95 por ciento de su fuente económica de subsistencia”; de los medios impresos, señala, dependen directamente unos 1.000 trabajadores, y de manera indirecta, claro, centenares de otras. Como dijo a este medio el analista económico Horst Grebe, literal, “sencillamente los ingresos de los periódicos se han esfumado”.
Solo el 23 de abril, 17 días después, el Gobierno respondió favorablemente al pedido de la ANP, invitándola a reuniones para analizar la crisis de los periódicos. A la fecha, hasta donde se supo, y se sabe muy poco por lo delicado del asunto, hay un relativo avance en el diálogo periódicos-Gobierno.
Pero, ¿por qué los medios impresos, cuál finalmente su viabilidad?

Una razón que puede parecer polémica para los otros sectores empresariales es la referida a la naturaleza del periódico como empresa. Lo arguye la propia ANP en su misiva: “Los medios impresos de comunicación, Sra. Presidenta, son empresas atípicas. Son empresas de responsabilidad social antes que de lucro; eminentemente informativas antes que comerciales”; los medios de comunicación impresos, precisa el presidente de la ANP, Marco Antonio Dipp (director del periódico sucrense Correo del Sur), son más instituciones que empresas, empresas de “servicio social” por gestionar el bien social que constituye la información, y la “información más confiable”.

El 23 de abril, 80 intelectuales, escritores y artistas escribieron una carta a la presidenta Áñez pidiendo atención urgente al pedido de la ANP. La misiva pide que el Gobierno caiga en cuenta de que la crisis de los periódicos es de trascendencia, un hecho que “a pesar de ser muy importante para las sociedad boliviana, podría equivocadamente no parecer urgente”.

Los intelectuales insisten además en que la importancia de los medios impresos, y de la prensa en general, radica en su contribución al pluralismo para entender lo que pasa en el país: “Como usted bien conoce, señora Presidenta, la existencia y funcionamiento de la prensa es vital para las sociedades democráticas, tanto mejor si existe una amplia cantidad de medios públicos y privados de comunicación que representen una pluralidad de puntos de vista, lo que no ha sucedido siempre en nuestro país”.

Pero también alegan el valor reflexivo y cultural de la prensa escrita y que se trata de un bien no de élite, sino ciudadano: “nos permitimos llamar su atención sobre la urgencia de que el Estado pueda apuntalar a la prensa escrita boliviana, que por su naturaleza y características cumple una labor informativa de amplio calado y, además, destina importantes espacios a la difusión del pensamiento crítico y la producción cultural, que no es de exclusivo interés de un sector sino de todos los ciudadanos”.

Desde el lado de la ciencia social, la socióloga cochabambina María Teresa Zegada apunta hacia el valor documental e histórico de los medios escritos: “Los medios impresos son como un activo de la cultura de la humanidad; en este sentido, tienen un papel muy parecido al de los libros; si bien toda la era de la tecnología digital ha tendido a desplazarlos del centro del escenario, sin embargo, siguen siendo parte de ese patrimonio, y probablemente no desaparezcan por completo”. Es cierto, recuerda Zegada, la mayor rapidez y la facilidad de acceso a la información en medios digitales ha desplazado a los impresos, pero acaso, afirma, “la funcionalidad (de los periódicos) va a estar probablemente más orientada a ser herramientas de mayor reflexión”, cuando probablemente el periódico ya no sea tanto fuente de la noticia cotidiana, porque la gente acude más al internet, “pero sí encontrar en los periódicos un instrumento de reflexión, de análisis, de investigación”. Ahora, el que sea impreso no es garantía de que la noticia allí sea cierta por sí misma, insiste la socióloga, “algunos periódicos igual han caído en noticias falsas, aun cuando lleven firma impresa”. Como en todo medio, aquí sigue vigente el desafío de la veracidad, de la calidad de la información.

La analista Lourdes Montero, por su lado, reivindica la importancia del medio escrito en la construcción de la realidad. “Tienen una importancia vital, porque son la manera de construir información al margen de las noticias falsas; en este momento (de la crisis pandémica), por ejemplo, la población creo que podría recurrir a los medios impresos con la certeza de que (allí) la información es más responsable; ante la angustia de todas las fake news que circulan en las redes sociales, pueden ser (los periódicos) una medida de estar mejor informados y una certeza de que ha habido control de calidad en la circulación de esa información”.

Esta suerte de estabilización de qué es cierto y qué no, la certeza que necesita la gente, bien puede ser el plus de la prensa escrita, remarca Montero. En el caso de la actual pandemia, por ejemplo, cuando el mejor caldo de cultivo para la angustia social por el coronavirus son las noticias falsas, el medio impreso bien puede ser un antídoto: “Todo esto tiene que ver mucho con la emocionalidad y la forma en que ahora se la manipula, y los medios impresos podrían ser la forma de volver a tranquilizarnos, a centrarnos, a apelar a la racionalidad y a la información como un medio para una ciudadanía responsable. Esta pandemia no se combate con un Estado fuerte y disciplinador, sino con una ciudadanía informada y, por tanto, consciente de su responsabilidad, empoderar a la ciudadanía es clave en este momento, y los medios impresos son esenciales para eso; toda información responsable es clave para el empoderamiento de una ciudadanía”.

Desde la perspectiva de la ciencia política, en cambio, apunta el politólogo Marcelo Silva, hay al menos dos cosas contra las que juegan los medios impresos: una es la rapidez del mundo actual, “las sociedades se han vuelto mucho más exigentes en cuanto a la rapidez de la información, y eso hoy llega por las vías digitales; es indudable que los impresos no tienen esa rapidez”, y, la otra es la enorme facilidad del acceso a la información hoy a través del dispositivo electrónico, del celular; “la accesibilidad a la información hoy está en un dispositivo, que me permite a la vez hacer llamadas, tener control de mis horarios; la comodidad de poder llevar un dispositivo tecnológico tiene muchas más ventajas que estar transportando mi ejemplar de periódico”.

Un tema de debate, propone Silva, es si en este tiempo de parálisis de los medios impresos no se ha mostrado la “prescindibilidad” de los periódicos, que la gente igual se está informando sin los periódicos en las calles, aunque “da mucha pena decirlo”: La no “distribución de los periódicos no ha alterado la información en el mundo y mucho menos en el ámbito de la noticia importante en el país”.

Pero ya como “ventajas comparativas” que aún tienen los periódicos, añade el politólogo, primero hay que señalar la tradición de ciertos sectores de informarse necesariamente por los medios impresos, “que gozan de leer un periódico y que no les gusta leer la noticia en el ámbito de un dispositivo” electrónico, como el celular. Y lo segundo, acaso más sustancial, “el periódico tiene una ventaja al Twitter, Facebook y demás, es la capacidad de un análisis y de la ampliación de la noticia; yo cuando leo un periódico me enfrento no solamente al hecho noticioso, sino a la capacidad de análisis, contextualización, antecedentes que puede dar la noticia. Si yo quiero la noticia rápida, acudiré a los medios (digitales), pero si yo quiero adentrarme en la noticia, tener criterios de reflexión, tener algún tipo de mayor profundidad, creo que esa es la única ventaja comparativa que hoy día tienen los medios impresos”, concluye el politólogo Silva.

Ya desde el ámbito económico empresarial, la ANP apunta, insiste su directivo Dipp, en que es falso el debate de que el pedido de los periódicos al Gobierno sea la disputa de la torta publicitaria o que se busquen perdonazos en el ámbito tributario o subvenciones; lo que se busca, señala Dipp, es que haya “una apertura para que los periódicos encuentren cierta oxigenación, y puedan pasar esta crisis, y ya cada uno, en el marco de sus posibilidades y expectativas y de su propia realidad, verá de qué manera puede afrontar el futuro y los desafíos de la crisis mundial de la prensa escrita, y de los desafíos que tenemos en el proceso de la transformación digital”.

Coincide el economista Grebe en que hay la necesidad objetiva del apoyo gubernamental a los medios impresos, “como están haciendo en muchos países, porque finalmente aquí hay un aspecto de lógica: la pandemia ha llegado al país sin pedir permiso; pero el confinamiento, la cuarentena la ha dictado el Gobierno, por una causa absolutamente justificada, pero al mismo tiempo el Gobierno debería tomar las medidas de apoyo. Se sabe que tiene poca holgura fiscal, pero dentro de sus prioridades de apoyo al funcionamiento del sistema de comunicaciones del país, cuyo mayor baluarte son los medios impresos, debería haber un respaldo económico financiero”.

Y lo mismo que el presidente de la ANP, Grebe remarca que el apoyo estatal no es tanto la contratación de publicidad, sino algo más estructural y, nada priva decirlo, una decisión política de cultura democrática: “Se supone que el Ministerio de Comunicación tiene una muy reducida partida para la publicidad oficial, pero no es esa cuenta la que interesa, la que interesa es la que pueda hacer funcionar el Ministerio de Economía y Finanzas, de donde proviene la posibilidad de un apoyo fiscal, se trata de un apoyo fiscal a los medios de comunicación impresa por razones de necesidad política y de equilibrio en la información; no basta que la información esté únicamente en las pantallas de televisión y en las redes sociales”, enfatiza el economista.

Presente y futuro de los medios

Claudio Rossell Arce, periodista y docente universitario

La pandemia del COVID-19 ha llegado para trastornar la vida como la conocíamos hasta inicios de este año. La cuarentena obligada (para quienes pudieron y pueden quedarse en casa) y combatida (para quienes necesitan ganar el sustento diario… a diario), ha cambiado de manera trascendente las reglas del mercado, lo cual, en el mundo de los medios no solo no es la excepción, sino que, particularmente para los impresos, supone el reto monumental de superar la caída en picada de los ingresos por publicidad, pero también por circulación e incluso por promociones comerciales.

La crisis sanitaria ha precipitado un proceso que viene de inicios de siglo, cuando el uso de internet comenzó a masificarse: la creciente crisis económica de los medios “tradicionales” y su posible desaparición, al menos en la forma en que les conocemos. Baste con recordar cómo hasta hace una década o un poco más, la circulación diaria de periódicos y otros impresos daba sustento a centenares de personas.

La explicación, fácil de enunciar pero no necesariamente de explicar, está en una paulatina, pero cada vez más acelerada transformación en los modos en que los individuos consumen información, que ésta es producida y puesta a su disposición. A simple vista es cada vez menos necesario pagar por acceder a noticias y relatos periodísticos; pero, bien mirado, el fenómeno puede tener un importante impacto en los derechos a la libertad de expresión, a la información y hasta al de la libertad de prensa.

¿Están, entonces, los medios tradicionales condenados a la desaparición? La respuesta fácil podría apuntar en sentido de que la emergencia de la “autocomunicación de masas”, como el sociólogo español Manuel Castells ha llamado al fenómeno que hoy se vive cotidianamente en las interacciones a través de los “medios sociales” (comúnmente llamados “redes sociales”), hace pensar que la función de mediación social, tradicionalmente atribuida a los medios de comunicación, está en franco retroceso.

Sin embargo, una mirada más reflexiva, que parte de la vieja idea de que un medio de comunicación “es un equipo de trabajo organizado en torno a un instrumento con la finalidad de difundir, aproximadamente al mismo tiempo, el mismo mensaje a un cierto número de personas”, como bien resume el teórico del periodismo Lorenzo Gomis, saca a la luz otro elemento: la necesidad de un ejercicio profesional del periodismo.

En tiempos cuando la desinformación parece ser la norma y la reacción natural de las personas es compartir aquello que resulta más llamativo o que confirma los propios prejuicios sin preguntarse si es verdadero o no, como ha demostrado hace un par de años un extenso estudio del MIT sobre el comportamiento de los usuarios de Twitter (una noticia falsa tiene siete veces más probabilidades de ser replicada que una verdadera), el trabajo de selección y confirmación de datos, el procesamiento de éstos en forma de relato periodístico, o de “interpretación sucesiva de la realidad”, como le llama el ya citado Gomis, solo puede estar en manos de profesionales de la información, y éstos (con muy pocas excepciones, si las hay) necesitan un marco institucional que solo un medio de comunicación bien establecido y con recursos suficientes les puede brindar.

Los medios impresos, pues, deben transformarse. Probablemente sea inevitable que deban pasar del papel a las pantallas. La transición está siendo dolorosa y traumática, particularmente para las y los periodistas, que ven cómo su mercado laboral se empequeñece a medida que las nuevas reglas del mercado publicitario y el comportamiento de los anunciantes también imponen severos recortes a los ingresos por concepto de avisaje.

La experiencia de grandes medios como The New York Times, El País u otros de similar tamaño e importancia relativa demuestra que el paso del soporte analógico al digital está siendo particularmente difícil especialmente en términos de sostenibilidad; y sin embargo no parece ser razón para descuidar la calidad periodística, sino todo lo contrario.

Toca que en nuestro medio tanto las empresas periodísticas, como sobre todo las y los profesionales del oficio asuman este nuevo contexto, comprendiendo que las estrategias de marketing solo serán viables si se acompañan de un ejercicio riguroso y comprometido del periodismo, donde no es razonable confundir noticia con opinión, ni mucho menos socavar el derecho a la libre expresión de las y los colegas.

Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Tesis socialista de la COB y la toma de diarios

Hace 50 años, en 1970, el Día del Periodista fue especial: un hito por ‘democratizar’ a los medios.

/ 20 de mayo de 2020 / 08:30

En mayo de 1970, el IV Congreso de la Central Obrera Boliviana (COB) le echó fuego a la conflictiva coyuntura política. Aprobó una Tesis Socialista que “alarmó” a las élites del continente. Pero eso no fue todo. En ese mismo evento, con la aquiescencia de los periodistas, el 10 de mayo, exigió la “cooperativización” de periódicos, lo que fue combatido por los empresarios.

Esos planteamientos, sin embargo, no surgieron de la nada, como un rayo en cielo despejado. Se estructuraron en respuesta a la “aguda crisis” del mundo del capital y su sistema mediático. Esas determinaciones también dieron norte político a las luchas sociales de ese momento, cuando los de arriba ya no podían y los de abajo ya no querían vivir a la antigua.

Así, hace 50 años, el “Día del Periodista Boliviano” no fue un día más: se constituyó en un hito que buscaba “democratizar” la producción informativa.

RADICALES. Mientras en Palacio Quemado la pugna entre militares liberales y nacionalistas se polarizaba, en los socavones, las fábricas, las universidades y las salas de redacción las ideas revolucionarias volvieron a reverdecer.

En ese contexto, cansados de la “mediocridad” y la “corrupción”, los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, el 25 de marzo de 1970, “expulsaron” de sus cargos a catedráticos y autoridades. Con ese acto comenzó la “Revolución Universitaria” que buscaba “el socialismo”.

Por su parte, respaldados en el decreto supremo del 19 de febrero de 1970, los periodistas afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, el 2 de marzo, publicaron Prensa, un semanario sindical que entró en conflicto con los dueños de los diarios.

La pelea con los empresarios repercutió en el IV Congreso de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, que se realizó entre el 17 y el 19 de abril. En ese evento, los periodistas se sumaron militantemente al “proceso de liberación nacional”.

SOCIALISMO. Enfrentada al nacionalismo (1952-1970), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), a su turno, consolidó ese proceso. En su XIV Congreso Ordinario —entre el 9 y el 15 de abril de 1970, en el distrito de Siglo XX— elaboró un “programa de acción” socialista.

Tras subrayar que liberales y nacionalistas “no pueden comprender que el desarrollo industrial integral boliviano, dentro de los marcos del régimen capitalista de producción y en la órbita del imperialismo, ya no es posible y más bien conduce a la traición de los intereses nacionales”, el documento concluyó que el proceso “democrático-burgués” que enarbolaba el régimen de Alfredo Ovando no tenía posibilidades de mantenerse como tal: “se transformaba en socialista mediante la toma del poder por la clase obrera o fracasaba”.

PRENSA. A esa radical Tesis Política se adjuntaron resoluciones que planteaban la nacionalización de la compañía minera estadounidense South American Placers, la Mina Matilde, la Bolivian Power Company, los bancos, la minería mediana, el comercio exterior y las colas y desmontes, que en ese entonces eran explotados por empresas privadas.

Otro escrito, “aprobado por unanimidad” y que nunca se publicó en los medios impresos privados, pidió tímidamente al gobierno de Ovando medidas a favor de los trabajadores de la prensa.

Mediante “voto resolutivo”, el Congreso minero resolvió: “1) apoyar el decreto supremo del 19 de febrero de 1970, mediante el cual se obliga a las empresas periodísticas a otorgar espacios editoriales a sus asalariados y a no editar diarios los lunes; 2) apoyar moral y materialmente al semanario Prensa por considerarlo portavoz del proletariado nacional, y 3) solicitar al gobierno la cooperativización de la gran prensa, por considerar su acción dañina a los intereses nacionales”.

ESTATUTO. La idea de “tomar” y “cooperativizar” (colectivizar) los medios de difusión bolivianos fue parte de una corriente internacional. Tuvo sus orígenes en Perú, donde el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, el 30 de diciembre de 1969, dictó el “Estatuto de la libertad de prensa”, que buscaba restarle poder a los “oligopolios mediáticos”.

La aplicación del Estatuto concluyó con la “cooperativización” de dos gigantescos diarios de circulación nacional, Extra y Expreso, el 4 de marzo de 1970, justo cuando los periodistas bolivianos estaban “en guerra” con los dueños de diarios.

Todo ese conjunto de hechos, además, fue acompañado por otros movimientos sindicales que, poco a poco, se fueron alineando a las propuestas de los hombres que trabajaban en los socavones. Tales fueron los casos de los fabriles, maestros y trabajadores de radio y televisión, que reivindicaron, grosso modo, un cambio estructural del sistema.

COOPERATIVIZACIÓN. El Congreso de la FSTMB, en síntesis, fue fundamental para la reorganización y el salto político del movimiento obrero y popular boliviano. Así, el IV Congreso de la COB —que se desarrolló entre el 1 y el 10 de mayo de 1970— ratificó, por unanimidad, la Tesis minera titulada “Unidad revolucionaria contra el imperialismo para forjar una Bolivia socialista”.

El histórico cónclave de los trabajadores del país revalidó también el “voto resolutivo” a favor de los obreros de la prensa, aprobado en el encuentro minero. Empero, tras evaluar con los delegados de los periodistas las últimas escaramuzas con los dueños de los medios, la última sesión del Congreso de la COB (el 10 de mayo) emitió otro “voto resolutivo” complementario.

El documento determinó “exigir” al gobierno “la cooperativización de los órganos periodísticos antinacionales y proimperialistas como El Diario, Presencia, Última Hora, Hoy, Los Tiempos y La Patria y hacer suyo el objetivo de los trabajadores de la prensa en el sentido de convertir a la libertad de expresión en un instrumento al servicio de la liberación nacional”.

Cinco meses después, la cooperativización de periódicos iba a comenzar con la toma de El Diario, el 7 de octubre de 1970.

Miguel Pinto Parabá es periodista

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