Opinión

martes 1 dic 2020 | Actualizado a 14:32

El factor dos tercios

Uno de los principios constitutivos de la democracia, además de la soberanía popular y la representación política, es el principio de la mayoría con reconocimiento de las minorías.

Por La Razón

/ 22 de noviembre de 2020 / 01:35

La intempestiva reforma de los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados, que alteró la regla decisoria en varios artículos, repuso en el debate político el tema de los dos tercios y la relación entre mayoría y minorías. El polémico legado de la saliente bancada del MAS sigue en agenda, aunque la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional ya asumió los reglamentos modificados.

Uno de los principios constitutivos de la democracia, además de la soberanía popular y la representación política, es el principio de la mayoría con reconocimiento de las minorías. Ello implica que, en ausencia de unanimidad o consenso, las decisiones se toman por mayoría. Si bien en principio este criterio, bastante lógico, puede verse como una cuestión aritmética, en el fondo expone diferentes “modelos” de democracia. No es lo mismo que decida solo la mayoría a que lo haga el mayor número posible de voces.

Respecto a las reglas decisorias, la mayoría puede adoptar diferentes formas: mayoría relativa o simple (el mayor número de votos respecto a los obtenidos por otras opciones), mayoría absoluta (la mitad más uno de los que eligen o deciden) o alguna mayoría especial o calificada (dos tercios, tres quintos, cuatro séptimos). Si bien la mayoría absoluta es la regla más utilizada, se espera que decisiones estructurales se tomen por mayoría especial. Ello se instituye en el marco constitucional y normativo.

En la legislación electoral boliviana se establece la regla de mayoría simple para la elección de alcaldes, en tanto que la mayoría absoluta es aplicada para la elección del binomio presidencial y los gobernadores. En el ámbito de la ALP, por mandato constitucional, algunas autoridades son elegidas por dos tercios: vocales electorales, contralor general, defensor del pueblo, fiscal general del Estado. La mayoría especial rige también para otras decisiones sustantivas, como la ley de reforma constitucional.

En general, es evidente que las decisiones en democracia y en un Estado de Derecho, como la aprobación y sanción de leyes, se toman por mayoría absoluta. Las decisiones que requieren mayoría especial en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como los dos tercios, están señaladas de manera específica e inequívoca en 13 artículos de la Constitución Política. Todos ellos, sin excepción, se mantienen inalterables en los reglamentos camarales. No procede, pues, ningún recurso de inconstitucionalidad.

Como sea, más allá de las reglas, lo esencial en democracia es que la mayoría (siempre circunstancial) respete y reconozca los derechos y expresiones de las minorías. Es fundamental también que la mayoría pueda decidir sin el bloqueo o veto de las minorías. Se juegan en ello criterios de eficacia decisoria y de representatividad. En temas relevantes, antes que imponer, siempre será preferible la deliberación, el equilibrio, la construcción de acuerdos. Mayoría (relativa, absoluta, especial) es democracia.

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TRASLADO – AGENCIA «SAGARNAGA»

Por La Razón

/ 1 de diciembre de 2020 / 00:00

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FE DE ERRATAS

Por La Razón

/ 1 de diciembre de 2020 / 00:00

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Investigar sin exclusiones

No es difícil rastrear el origen de tales afirmaciones, temerarias y desinformadas: basta con prestar atención a los discursos (”narrativas”, le llaman algunos) de los operadores mediáticos y de sus fuentes

Por La Razón

/ 30 de noviembre de 2020 / 00:34

La llegada e inicio de tareas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud del gobierno transitorio, en diciembre de 2019, ha sido acompañada de sospechas, cuando no irresponsables ataques, contra su imparcialidad e idoneidad. La crítica parece provenir de quienes se saben más culpables.

En efecto, en conversaciones cotidianas, casi tanto como en publicaciones y comentarios en las redes sociales, ha sido cosa común en los últimos días ver y escuchar toda clase de descalificaciones al equipo de cinco investigadoras e investigadores que tienen la misión de hallar la verdad y proponer reparaciones para las víctimas de violencia y vulneraciones de los DDHH en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del pasado año.

No es difícil rastrear el origen de tales afirmaciones, temerarias y desinformadas: basta con prestar atención a los discursos (”narrativas”, le llaman algunos) de los operadores mediáticos y de sus fuentes, que buscan predecir que el resultado de la investigación evidenciará que las vulneraciones a los DDHH provinieron “solo” de lado del Gobierno, olvidando, si no ignorando, que únicamente el Estado es responsable de los derechos enunciados en la Constitución Política y en los tratados y pactos multilaterales de los que el Estado es signatario.

Esos mismos discursos/narrativas omiten informar, en primer lugar, lo ya señalado: que la investigación del GIEI abarca un lapso mayor al de lo sucedido desde la frustrada elección de octubre de 2019 hasta los días posteriores a la discutible posesión de la Presidenta interina; y en segundo lugar que el mandato del Grupo es investigar “la violencia y las vulneraciones a los DDHH”; lo que implica ir más allá de las masacres de Senkata y Sacaba, e incluso de lo que el exsecretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao ha calificado como “violaciones masivas y generalizadas a los derechos humanos” durante el gobierno transitorio.

Respecto de las críticas y descalificaciones al GIEI, tanto como al informe preliminar entregado en diciembre de 2019 por la CIDH y hasta a los cuatro otros informes internacionales y tres nacionales sobre lo sucedido en el trágico noviembre de 2019, Abrao dice que “las versiones que minimizan la gravedad de lo ocurrido en Sacaba y Senkata y descalifican la naturaleza de las denuncias, afectan la dignidad de las víctimas y las revictimizan”. Esta actitud está presente más que nunca en la política boliviana.

Lo dijimos en este mismo espacio ayer, y en varias ocasiones en las últimas semanas: el país necesita restañar sus heridas, procesar el dolor y superar el rencor. Difícil será hacerlo en medio de campañas orientadas a desinformar y diseminar la duda sobre quienes deben encontrar y mostrar la verdad. El mandato del GIEI, sin necesidad de discursos destemplados, ya incluye la obligación de investigar “sin exclusiones”.

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FFAA ‘desconcertadas’

La cuestión de fondo es la certeza incontestable de que en democracia nada justifica una masacre.

Por La Razón

/ 29 de noviembre de 2020 / 00:20

En un comunicado oficial leído, nada menos, por el comandante en jefe, las Fuerzas Armadas declararon su desconcierto por la aprehensión (ahora arresto domiciliario) del comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, en el marco de las investigaciones por la masacre de Sacaba. A tiempo de defender las acciones de los mandos militares, el comunicado subrayó que ellos “cumplen órdenes”.

Uno de los legados más nefastos de la crisis político-institucional derivada del derrocamiento del expresidente Morales y la proclamación de un gobierno provisorio, fueron las masacres de Sacaba y Senkata (así calificadas en un informe preliminar de la CIDH). La pérdida de vidas en ambos casos se produjo en el marco de operativos de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional (que se había declarado “rebasada”). Tales actos estuvieron amparados en un Decreto Supremo firmado por Áñez y su gabinete.

Los hechos de Sacaba y Senkata, junto con otros episodios de violencia y muerte producidos el último cuatrimestre de 2019, están siendo indagados, como corresponde, por la justicia boliviana. Es de alta relevancia también el arribo al país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, que durante seis meses investigará todos estos actos conforme a estándares internacionales de derechos humanos. El Gobierno ha garantizado su independencia y el acceso a información.

Sin duda, uno de los aspectos centrales de la investigación tiene que ver con el uso de la fuerza pública. ¿Cuál es la responsabilidad, si acaso, de los altos mandos policiales y militares que comandaron los operativos de Sacaba y Senkata? ¿El mencionado Decreto Supremo, que los eximía de responsabilidad penal, es suficiente para justificar más de dos decenas de muertes y centenares de heridos por armas de fuego a título de “pacificación”? ¿Pueden alegar que solo “cumplieron órdenes”? Preguntas.

A reserva de cómo avance la investigación por parte de fiscales y jueces, así como del grupo de expertos internacionales, una primera acción judicial fue la imputación de un general por las muertes en el puente Huayllani (Sacaba). Hay en ello dos señales inequívocas: que el proceso, en el caso de uniformados, se realizará por la vía ordinaria (no en un tribunal militar); y que “obedecer órdenes” (o ampararse en un decreto) no exime de responsabilidad. El hecho fue “desconcertante” para las Fuerzas Armadas.

Más allá de los hechos específicos y de quienes resultaren responsables —sea por decretar y ordenar operativos, sea por ejecutarlos o administrarlos—, la cuestión de fondo es la certeza incontestable de que en democracia nada justifica una masacre. Los principios de “necesidad y proporcionalidad” (sic) alegados para la acción de la fuerza pública no pueden ser incompatibles con el respeto pleno a los derechos humanos. La “obediencia debida” solo opera en dictaduras. Que haya justicia para el Nunca más.

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Elecciones municipales

Ojalá la próxima contienda electoral sirva para contribuir a esta tarea y no se limite a la polarización simplista que genera cansancio en el electorado.

Por La Razón

/ 28 de noviembre de 2020 / 01:29

El calendario ya corre: las próximas elecciones subnacionales serán cruciales para evaluar la renovación de las orientaciones del desarrollo municipal boliviano. Son el capítulo también largamente esperado después de la definición, a través de las urnas, de las autoridades nacionales. Se observan crecientes evidencias del agotamiento de un proceso que fue vital para el progreso institucional del país desde hace 20 años.

En una buena parte de los grandes municipios urbanos se viven movimientos políticos que dan señales de renovación de liderazgos e incluso de cambios en las fuerzas políticas que han gobernado desde hace más de un decenio. Este proceso se advierte en las troncales ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, en las que se puede esperar un cambio de autoridades municipales, sea por su retiro obligado por la normativa electoral, como es el caso de Luis Revilla o de Percy Fernández, o por un visible agotamiento político, como es el caso de José María Leyes en Cochabamba o de Soledad Chapetón en la ciudad de El Alto, cuando no es por la suma de ambos factores. Lo cierto es que en todas esas metrópolis se producirán disputadas contiendas electorales que podrían renovar totalmente a sus autoridades locales.

Este proceso se lleva a cabo, por otra parte, en medio de un contexto de evidentes y grandes desequilibrios en la gestión y el ordenamiento de estas grandes urbes, el deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos. Existen varios problemas sin resolver en temas álgidos como el tratamiento de la basura, la preservación del medioambiente, la informalidad callejera, el transporte público o la inseguridad. Algunos especialistas llaman la atención sobre la lamentable tendencia de la mayoría de estas gestiones salientes de privilegiar un modelo de ciudad basado en la especulación inmobiliaria en detrimento de los espacios públicos y un hábitat más amigable. La consecuencia es urbes cada vez más desordenadas, desiguales y en las que lo que prima es la rentabilidad de los constructores y promotores inmobiliarios. A esos problemas estructurales se agrega ahora la inevitable crisis de las finanzas locales en tiempos de reducción de las rentas gasíferas que le ha planteado no menores desafíos a las actuales gestiones y la falta de proyectos que impulsen la generación de recursos propios o la puesta en marcha de sistemas tributarios y de catastro modernos.

En síntesis, nos encontramos frente a varias señales que apuntan a la necesidad de una pronta reinvención del modelo de gestión urbana para enfrentar estos problemas y responder a las expectativas de ciudadanos cada vez más exigentes. Ojalá la próxima contienda electoral sirva para contribuir a esta tarea y no se limite a la polarización simplista que genera cansancio en el electorado. La oportunidad está abierta.

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