Opinión

viernes 4 dic 2020 | Actualizado a 10:49

El retorno de la educación pública

Sería intolerable que las generaciones futuras sigan siendo perjudicadas por la impericia y el abandono del Estado en un momento de grandes desafíos para la sociedad boliviana.

Por La Razón

/ 21 de noviembre de 2020 / 07:35

La clausura intempestiva del año escolar fue una de las medidas más cuestionables de la anterior gestión. Uno de los grandes retos del gobierno de Arce consiste en diseñar y ejecutar oportunamente una estrategia audaz para que el Estado vuelva a cumplir con su deber básico de brindar servicios de educación pública, incluso en situaciones de emergencia.

La educación es seguramente uno de los servicios a la sociedad de mayor relevancia que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos sin ninguna distinción. Es un elemento crítico para el desarrollo integral del país y un poderoso factor para atenuar las graves desigualdades e injusticias en el acceso a oportunidades económicas que lamentablemente aún persisten en Bolivia.

Es además una cuestión de gran relevancia para las familias de todas las condiciones que se preocupan del futuro de sus hijos e hijas. Está en el corazón de lo que la mayoría entiende como un motor básico para alcanzar la justicia y la equidad social. Por estas razones, es indudable que existe hoy una gran inquietud y expectativa social por una pronta reanudación de los procesos educativos.

En su momento, resultó incomprensible la incapacidad de las instituciones para implementar una estrategia que pudiera garantizar, aunque sea un mínimo de contenidos educativos para los millones de estudiantes obligados a quedarse en casa por la pandemia. El argumento que justificaba ese fracaso institucional fue la inexistencia de un acceso a una señal de internet suficiente y de bajo costo. Sin embargo, en similares condiciones y en medio de la pandemia, se vio el esfuerzo que países con características comparables hicieron para mantener al menos algunos servicios educativos no solo recurriendo a internet, sino aprovechando nuevamente la radio o la televisión públicas como bases de transmisión de contenidos educativos. Lo lamentable y a su vez paradójico es que en Bolivia han existido muy valiosas experiencias de educación radiofónica popular desde hace muchos decenios que dejaron una tradición que puede ser renovada con decisión y políticas claras.

Así pues, las nuevas autoridades del sector tienen hoy la gran responsabilidad de no fallar en esta dimensión de las urgencias del país, pues sería intolerable que las generaciones futuras sigan siendo perjudicadas por la impericia y el abandono del Estado en un momento de grandes desafíos para la sociedad boliviana.

La problemática de la educación en medio de la pandemia preocupa a gran parte de la región y del mundo. No se trata de inventar la pólvora, hay una enorme experiencia internacional ya probada en estos meses de la pandemia de brindar educación con instrumentos digitales, radiofónicos, televisivos o con nuevos esquemas de organización del trabajo presencial en las aulas. Es decir, hay varias lecturas y experiencia concretas, pero es imprescindible que se le asigne una máxima prioridad a este vacío y que se disponga de los mejores recursos del Estado para resolverlo. Se trata de un compromiso del presidente Arce que la sociedad espera que cumpla a cabalidad.

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Una tarea urgente

La tarea es titánica, y va mucho más allá de solo normar los cambios: hay que hacerlos realidad.

Por La Razón

/ 4 de diciembre de 2020 / 00:48

La necesidad de reforma de la justicia parece haber entrado en un buen cauce esta semana gracias a los anuncios hechos tanto por el Gobierno como por la oposición parlamentaria. Ya se habla de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, así como de leyes que además de posibilitar este cambio introducirán otras medidas sobre la administración de justicia.

El Ministro de Justicia, en entrevista en nuestro programa Piedra, papel y tinta, adelantó que los temas que se pretende cambiar en el texto constitucional son la elección de juezas y jueces por voto popular; el papel del Tribunal Agroambiental y la inclusión de alguna cláusula que garantice la independencia de las y los jueces designados. Entre las leyes, se pretende introducir una que norme la carrera judicial.

Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana y el excandidato a la presidencia por esa agrupación anunciaron que presentarán un proyecto de ley con el mismo espíritu que el anunciado por el ministro y señalaron que el anteproyecto está siendo consultado con la sociedad civil; entre las innovaciones que se proponen está establecer en la Constitución el Consejo Ciudadano de Notables, constituido por representantes de universidades, colegios de abogados, periodistas, entidades empresariales, organizaciones laborales e indígenas. En cualquiera de los casos, ya se menciona un referéndum para aprobar las reformas que se hagan.

Sin embargo, tal reforma, incluso si imprescindible y urgente, no será sino el primero de muchos pasos para transformar no solo el Órgano Judicial, sino sobre todo la idea de justicia que tiene la sociedad boliviana, donde algunos sectores creen que es un servicio en venta para favorecer a quienes puedan pagarlo; otros, por el contrario, que le tienen un profundo temor por ser todo menos justa; así como otros más que la consideran una utopía a la que casi nadie accede. Todos ellos tienen su parte de verdad.

En un país donde los políticos de uno y otro lado inician procesos penales no con el objeto de buscar justa sanción, sino escarnio público y en algunos casos habilitación moral, no es de extrañar que tantas y tantos profesionales del derecho hayan olvidado no solo los límites éticos de su profesión, sino también las reglas del debido proceso, lo cual depaupera todavía más el sistema, pues procesos mal presentados y peor llevados únicamente sirven para desperdiciar recursos, ya escasos en el Órgano Judicial.

Urge, pues, transformar formalmente al Órgano Judicial, pero sobre todo hacer un cambio en la mentalidad que sigue creyendo que la justicia sirve para encontrar venganza, para dañar al otro, y no para restablecer la paz en la sociedad, o para sancionar crímenes y delitos sin preocuparse de las víctimas, que así no obtienen ni resarcimiento ni restitución de sus derechos. La tarea es titánica, y va mucho más allá de solo normar los cambios: hay que hacerlos realidad.

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SECTOR MINERO METALÚRGICO

Por La Razón

/ 3 de diciembre de 2020 / 10:28

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Retórica de unidad

Es evidente que la unidad del bloque antiMAS requiere una sólida plataforma programática y, claro, la renovación de liderazgos.

Por La Razón

/ 2 de diciembre de 2020 / 07:21

Casi como un rito, las oposiciones políticas están agitando nuevamente la bandera de la unidad. Esta vez es para postular candidaturas a las elecciones departamentales, regionales y municipales 2021. Hasta ahora, los intentos han sido declarativos, parciales o directamente fallidos. Según el calendario electoral, el plazo para el registro de alianzas vence este sábado.

De manera recurrente, al menos desde las elecciones generales de 2009, las fuerzas políticas opositoras al MAS-IPSP plantean la necesidad de unirse en busca de condiciones para mejorar sus resultados electorales. Esa divisa se expresó en propuestas para lograr una “candidatura de unidad” o, al menos, un “frente amplio”. En ningún caso se superó la sola intención. Hubo resultados más bien modestos con algunas alianzas entre partidos y agrupaciones ciudadanas, reiteradamente derrotadas en las urnas.

En principio, la bandera opositora a favor de la unidad ante el gobernante MAS-IPSP es no solo necesaria, sino razonable. Es innegable que el oficialismo se beneficia, tanto en la gestión de gobierno como en los procesos electorales, de la pauta divisoria y hasta fragmentaria de las oposiciones. Pero la unidad por la unidad, en sí misma, la unidad anti, no parece suficiente. Es evidente que la unidad del bloque antiMAS requiere una sólida plataforma programática y, claro, la renovación de liderazgos.

Dado el resultado de la votación del 18 de octubre, que otorgó al MAS-IPSP el “premio mayor” con la holgada elección de su binomio presidencial y representación mayoritaria en ambas cámaras legislativas, los comicios subnacionales del próximo 7 de marzo expresan la posibilidad de una mayor redistribución del poder en el ámbito de los gobiernos departamentales y municipales. Son políticamente relevantes las gobernaciones y las alcaldías de las ciudades capitales, El Alto y algunas ciudades intermedias.

¿Qué podrán hacer las oposiciones, en términos de unidad o al menos de acuerdos territoriales, para la disputa electoral 2021? De acuerdo con el calendario electoral emitido por el TSE, las fuerzas políticas solo tienen hasta este sábado para realizar el registro de alianzas. Es decir, los esfuerzos de acercamiento impulsados por actores cívicos y políticos, junto con sus operadores mediáticos, tendrían que formalizarse muy pronto. La evidencia, en cambio, muestra la multiplicación de candidaturas.

Como van las cosas, es probable que la renovada búsqueda de unidad opositora, una vez más, se quede en solo retórica. Ello ciertamente incrementa las posibilidades del MAS-IPSP de obtener algunas victorias electorales más allá de su muy amplia presencia territorial a nivel municipal. Pero también contribuye a un mayor pluralismo político, con liderazgos regionales y locales en disputa. Ojalá sea con renovación. Lo sabremos el 19 de diciembre, cuando vence el plazo para la inscripción de candidaturas.

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Por La Razón

/ 1 de diciembre de 2020 / 00:00

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Por La Razón

/ 1 de diciembre de 2020 / 00:00

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