Familias de víctimas de Senkata piden a Áñez diálogo con mediadores externos; piden bono vitalicio

En una carta pública enviada a la presidenta Jeanine Áñez rechazan el decreto de indemnización por, entre otros aspectos, cerrarles la posibilidad de acudir a instancias internacionales por justicia

El representante de la APDH de El Alto, David Inca. Captura de imagen de Abya yala

Carlos Corz 06/12/2019 06:36 PM
La Paz•

Los familiares de las víctimas mortales y heridos en los hechos de violencia en Senkata, y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos El Alto rechazaron el decreto de resarcimiento y demandó una mesa de diálogo con mediadores internacionales para tratar un pliego de ocho puntos, entre ellos un bono o renta “para todas las familias víctimas”.

La posición fue hecha conocer a través de una carta pública dirigida a Áñez, quien el jueves firmó el decreto para otorgar un resarcimiento de Bs 50 mil ($us 7.184) a las familias de los fallecidos en el conflicto derivado de las elecciones nacionales anuladas del 20 de octubre y de la posterior renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre.

Fue rechazada la norma y piden a Áñez la formación de una mesa de diálogo con mediadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Naciones Unidas y del Parlasur para “debatir” su pliego de ocho puntos que, recuerdan, no fue  respondido por las carteras de Salud, Defensa, Gobierno, Presidencia, Economía y Justicia.

Entre las ocho demandas están identificación y sanción penal de “los asesinos de nuestros familiares”; renta o bono vitalicio a todas las familias de las víctimas sobre la base de un salario mínimo; facilidades para becas a los hijos de las familias víctimas; y facilidades de reprogramación de deudas bancarias o cancelación.

En Senkata, El Alto, fueron registrados 10 muertos por herida de bala y varios heridos, en medio del operativo policial-militar para evacuar de la zona, bloqueada en apoyo a Evo Morales, un convoy de cisternas con combustible y carros con GLP. La Fiscalía y el Gobierno negaron que los militares hayan disparado sus armas de reglamento.

En la norma aprobada por Áñez no se hace referencia a la reparación a los heridos y cierra la posibilidad de que los beneficiados acusan a instancias nacionales o internacionales. Justamente esos aspectos, entre otros, fueron expresados en la misiva para rechazar el decreto 4.100 que –sostienen- “nos re-victimiza, nos discrimina y nos denigra en nuestra condición de seres humanos”.

“El DS 4.100 solo hace énfasis en la indemnización, presumiendo que la vida tiene un precio económico de cincuenta mil bolivianos”, pero además añade: “lo perverso está en el expreso chantaje a las víctimas (fallecidos y heridos) al disponer que al recibir la indemnización y la atención médica, expresamente estaríamos renunciando a reclamos internacionales”.

La carta está firmada por David Inca, representante de la  APDH, y otras 10 personas.

Los militares salieron a las calles para restablecer el orden, luego que la Policía se declarara rebasada por la ola de conflictos tras la dimisión de Morales, presionado por un paro cívico, un motín y la sugerencia de renuncia del alto mando militar de entonces. Un decreto, ya anulado, eximía a los militares que participaban de los operativos de responsabilidad penal por su accionar para frenar los conflictos.

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