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sábado 16 ene 2021 | Actualizado a 05:21

El GIEI investigará sobre la base de tres ejes y la CIDH aboga por la reconciliación

La investigación de la CIDH comenzó este lunes y se extenderá por seis meses. Las pesquisas indagarán las muertes individuales o colectivas durante noviembre de 2019, entre otros.

Los expertos de la CIDH en Bolivia, este lunes durante su presentación en La Paz

/ 23 de noviembre de 2020 / 22:24

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigarán los hechos de violencia ocurridos desde septiembre hasta diciembre, entre ellos en Senkata y Sacaba, sobre tres ejes: análisis técnico, plan de investigación y de atención integral a las víctimas de los hechos de violencia.

Mientras que la CIDH abogó por la reconciliación. La relatora de la comisión, la brasileña Flavia Piovesan, ratificó este lunes el “pleno compromiso” que asumió esta institución para contribuir al proceso de diálogo y reconciliación en Bolivia.

El experto Julian Burger explicó que el grupo de expertos efectuará tres actividades centrales en su labor de investigación.

La primera actividad está relacionada al análisis técnico de las líneas de “indagación adoptadas por las autoridades bolivianas para determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas”.

La segunda tiene que ver con la elaboración de un plan de investigación de los actos de violencia y la violación de los derechos humanos en los dos hechos que se dieron después de la renuncia del expresidente Evo Morales, obligado por la presión social. La tercera actividad será aportar un “análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos de violencia”.

Mientras que Piovesan aseveró en el acto de firma del protocolo de trabajo: “La Comisión Interamericana reitera ante la sociedad civil boliviana su pleno y firme compromiso para contribuir con el proceso de diálogo y de reconciliación nacional, y de desactivar las tensiones potencialmente violentas que hoy podrían subsistir en las relaciones sociales del país».

La investigación de la CIDH comenzó este lunes y se extenderá por seis meses. Las pesquisas indagarán las muertes individuales o colectivas durante noviembre de 2019; la desaparición forzada de personas; los casos de tortura; detenciones irregulares o arbitrarias; actos de racismo o discriminación; vulneraciones a la libertad de expresión; y persecución judicial o extrajudicial.

El trabajo de la comisión contempla también indagar sobre incendios y destrucciones a la propiedad pública o privada; las amenazas y hechos afines o similares cometidos en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales de 2019.

La comisión está compuesta por cinco expertos en derechos humanos: Patricia Tappatá y Juan Méndez (Argentina), Magdalena Correa (Colombia), Marlon Weichert (Brasil) y Julián Burger (Inglaterra). Asimismo, Jaime Vidal fungirá como secretario ejecutivo.

(23/11/2020)

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Gobierno de Arce aprueba imagen institucional con íconos de tejidos de cuatro regiones

La nueva Imagen Gobierno estará en la papelería de las diferentes instancias del gobierno. Los tejidos que están representados en el ícono son del altiplano, valles, amazonia y chaco

La nueva Imagen Gobierno

/ 15 de enero de 2021 / 23:42

La administración del presidente Luis Arce diseñó y aprobó el uso de su propia imagen institucional. Tiene íconos de tejidos del altiplano, valles, amazonia y chaco con la idea de revalorizar la cultura y diversidad.

Los íconos “están distribuidos en 24 texturas, colores y símbolos, con una composición coherente de los tejidos por región, para dotar a la Imagen Gobierno toda su fuerza expresiva, integradora, representativa y auténtica”, se explica en el decreto que institucionaliza este símbolo distintivo.

“Las entidades e instituciones señaladas en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo deben implementar las imágenes y logotipos de la “Imagen Gobierno”, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo”, refiere la disposición transitoria del decreto 4445.

La parte central del logotipo está “representada por el símbolo de una espiral que va de un punto medio hacia el infinito, este símbolo representa al Pachakuti, que alude al retorno de la dualidad y el orden, en un círculo infinito”.

Mientras que la “disposición horizontal del soporte secundario, respeta el orden de la cosmovisión andina del número cuatro”, refiere parte del justificativo y explicación del simbolismo del ícono institucional que estará en la papelería oficial.

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Costas dice que el COVID-19 está ‘fuera de control’ y que ya es una ‘catástrofe’

El gobernador Rubén Costas participó de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). La alcaldesa Angélica Sosa llamó a la población a mantener las medidas de bioseguridad y dijo que “sí podemos tener salud y trabajo”

El gobernador Rubén Costas, durante la conferencia de prensa de este viernes en Santa Cruz

/ 15 de enero de 2021 / 23:02

Con 24 casos de contagio cada hora, en el departamento de Santa Cruz la situación de COVID-19 está “fuera de control” y dejó de ser considerada una emergencia para pasar a una situación de desastre, advirtió el gobernador Rubén Costas a la conclusión de una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

“Desde este lunes vamos a propiciar y vamos a reunirnos con instituciones y municipios para evaluar y tomar las decisiones de emergencia que así ameriten, esta situación ya no es de emergencia sino de catástrofe, no debemos relajarnos ni abandonar nuestras medidas de bioseguridad”, sostuvo.

En la reunión del COE se hizo una evaluación de la situación epidemiológica, en una jornada en la que se detectaron 1.045 nuevos casos. Se decidió mantener las restricciones y contratar los más de 600 profesionales de salud para atender a los afectados por el virus.

Por su parte la alcaldesa interina Angélica Sosa, quien también participó de la reunión, demandó mayores acciones para enfrentar la actual situación epidemiológica y garantizar la vacunación contra el COVID-19.

“Sí podemos tener salud y trabajo, depende de la responsabilidad de cada uno”, reflexionó y cuestionó las protestas que rechazan las restricciones y la demanda de renuncia a la alcaldía o a su candidatura.

Para Costas, “la situación está fuera de control” y la responsabilidad es de todos para frenar la propagación del virus.

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Durante el gobierno de Áñez 50.824 personas fueron arrestadas por vulnerar la cuarentena

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que la política para la atención y prevención del COVID-19 durante la pasada gestión gubernamental fue la “del miedo y la instrumentalización del derecho penal”.

El 18 de julio de 2020, al menos 18 jóvenes fueron detenidos en Santa Cruz por vulnerar la cuarentena.

/ 15 de enero de 2021 / 21:50

Durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, 50.824 personas fueron arrestadas por vulnerar la cuarentena por la pandemia del COVID-19, según un informe de la Defensoría del Pueblo presentado este viernes. Además se concluyó que el Estado no asumió medidas “efectivas” y “oportunas” para evitar la propagación y contagio del coronavirus.

“Solamente este es un (dato) en un margen del 21 de marzo al 29 de septiembre de 2020 como información oficial recibida por el Estado; seguramente hubieron más arrestos porque además algo que nosotros observamos en su momento es que los arrestos estaban acompañados de multas, multas que no tenían un reglamento o transparencia de hacia dónde iban esos recursos económicos. Hasta hoy, la Policía Boliviana no ha respondido a la Defensoría del Pueblo sobre el procedimiento administrativo para el cobro de multas”, explicó la defensora Nadia Cruz, durante una entrevista con radio Illimani.

Cruz advirtió que la política para la atención y prevención del COVID-19 durante la pasada gestión gubernamental fue la “del miedo y la instrumentalización del derecho penal”.

“Se priorizó la persecución penal y no se llevó a tomar ni al 10% de la población las pruebas de diagnóstico. Hasta junio de 2020 se contaba con más de tres laboratorios a nivel nacional para pruebas que demoraban tres, cinco y siete días. No existían cifras sobre el real impacto del COVID-19 en Bolivia, eso nos está generando un problema porque no tenemos una línea base para entender la magnitud del COVID-19”, advirtió.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz. (c)

Cruz presentó un extenso informe defensorial denominado “Salud, derechos humanos y COVID-19 en Bolivia”, elaborado con información obtenida de 38 establecimientos sanitarios del país, entre febrero y noviembre de 2020.

En el informe se concluyó, además, que se afectó el derecho a la vida de los pacientes graves de COVID-19, en “virtud a que se restringió el acceso a la salud por la falta de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de las UTIs”, a la economía de la población, en virtud al agio y especulación en la venta de medicamentos.

De acuerdo con el informe, los rastrillajes como acción preventiva para evitar la propagación del virus fueron realizados “inoportunamente”. Cruz explicó que solo Santa Cruz empezó con esta actividad en mayo de 2020 mientras que los otros departamentos entre junio y julio del mismo año.

Los primeros casos de COVID-19 en Bolivia aparecieron el 10 de marzo de 2020 en Oruro y Santa Cruz, una semana después el gobierno de Áñez dictó la norma respectiva para el ingreso de Bolivia en una etapa de cuarentena ante el incremento de casos de coronavirus.

“Es importante no cometer los errores que se han cometido, una de las situaciones que más nos preocupa en este momento es el fortalecimiento de segundo y tercer nivel al menos respecto a las unidades de terapia intensiva, es complejo, es difícil pero es urgente en este momento”, declaró.

En diciembre del pasado año, el Gobierno instruyó a la Policía anular todas las infracciones aplicadas por circulación vehicular sin autorización en la cuarentena por el COVID-2019 y que implicaban multas de hasta Bs 2.000 y la retención de los motorizados infractores.

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El exdefensor del Pueblo Rolando Villena es intubado debido a complicaciones por el COVID-19

Villena ocupó el cargo de Presidente de la APDHB y es parte del Conade. Fue internado el 11 de enero en la clínica Los Andes, cinco días después del deceso de su esposa.

El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena.

/ 15 de enero de 2021 / 21:40

El exdefensor del Pueblo Rolando Villena tuvo que ser intubado la madrugada de este viernes como consecuencia de complicaciones en su salud por el COVID-19. Se encuentra internado desde el 11 de enero en una clínica de La Paz.

“El estado de salud de Rolando es muy delicado”, declaró el dirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, a la página en internet Cabildeo Digital.

Explicó que el último contacto con Villena fue virtual. “No logramos hablar, después de la muerte de su esposa, participamos de la ceremonia virtual convocada por la Iglesia Metodista, pero después no pudimos acompañarlo porque no se acostumbra acompañar el velorio y el entierro en casos de fallecimiento por Covid-19”.

Villena ocupó el cargo de Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y es parte del Conade. Fue internado el 11 de enero en la clínica Los Andes, cinco días después del deceso de su esposa.

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La Fiscalía alista citación para Morales y García por violencia de noviembre, Camacho será convocado a La Paz

El fiscal Omar Mejillones informó que serán citados para la subsiguiente semana. La investigación por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales se amplió por 80 días más

Álvaro García Linera y Evo Morales.

/ 15 de enero de 2021 / 21:30

La Fiscalía alista las citaciones para que el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García y el exdiputado Víctor Borda declaren como testigos en la investigación de los hechos que derivaron en la dimisión de Morales. El excívico y candidato Luis Fernando Camacho también será citado para que declare en La Paz como sindicado.

El fiscal Omar Mejillones informó que para la última semana de enero serán citados a declarar varias de las víctimas y sindicados por los hechos ocurridos en noviembre de 2019 y que fueron considerados por la denunciante como un golpe de estado preparado y planificado para interrumpir la democracia.

Fue la exdiputada del MAS Lidia Patty la que presentó en noviembre a la Fiscalía una denuncia por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición en contra del Camacho y su padre José Luis Camacho, y los excomandante de las FFAA y de la Policía por los hechos que derivaron en las renuncia de Morales, en noviembre de 2019, por un “golpe de Estado”.

La fase investigativa fue ampliada a 80 días por su complejidad. Mejillones informó que para la “subsiguiente” semana serán citados a declarar Morales, García y Borda en sus lugares de origen a través de la cooperación fiscal, es decir, que sus declaraciones serán tomadas por otros fiscales en los lugares de residencia de los citados.

El excívico y excandidato Luis Fernando Camacho.

Sin embargo anunció que Camacho, uno de los principales acusados, será citado a declarar en La Paz, donde radica la causa. “A Camacho se le puede tomar la declaración entre el 28 y 29 de enero en La Paz, está consignado como sindicado”, explicó.

En la denuncia están el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, el general Carlos Orellana, entonces comandante de operaciones y luego comandante de las FFAA, Flavio Gustavo Arce San Martín, jefe de Estado Mayor, y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

Se puso como testigos a los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana; de Gobierno Carlos Romero; de Salud, Gabriela Montaño; de Culturas Wilma Alanoca; y de Defensa Javier Zavaleta.

Morales dimitió en medio de una denuncia de fraude electoras en las elecciones de octubre de 2019, un prolongado paro cívico, un motín policial y la “sugerencia” militar de renunciar.

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