Nacional

domingo 29 nov 2020 | Actualizado a 16:17

Evo Morales anuncia juicio a Luis Almagro ante la Corte Penal Internacional

“Almagro debe renunciar, sus manos están manchadas de sangre de bolivianos y bolivianas; no tiene moral para dirigir los destinos de la OEA”, dijo el expresidente en Buenos Aires.

La conferencia de Evo Morales en Buenos Aires, este jueves. Foto: Captura de Facebook

/ 22 de octubre de 2020 / 11:51

En conferencia de prensa en Buenos Aires, el expresidente Evo Morales anunció el inicio de un proceso contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por injerencia, la ruptura de la institucionalidad en el país en 2019 y delitos de lesa humanidad.

Envalentonado con la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del domingo, el exmandatario expresó su molestia por la actuación del diplomático uruguayo y anunció que él y los movimientos sociales del país acudirán la CPE para denunciar a Almagro como al jefe de la misión de la OEA en 2019, Manuel Gonzales.

Vamos a acusarlos por sus actuaciones que “derivaron en masivas violaciones de derechos humanos, presentaremos una denuncia para que sean procesados y juzgados”, dijo.

Además, en coincidencia con la posición de México y el Grupo de Puebla en sentido de que Almagro debe renunciar. “Almagro debe renunciar, sus manos están manchadas de sangre de bolivianos y bolivianas; no tiene moral para dirigir los destinos de la OEA”.

“Sin tiene ética, moral y personalidad, frente a ocho investigaciones (que desmienten que hubo fraude en Bolivia en 2019), la mayoría de Estados Unidos (…), le toca renunciar, y tiene que ser procesado, enjuiciado y juzgado”, insistió el exmandatario.

Morales, como su partido y otros organismos internacionales cuestionó una vez más el papel de la OEA en Bolivia. “No es toda la OEA. Si ahora no sentamos la mano, aparecerá otro Almagro que no respete la voluntad democrática del pueblo”, dijo Morales en la rueda de prensa.

El exmandatario, asilado desde el 21 de diciembre en Argentina, adelantó que se sumará también a la demanda que las Madres de la Plaza de Mayo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel presentaron contra Almagro ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Adelantó que acudirá a todas las instancias internacionales para, en su criterio, hacer prevalecer su victoria en las elecciones de 2019 y la defensa de su gobierno acortado por lo que llamó “un golpe de la derecha boliviana”.

Exigió, además, una auditoría independiente al informe de la misión de observadores de la OEA que declaró irregularidades en los comicios de 2019 y que por eso fueron anulados, luego de un acuerdo político de gobernabilidad y pacificación en la Asamblea Legislativa a finales del año pasado.

Morales contó que el miércoles se reunió con sus abogados Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra, a quienes agradeció el apoyo en su cuenta de Twitter, y adelantó que hará lo mismo con profesionales en Bolivia y con el abogado español Baltasar Garzón para escudriñar los pasos del proceso que anunció.

“Tengo una deuda impagable con ellos”, escribió de su defensa extranjera.

El miércoles, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, protestó contra Almagro y denunció que en 2019 “nunca existió” fraude en Bolivia.

“Mientras usted (Almagro) siga al frente de la Organización, la sombra de lo sucedido en Bolivia estará siempre presente. Usted ha deslegitimado a las MOE y ha llevado a la organización a un choque con la realidad democrática actual en la región”, encaró Reyes.

“Nos vamos a hacer cargo (de proceso), no solamente por Evo o el pueblo, que nunca más haya un Luis Almagro (…). Desde el primero momento dijimos ‘no hubo fraude’”, afirmó Morales en Buenos Aires.

Apuntó a Carlos Mesa de ser uno de los “culpables de la masacre”. Acusó al también candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) en 2019 de haber iniciado las protestas contra los tribunales electorales cuando convocó a su militancia a movilizarse frente a sus oficinas.

Con la victoria de Luis Arce el domingo, el MAS considera que en 2019 no hubo fraude, sino golpe de Estado. Así, anunció agotar todos los trámites.

(22/10/2020)

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Paulo Abrao: El gobierno de Áñez puso trabas para instalar el GIEI

El exsecretario ejecutivo de la CIDH visitó Bolivia en noviembre junto a una misión del organismo internacional. Explica los hallazgos de la investigación sobre vulneración de derechos humanos y responde a las críticas que lanzó el entonces gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

El exjefe de la CIDH Paulo Abrao visitó Bolivia diás después de las 'masacres' de 2019. Foto: La Razón

/ 29 de noviembre de 2020 / 14:03

Paulo Abrao fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lideró la misión que llegó a Bolivia a fines de noviembre del año pasado para verificar la vulneración de derechos humanos en la crisis poselectoral, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

El informe fue casi demoledor, rechazado por las autoridades gubernamentales de entonces, y también fue la clave para la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que llegó esta semana al país para esclarecer lo sucedido en los conflictos, desde septiembre hasta diciembre de 2019.

Abrao dio una entrevista en exclusiva a La Razón para recordar los hallazgos de esa investigación de la CIDH, responder a las observaciones que disparó el ahora exgobierno de Áñez y expresar sus expectativas sobre el trabajo del GIEI.

—¿Por qué la CIDH decidió realizar una investigación en noviembre en Bolivia?

—Bolivia ha sido uno de los países con mayor atención de la CIDH en una variedad de temas relevantes durante los últimos 14 años. Fueron siete visitas, 22 comunicados, 14 informes, 11 cartas confidenciales de información, más de 30 audiencias públicas y 55 nuevas peticiones admitidas. Otros seis casos contra el país fueron enviados a la Corte Interamericana. La CIDH criticó la cancelación del resultado del referéndum de 2016, realizó una audiencia sobre la reelección en 2018 y abrió un caso que sigue un orden cronológico regular.

A pesar de desestimada a presentar directamente una Opinión Consultiva, la posición de la CIDH sobre el tema en la Corte fue clara.

Militares disparan piezas de fusil automático liviano (FAL) calibre 7,62, en el puente Huayllani, 15 de noviembre de 2019. Foto: APG

La CIDH siguió atenta las crecientes tensiones políticas en el país. En octubre de 2019, innumerables denuncias, videos, fotografías, documentos con pruebas y denuncias de graves violaciones a los derechos humanos empezaron a llegar desde una amplia gama de organizaciones civiles y la Defensoría del Pueblo. La injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político, la vacante y controversial sucesión presidencial, los motines policiales, los grupos privados armados controlando las calles, la emisión del Decreto 4078 para otorgar amnistía penal irrestricta a las fuerzas de seguridad fueron agravantes que dispararon la alarma del monitoreo de derechos humanos .

—¿Por qué el informe concluyó que hubo «graves» violaciones a los derechos humanos?

—Esta visita fue autorizada para evaluar específicamente las violaciones de derechos humanos en el contexto electoral a partir de octubre de 2019. Las conclusiones preliminares se apoyaron en un elevado número de fuentes testimoniales y documentales, oficiales y extraoficiales, y apuntaron a un uso desproporcionado o excesivo de las fuerzas de seguridad, violando el derecho a la vida y el derecho a la protesta. Hubo evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos. Se registró vulneración a los derechos a la integridad física y la salud de un elevado número, de 804 personas heridas. Se verificó cientos de detenciones arbitrarias. Los testimonios recabados denunciaron el uso de torturas, malos tratos y otras formas de abuso.

Habría la apertura de numerosas investigaciones penales o procesos judiciales con motivación política, desencadenando un proceso de criminalización y persecución de opositores. La difusión de discursos de odio de parte de altos funcionarios públicos incitó la violencia y precedió a los saqueos, destrucción y quema de viviendas, sedes de partidos y sindicatos y radios comunitarias. Decenas de funcionarios públicos y electos renunciaron por temor a ser víctimas de actos violentos. Hubo bloqueo de calles, Policía amotinada y grupos civiles armados controlando territorios en motorizados, atacando e intimidando en sociedad o connivencia de las autoridades, afectando a la integridad personal y a la circulación de las personas.

Se registraron casos de actos racistas y discriminatorios, retención, golpes y humillación por motivos raciales y/o de género, incluso en contra de las “mujeres de pollera”. Los derechos indígenas se vieron afectados por la quema y la ofensa a la wiphala. Se reportó 50 periodistas agredidos, medios de comunicación atacados y acosados, corresponsales extranjeros amenazados y difamados.

Canales internacionales fueron censurados y bloqueados. Habrían debilitado el derecho al asilo.

En fin, una situación crítica de violaciones masivas y generalizadas a los derechos humanos.

—El término “masacres” levantó repercusión y desde entonces “bautizó” a lo sucedido en Sacaba y Senkata, ¿cuáles son los fundamentos para calificar de esta manera lo sucedido en estas regiones bolivianas en noviembre de 2019?

—A criterio técnico de la CIDH éstas pueden ser caracterizadas como masacres por ser resultado de operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas; la cantidad de personas que perdieron la vida de la misma forma, en el mismo tiempo y lugar; y debido a que se cometieron contra un grupo específico de personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado dieron serios indicios de ejecución extrajudicial. Los numerosos testimonios recibidos e imágenes capturadas serían consistentes para indicar que los movilizados se encontraban desarmados, avanzaban pacíficamente y fueron atacados repentinamente con armas de fuego, contenedores de gases lacrimógenos y otras armas, por la fuerza pública. En el operativo participaron incluso helicópteros.

Es demasiado grave que estos operativos se llevaron a cabo “protegidos” por el fatídico Decreto 4078. También se observó una acción coordinada entre las fuerzas de seguridad y los grupos parapoliciales privados que se habrían infiltrado en las protestas. Para contextos menos complejos, en otros países la CIDH calificó a estas situaciones como masacres. Además, la CIDH actúa tomando en cuenta a las víctimas, que nombran a las situaciones como masacres.

Un militar dispara un arma en las protestas de Senkata, el 19 de noviembre de 2019. Foto: APG

Otros informes técnicos internacionales y el propio Presidente electo democráticamente (Luis Arce) también se refieren a las masacres como tales. Las versiones que minimizan la gravedad de lo ocurrido en Sacaba y Senkata descalifican la naturaleza de las denuncias, afectan la dignidad de las víctimas y las revictimizan. Por tanto, hay que tener cuidado para no perderse con este tipo de tergiversación sobre el dolor de los familiares.

En este momento, es importante identificar a los autores materiales e intelectuales de estas masacres y otros sucesos en todo el país y responsabilizar a toda la cadena de mando para hacer justicia para todas las víctimas.

—Uno de los puntos más polémicos sobre lo acontecido en noviembre fue el Decreto 4078 que “eximía de responsabilidades” a los militares en operativos, ¿qué posición asumió la CIDH sobre este tema, en qué pudo haber incidido este decreto para la crisis y la violencia? ¿Son comunes este tipo de decretos en momentos de crisis, para “restablecer el orden y la seguridad” de un país?

—Los denunciantes han informado que ésta fue una condición para el ingreso de los militares en las operaciones de represión que se desarrollaron inmediatamente después.

La premeditación de actos de violencia a través de la expedición de un escudo legal para eximir la responsabilidad personal de las Fuerzas Armadas sería de extrema gravedad. La CIDH y otras organizaciones denunciaron que este tipo de amnistía era una verdadera carta blanca que estimulaba la represión violenta. Todo decreto de impunidad que atente contra el derecho a la verdad y la justicia es contrario al derecho internacional y contraviene en la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos.

—No hay que olvidar que el gobierno interino de entonces negó cualquier uso de balas militares o policiales en esas “masacres”, incluso planteó que los movilizados se dispararon entre ellos en Sacaba. ¿Hubo datos recabados por la CIDH que puedan solventar estas tesis?

—Durante la visita no hemos encontrado ningún mínimo indicio para sostener esta tesis. Escuchamos denuncias de que hubo coordinación entre las fuerzas públicas y los grupos armados privados, infiltrando personal en las manifestaciones.

—El gobierno interino de entonces calificó el informe de la CIDH como “injusto”, “inconsistente” y “parcializado”. ¿Cuáles son las fortalezas del informe que rebaten ello?

—Las visitas de la CIDH siguen un protocolo, metodología y criterios técnicos de documentación reconocidos internacionalmente. Es un proceso manejado por un equipo técnico altamente especializado para registrar de manera sistemática los resultados de una investigación que se emprende aún antes y termina después de la visita.

Las visitas amplían las investigaciones para generar evidencia, garantizar información veraz, registrar testimonios y documentos, y resguardarlos con el propósito de demostrar e informar. Gobiernos a veces asumen un comportamiento negacionista para evadir una verdad incómoda, o para desviar la atención de la gravedad de lo que sucede. A veces para proteger a los violadores de derechos humanos y su impunidad. La CIDH adopta los mismos estándares para todas las situaciones que son efectivamente similares.

—Usted llegó con la misión de la CIDH, ¿cuál fue su impresión personal durante la recopilación de información?

—Creo que fue una de las visitas más extensas y plurales que ha realizado la CIDH. La delegación se reunió con autoridades gubernamentales de los tres poderes, representantes de todos los partidos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, familiares de víctimas y de policías. El equipo contó con refuerzos y se dividió en equipos, visitó cuatro ciudades y estuvo en contacto con personas en hospitales, cárceles y sedes diplomáticas.

Si bien hubo personas que denunciaron violaciones anteriores al periodo de tiempo objeto de la visita y otras que versaron sobre violencia social entre personas privadas, que es algo fuera del mandato de la CIDH, concluimos que era importante incluir una recomendación para una nueva visita en 2020 con una temporalidad más amplia. Encontramos un país profundamente traumatizado por una crisis en pleno apogeo.

—Ustedes se reunieron en su visita con el Procurador General de entonces; sin embargo, él lo acusó a usted de un trato “diferenciado” por parte de la CIDH. Dijo que notaba este trato en solicitudes de medidas cautelares, que tuvieron vía expedita y afirmativa, para personas y autoridades afines al MAS, lo que no pasó con pedidos de “activistas” opositores, como Waldo Albarracín. ¿Cuál es su respuesta al respecto?

—Sucede en todos los países que cuando se presenta una crisis de derechos humanos de este tipo se incrementen las solicitudes (y otorgaciones) de medidas cautelares para los grupos afectados por el gobierno del momento. Todos los requisitos de cautelares están regulados, las resoluciones son públicas y las situaciones de urgencia, gravedad e irreparabilidad son únicas y no pueden ser comparadas entre sí. No es apropiado discutir públicamente casos particulares, pero les puedo asegurar que a la CIDH no se le ha otorgado ningún caso cuando se entiende que los requisitos normativos no están presentes. Testifico que en el caso del señor Albarracín la CIDH fue sumamente diligente y atenta y no encontró información que permitiera atender los requisitos en la evaluación inicial. Precisamente en reconocimiento a su trayectoria personal, en lugar de rechazar de inmediato la solicitud, se continuó buscando información adicional por más tiempo, antes de tomar una decisión final.

Muchas veces las cosas son exactamente al revés de lo que puede parecer, porque un tiempo más largo para tomar una decisión significa un esfuerzo más a favor que en contra de una persona.

—La conformación del GIEIBolivia responde a una de las recomendaciones de la CIDH en su informe de 2019. ¿Este documento de 2019 puede servir como base para el trabajo del grupo de expertos?

—Todos los GIEI han utilizado las fuentes de la CIDH. El gobierno anterior solicitó a la CIDH que el informe no fuera la base del trabajo de investigación. Si los registros del informe son la base o son apenas una más entre las diferentes fuentes de investigación, es algo menor.

Para la CIDH, el GIEI desarrolla su método de trabajo de manera independiente y utiliza cualquier recurso de investigación que considere relevante. En este momento, lo relevante es que el GIEI reciba toda la colaboración de las Fuerzas Armadas, la Policía, autoridades, que se entreguen los registros públicos, que se acceda a todos los testigos para investigar todas las violaciones de derechos humanos en los últimos cuatro meses de 2019.

—Como ex secretario ejecutivo de la CIDH, ¿cuál es su expectativa sobre la nueva investigación que se abrió con el GIEI-Bolivia?

—La visita de la CIDH cumplió con su rol para documentar y denunciar la alarmante situación a nivel internacional. La presencia de la CIDH ha ayudado a salvar vidas y a frenar la escalada de la violencia autoritaria. El gobierno interino fue poniendo trabas y posponiendo la instalación del GIEI, originalmente prevista para febrero hasta después de las elecciones para que el último día renunciara oficialmente a su instalación. Fue necesario el nuevo gobierno para rescatar su continuidad.

De hecho, los caminos hacia la justicia son amplios y difíciles.

No hay que temer al GIEI. Su presencia solo reforzará a Bolivia como un país abierto al escrutinio internacional de los derechos humanos, reforzará una reconciliación legítima basada en la verdad y la justicia y, además, podrá coadyuvar y cooperar con las autoridades y dar aportes y recomendaciones estructurales para reforzar la independencia y autonomía de su sistema de justicia. La memoria y la justicia para todas las víctimas será un baluarte para la reconstrucción democrática en Bolivia.

 PERFIL

Nombre: Paulo Abrao

Nació: En Brasil

Profesión: Abogado

DOCTOR EN DERECHO

Tiene un doctorado en Derecho. Fue profesor de Derecho Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos en Brasil, México, Estados Unidos y España. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos.

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Áñez pide a la CIDH dar la ‘talla’ en la investigación de las muertes de 2019

La exmandataria reclamó al grupo de expertos de la CIDH que su investigación sea imparcial y que “actúe con seriedad y profesionalismo”.

La expresidenta Jeanine Áñez en una fotografía personal última.

/ 29 de noviembre de 2020 / 12:09

En un mensaje a través de sus redes sociales, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez reclamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dar la talla en las investigaciones de las muertes ocurridas luego de las elecciones fallidas de 2019.

“Es muy importante que la CIDH de talla. Y al ayudar en la investigación de esos hechos, sea imparcial, actúe con seriedad y profesionalismo. En Bolivia y en el mundo miramos con atencion su trabajo (sic)”, escribió.

El lunes, el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (CIDH) comenzó su trabajo por seis meses para intentar esclarecer los luctuosos hechos de octubre y noviembre del año pasado que terminaron con la vida de al menos 37 personas, entre ellos las muertes de Sacaba y Senkata.

Áñez, que de manera insistente dijo que no se irá del país, fue involucrada en los casos por la Asamblea Legislativa y otras investigaciones al haber sido la mandataria en los momentos más complicados de la crisis política poselectoral.

La comisión legislativa que indagó los sucesos sugirió un juicio de responsabilidades contra ella por, entre otros, los delitos de genocidio, asesinato y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución. Áñez y sus ministros de entonces firmaron el Decreto Supremo 4078, que declaraba inmunidad penal a los elementos de seguridad, con el que actuaron las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en los conflictos.

Los expertos del GIEI se encuentran en Cochabamba. Ayer conversaron con familiares de las víctimas de Sacaba del 15 de noviembre de 2019, quienes les entregaron documentos para la investigación y ratificaron que en las movilizaciones de entonces no usaron armas, como denunció antes el exministro e Gobierno Arturo Murillo.

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Carlos Romero afirma que fue sistemático el intento de inculpar a Evo Morales

Al menos cinco militantes y exautoridades del MAS fueron acosados por el gobierno transitorio para incriminar al expresidente, según las denuncias.

El exministro Carlos Romero en una audiencia judicial. Foto: APG-archivo

/ 29 de noviembre de 2020 / 11:38

El exministro Carlos Romero dijo que la presión que hubo sobre varios para que inculpen a Evo Morales fue sistemática. Es la prueba —afirmó— de que con todo el acceso que tenían a información sobre el expresidente, al final no tenían nada contra él.

A las denuncias de Romero y el exdirigente cocalero Faustino Yucra de que agentes del Estado habían tratado de chantajearlos  para que inculpen “por algo” a Morales, el viernes se sumó el exgobernador de Beni Álex Ferrier, quien dijo que en su caso trataron de usarlo para armar un caso de pedofilia contra el exmandatario.

El afán de que alguien inculpe a Morales por cualquier cosa, muestra que las autoridades del gobierno transitorio no tenían nada sólido contra Morales, destacó a La Razón el exministro.

“Nosotros no teníamos nada     que esconder; los golpistas han tenido todo el tiempo, todo el acceso a la información del Estado, no solamente de los mecanismos de seguridad del Estado, sino de la propia embajada norteamericana, y no han podido demostrar absolutamente nada”, remarcó el exministro Romero.

Aparte de él, de Yucra y de Ferrier, Romero apuntó que el mismo chantaje por que se incrimine al exmandatario sufrieron al menos dos personas más: la exjefa de gabinete de Morales, Patricia Hermosa, y el abogado César Cueto.

En las últimas horas, Ferrier, acusado de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en la construcción de la carretera Trinidad-Loreto, se refirió al hecho cuando en agosto fue trasladado de Beni a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, camino El Alto-Viacha.

Dijo que durante cuatro noches fue torturado por un agente del Ministerio de Gobierno para tratar de incriminar a Morales en un caso de pedofilia. Según informó el programa Detrás de la Verdad, de la red Gigavisión, la idea era que diga que cuando se disputaron los Juegos Plurinacionales en Trinidad asistió a un churrasco y que en la celebración estaba Noemí, la joven a la que atribuyen un noviazgo con el expresidente.

“Me sacaban supuestamente a reunión a las 10 de la noche; me encapuchan (…). Me dicen que ‘los jefes quieren que renuncies al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que digas que lo viste a Evo Morales con la Noemí’”, relató.

Este caso fue bullado en agosto. El mismo ministro de Gobierno de entonces, Arturo Murillo, hizo la denuncias con base en publicaciones del periodista español Alejandro Entrambasaguas.

Romero, añadió que con él y con Hermosa el procedimiento fue el mismo: que inculpe a Evo a cambio de ayuda jurídica. En el caso de Yucra, acusado de terrorismo por una llamada telefónica, el chantaje consistió —dijo éste— en el ofrecerle $us 200.000 si incriminaba a Morales.

Más información en la edición impresa de La Razón.

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La injerencia de las FFAA en el proceso político de 2019 alertó a la CIDH, devela Paulo Abrao

“Hubo evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos”, dijo a La Razón el exjefe de la CIDH Paulo Abrao.

La conferencia de prensa en la que el general William Kaliman, a nombre de las FFAA, sugirió la renuncia de Evo Morales. Foto: APG-archivo

/ 29 de noviembre de 2020 / 11:15

En una entrevista con La Razón, quien fuera secretario ejecutivo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, develó que la “injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político” de 2019 y otros hechos alertaron a organismos de derechos humanos.

“La injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político, la vacante y controversial sucesión presidencial, los motines policiales, los grupos privados armados controlando las calles, la emisión del Decreto 4078 para otorgar amnistía penal irrestricta a las fuerzas de seguridad fueron agravantes que dispararon la alarma del monitoreo de derechos humanos”, dijo el activista brasileño.

Luego de las fallidas elecciones del 20 de octubre del año pasado, cuestionadas por presuntas irregularidades develadas por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el país se desató una crisis política que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la sucesión “ipso facto” de la otrora senadora Jeanine Áñez.

Movilizaciones cívicas, un motín policial y la sugerencia de “renuncia” de Morales planteada por las Fuerzas Armadas precipitaron los hechos, que luego se complicaron con protestas a favor del mandatario derrocado más tarde intervenidas de manera conjunta las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana al amparo del Decreto Supremo 4078, que otorgaba inmunidad penal a los efectivos.

Sacaba, el 15 de noviembre, y Senkata, el 19 de noviembre fueron los hechos luctuosos emblemáticos que la CIDH, organismo independiente de la OEA, consideró que fueron masacres. Inicialmente, en cada uno de los operativos hubo nueve fallecidos, cifra que al final fue mayor.

“Hubo evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos. Se registró vulneración a los derechos a la integridad física y la salud de un elevado número, de 804 personas heridas. Se verificó cientos de detenciones arbitrarias. Los testimonios recabados denunciaron el uso de torturas, malos tratos y otras formas de abuso”, resumió Abrao en entrevista con La Razón.

El exjefe de la CIDH, no ratificado por diferencias por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró que la oportuna intervención de la CIDH en la crisis evitó más muertes a causa de la “violencia autoritaria”.

Abrao, además defendió la postura preliminar de la CIDH en sentido de que las muertes en Sacaba y Senkata fueron resultado de sendas masacres. Y denunció que el gobierno de Áñez frenó la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ya investiga los sucesos luctuosos de 2019.

Lea la entrevista completa en nuestra edición impresa.

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Tras denuncias de nepotismo, retiran a jefa de gabinete que pedía renuncia de funcionarios

Fabiola Gutiérrez emitió un instructivo dirigido a “todo el personal ejecutivo y de planta del Ministerio, viceministerios, entidades desconcentradas, descentralizadas y autárquicas”, por disposición verbal del ministro Wilson Cáceres, para “presentar su disposición inmediata al cargo”.

Funcionarios que denunciaron irregularidades en el Ministerio la noche del viernes.,

/ 28 de noviembre de 2020 / 23:18

Un día después de que se denunciara que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, presuntamente contrató a su pareja Fabiola Gutiérrez como jefa de Gabinete y que desde ese cargo emitió un comunicado en el que instruye a los funcionarios públicos poner sus cargos a disposición, ésta fue destituida.

“El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informa a la opinión pública que se procedió a la desvinculación de la señora Fabiola Yenny Gutiérrez Domínguez, con lo cual reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia en la gestión pública”, dice un comunicado divulgado este sábado.

La red Gigavisión informó el viernes que Gutiérrez es pareja de Cáceres, y para respaldar su denuncia, sobre todo después de que fuera negada, difundió un video de agosto en el que el hoy ministro se refiere su jefa de gabinete como su “esposa”, cuando habla del arresto de ambos y su posterior libertad ante la falta de pruebas de denuncias.

Gutiérrez emitió un instructivo dirigido a “todo el personal ejecutivo y de planta del Ministerio, viceministerios, entidades desconcentradas, descentralizadas y autárquicas”, por disposición verbal del ministro Cáceres, para “presentar su disposición inmediata al cargo”.

La fecha del instructivo difundido por la red Gigavisión lleva la fecha del 26 de noviembre.

(28/11/2020)

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