Nacional

martes 29 sep 2020 | Actualizado a 17:08

Víctimas de Senkata denuncian informes falsos, abusos y falta de resarcimiento

Entre los testimonios también están los de los heridos que denunciaron vulneración de sus derechos de parte de policías y militares que los golpearon y también de los médicos.

/ 16 de septiembre de 2020 / 10:50

Familiares y víctimas contaron sus testimonios a la Asamblea Legislativa en la iglesia 25 de Junio de Senkata, El Alto. Foto: APG

A 10 meses de la masacre de Senkata, las víctimas develaron múltiples abusos que sufrieron durante los conflictos de noviembre de 2019; entre ellos resaltan informes forenses falsificados, la falta de atención a los heridos e incumplimiento de indemnizaciones por parte del Gobierno, entre otros.

Ayer, representantes de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa acudieron a la iglesia 25 de Julio de Senkata donde se instaló una audiencia con el fin de recopilar los testimonios de familiares de los muertos, heridos y detenidos durante los hechos de violencia suscitados el 19 de noviembre de 2019.

La visita de la comisión legislativa se realizó en el marco de la investigación de los sucesos acontecidos entre octubre y noviembre, cuando el país vivía un conflicto que derivó en muertos luego de operativos militares y policiales en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

Entre llanto, las víctimas reabrieron las heridas de la masacre con revelaciones como la de Gloria Quispe, cuyo hermano, Antonio (de 21 años), murió por un impacto de un proyectil en la cabeza. Ella denunció el cambio de la dimensión de la bala que acabó con la vida de su hermano.

“El miércoles 20 de noviembre le hicieron la autopsia a mi hermano y quiero denunciar porque cambiaron la bala con una pequeña, del tamaño de una arveja. El forense lo ha tapado con su cabeza cuando le sacaron la bala y nos ha mostrado una pequeña cuando en realidad era una bala grande”, relató Gloria.

El relato de cada uno de los familiares da cuenta de que los fallecidos y heridos no participaron en los conflictos, en su mayoría eran personas que acudían a sus fuentes laborales, a estudiar o salieron de compras.

“Mi esposo y yo vivíamos de la costura. Él, ese día, 19 de noviembre, fue a comprar cierres. Ya era tarde y llamé a su celular y solo los paramédicos me contestaron y me dijeron que estaba herido en la cabeza. Mi esposo no era terrorista como lo han tildado, él trabaja honradamente y lo han matado”, expresó Alison Ramírez, esposa de Calixto Huanaco.

Entre los testimonios también están los de los heridos que denunciaron vulneración de sus derechos de parte de policías y militares que los golpearon y también de los médicos que al momento de ser atendidos los tildaban de “masistas”.

“Yo he salido a buscarle a mi mamá y al ver lo que pasaba nos estábamos yendo, cuando de pronto me llegó un proyectil en la cabeza; me han llevado a un centro médico, no me han atendido bien, los médicos me han dicho ‘seguro eres masista, por 50 pesos te haces hacer esto’”, relató Franklin Quisbert.

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, David Inca, denunció que hasta el momento el Gobierno incumplió los compromisos para asistir a las víctimas a pesar de que por decreto se dispuso la ayuda social humanitaria con atención médica para los heridos, el pago único de una indemnización para los familiares de los fallecidos, además de becas de estudio, fuentes laborales y subsidios alimentarios.

“En este momento necesitamos la atención médica para 10 personas con suma urgencia, porque son compañeros que aún tienen la bala introducida en su cuerpo y otros han quedado con lesiones graves, necesitan cirugías, fisioterapias”, detalló Inca.

El presidente de la comisión mixta, Víctor Borda, condenó la impunidad en este caso porque a la fecha no hay responsables de los hechos de noviembre; asimismo observó desatención del Gobierno a las víctimas cuya situación empeoró con la pandemia del coronavirus.

“En vano se ha promulgado un decreto supremo para la indemnización. Hay heridos que tienen alojadas las balas en su cuerpo y no les dan atención médica, eso es grave, entonces hay que tomar en cuenta esto”, dijo.

Acotó que la siguiente semana, la comisión convocará a la ministra de Salud, Eidy Roca para considerar la atención de los heridos, y al fiscal general del Estado, Juan   ipa, y a otros magistrados para que informen sobre la situación legal de los detenidos que, si bien tienen arresto domiciliario, no pueden salir a trabajar.

El 14 de septiembre debían declarar ante la comisión el comandante general de la Policía, Rodolfo Montero; los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López, y de Justicia, Álvaro Coímbra, y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Solo Murillo presentó un justificativo para no asistir, por lo que se determinó iniciar un proceso penal a Montero por incumplimiento de deberes.

Testimonios

Félix Calle

Herido en los conflictos; tiene una bala en la pierna izquierda

‘Ese día yo he ido a comprar chuño y he sentido una bala en mi pierna. Me han llevado al hospital Holandés pero me han dicho que no podían operarme porque había riesgo. La bala está aún en mi cuerpo’.  

Alison Ramírez

Esposa de Calixto Huanaco, fallecido en los conflictos de Senkata

‘Mi esposo y yo nos dedicábamos a la costura. Él no ha participado en los enfrentamientos, ha salido ese 19 de noviembre para comprar cierres porque debíamos entregar un trabajo’.

Nelitza de Santander

Esposa de Clemente Santander, fallecido con una herida de bala

‘Me han avisado que mi esposo estaba herido fui a la posta y me han dicho que iba a llegar en una hora y estaba muerto. Pido justicia por mi hijo que no ha conocido a su padre’.

David Inca

Representante de Derechos Humanos de El Alto

‘Lamentablemente, el Gobierno no ha cumplido con los compromisos para las víctimas; hay 10 personas que necesitan atención médica urgente, necesitan recursos económicos para su sustento’.

Víctor Borda

Presidente de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa

‘En vano se ha promulgado un decreto supremo para la indemnización. Hay heridos que tienen alojadas las balas en su cuerpo y no les dan atención médica, eso es grave’.

*Edición impresa

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Gobierno espera notificación de la Corte-IDH para juicio a exmagistrados por reelección indefinida

La Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió audiencias públicas sobre la reelección indefinida, por una gestión de Colombia. El ministro Yerko Núñez aseguró que los exmagistrados del control constitucional serán procesados

/ 29 de septiembre de 2020 / 17:06

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Con un marcado rechazo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) se cumplió el segundo día de audiencias sobre la reelección indefinida. El ministro de la Presidencia, Yerko Núnez, consideró que el pronunciamiento será de rechazo, por lo que ni bien el Gobierno sea notificado planteará un juicio de responsabilidades contra los magistrados que la validaron.

Ni bien se tenga la notificación de rechazo, el Gobierno planteará un juicio de responsabilidades contra los magistrados que la validaron, anunció el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Fueron los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que en 2017 posibilitaron la cuarta repostulación consecutiva del hoy expresidente Evo Morales, luego que sobrepusieran a los límites fijados en la Constitución, una elección y una segunda reelección consecutiva,  el derecho humano a ser elegido, establecido en  el Pacto de San José de Costa Rica.

“Vamos a iniciar un juicio de responsabilidades a esos masistrados, apenas nos notifique la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sobre el rechazo a la repostulación como derecho humano), de manera inmediata vamos a iniciar este proceso, no puede dejarse impune este tema”, advirtió en una conferencia de prensa.

Colombia llevó el caso a esa instancia internacional, por pedido de cívicos y políticos opuestos a la candidatura indefinida de un presidente. Desde el lunes se abrieron las audiencias, en las que hay coincidencia de rechazo a esa figura que habilitó a Morales a terciar en las elecciones del 2019, que fueron anuladas en medio de una crisis política-social derivada de denuncias de fraude.

La sentencia constitucional 084 de 2017 fue firmada por los entonces magistrados Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Neldy Andrade y Ruddy Flores. Todos fueron elegidos en elecciones, luego que fueran seleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó en la audiencia de la Corte-IDH que la reelección presidencial indefinida “socava los sistemas de vigilancia y las bases de la democracia” y puede afectar la autenticidad de las elecciones, pero además puede generar ventajas indebidas en proceso electorales y afectar el pleno goce de otros derechos humanos.

A pesar del referéndum de 2016 que rechazó la modificación de la Constitución para habilitar a Morales a una nueva repostulación, se optó por la vía legal. Morales llegó al poder el 2006 y en 2009 acordó su mandato para ajustar la gestión de gobierno a la nueva Constitución. Ganó esa elección, volvió a postular y ganar en 2014. Volvió a terciar en 2019, pero una convulsión lo presionó para dimitir. Hoy, está asilado en Argentina.

A los exmagistrados les corresponde un juicio de responsabilidades en el Legislativo, porque la denuncia que anuncia el Gobierno de Jeanine Áñez es por sus acciones durante el ejercicio de sus cargos como magistrados.

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El Gobierno enjuicia a la jueza que ‘favoreció’ a Choque con detención domiciliaria

El viceministro Guido Melgar detalló que la denuncia se sustenta en delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

/ 29 de septiembre de 2020 / 16:22

El viceministro Guido Melgar, en conferencia de prensa este martes- Foto: ABI

El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, informó este martes que presentó una denuncia penal en contra de Lorena Camacho Ramírez, la jueza que, en su criterio, ha “beneficiado” con detención domiciliaria a la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Choque.

“El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción ha presentado, el día de ayer, una denuncia en contra de la señora Lorena Camacho Ramírez, jueza Quinto en lo Penal Cautelar de la ciudad de La Paz, toda vez que habría beneficiado a la señora Eugenia Choque, expresidenta del Órgano Electoral nacional con la medida sustitutiva de detención domiciliaria”, sostuvo.

Melgar detalló que la denuncia se sustente en los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. “En el actuar de esta jueza se ha podido establecer, de manera clara e inequívoca, la parcialización y el afán de beneficiar a esta señora Choque con la medida sustitutiva de detención preventiva”, remarcó.

“Lo curioso es que cuando ella solicita la cesación a la detención preventiva, el 9 de septiembre, el Ministerio Público ya había solicitado la ampliación de la detención preventiva de la señora Choque porque faltaban declaraciones testificales que la Fiscalía tenía que llevar a cabo. Sin embargo, de manera irregular, primero se resuelve la cesación de la señora Choque y aún no se ha resuelto la solicitud del Ministerio Público de ampliar la detención preventiva”, acotó Melgar.

También recordó que Choque fue detenida porque existía riesgo de obstaculización, ya que estando en libertad podría “influir negativamente” en jueces, fiscales, peritos y testigos. Señaló que la exautoridad del TSE presentó su solicitud de cesación a la detención preventiva “con un memorial que no tiene ni una plana”.

Choque es procesada por el presunto fraude electoral de 2019, que dio como vencedor al expresidente Evo Morales.

(29/09/2020)

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Murillo viaja a EEUU para visitar la OEA, el BID y el Departamento de Estado de ese país

El expresidente Morales cuestionó la salida del titular de Gobierno y la ligó a una posible conspiración contra el proceso electoral o la preparación de “su fuga”.

/ 29 de septiembre de 2020 / 12:16

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en rueda de prensa pasada

Por Eduardo Medina

En medio de polémica por la crisis de gabinete generada a raíz de la destitución de Óscar Ortiz de la cartera de Economía, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, partió el lunes rumbo a Estados Unidos para cumplir una agenda de trabajo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento de Estado de esa nación norteamericana.

Ante las especulaciones, el Ministerio de Gobierno emitió este martes un comunicado en el que aclaró que Murillo viajó en “misión oficial” y detalló que esta participación ya estaba pactada con antelación, la cual debía contar con la presencia Branko Marinkovic, pero esto no fue posible debido a su reciente nombramiento como ministro de Economía.

“Debida a la importancia de estas reuniones para el país, el ministro Arturo Murillo debe cumplir con ellas”, cita el comunicado.

Minutos antes, el expresidente Evo Morales cuestionó la partida del titular de Gobierno. A través de su cuenta de Twitter, señaló que “los responsables de las masacres, el descalabro económico y la corrupción buscarán impunidad a cualquier precio”.

“Murillo se fue de viaje a EE.UU: ¿Será para someterse a las políticas de saqueo, conspirar contra el proceso electoral o para preparar su fuga?”, afirmó Morales, mediante la red social.

(29/09/2020)

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Justicia dicta detención domiciliaria para el excomandante de las FFAA Williams Kaliman

Kaliman fue denunciado por no desplegar a tiempo a las Fuerzas Armadas, entre el 10 y 12 de noviembre del año pasado, cuando la Policía fue rebasada por las protestas y violencia después de la renuncia de Morales.

/ 29 de septiembre de 2020 / 00:41

El excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman

El excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman fue beneficiado con detención domiciliaria y la obligación de pagar una fianza de Bs 50.000, en la audiencia cautelar por el proceso abierto en su contra sobre el accionar militar en los hechos de noviembre de 2019, que derivaron en una convulsión social y la renuncia del expresidente Evo Morales.

“La juez anticorrupción del juzgado cuarto ha dispuesto en esta audiencia cautelar detención domiciliaria, sin derecho al trabajo, así mismo, marcado biométrico, un arraigo, una fianza económica de 50.000 bolivianos y la prohibición de que el señor Williams Kaliman Romero pueda reunirse con miembros de las Fuerzas Armadas para entorpecer las funciones durante un juicio”, indicó el abogado querellante, Omar Durán.

Kaliman fue denunciado por no desplegar a tiempo a las Fuerzas Armadas, entre el 10 y 12 de noviembre del año pasado, cuando la Policía fue rebasada por las protestas y violencia después de la renuncia de Morales.

Durán manifestó a la red Erbol que hubiese querido la detención en la cárcel de San Pedro para Kalimán, pero se optó por la detención domiciliaria.

Se lo acusa por incumplimiento de deberes. Anunció que en el juicio se pedirá que Kaliman sea sentenciado a cuatro años de privación de libertad.

(29/09/2020)

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Áñez califica de ‘intestino’ reclamo de Ortiz sobre ELFEC y defiende su destitución

Añez explicó, durante una entrevista al programa Conclusiones, que el decreto 4345 sobre ELFEC no compromete nada y que fue aprobado por todo su gabinete, incluido Ortiz

/ 29 de septiembre de 2020 / 00:27

Áñez y Ortiz, en julio cuando éste último fue posesionado como Ministro de Economía.

Por Paulo Cuiza

La noche de este lunes, la presidenta Jeanine Áñez defendió su derecho de destituir al ministro Oscar Ortiz y atribuyó a “un reclamo intestino” los cuestionamientos a un decreto que relacionado a su anuncio de devolución de las acciones nacionalizadas a la eléctrica privada ELFEC-Cochabamba.

“Dos precisiones que me parecen importantes: primero, elegir a mis colaboradores, a mi gabinete es una potestad que yo tengo, entonces, en ese sentido, yo debo actuar en consecuencia, y por otro lado, el hecho de hablar de un decreto supremo, yo creo que es un reclamo muy intestino”, señaló en una entrevista con la cadena CNN.

Añez explicó que el decreto 4345 sobre ELFEC no compromete nada y que fue aprobado por todo su gabinete, incluido Ortiz, quien, sin embargo, en horas de la mañana, en una conferencia de prensa, aseveró: “No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal”.

El decreto autorizó a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) “realizar un procedimiento de diligencia debida, en un plazo de hasta treinta (30) días hábiles, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, a fin de establecer toda la información financiera, administrativa, legal y técnica necesaria para determinar el estado patrimonial de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. – ELFEC”. Una comisión trabajará en ese cometido.

Ortiz fue cambiado la mañana de este lunes y en su lugar asumió el empresario Branco Marinkovic. En la tarde, el exministro apuntó sus críticas al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a quien dijo que Áñez le entregó el futuro del gobierno y del país.

Según Áñez, lo que establece el decreto supremo es la creación de una comisión técnica para analizar el tema de la devolución de acciones.

“Yo no le veo mayor conflicto y le insisto en que es un reclamo intestino porque tiene su curso, todavía no está en marcha lo que se pretende hacer, hay una comisión de análisis y así se lo va hacer”, insistió.

Consultada sobre por qué el caso ELFEC derivó también en la destitución del procurador del Estado, José María Cabrera, quien además denunció injerencia de Murillo en su caso, la presidenta aseveró que se trata de un caso distinto porque la destitución de Cabrera es a causa de “una serie de acciones anteriores”.

(29/09/2020)

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