Nacional

lunes 28 sep 2020 | Actualizado a 14:07

En el Día de la Democracia, la ONU llama a los gobiernos a ser transparentes ante el COVID-19

Las Naciones Unidas llamana a repensar la actualidad de las democracias tras las medidas de restricción originadas por la pandemia.

/ 15 de septiembre de 2020 / 10:30

La votación en las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019. Foto: La Razón-archivo

Este 15 de septiembre el mundo celebra el Día Internacional de la Democracia. La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 8 de noviembre de 2007, en memoria del 15 de septiembre de 1997, cuando la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de la Democracia.

El Día Internacional de la Democracia se celebra desde 2008, pero en los 12 años de vigencia de esta conmemoración a nivel mundial, ninguna como el de 2020, atravesada por la pandemia del COVID-19 y las inevitables consecuencias sociales y políticas que hubo a raíz de las medidas de cuarentena.

Específicamente, hace notar la ONU, el Día de la Democracia hoy día se lo celebra en medio de medidas de emergencia sanitaria que implicaron fuertes restricciones a la libre circulación de las personas, al derecho de reunión, a la libre difusión de información, con mayor control policial de la población e impedimentos a la educación.

No por nada, en referencia a este día, el secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a los gobiernos “a ser transparentes, receptivos y responsables en su respuesta al COVID-19 para garantizar que cualquier medida de emergencia fuera legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria”.

Al respecto, en el país, las fundaciones Fernando Henrique Cardoso, Democracia y Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia (Idea) emitieron este día la declaración “Cuidemos la democracia para que no sea víctima de la pandemia”.

El documento, de primera, advierte del riesgo de “deterioro democrático” en que hoy estarían los sistemas políticos a causa de la pandemia.

Si algo ha mostrado la pandemia en Latinoamérica, señala el texto, es que siguen siendo asignaturas pendientes de primer orden la desigualdad y la pobreza. “La pandemia las desnudó e intensificó, aumentando el riesgo de que la región sufra otra década perdida en términos económicos y un fuerte retroceso en lo social”.

Un denominador común ante la crisis sanitaria, recuerda la declaración, es que los poderes ejecutivos si bien han visto incrementadas sus responsabilidades, también vieron acrecentadas sus atribuciones; el problema está en los excesos que esto puede generar; por eso llaman a que “los poderes ejecutivos deben hacer un uso responsable de estas medidas de excepción para evitar violaciones a los derechos humanos y restricciones arbitrarias de la libertad”.

Especial atención se debe prestar, remarcan las instituciones, a la intervención de las Fuerzas Armadas: “Lo mismo aplica respecto del uso excepcional de las Fuerzas Armadas durante este período, las cuales deben sumar su aporte con profesionalidad y sin involucrarse en tareas de orden público”.

Sobre todo ahora es imprescindible conservar el equilibrio de los poderes, insiste el pronunciamiento; evitar la discrecionalidad: “La emergencia no debe ser vista como un cheque en blanco para debilitar los controles y la rendición de cuentas, ni socavar la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario”.

Si la pandemia obliga a postergar elecciones (como también ocurrió en Bolivia), esta decisión tendría que tomarse, dice el texto, “por razones estrictamente sanitarias” y estar basadas en un amplio consenso político y social; evitar que en los procesos eleccionarios se use como forma de presión o clientelismo las ayudas y subsidios estatales.

Tras la pandemia, sin duda, se tendrán que redefinir muchas funciones del Estado. La declaración de las mencionadas instituciones insiste en la necesidad de un Estado, además de solvente, “sea efectivo en la redistribución de ingresos y oportunidades. Un Estado que sea capaz de actuar con sentido estratégico y no sea presa fácil del corto plazo y de los intereses corporativos”.

La crisis pandémica además es una oportunidad para volver a pensar en la integración regional, señala la declaración: “Es hora de reconstruir espacios y mecanismos de coordinación y cooperación entre los países latinoamericanos, como mínimo para fortalecer la capacidad regional de resolver sus conflictos y no importar crecientes tensiones globales”.

Al final, destacan las instituciones, se trata “no solo evitar que la democracia sea víctima de la pandemia, (sino) también (de) avanzar hacia una democracia de nueva generación”.

(15/09/2020)

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Luego de las crisis de gabinete, juran los ministros Marinkovic, Tejerina y Quiroga

Este lunes se supo de la destitución de Óscar Ortiz y renunciaron Óscar Mercado y Abel Martínez.

/ 28 de septiembre de 2020 / 13:57

Los nuevos ministros: Gonzalo Quiroga, Branko Marinkovic y Álvaro Tejerina. Foto: Álvaro Valero-La Razón

Apenas a unas horas de haber destituido a un ministro y recibir la renuncia de otros dos, la presidenta Jeanine Añez, posesionó a sus reemplazantes: Branco Marinkovic en la cartera de Economía, Alvaro Tejerina Olivera en la de Trabajo y a Gonzalo José Quiroga Soria en Planificación del Desarrollo (cargo que ocupaba Marinkovic).

No se posesionó al ministro de Desarrollo Productivo, que también había quedado acéfalo.

Como una auténtica crisis de gabinete, este lunes se conoció, primero, de la destitución del ministro Ortiz y, luego, la renuncia de los ministros de Trabajo, Oscar Mercado, y de Desarrollo Productivo, José Abel Martínez.

«Estoy nombrando como ministro de Economía a una persona que toda su vida se dedicó a crear empleo», dijo la mandataria en ocasión del acto de posesión.

Añez recordó que su gestión la dedicó a la economía y a la salud.

Si bien los ministros renunciantes no aclararon la causa de su alejamiento, Ortiz señaló que se va por diferencias profundas con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, especialmente sobre la forma en que el Órgano Ejecutivo está llevando adelante la «devolución» de acciones de la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) a accionistas de la Empresa de Fuerza y Luz de Cochabamba (ELFEC).

Ortiz dijo que él no firmará normas que vayan contra la ley, en referencia a decretos que se presentaron en el gabinete sobre ELFEC.

El exprocurador José María Cabrera adelantó la semana pasada que varios ministros no estaban de acuerdo con la forma de privatización de las referidas acciones.

(28/09/2020)

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Tras la destitución de Ortiz y la renuncia de Mercado, ahora se va el ministro Martínez

El gobierno de Jeanine Áñez sufre una crisis de gabinete, alimentada en parte por la devolución de acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC).

/ 28 de septiembre de 2020 / 13:05

El dimisionario ministro Abel Martínez. Foto: APG-archivo

Mediante un comunicado emitido este lunes, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Rural, José Abel Martínez, también anunció su renuncia irrevocable al cargo.

“Hoy el señor José Abel Martínez presentó su renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Desarrollo Productivo, Empleo y Previsión Social, puesto que ejerció desde julio del presente año”, señala el escueto texto de dimisión.

La dimisión de Martínez ocurre luego de que el ministro de Economía, Óscar Ortiz, fuera destituido por la presidenta transitoria Jeanine Añez y también renunciara el ministro de Trabajo, Óscar Mercado.

Si bien los ministros renunciantes no señalan el motivo de su alejamiento, la mañana de este lunes Ortiz adelantó que él se va porque no está de acuerdo en firmar decretos que vayan contra la ley, en referencia al proceso de devolución de acciones de la eléctrica ELFEC, que está llevando adelante el Gobierno.

Precisamente este lunes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, admitió que existen “muchísimos roces” entre él y Ortiz sobre si es legal o no la forma en que se está procediendo para devolver las acciones estatizadas en 2010 a trabajadores de ELFEC y accionistas de la Cooperativa de Teléfonos de Cochabamba (Comteco).

El ministro de Gobierno anunció que el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 4346, en el cual le da 30 días a la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) para que emita un informe sobre la administración que hizo desde 2010 de ELFEC.

“En este momento ENDE está preparando el informe ordenado en el marco de la debida diligencia, que ha administrado ELFEC desde el 2010 hasta la fecha; necesitamos un informe de lo que ha hecho y el estado en que se encuentra la empresa; si ENDE ha invertido en ELFEC, si no lo hizo, qué utilidades ha producido o qué no”, destacó Murillo.

(28/09/2020)

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Lo de ENDE puede usarse contra el país en varios juicios

El Procurador ahora destituido se fue por un claro enfrentamiento con el ministro Arturo Murillo

/ 23 de septiembre de 2020 / 07:05

El exprocurador general del Estado, José María Cabrera

Esta entrevista se la hizo una hora antes de que el procurador general del Estado, José María Cabrera Dalence, se enterase de que había sido destituido.

Como él mismo adelantara, el directo responsable de su alejamiento sería el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por dos casos puntuales. El ministro andaba “furioso”, dice Cabrera Dalence, con el Procurador tanto por la oposición que éste tuvo a la forma en que Murillo impulsó la “privatización” de parte de ENDE, como por la investigación que llevaba adelante la Procuraduría sobre la compra con supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos en noviembre-diciembre de 2019, caso en que Murillo es uno de los principales señalados. Acaso lo que más le preocupa al ahora exprocurador es lo de ENDE: la forma en que se está procediendo, a impulso del ministro Murillo, puede repercutir contra Bolivia en todos los juicios que el Estado tiene contra privados por las nacionalizaciones. 

—¿De cuándo vienen sus observaciones a la devolución a privados de acciones de ENDE?

—Las observaciones que el Procurador plantea en el caso de la afectación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) son de puro derecho, aspectos objetivos que establece la ley. Hay dos observaciones que planteamos en la reunión de UDAPE, la unidad técnica previa a las discusiones finales en gabinete. Observamos la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? Aquí, no se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídcos  y técnicos que respalden y avalen esa iniciativa. Se aplicó el llamado ‘procedimiento rápido’, que es para otras cosas mucho más sencillas; en lo de ENDE, es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo. Éstos son aspectos de forma que nunca fueron aclarados ni contestados.

—Un tema de procedimiento.

—Ya en el fondo, es la afectación del patrimonio del pueblo boliviano. Usted sabe que ENDE es una empresa nacional estratégica, de modo que retrotraer una nacionalización efectuada hace diez años y volver a manos privadas lo que hoy es de propiedad del pueblo de Bolivia amerita una tramitación transparente, y no disimulada ni disfrazada. Ahora, hacerlo con un argumento tan simple como indicar que fue ilegal o abusiva esa nacionalización, es totalmente contrario a derecho. De acuerdo a nuestra Constitución y leyes, quien declara y dice qué cosa es legal y qué cosa es ilegal, solamente es un juez. El Órgano Ejecutivo no tiene competencia para declarar lo que es legal y lo que es ilegal. 

—¿Qué consecuencias puede tener esto de devolver a privados algo estatal?

—Actualmente el Estado boliviano tiene cuatro juicios de arbitraje internacional por otras nacionalizaciones, y si hoy el propio Gobierno de Bolivia está afirmando que simple y llanamente la decisión del Estado de hacer una nacionalización es un acto de ilegalidad, automáticamente esta declaración va a ser utilizada contra el país en esos cuatro juicios arbitrales, que son por la suma de más de dos mil millones de dólares. Y, además, puede tener un efecto dominó: hay otras empresas que están en ciernes de iniciar juicios arbitrales por lo mismo. De manera que esta decisión no puede tornarse de manera precipitada.

—Murillo se le puso al frente.

—Esos dos aspectos desencadenaron la furia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que fue el propulsor de esta iniciativa de decreto rápido y que incluso se anticipó a declararlo en la efeméride cochabambina el 14 de septiembre.

Y le preciso yo: hasta el día de hoy (viernes 18), pese al anuncio, nadie conoce el texto del supuesto decreto supremo; ningún ministro del gabinete se anima a firmar ello porque están conscientes de los graves daños económicos al Estado boliviano que ocasionaría esta medida.

—El jueves usted fue a la Asamblea a informar lo de los gases lacrimógenos. Dijo que el ministro Murillo no le informó nada, como sí lo hizo el de Defensa.

—Así es, la gota que rebasó el vaso del ministro Arturo Murillo fue el cumplimiento de otro deber constitucional por parte del Procurador. Ante la Comisión Mixta de la Asamblea que investiga el caso de corrupción en la compra de gases lacrimógenos, expresé que el 24 de junio inicié esta misma investigación dirigiendo un requerimiento procuradurial al ministro de Defensa, Fernando López, y al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Cuando la Constitución, en su artículo 231 dispone que ninguna autoridad puede negar la documentación que la Procuraduría le exija, el Ministro de Gobierno, a más de cuatro meses de nuestro requerimiento, no ha presentado ni un solo papel; a diferencia del Ministro de Defensa, que presentó abundante documentación. Murillo no está por encima de la Constitución y la ley; si no cumple, comete el delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas, el de obstaculizar la justicia y el incumplimiento de deberes.

—¿Hay alguna forma de obligarle?

—El miércoles 16 la Procuraduría ha emitido el segundo requerimiento [para Murillo], que es el paso previo para la denuncia por la comisión de dichos delitos.

—¿No hubo ninguna respuesta, aunque sea verbal?

—Por las actuaciones del Procurador en el caso ENDE y en el caso Gases lacrimógenos, el ministro Murillo está furioso contra el Procurador y le ha requerido a la Presidenta del Estado la remoción de esta autoridad.

—¿Tendrá que ver todo esto con otros casos que investigó?

—Cabalmente ayer (jueves) he firmado y concluido la otra investigación del caso de corrupción que conmocionó al país, el de Respiradores españoles. El 20 de mayo, la Procuraduría inició su propia investigación jurídica y apolítica. Se ha recopilado más de ocho carpetas Cóndor, más de mil documentos emitidos por diferentes instituciones, y se ha encontrado hallazgos serios de comisión de delitos de corrupción a 13 personas, funcionarios públicos y particulares. Ayer he firmado ese dictamen y lo he presentado al Fiscal General del Estado, al Fiscal Departamental de La Paz, a la comisión investigadora de fiscales, a la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga también el tema, al Ministro de la Presidencia, al Ministro de Justicia, a la Ministra de Relaciones Exteriores, a la Ministra de Salud y al Director de la AISEM. Y en unas horas más será subido a la página web institucional el dictamen del caso Respiradores españoles para que toda la ciudadanía tenga acceso a este trabajo de investigación.

—¿Otros casos que esté investigando?

—También tenemos en curso una investigación respecto a YPFB. Al margen de ello tenemos casos, que no son de investigación pero son de gran interés. En unos días más, el 28 de septiembre tenemos la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso del derecho humano a la elección indefinida. Luego, hace escasos días el presidente de la Corte Penal Internacional ha remitido el caso de lesa humanidad cometido en agosto a la sala de cuestiones preliminares, está avanzando. Y, más importante aún, tenemos once juicios por el fraude electoral; estamos en vísperas de que se presente el requerimiento acusatorio para que pase el caso a juicio. Es amplia la agenda de la Procuraduría y lastimosamente autoridades como el ministro Arturo Murillo se han sentido tremendamente incomodadas y están furiosas por nuestras actuaciones. 

—¿Este 28 de septiembre es usted quien debe ir a la Corte IDH?

—El 28 estamos acreditados dos representantes del Estado boliviano, el Procurador Gneneral, que es el abogado del Estado, y nuestro embajador en San José de Costa Rica, donde tiene su sede la Corte IDH, el abogado constitucionalista William Herrera Áñez. Ambos tenemos que formular el alegato ante la Corte.

—¿Qué vendrá, Procurador? Murillo es Murillo. ¿En qué prevé que resulte todo esto?

—En lo personal, me es absolutamente indiferente el desenlace del tema. Jamás solicité este cargo, ni me aferro al mismo; y no es de interés público estos aspectos personales. Pero lo que sí es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales. La afectación de una empresa nacional estratégica, como ENDE, a través de decretos por vía rápida, que hasta ahora ningún ministro se anima a firmar, porque sabe que constituye daño económico al Estado, o el hecho de no aclarar actos de corrupción, obstaculizar el desempeño normal de las instituciones que tienen facultades para investigar, son aspectos que tienen que preocuparnos a todos los ciudadanos. Yo cumplo con mi deber de ponerlos a conocimiento de la opinión pública para que cada boliviano y boliviana emita su propio criterio.

José María Cabrera Dalence. Acerca de la “devolución” de acciones. No hay que disfrazar las cosas, demanda el ahora exprocurador. Si un bien pasa de propiedad privada a pública, se llama estatización o nacionalización; si va de lo público a lo privado, es privatización.

Datos

Nombre: José María Cabrera Dalence

Profesión: Abogado, con maestría en Derecho Constitucional.

Ocupación: Hasta el viernes 18, Procurador General del Estado

Perfil

Fue asesor legal del Gobierno Municipal de Santa Cruz. También fue Árbitro del Centro de Conciliación de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Murillo anuncia un juicio contra el exprocurador, ahora como ‘persona particular’

El Ministro de Gobierno se expresó molesto por las acusaciones de José María Cabrera, que consideró infundadas “todo el fin de semana”.

/ 21 de septiembre de 2020 / 21:02

El procurador José María Cabrera destituido este viernes, en una entrevista con La Razón pasada.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que llevará a estrados judiciales al exprocurador general del Estado  José María Cabrera por las presuntas acusaciones que éste hizo en su contra, pero como a un “particular”.

“Creo que en lo que vamos a terminar es viéndonos en la justicia”, anunció la tarde de este lunes Murillo en declaración a radio Panamericana, en referencia a Cabrera. Él “tendrá que demostrar todas las acusaciones que ha hecho contra mí durante todo este fin de semana”, añadió.

Murillo consideró que hay «periodistas entre comillas» que le “acusan y acusan”, pero que están protegidos por la Ley de Imprenta. Con Cabrera es otra cosa, siendo éste un “particular”.

“Está bien que yo me calle ante las acusaciones de algunos periodistas entre comillas, que acusan y acusan, pero como son periodistas, tienen el Tribunal de Imprenta, qué se yo; entonces, ni los miro. Pero ya una persona particular que venga hacer acusaciones, va a tener que demostrar las acusaciones que ha hecho, puesto que son graves, y uno no puede ir por la vida difamando a las personas; eso no lo voy a permitir”, aseveró el ministro.

La Razón trató de obtener la respuesta del exprocurador, pero no tuvo éxito.

Entre las acusaciones “de todo este fin de semana” acaso estén las que publicó ayer domingo el suplemento Animal Político de La Razón, en una entrevista con Cabrera.

Allí, el exprocurador afirmó que Murillo, al impulsar la “privatización” de una parte de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con la “devolución” de acciones de ELFEC (Cochabamba) estatizadas en 2010, generó la omisión de importantes procedimientos propios de un cambio de razón social, de propiedad, de dichas acciones: de lo públicas que son hoy día a privadas que pueden ser mañana.

“Observamos la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? Aquí, no se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídicos y técnicos que respalden y avalen esa iniciativa. Se aplicó el llamado ‘procedimiento rápido’, que es para otras cosas mucho más sencillas; en lo de ENDE, es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo”, destacó Cabrera a este suplemento.

Si ha sido abusiva la nacionalización de las acciones de ELFEC hace 10 años, si fue una confiscación, como ahora se aboga, Cabrera insiste en que decir si eso fue o no legal no le corresponde al Órgano Ejecutivo, ni a este ni al que venga, sino a un juez.

Y sí, Cabrera afirmó que Murillo, con su accionar en el caso ENDE, pretende saltarse la Constitución y las leyes: “Lo que sí es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales”.

En relación al caso de la compra con supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos a fines de 2019, el exprocurador, aparte de matizar que esto fue lo que puso “furioso” al ministro, denunció que Murillo no respondió “ni con un solo papel” el “requerimiento procuradurial” que la Procuraduría General del Estado le hizo llegar el 24 de junio de 2020. El Ministerio de Gobierno no lo hizo, como sí lo hizo el Ministerio de Defensa, remarcó en la entrevista con este medio.

Aquí también la exautoridad señala a Murillo de incumplir la ley: “Murillo no está por encima de la Constitución y la ley; si no cumple, comete el delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas, el de obstaculizar la justicia y el incumplimiento de deberes”.

Es más, la anterior semana, al cumplirse el plazo de espera sin respuesta de parte de Murillo, Cabrera, en su calidad de Procurador, le mandó un nuevo requerimiento: “El miércoles 16 la Procuraduría ha emitido el segundo requerimiento [para Murillo], que es el paso previo para la denuncia por la comisión de dichos delitos”, destacó el ahora exfuncionario.

En Panamericana, Murillo también dijo (algo que ya había señalado antes) que Cabrera “se ha metido y ha tenido reuniones con el MAS, y lo vamos a demostrar”, que por eso “él no ha actuado en defensa del Estado, ha actuado políticamente”, y que le “ha mordido la mano de quien le ha dado de comer”, o sea, a la presidenta Añez.

Como se apunta en la entrevista con Animal Político, el 4 de septiembre, hace apenas dos semanas, Cabrera presentó nada menos que en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, una denuncia contra el líder del MAS, Evo Morales (junto con al ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi) por delitos de lesa humanidad.

Si bien varios juristas no están de acuerdo en absoluto con este proceso en la CPI, Cabrera lo hizo a nombre del Estado boliviano, del gobierno transitorio de Añez.

En la entrevista, el exprocurador también recordólas “ocho carpetas Cóndor, más de mil documentos emitidos por diferentes instituciones” que recopiló la Procuraduría para establecer su propia acusación por el “fraude” electoral de 2019, donde “se ha encontrado —dijo Cabrera—  hallazgos serios de comisión de delitos de corrupción en 13 personas, funcionarios públicos y particulares”.

(21/09/2020)

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Procurador: Hasta el día de hoy no se conoce el decreto de devolución de acciones de Elfec

José María Cabrera reveló que es el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien, saltando procedimientos, impulsa la polémica medida.

/ 18 de septiembre de 2020 / 12:31

El procurador José María Cabrera, en una entrevista pasada con La Razón.

En declaraciones a La Razón, el procurador general del Estado, José María Cabrera, reveló que hasta este viernes no se conoce el texto del decreto supremo por el cual se devolvería las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) expropiadas en 2010 a sus socios privados.

Al calificar la medida de una afectación al patrimonio estatal, el funcionario reveló que el trámite fue impulsado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

“Hasta el día de hoy, pese al anuncio (de dicha devolución), nadie conoce el texto del supuesto decreto supremo”, señaló Cabrera.

El lunes 14, en el aniversario de Cochabamba, la presidenta interina Jeanine Añez dijo en esa ciudad que la norma está siendo elaborada por el Ministerio de Energías.

En declaración al periódico Los Tiempos de Cochabamba, también este viernes, el gerente de Elfec, Jaime Doria Medina Claros, aclaró que aún espera el decreto y su reglamentación. “No tengo otra información a la que ha dado la Presidenta”, dijo.

Para el procurador Cabrera, la demora no se debe solo a un trámite administrativo; sino que existe el impedimento legal y económico de fondo que implica la reversión de una estatización o nacionalización efectuada hace diez años.

El funcionario señaló que la medida fue objetada hace tiempo por la Procuraduría General del Estado en las reuniones técnicas que se llevan adelante para aprobar un decreto.

Se cuestionó, dice, que se haya actuado omitiendo varios procedimientos legales, imprescindibles dada la magnitud del caso, pero además, se reclamó que fuera el ministro Murillo, que no es del área, quien haya sido el protagonista de dicha iniciativa.

“La Procuraduría formuló la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, como es el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? No se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídicos y técnicos que respalden y avalen esa determinación. Se aplicó un procedimiento llamado ‘procedimiento rápido’, que es destinado a otras cosas mucho más sencillas, en el caso de ENDE es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo. Estos son aspectos de forma que nunca fueron aclarados ni contestados”, destacó Cabrera a este medio.

Pero el procurador insiste también sobre las consecuencias económicas que implica esta “privatización” del patrimonio estatal. 

“Y finalmente, ya de fondo, es la afectación del patrimonio del pueblo boliviano. Usted sabe que ENDE es una empresa nacional estratégica, de manera que la iniciativa de retrotraer una nacionalización y volver nuevamente a manos privadas amerita una tramitación transparente, y no disimulada, disfrazada”, afirmó.

Para Cabrera, la situación es incierta, pues —asegura— en el propio gabinete de ministros existe una desazón sobre la viabilidad y pertinencia de la medida:

“Ningún ministro de Estado del gabinete se anima a firmar ello porque están conscientes de los graves daños económicos al Estado boliviano que ocasionaría esta medida; hasta el día de hoy, reitero, no existe el texto del decreto supremo”, destacó.

Cabrera afirmó que el ministro Murillo está “furioso” contra él por esta su oposición a la devolución de las acciones de Elfec a privados.

“Es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como es el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales”, concluyó la autoridad.

El jueves, desde la cuenta oficial de Twitter de la Procuraduría General del Estado, se informó que el procurador Cabrera está “a punto de ser destituido por oponerse a la privatización de ENDE y por caso de gases lacrimógenos”.

“Para José María Cabrera devolver acciones a ELFEC no es más que una privatización que atentaría contra los intereses del Estado”, se develó.

(18/09/2020)

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