Nacional

jueves 22 oct 2020 | Actualizado a 16:37

HRW: El gobierno de Áñez abusa del sistema de justicia para perseguir a partidarios y colaboradores de Morales

La organización emitió un informe sobre la “persecución política en Bolivia” y afirma que el Gobierno presionó a jueces y fiscales. Pide retirar los cargos por terrorismo contra el expresidente por ser desproporcionados y porque parecen responder a motivaciones políticas.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Foto: AFP

/ 11 de septiembre de 2020 / 02:59

Human Rights Watch (HRW) publicó este viernes el informe La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, en el que acusa al gobierno transitorio de Jeanine Áñez de abusar del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales. Más aún, señala que los cargos por terrorismo contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) parecen responder a motivaciones políticas, por lo cual pide retirarlos.

El texto de 53 páginas documenta casos promovidos con “cargos desproporcionados o infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”, según una nota de prensa de la organización defensora de los Derechos Humanos; paralelamente, presenta casos de “abuso del sistema de justicia contra opositores a Morales durante su gobierno (2006-2019)”.

“Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, según la nota de prensa. “Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno de turno”.

La indagación se realizó tras la renuncia de Morales, el 10 de noviembre del año pasado, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que tome esa decisión, en medio de denuncias de fraude en las elecciones de octubre que le dieron por ganador. Además, un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó esa tesis, auditoría que ha sido criticada por estudios internacionales.

Ante ello, el entonces presidente partió con destino a México, para luego, en diciembre, trasladarse a Argentina como refugiado político, donde permanece actualmente. Dos días después de su dimisión, la senadora Jeanine Áñez asumió el poder, en una posesión salpicada de polémica, y se comprometió a convocar a comicios.

Más de 100 casos contra vinculados a Morales

“Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo. Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos”, indica HRW.

El comunicado añade que la entidad analizó miles de páginas de documentos judiciales e informes policiales en 21 casos, además que tuvo acceso al expediente en el cual se acusa de terrorismo a Morales. Las entrevistas realizadas por HRW incluyen al “ministro de Gobierno, Arturo Murillo; la defensora del Pueblo, Nadia Cruz; fiscales, abogados defensores, personas que participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones (a favor y en contra de Morales), testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes asesinados”.

Se critica que hubo casos en que los fiscales presentaron cargos “por terrorismo contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales. A otras personas se les imputaron delitos por haber ejercido su libertad de expresión al publicar críticas contra el gobierno en internet”.

Los casos descritos por el informe incluyen la imputación contra Patricia Hermosa, apoderada y exjefa de Gabinete de Morales, por los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, “exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que este renunciara. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada. En marzo, tuvo un aborto espontáneo”.

También se toma en cuenta la imputación contra Mauricio Jara, simpatizante de Morales, por los “delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública, al parecer por haber ejercido su libertad de expresión”. El documento añade que como “prueba de su participación en actividades delictivas, la policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al gobierno de ‘tirano’ y ‘dictatorial’, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre de 2019 como una ‘masacre’, había ‘desinformado’ y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva”.

Y el caso del juez Hugo Huacani igualmente forma parte del informe, autoridad judicial que otorgó la detención domiciliaria a Edith Chávez, quien trabajaba como “empleada doméstica” del exministro Carlos Romero. El documnto indica que “dos abogados del gobierno denunciaron al juez ante la policía por su presunta ‘falta de independencia’. La policía aprehendió al juez, quien estuvo detenido hasta el día siguiente, cuando otro magistrado resolvió que su arresto había sido ilegal. Huacani fue acusado por la Fiscalía, por incumplimiento de deberes y por tomar decisiones contrarias a la ley”.

HRW señala que Morales fue imputado por terrorismo y financiamiento del terrorismo, delitos que son penados con hasta 20 años de cárcel, a la par de otras causas abiertas contra el expresidente y que son impulsadas por el gobierno de Áñez.

“Los cargos de terrorismo contra Morales se basan en una llamada telefónica realizada en noviembre de 2019, días después de que Morales dejara el cargo, en la cual una persona que presuntamente sería Morales instó a un colaborador a movilizar a manifestantes para que bloquearan carreteras de acceso a algunas ciudades e impidieran el ingreso de alimentos. En la llamada, la persona dice: “combate, combate, combate” e insta a ‘dar dura batalla a la dictadura’, en referencia al gobierno interino de la presidenta Áñez”, explica el documento.

El informe se refiere igualmente a las movilizaciones de octubre y noviembre. “Aunque la mayoría de las protestas se desarrollaron en forma pacífica, algunos manifestantes a favor y en contra de Morales presuntamente secuestraron a personas asociadas con el bando contrario, quemaron viviendas y otros edificios, y cometieron otros actos de violencia, incluyendo el asesinato de dos manifestantes contrarios a Morales en la localidad de Montero por presuntos simpatizantes de Morales”.

Asimismo, remarca que en la grabación por la cual se acusa a Morales, “las personas que hablan no se refieren al uso de la violencia ni a la participación en alguno de los actos violentos que se habían producido. Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch (que consisten, principalmente, en esa única llamada telefónica) no dan el menor sustento a esa acusación”.

“Las declaraciones atribuidas a Morales son, sin duda, preocupantes, y es razonable que los fiscales investiguen si constituyen un delito conforme al derecho boliviano”, afirmó Vivanco, siempre según la nota de prensa. “Sin embargo, aplicar la definición de terrorismo de la legislación boliviana, que es excesivamente amplia, para conseguir una condena a 20 años de cárcel contra Morales no guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios”. Ante ello, la organización pide que se retiren los cargos contra el exmandatario.

(11/09/2020)

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Morales: Almagro debe renunciar en la OEA, sus manos están manchadas de sangre de bolivianos

Anuncia un proceso contra el secretario general de la OEA por haber provocado la violación de derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad en Bolivia, tras su informe que causó un “golpe de Estado”, apoyando la tesis del fraude en las elecciones de 2019.

La conferencia de Evo Morales en Buenos Aires, este jueves. Foto: Captura de Facebook

/ 22 de octubre de 2020 / 11:14

En conferencia desde Argentina, el expresidente Evo Morales pidió la renuncia del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, por haber realizado una auditoría que no probó un fraude en las elecciones de 2019, por lo cual anunció que lo demandará ante la Corte Penal Internacional (CPI) por haber provocado la violación de derechos humanos en Bolivia.

“Luis Almagro debe renunciar, sus manos están manchadas de sangre de bolivianos y bolivianas, no tiene autoridad moral para dirigir la OEA”, indicó la exautoridad desde Buenos Aires, donde está con refugio político tras su renuncia del 10 de noviembre. Su actitud, y de su equipo, “derivó en masivas violaciones de derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

(Noticia en desarrollo)

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México fustiga a Almagro y sugiere su renuncia por denunciar un fraude que ‘nunca existió’

El subsecretario Reyes señaló que la actuación de la OEA en las elecciones de 2019 en Bolivia generó “inestabilidad, violencia y desorden institucional”. La canciller boliviana Longaric apuntó al gobierno mexicano de obstinarse en asuntos de otros países.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro.

/ 22 de octubre de 2020 / 08:43

En su intervención en la 50ª Asamblea General de la OEA, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, fustigó al secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, y lo acusó de haber denunciado un fraude que “nunca existió” en las elecciones de 2019 en Bolivia, por lo cual sugirió su renuncia. La canciller de Bolivia, Karen Longaric, apuntó al gobierno mexicano por injerencia en asuntos internos.

En la cita que se llevó a cabo de forma virtual, el representante mexicano denunció que Almagro usó de “manera facciosa” a la Misión de Observación Electoral (MOE) para plantear un fraude que nunca fue comprobado y que generó “inestabilidad, violencia y desorden constitucional” en Bolivia, con la renuncia del entonces presidente Evo Morales, “y creó un entorno internacional de confrontación”, publica el periódico Excélsior.

En los comicios de 2019, Morales dimitió asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial, la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que tome esa determinación y un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que apoyó el discurso del fraude y que posteriormente, en su documento final, estableció una “manipulación dolosa” en el proceso, auditoría que fue objetada por otros estudios de expertos y entidades internacionales.

“La Secretaría General no está para calificar elecciones o gobiernos. Por lo anterior, México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de autocrítica a partir de sus acciones en contra de la Carta de la OEA y por lastimar la democracia de Bolivia, para determinar si cuenta con la autoridad moral para encabezar la organización. Mi país denuncia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos internos de nuestros Estados y de lastimar nuestras democracias. Lo que ocurrió en Bolivia no debe repetirse jamás”, dijo Reyes.

“Mientras usted (Almagro) siga al frente de la Organización, la sombra de lo sucedido en Bolivia estará siempre presente. Usted ha deslegitimado a las MOE y ha llevado a la organización a un choque con la realidad democrática actual en la región”, y añadió que el pasado domingo Bolivia dio una “lección histórica que ojalá aprendan” Almagro y su misión electoral, en las elecciones que dieron la victoria al candidato Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), tal como sucedió hace un año, cuando Morales fue declarado ganador.

La respuesta provino de la canciller Longaric, quien se estrelló contra México y su gobierno. “Hay países que, no obstante que tienen problemas mayúsculos, problemas estructurales, problemas que socavan su sociedad como el narcotráfico, se obstinan en asuntos de otros países, tratando de trasladar un régimen similar al suyo, de totalitarismo, que hace mucho daño a los pueblos. Bolivia quiere democracia, Bolivia quiere respeto a los derechos humanos, Bolivia quiere vivir al margen del narcotráfico y la delincuencia organizada. No queremos cárteles del narcotráfico, señores”, remarcó la autoridad, siempre según Excélsior.

(22/10/2020)

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El Celag revela en un libro el ‘imperialismo recargado’ de Trump en América Latina

Tiene un capítulo específico sobre Bolivia, un país, señala el documento, donde la presencia de Estados Unidos tiene larga data y se expresa, sobre todo, en la terciarización de la asistencia para el desarrollo a través de fundaciones y ONG.

/ 21 de octubre de 2020 / 14:42

Trumperialismo: La guerra permanente contra América Latina es el libro colectivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) que revela el “imperialismo recargado” del polémico presidente estadounidense en su política aplicada en la región. Un documento que tiene un capítulo específico sobre Bolivia y su relación con Estados Unidos.

El documento fue coordinado por Silvina Romano y tiene como autores a Aníbal García, Tamara Lajtman, Arantxa Tirado, Bartolomé Pasquet y Félix Caballero. Este miércoles a las 18.00 (hora boliviana) será su presentación virtual, con la participación de Romano y otros consejeros e investigadores, a través de las plataformas que tiene el Celag.

“El libro muestra el alcance y la complejidad del gobierno de Trump en sus relaciones con América Latina. Es algo mucho más serio y preocupante que sus frases provocativas, que tratarnos como ‘países de mierda’ o reafirmar la Doctrina Monroe a nivel continental. Tiene implicancias en el devenir político y económico de la región”, señala una nota de prensa enviada a La Razón Digital.  

Indica que los ejemplos más claros de esto es la participación de agencias estadounidenses en el juicio contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, “o el apoyo de agencias de gobierno, fundaciones y organismos internacionales (subordinados a EEUU) al gobierno de facto surgido de un golpe de Estado en Bolivia”, entre otros casos.

Cada capítulo muestra “las decisiones del gobierno de Trump con respecto a América Latina como parte de una trayectoria de instituciones y agencias estadounidenses que operan históricamente en América Latina. Los datos sobre economía, política y geopolítica expuestos en el libro, muestran importantes continuidades con gobiernos anteriores”.

“La diferencia del gobierno de Trump, es que retomó políticas que venían operando, pero las exacerbó, acompañándolas con un discurso típico de Guerra Fría, de polarización entre ‘buenos y malos’, reviviendo el anticomunismo… Por eso hablamos de un ‘imperialismo recargado’, porque no es necesariamente algo nuevo, sino una amplificación de políticas y decisiones que se vienen aplicando hace al menos dos décadas”, añade el boletín.

Sobre el capítulo de Bolivia, Romano, en un contacto con La Razón Digital, indicó que en el documento se explica cuál es la presencia de Estados Unidos en Bolivia, en términos del proceso histórico, es decir, cómo se expresa esto a través de instituciones o agencias del gobierno estadounidense, o del sector privado de ese país.

“Exponemos que esta presencia se ha dado en Bolivia de modo muy similar al de Guatemala, a través de la asistencia para el desarrollo y no solamente por la vía bilateral, desde organismos estadounidenses, sino a través de la terciarización de esta asistencia, mediante fundaciones y organismos no gubernamentales, con programas de asistencia para la democracia, el desarrollo de determinados sectores de la sociedad, temas culturales”.

La cientista política añadió que lo importante de esto es que, en algunos casos, estas entidades “pueden llegar a tener alguna influencia o injerencia en la vida política del país, es decir, en asuntos internos. Y se genera una fuerte tensión porque se supone que este no es el objetivo de la asistencia para el desarrollo y de ningún modo se permitiría el tema de injerencia política. Pero en los hechos, sucede, no solo en Bolivia, sino en otros países”.

Ante ello, los autores realizaron una red de relaciones entre ciertos sectores de la política y la prensa bolivianas “vinculadas a esta asistencia para el desarrollo, a organismos internacionales también, e incluso a corporaciones transnacionales y agencias del gobierno estadounidense”. Es por ello que este diagnóstico no solo abarca el mandato de Trump.  

“Tiene que ver con una articulación institucional. Nos centramos en la asistencia para el desarrollo, hay otro tipo de presencia, pero parece que esa es la más duradera, la que ha echado raíces con mayor eficiencia. Entonces hacemos un relato que no comienza con el golpe (de 2019), sino que es anterior y va dando ahí una serie de relaciones de trayectorias institucionales y personales que muestra, de algún modo, en términos sociológicos, eso es muy interesante, cómo opera esta presencia, pero no por imposición sino por el modo en que funciona una red institucional de larga data en el país”.

(21/10/2020)

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No hay vuelos en el país y AASANA advierte que los militares tomarán control de aeropuertos

El director de la entidad llama al diálogo y señala que el paro es injustificado. Además, alerta que el país puede ser sancionado en el ámbito internacional.

Pasajeros perjudicados en el aeropuerto de El Alto, por el paro de trabajadores de AASANA. Foto: APG

/ 21 de octubre de 2020 / 13:33

Los aeropuertos y los vuelos en el país están paralizados por las medidas de presión de los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA). Por ello, el director ejecutivo de la entidad, Jhonny Vera, los conminó a retomar sus tareas, de lo contrario las Fuerzas Armadas tomarán el control de las terminales aéreas.

Los empleados exigen el pago de dos salarios adeudados por el Gobierno, y otros beneficios, a lo cual el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, respondió esta mañana que la cancelación está en curso y que ya se hizo un depósito. Además, indicó que hay intereses políticos tras esta protesta, y acusó a los dirigentes de “intransigentes” y que “negocien con su partido, que será el próximo gobierno”.

Vera dijo que cualquier medida que se tome será en el marco de la seguridad nacional. “Vamos a hacer un plan de contingencia, vamos a tomar los aeropuertos con las Fuerzas Armadas; las torres de control serán operadas por controladores de la DGAC (Dirección de Aeronáutica Civil)», advirtió, según un reporte de la agencia ABI.

Asimismo, demandó a la dirigencia abrirse al diálogo. Eso sí, denunció que “se aprovechan porque estamos de salida”, por lo cual sumaron a su pliego el pedido de ser incluidos en la Ley General del Trabajo. “El paro es injustificado, hay entre 60 y 70 vuelos perjudicados cuando estamos intentando levantar al sector de la aviación”. Incluso, alertó que Bolivia puede ser pasible de sanciones internacionales por esta medida y por la inseguridad en sus aeropuertos.

(21/10/2020)

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Fernández quiere venir con Evo a la posesión de Arce y dice que se recuperó la democracia

“El golpe (de Estado) en Bolivia fue un hecho muy traumático para la región. Con la complicidad de la OEA construyeron una mentira para sacar a Evo del poder”, dijo el presidente de Argentina.

El expresidente Evo Morales y el mandatario argentino, Alberto Fernández. Foto: Twitter de Evo Morales

/ 21 de octubre de 2020 / 12:40

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó su deseo de asistir a la posesión presidencial de Luis Arce, ganador de las elecciones en Bolivia del pasado domingo, junto al expresidente Evo Morales, refugiado en suelo argentino. Además, celebró que “la democracia haya vuelto a Bolivia”, tras el “golpe” ocurrido en noviembre del año pasado.

“Me gustaría ir a la asunción de Lucho Arce. Mi mayor deseo es acompañar a Evo en el regreso a su patria”, dijo el mandatario en una entrevista con radio El Destape. Es importante que “la democracia haya vuelto a Bolivia, porque es un instrumento muy importante para transformar las injusticias del continente”.

Fernández otorgó refugio político a Morales, luego de que éste renunciara a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que tome esa decisión, y tras un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que apoyó el discurso del fraude en los comicios de octubre de ese año.

“Estoy convencido de que Evo Morales había ganado las elecciones (de 2019), pero lo sacaron del poder y lo obligaron a exiliarse con riesgo para su vida, como a muchos bolivianos que debieron escaparse… El golpe (de Estado) en Bolivia fue un hecho muy traumático para la región. Con la complicidad de la OEA construyeron una mentira para sacar a Evo del poder, debemos celebrar que en América Latina se recupere la democracia”.

Fernández no reconoce el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que se proclamó presidenta dos días después de la dimisión de Morales. Una muestra de ello es que Argentina no cuenta con un embajador en Bolivia. Similar situación se vive con México, Cuba, Venezuela, aunque en este último caso Áñez reconoció al “embajador” nombrado por el autoproclamado presidente Juan Guaidó.

Tras el anuncio de la victoria de Arce, volvió al debate el retorno de Morales al país, tal como él había anunciado, con opiniones divididas en su mismo partido, ya que tiene procesos pendientes impulsados por el Gobierno transitorio. En radio El Destape, el expresidente aclaró que “todavía no está programado mi retorno a Bolivia”.

(21/10/2020)

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