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martes 29 sep 2020 | Actualizado a 15:55

La UNODC advierte de un posible súbito incremento del tráfico de drogas

A causa del confinamiento pudo haber ocurrido un importante acopio de droga, la que buscará salir tras flexibilizarse las restricciones a la movilidad, señala el organismo.

/ 28 de agosto de 2020 / 17:32

Agenres antidroga incinera ladridos de cocaína en La Paz. Foto: Archivo APG

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) advierte la posibilidad de que en los próximos meses de posconfinamiento haya un súbito incremento del tráfico ilícito de drogas.

El referido aumento se debería “al posible acopio de sustancias controladas” que habría ocurrido en los pasados meses en que la movilidad de vehículos y personas se restringió a causa del confinamiento por el COVID-19.

El último informe sobre la destrucción de drogas ilegales incautadas en Bolivia entre enero y julio de 2020, presentado por la UNODC esta semana, destaca que en abril y mayo “se observó una disminución de operativos e incautaciones de manera coincidente a la aparición de la pandemia y al confinamiento”.

Luego, sin embargo, desde que se empezó a flexibilizar las restricciones, “en junio y julio se observó un repunte de hallazgos e incautaciones, principalmente de cocaína”.

Ante el probable acopio de sustancias controladas durante el confinamiento —concluye UNODC— “se podría generar una sobreoferta y proliferación del tráfico y transporte masivo de drogas, tanto terrestre como aéreo, durante los siguientes meses”. Por esta razón, recomienda el organismo al Gobierno “estar alerta y redoblar esfuerzos de control e interdicción”.

Informe

El informe del acompañamiento que hace la UNODC de la destrucción de drogas ilegales en el país fue entregado este jueves al gobierno interino por el representante de dicha Oficina en Bolivia, Thierry Rostan. El énfasis que se hace en el documento —señala la UNODC— es sobre el efecto que tuvo la pandemia en el tráfico ilícito de drogas en el país.

“Desde un enfoque objetivo”, dice la UNODC el periodo de tiempo que va de enero a julio, “no es comparable con gestiones pasadas”; “el confinamiento, cierre de fronteras, suspensión de transporte aéreo y terrestre y principalmente bajas y contagios en miembros de la Policía”, asegura, ha generado una “asimetría” con respecto a otros años.

Con todo, informa la referida Oficina, entre enero y julio de 2020 la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), mediante 4.587 operativos, secuestró 5.476 kilogramos de pasta base de cocaína, 3.195 de clorhidrato de cocaína y 2.844 de marihuana para expendio.

Si bien la UNODC advierte que el periodo estudiado no es comparable con el mismo (de enero a julio) de otros años, ello no impide recordar que en 2019 (en todo el año) se tuvo la incautación de 9,15 toneladas cocaína base y 6,4 toneladas de clorhidrato de cocaína. (Monitoreo de cultivos de coca 2019, presentado en julio de 2020)

La UNODC validó la destrucción del 68% de pasta base de cocaína (3.740 kg), 97% del clorhidrato de cocaína (3.103 kg) y 88% de marihuana para expendio (2.509 kg).

En los siete meses entre enero y julio, la FELCN y la Fiscalía, según el organismo, ejecutaron 250 actos de destrucción de drogas ilegales, de los cuales la UNODC participó en 151 (60%). El confinamiento por el Covid-19 también tuvo su efecto en esto: desde fines de marzo, el acompañamiento se lo hizo a distancia y en tiempo real mediante el uso de videollamadas.

Departamentos

En lo relativo a la incautación de droga por departamentos, la UNODC informa que entre enero y julio, casi la mitad (49%) del decomiso de clorhidrato de cocaína fue en el departamento de La Paz, siguiéndole Beni, con 24%, y Santa Cruz, 16%.

En cuanto a pasta base de cocaína, el departamento con más incautaciones es Cochabamba, con 43% del total; le sigue La Paz, con 20%; Santa Cruz, con 15%; Beni, con 14%.

Sobre el decomiso de marihuana para expendio, otra vez los departamentos de mayor incautación son Cochabamba (33%) y Santa Cruz (32%).

Un dato que hace notar la UNODC es que en los actos de destrucción en los que participó, “se identificaron 38 diferentes sellos o logos en ladrillos de clorhidrato de cocaína, con prevalencia de forma de peces, coronas, letras y diversos animales”.

A partir de la marca en los ladrillos de droga, recomienda la Oficina, “es importante realizar estudios científicos como el perfilamiento químico de las drogas, generar bases de datos y fortalecer mecanismos de intercambio de información y de cooperación con países vecinos que permitan establecer el origen, pureza y composición de las drogas incautadas en la región”.

(28/08/2020)

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Hay una falsa expectativa sobre el recurso admitido en La Paz contra el MAS

El mismo tema que le piden tratar a la Sala Constitucional de La Paz lo viene analizando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, y, por jerarquía, primero debe pronunciarse el TCP.

/ 28 de septiembre de 2020 / 15:55

El candidato presidencial del MAS, el exministro Luis Arce.

Se está creando una falsa expectativa sobre el recurso de cumplimiento presentado por la senadora Carmen Eva González contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, coinciden dos abogados constitucionalistas.

El sábado 26, el abogado de la senadora González, Jorge Tamayo, anunció que la referida Sala Constitucional había “admitido” la acción de cumplimiento para obligar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a anular la personería jurídica del MAS por la “difusión” de una encuesta interna en julio. El jurista informó además que la sala convocó a audiencia el lunes 5 de octubre, a las 11.00, para considerar el referido recurso.

Respecto de la audiencia programada para el 5 de octubre, la senadora González afirmó que deberá ser en esa instancia que la Sala Constitucional ordene al TSE aplicar el artículo 136 (parágrafo 3) de la Ley 026, de Régimen Electoral, y anular la personería jurídica del MAS por la referida “difusión de encuestas”.

El abogado constitucionalista Iván Lima Magne precisó a La Razón que lo que ocurrió, en rigor, no fue una “admisión” del recurso, sino más bien una “recepción” del trámite. “Lo que ha habido es una recepción del recurso por parte de la sala, que ha fijado audiencia para el 5 de octubre”, señaló.

Si bien la Sala Segunda recibió el caso, que por lo demás es su obligación regular, al hacerlo y programar una audiencia “todavía no ha decidido nada”, destacó Lima. Es obligación de los jueces de esta sala definir todos los aspectos de un caso en una audiencia, que es lo que se está haciendo.

Sin embargo, en coincidencia con el abogado Franklin Gutiérrez Larrea, la mañana de este lunes en medios televisivos, Lima señaló que la principal razón para no generar una falsa expectativa de lo que pueda hacer el 5 de octubre la Sala Segunda es que el tema de litigio (la aplicación del artículo 136) ya viene siendo tratado por la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia superior a las salas constitucionales departamentales.

“El Tribunal Constitucional en este momento está atendiendo la consulta sobre la misma temática que exige que se cumpla Carmen Eva González; ella pide que se aplique urgentemente el artículo 136, numeral 3; pero ese artículo está siendo objeto de análisis por parte del Tribunal Constitucional en Sucre”, destacó Lima.

En la consideración del recurso de cumplimiento, previsiblemente la Sala Segunda interrogará al TSE por qué no aplica el referido artículo 136, y éste le dirá que no puede hacerlo porque en este momento su competencia respecto de dicha norma está suspendida, en espera de la decisión del Tribunal Constitucional, argumentó Lima.

Para Gutiérrez Larrea, la Sala Segunda no tiene opción. “La Sala en La Paz es inferior a la de Sucre. Una sala constitucional no puede sobreponerse a un cuestionamiento que tiene el Tribunal Constitucional sobre la misma norma; ellos (los jueces de la Sala Segunda) pueden viabilizar la acción de cumplimiento de forma administrativa, pero no se van a pronunciar en el fondo, porque alguien les va decir ‘si ustedes van a fallar, y van a obligar al Tribunal Electoral a que se vaya a pronunciar, éste les va decir lo mismo, que yo tengo un candado, he sido notificado con una acción de inconstitucionalidad concreta y no me puedo pronunciar; y ese candado tiene que resolverse primero en Sucre’”, describió la situación el abogado constitucionalista.

A la fecha, el Tribunal Constitucional considera la inconstitucionalidad del artículo 136, en su parágrafo 3, tanto por un recurso concreto como por uno abstracto, ambos presentados por el MAS.

Es el recurso de inconstitucionalidad concreta lo que en este momento impide pronunciarse al Tribunal Electoral, pues tras recibirlo por parte del MAS, la ley (el Código de Procedimiento Constitucional) le obliga a pronunciarse al respecto y enviar el trámite al Tribunal Constitucional en Sucre; mientras éste no se pronuncie, el TSE no puede hacer nada.

El TSE, como primera entidad aludida por el recurso de inconstitucionalidad concreta, debía enviar el expediente al TCP manifestando su acuerdo o su rechazo al argumento del MAS, partido que señala que el artículo 136, en su numeral 3, es inconstitucional.

En su fallo, el TSE expresó que sí existen dudas razonables sobre la constitucionalidad del referido artículo, el cual dispone que a la sola difusión de encuestas por parte de un partido, el órgano electoral deberá anular su personería jurídica.

Cuando el TSE envió el caso al TCP, hizo notar que la decisión que vaya a tomar el Tribunal Constitucional sobre el artículo 136 iba a afectar o beneficiar tanto al MAS como a Comunidad Ciudadana (CC) y Juntos, pues los dos últimos tenían similar denuncia.

La alianza que postulaba a Jeanine Añez a la presidencia (Juntos) se retiró de la contienda electoral.

(28/09/2020)

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Luego de las crisis de gabinete, juran los ministros Marinkovic, Tejerina y Quiroga

Este lunes se supo de la destitución de Óscar Ortiz y renunciaron Óscar Mercado y Abel Martínez.

/ 28 de septiembre de 2020 / 13:57

Los nuevos ministros: Gonzalo Quiroga, Branko Marinkovic y Álvaro Tejerina. Foto: Álvaro Valero-La Razón

Apenas a unas horas de haber destituido a un ministro y recibir la renuncia de otros dos, la presidenta Jeanine Añez, posesionó a sus reemplazantes: Branco Marinkovic en la cartera de Economía, Alvaro Tejerina Olivera en la de Trabajo y a Gonzalo José Quiroga Soria en Planificación del Desarrollo (cargo que ocupaba Marinkovic).

No se posesionó al ministro de Desarrollo Productivo, que también había quedado acéfalo.

Como una auténtica crisis de gabinete, este lunes se conoció, primero, de la destitución del ministro Ortiz y, luego, la renuncia de los ministros de Trabajo, Oscar Mercado, y de Desarrollo Productivo, José Abel Martínez.

«Estoy nombrando como ministro de Economía a una persona que toda su vida se dedicó a crear empleo», dijo la mandataria en ocasión del acto de posesión.

Añez recordó que su gestión la dedicó a la economía y a la salud.

Si bien los ministros renunciantes no aclararon la causa de su alejamiento, Ortiz señaló que se va por diferencias profundas con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, especialmente sobre la forma en que el Órgano Ejecutivo está llevando adelante la «devolución» de acciones de la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) a accionistas de la Empresa de Fuerza y Luz de Cochabamba (ELFEC).

Ortiz dijo que él no firmará normas que vayan contra la ley, en referencia a decretos que se presentaron en el gabinete sobre ELFEC.

El exprocurador José María Cabrera adelantó la semana pasada que varios ministros no estaban de acuerdo con la forma de privatización de las referidas acciones.

(28/09/2020)

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Tras la destitución de Ortiz y la renuncia de Mercado, ahora se va el ministro Martínez

El gobierno de Jeanine Áñez sufre una crisis de gabinete, alimentada en parte por la devolución de acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC).

/ 28 de septiembre de 2020 / 13:05

El dimisionario ministro Abel Martínez. Foto: APG-archivo

Mediante un comunicado emitido este lunes, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Rural, José Abel Martínez, también anunció su renuncia irrevocable al cargo.

“Hoy el señor José Abel Martínez presentó su renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Desarrollo Productivo, Empleo y Previsión Social, puesto que ejerció desde julio del presente año”, señala el escueto texto de dimisión.

La dimisión de Martínez ocurre luego de que el ministro de Economía, Óscar Ortiz, fuera destituido por la presidenta transitoria Jeanine Añez y también renunciara el ministro de Trabajo, Óscar Mercado.

Si bien los ministros renunciantes no señalan el motivo de su alejamiento, la mañana de este lunes Ortiz adelantó que él se va porque no está de acuerdo en firmar decretos que vayan contra la ley, en referencia al proceso de devolución de acciones de la eléctrica ELFEC, que está llevando adelante el Gobierno.

Precisamente este lunes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, admitió que existen “muchísimos roces” entre él y Ortiz sobre si es legal o no la forma en que se está procediendo para devolver las acciones estatizadas en 2010 a trabajadores de ELFEC y accionistas de la Cooperativa de Teléfonos de Cochabamba (Comteco).

El ministro de Gobierno anunció que el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 4346, en el cual le da 30 días a la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) para que emita un informe sobre la administración que hizo desde 2010 de ELFEC.

“En este momento ENDE está preparando el informe ordenado en el marco de la debida diligencia, que ha administrado ELFEC desde el 2010 hasta la fecha; necesitamos un informe de lo que ha hecho y el estado en que se encuentra la empresa; si ENDE ha invertido en ELFEC, si no lo hizo, qué utilidades ha producido o qué no”, destacó Murillo.

(28/09/2020)

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Lo de ENDE puede usarse contra el país en varios juicios

El Procurador ahora destituido se fue por un claro enfrentamiento con el ministro Arturo Murillo

/ 23 de septiembre de 2020 / 07:05

El exprocurador general del Estado, José María Cabrera

Esta entrevista se la hizo una hora antes de que el procurador general del Estado, José María Cabrera Dalence, se enterase de que había sido destituido.

Como él mismo adelantara, el directo responsable de su alejamiento sería el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por dos casos puntuales. El ministro andaba “furioso”, dice Cabrera Dalence, con el Procurador tanto por la oposición que éste tuvo a la forma en que Murillo impulsó la “privatización” de parte de ENDE, como por la investigación que llevaba adelante la Procuraduría sobre la compra con supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos en noviembre-diciembre de 2019, caso en que Murillo es uno de los principales señalados. Acaso lo que más le preocupa al ahora exprocurador es lo de ENDE: la forma en que se está procediendo, a impulso del ministro Murillo, puede repercutir contra Bolivia en todos los juicios que el Estado tiene contra privados por las nacionalizaciones. 

—¿De cuándo vienen sus observaciones a la devolución a privados de acciones de ENDE?

—Las observaciones que el Procurador plantea en el caso de la afectación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) son de puro derecho, aspectos objetivos que establece la ley. Hay dos observaciones que planteamos en la reunión de UDAPE, la unidad técnica previa a las discusiones finales en gabinete. Observamos la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? Aquí, no se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídcos  y técnicos que respalden y avalen esa iniciativa. Se aplicó el llamado ‘procedimiento rápido’, que es para otras cosas mucho más sencillas; en lo de ENDE, es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo. Éstos son aspectos de forma que nunca fueron aclarados ni contestados.

—Un tema de procedimiento.

—Ya en el fondo, es la afectación del patrimonio del pueblo boliviano. Usted sabe que ENDE es una empresa nacional estratégica, de modo que retrotraer una nacionalización efectuada hace diez años y volver a manos privadas lo que hoy es de propiedad del pueblo de Bolivia amerita una tramitación transparente, y no disimulada ni disfrazada. Ahora, hacerlo con un argumento tan simple como indicar que fue ilegal o abusiva esa nacionalización, es totalmente contrario a derecho. De acuerdo a nuestra Constitución y leyes, quien declara y dice qué cosa es legal y qué cosa es ilegal, solamente es un juez. El Órgano Ejecutivo no tiene competencia para declarar lo que es legal y lo que es ilegal. 

—¿Qué consecuencias puede tener esto de devolver a privados algo estatal?

—Actualmente el Estado boliviano tiene cuatro juicios de arbitraje internacional por otras nacionalizaciones, y si hoy el propio Gobierno de Bolivia está afirmando que simple y llanamente la decisión del Estado de hacer una nacionalización es un acto de ilegalidad, automáticamente esta declaración va a ser utilizada contra el país en esos cuatro juicios arbitrales, que son por la suma de más de dos mil millones de dólares. Y, además, puede tener un efecto dominó: hay otras empresas que están en ciernes de iniciar juicios arbitrales por lo mismo. De manera que esta decisión no puede tornarse de manera precipitada.

—Murillo se le puso al frente.

—Esos dos aspectos desencadenaron la furia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que fue el propulsor de esta iniciativa de decreto rápido y que incluso se anticipó a declararlo en la efeméride cochabambina el 14 de septiembre.

Y le preciso yo: hasta el día de hoy (viernes 18), pese al anuncio, nadie conoce el texto del supuesto decreto supremo; ningún ministro del gabinete se anima a firmar ello porque están conscientes de los graves daños económicos al Estado boliviano que ocasionaría esta medida.

—El jueves usted fue a la Asamblea a informar lo de los gases lacrimógenos. Dijo que el ministro Murillo no le informó nada, como sí lo hizo el de Defensa.

—Así es, la gota que rebasó el vaso del ministro Arturo Murillo fue el cumplimiento de otro deber constitucional por parte del Procurador. Ante la Comisión Mixta de la Asamblea que investiga el caso de corrupción en la compra de gases lacrimógenos, expresé que el 24 de junio inicié esta misma investigación dirigiendo un requerimiento procuradurial al ministro de Defensa, Fernando López, y al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Cuando la Constitución, en su artículo 231 dispone que ninguna autoridad puede negar la documentación que la Procuraduría le exija, el Ministro de Gobierno, a más de cuatro meses de nuestro requerimiento, no ha presentado ni un solo papel; a diferencia del Ministro de Defensa, que presentó abundante documentación. Murillo no está por encima de la Constitución y la ley; si no cumple, comete el delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas, el de obstaculizar la justicia y el incumplimiento de deberes.

—¿Hay alguna forma de obligarle?

—El miércoles 16 la Procuraduría ha emitido el segundo requerimiento [para Murillo], que es el paso previo para la denuncia por la comisión de dichos delitos.

—¿No hubo ninguna respuesta, aunque sea verbal?

—Por las actuaciones del Procurador en el caso ENDE y en el caso Gases lacrimógenos, el ministro Murillo está furioso contra el Procurador y le ha requerido a la Presidenta del Estado la remoción de esta autoridad.

—¿Tendrá que ver todo esto con otros casos que investigó?

—Cabalmente ayer (jueves) he firmado y concluido la otra investigación del caso de corrupción que conmocionó al país, el de Respiradores españoles. El 20 de mayo, la Procuraduría inició su propia investigación jurídica y apolítica. Se ha recopilado más de ocho carpetas Cóndor, más de mil documentos emitidos por diferentes instituciones, y se ha encontrado hallazgos serios de comisión de delitos de corrupción a 13 personas, funcionarios públicos y particulares. Ayer he firmado ese dictamen y lo he presentado al Fiscal General del Estado, al Fiscal Departamental de La Paz, a la comisión investigadora de fiscales, a la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga también el tema, al Ministro de la Presidencia, al Ministro de Justicia, a la Ministra de Relaciones Exteriores, a la Ministra de Salud y al Director de la AISEM. Y en unas horas más será subido a la página web institucional el dictamen del caso Respiradores españoles para que toda la ciudadanía tenga acceso a este trabajo de investigación.

—¿Otros casos que esté investigando?

—También tenemos en curso una investigación respecto a YPFB. Al margen de ello tenemos casos, que no son de investigación pero son de gran interés. En unos días más, el 28 de septiembre tenemos la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso del derecho humano a la elección indefinida. Luego, hace escasos días el presidente de la Corte Penal Internacional ha remitido el caso de lesa humanidad cometido en agosto a la sala de cuestiones preliminares, está avanzando. Y, más importante aún, tenemos once juicios por el fraude electoral; estamos en vísperas de que se presente el requerimiento acusatorio para que pase el caso a juicio. Es amplia la agenda de la Procuraduría y lastimosamente autoridades como el ministro Arturo Murillo se han sentido tremendamente incomodadas y están furiosas por nuestras actuaciones. 

—¿Este 28 de septiembre es usted quien debe ir a la Corte IDH?

—El 28 estamos acreditados dos representantes del Estado boliviano, el Procurador Gneneral, que es el abogado del Estado, y nuestro embajador en San José de Costa Rica, donde tiene su sede la Corte IDH, el abogado constitucionalista William Herrera Áñez. Ambos tenemos que formular el alegato ante la Corte.

—¿Qué vendrá, Procurador? Murillo es Murillo. ¿En qué prevé que resulte todo esto?

—En lo personal, me es absolutamente indiferente el desenlace del tema. Jamás solicité este cargo, ni me aferro al mismo; y no es de interés público estos aspectos personales. Pero lo que sí es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales. La afectación de una empresa nacional estratégica, como ENDE, a través de decretos por vía rápida, que hasta ahora ningún ministro se anima a firmar, porque sabe que constituye daño económico al Estado, o el hecho de no aclarar actos de corrupción, obstaculizar el desempeño normal de las instituciones que tienen facultades para investigar, son aspectos que tienen que preocuparnos a todos los ciudadanos. Yo cumplo con mi deber de ponerlos a conocimiento de la opinión pública para que cada boliviano y boliviana emita su propio criterio.

José María Cabrera Dalence. Acerca de la “devolución” de acciones. No hay que disfrazar las cosas, demanda el ahora exprocurador. Si un bien pasa de propiedad privada a pública, se llama estatización o nacionalización; si va de lo público a lo privado, es privatización.

Datos

Nombre: José María Cabrera Dalence

Profesión: Abogado, con maestría en Derecho Constitucional.

Ocupación: Hasta el viernes 18, Procurador General del Estado

Perfil

Fue asesor legal del Gobierno Municipal de Santa Cruz. También fue Árbitro del Centro de Conciliación de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Murillo anuncia un juicio contra el exprocurador, ahora como ‘persona particular’

El Ministro de Gobierno se expresó molesto por las acusaciones de José María Cabrera, que consideró infundadas “todo el fin de semana”.

/ 21 de septiembre de 2020 / 21:02

El procurador José María Cabrera destituido este viernes, en una entrevista con La Razón pasada.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que llevará a estrados judiciales al exprocurador general del Estado  José María Cabrera por las presuntas acusaciones que éste hizo en su contra, pero como a un “particular”.

“Creo que en lo que vamos a terminar es viéndonos en la justicia”, anunció la tarde de este lunes Murillo en declaración a radio Panamericana, en referencia a Cabrera. Él “tendrá que demostrar todas las acusaciones que ha hecho contra mí durante todo este fin de semana”, añadió.

Murillo consideró que hay «periodistas entre comillas» que le “acusan y acusan”, pero que están protegidos por la Ley de Imprenta. Con Cabrera es otra cosa, siendo éste un “particular”.

“Está bien que yo me calle ante las acusaciones de algunos periodistas entre comillas, que acusan y acusan, pero como son periodistas, tienen el Tribunal de Imprenta, qué se yo; entonces, ni los miro. Pero ya una persona particular que venga hacer acusaciones, va a tener que demostrar las acusaciones que ha hecho, puesto que son graves, y uno no puede ir por la vida difamando a las personas; eso no lo voy a permitir”, aseveró el ministro.

La Razón trató de obtener la respuesta del exprocurador, pero no tuvo éxito.

Entre las acusaciones “de todo este fin de semana” acaso estén las que publicó ayer domingo el suplemento Animal Político de La Razón, en una entrevista con Cabrera.

Allí, el exprocurador afirmó que Murillo, al impulsar la “privatización” de una parte de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con la “devolución” de acciones de ELFEC (Cochabamba) estatizadas en 2010, generó la omisión de importantes procedimientos propios de un cambio de razón social, de propiedad, de dichas acciones: de lo públicas que son hoy día a privadas que pueden ser mañana.

“Observamos la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? Aquí, no se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídicos y técnicos que respalden y avalen esa iniciativa. Se aplicó el llamado ‘procedimiento rápido’, que es para otras cosas mucho más sencillas; en lo de ENDE, es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo”, destacó Cabrera a este suplemento.

Si ha sido abusiva la nacionalización de las acciones de ELFEC hace 10 años, si fue una confiscación, como ahora se aboga, Cabrera insiste en que decir si eso fue o no legal no le corresponde al Órgano Ejecutivo, ni a este ni al que venga, sino a un juez.

Y sí, Cabrera afirmó que Murillo, con su accionar en el caso ENDE, pretende saltarse la Constitución y las leyes: “Lo que sí es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales”.

En relación al caso de la compra con supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos a fines de 2019, el exprocurador, aparte de matizar que esto fue lo que puso “furioso” al ministro, denunció que Murillo no respondió “ni con un solo papel” el “requerimiento procuradurial” que la Procuraduría General del Estado le hizo llegar el 24 de junio de 2020. El Ministerio de Gobierno no lo hizo, como sí lo hizo el Ministerio de Defensa, remarcó en la entrevista con este medio.

Aquí también la exautoridad señala a Murillo de incumplir la ley: “Murillo no está por encima de la Constitución y la ley; si no cumple, comete el delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas, el de obstaculizar la justicia y el incumplimiento de deberes”.

Es más, la anterior semana, al cumplirse el plazo de espera sin respuesta de parte de Murillo, Cabrera, en su calidad de Procurador, le mandó un nuevo requerimiento: “El miércoles 16 la Procuraduría ha emitido el segundo requerimiento [para Murillo], que es el paso previo para la denuncia por la comisión de dichos delitos”, destacó el ahora exfuncionario.

En Panamericana, Murillo también dijo (algo que ya había señalado antes) que Cabrera “se ha metido y ha tenido reuniones con el MAS, y lo vamos a demostrar”, que por eso “él no ha actuado en defensa del Estado, ha actuado políticamente”, y que le “ha mordido la mano de quien le ha dado de comer”, o sea, a la presidenta Añez.

Como se apunta en la entrevista con Animal Político, el 4 de septiembre, hace apenas dos semanas, Cabrera presentó nada menos que en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, una denuncia contra el líder del MAS, Evo Morales (junto con al ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi) por delitos de lesa humanidad.

Si bien varios juristas no están de acuerdo en absoluto con este proceso en la CPI, Cabrera lo hizo a nombre del Estado boliviano, del gobierno transitorio de Añez.

En la entrevista, el exprocurador también recordólas “ocho carpetas Cóndor, más de mil documentos emitidos por diferentes instituciones” que recopiló la Procuraduría para establecer su propia acusación por el “fraude” electoral de 2019, donde “se ha encontrado —dijo Cabrera—  hallazgos serios de comisión de delitos de corrupción en 13 personas, funcionarios públicos y particulares”.

(21/09/2020)

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