Nacional

sábado 8 ago 2020 | Actualizado a 10:55

Abogado de Gutiérrez apunta a que se incluya a Romero en proceso contra exfuncionarios de Migración

El director de Migración denunció a la exdirectora por falsedad ideológica. La defensa del dirigente cocalero señala que el proceso debe sumarse al abierto en 2019 contra dos exfuncionarios por uso indebido de influencias.

/ 1 de agosto de 2020 / 12:08

El dirigente cocalero yungueño Franclin Gutiérrez. Foto: APG

La denuncia penal que el miércoles 29 de julio instauró el director general de Migración, Marcel Rivas, contra la exdirectora Yanet Senzano, bajo la acusación de haber falseado información de un viaje del dirigente cocalero yungueño Franclin Gutiérrez, según el abogado de éste, puede derivar en una acusación contra el exministro de Gobierno Carlos Romero.

Desde el plano jurídico, se trata de pasar de un actual proceso por falsedad ideológica a otro por uso indebido de influencias, que puede implicar a mandos superiores de la Dirección General de Migración, explicó a La Razón Digital el abogado Eusebio Vera.

Gutiérrez viajó a Ecuador en 2016, a invitación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para participar de una conferencia sobre la hoja de coca. Según su defensa, si bien el viaje fue el 14 de junio y el dirigente volvió al día siguiente a Bolivia, llegando al aeropuerto de El Alto en la madrugada del 15, de acuerdo con el flujo emitido por Migración de entonces, su retorno fue el 16, y desde Colombia.

Una vez detenido Gutiérrez, acusado de ser autor intelectual de la emboscada a una brigada de erradicación de coca ilegal en La Asunta, donde murió el teniente Daynor Sandóval, el 24 de agosto de 2018, cuatro días más tarde, siempre según Vera, la Dirección de Migración emitió el flujo migratorio de Gutiérrez que certificaba que en junio de 2016 había pasado por Colombia, documento sirvió para que se mantenga en prisión a Gutiérrez.

Luego, a solicitud de los abogados del dirigente cocalero, Migración volvió a emitir el flujo con el mismo dato del viaje a Colombia, el 3 de enero de 2019. Por ello, entre septiembre y octubre de 2019, la defensa de Gutiérrez instauró un proceso penal por falsedad ideológica contra los dos funcionarios firmantes del informe, Glubert Salguero y Neyza Ponce.

En el avance de las investigaciones y por la declaración de los procesados, se destacaba, indicó Vera, que “la única persona que podía manipular, alterar el flujo migratorio de cualquier ciudadano, y que tenía acceso al sistema, era la directora, la señora Yanet Senzano”. Fue así que se pidió ampliar la acusación contra ella y un cuarto implicado.

A la fecha, este caso se encuentra en la etapa en que se debe formular la imputación formal por parte de la Fiscalía; aunque, como todo, se demoró por la pandemia del coronavirus.

Ahora, remarcó Vera, con el anuncio de la demanda penal del director Rivas se corrobora el proceso anterior, y lo que debe pasar es que el nuevo proceso se “sume, adhiera o adjunte” al primero, “porque no puede haber dos casos abiertos sobre un mismo hecho”.

Pero, he aquí el nuevo escenario que plantearía la denuncia de la actual Dirección de Migración contra la exdirectora Senzano. Si bien en el primer proceso contra los dos funcionarios de la entidad, la defensa de Gutiérrez se concentró en mostrar la falsedad de los flujos migratorios (mostrando los boletos de avión, el voucher del viaje, el pasaporte, declaraciones de testigos, certificados, entre otros), ahora, se amplía el caso al delito de uso indebido de influencias, lo que alcanzaría a mandos superiores.

“Ahí se apunta a otro nivel. Si se acredita el uso debido de influencias, tendría que haber recibido alguna orden superior la señora Yanet Senzano para que haya manipulado el sistema informático de la Dirección de Migración, para que haya ordenado alterar el flujo migratorio. Y, ¿quién es su inmediato superior? El señor ministro de Gobierno, que en ese entonces era Carlos Romero”, concluyó el abogado de Gutiérrez.

Si bien el caso contra Senzano anunciado por Rivas también incluye el “ejercicio de dos cargos paralelos en la administración migratoria, uno como Directora General y otro como Jefa de Control Migratorio e Inspectoría”, la acusación de mayor alcance en cuanto a otros implicados, es la de uso indebido de influencias.

(01/08/2020)

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Gobierno y movilizados acuden a la comunidad internacional por la defensa de los DDHH

Mientras la administración Áñez pide censurar los bloqueos, la COB advierte de una eventual represión militar y policial contra los protestantes.

/ 8 de agosto de 2020 / 09:01

La canciller Karen Longaric, en la conferencia virtual de la OEA; el viernes. Foto: ABI

En una inusual convergencia, este viernes el Gobierno boliviano y los sectores movilizados contra la postergación de las elecciones acudieron a la comunidad internacional en busca  de respaldo contra lo que cada cual considera “violación de derechos humanos”.

Por la mañana, en la sesión extraordinaria del consejo permanente de la Organización de Estado Americanos (OEA), la canciller de Bolivia, Karen Longaric, pidió a la instancia que reúne a los embajadores de los 35 países representados en la OEA, “censurar” la violación de los derechos humanos en que estarían incurriendo los bloqueadores  de caminos que exigen no cambiar la fecha de las elecciones fijadas para el 6 de septiembre.

«El Gobierno de Bolivia solicita que los organismos internacionales censuren estas flagrantes violaciones de los derechos humanos. Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al expresidente (Evo) Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos», demandó la ministra Longaric en el Consejo Permanente de la OEA, que se desarrolló de manera virtual.

Por la mañana también, mediante un comunicado, la COB y el Pacto de Unidad, organizaciones que promueven el bloqueo de caminos desde el lunes 3 contra la postergación de los comicios, alertaron a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos la eventual represión que previsiblemente se ejercerá contra los movilizados.

Específicamente, las organizaciones sociales se refieren a las advertencias emitidas desde la noche del 6 de agosto, en Cochabamba, por cuatro ministros, en sentido de que la fuerza pública intervendrá los bloqueos “en cualquier momento”.

“Alertamos a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos que hoy los ministros (de Gobierno, Arturo Murillo; y de Defensa, Fernando López) amenazaron con reprimir nuevamente al pueblo boliviano que se encuentra en paz, movilizado por sus derechos a la vida, salud, alimentación, educación, trabajo y democracia”, señalan en su comunicado.

En este documento, además, la dirigencia laboral, campesina e indígena instruye a los sectores movilizados a garantizar la libre circulación de motorizados que estén transportando oxígeno, medicamentos e insumos médicos para contrarrestar el COVID-19. “el pueblo movilizado está comprometido con la salud y la vida”, aseguran.

CIDH

La ministra de Relaciones Exteriores boliviana, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA del viernes, también reclamó lo que considera “parcialización ideológica” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “órgano autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano” (sitio web oficial).

«A nombre de todo el pueblo boliviano, pido a la CIDH objetividad e imparcialidad. La CIDH no puede convertirse en un portavoz y altavoz de Evo Morales y de sus adeptos que ilegítimamente controlan la Defensoría del Pueblo en Bolivia. La parcialización ideológica de la CIDH no ayuda a acabar con la violencia en Bolivia, solo desacredita a esta importante institución y profundiza las divisiones en nuestro continente», reclamó la canciller.

El pasado 30 de julio, el expresidente Morales había posteado en su cuenta de Twitter el reclamo de que “los bolivianos vuelven a vivir la escasez: largas filas para comprar alimentos, medicamentos y gas en medio de la incertidumbre y pandemia. El pueblo no solo tiene que luchar contra el #Coronavirus sino por sobrevivir como puede, en total abandono”.

En la cuenta oficial de la CIDH, se dio un “me gusta” al mensaje de Morales. Inmediatamente, la Procuraduría General del Estado (PGE) exigió a la CIDH que se retracte del apoyo dado al exmandatario, y que pida disculpas públicas al Estado boliviano.

Para la Procuraduría, además de tachar al exmandatario de “prófugo de la justicia boliviana”, lo dicho en su tuit no era sino “una opinión política sediciosa y dirigida a la confrontación entre bolivianos y bolivianas como parte de su campaña dirigida a la desinformación y desestabilización del país”.

La discrepancia entre el gobierno transitorio de Bolivia y la CIDH no es nueva. Aparte del informe preliminar sobre los hechos de noviembre de 2019, donde el organismo internacional directamente califica de “masacre” lo ocurrido el 15 y 19 de noviembre en Sacaba y Senkata, cuestionó la legalidad del Decreto 4078 del 15 de noviembre de 2019, por el cual se eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza para restituir el orden.

En abril de este año, la Relatoría Especial de la CIDH para la libertad de pidió anular el Decreto 4200 del gobierno, por el cual se podía enjuiciar, con una pena de uno a 10 años, a quien “desinformara” sobre la pandemia de coronavirus.

De nuevo, la Procuraduría reclamó al organismo de derechos humanos de la OEA, alegando que el decreto de marras era completamente legal.

(08/08/2020)

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El Gobierno instaura una denuncia penal por siete delitos a dirigentes del MAS y la COB

Por el bloqueo de caminos, el Ministerio de Justicia acusa de terrorismo y genocidio, entre otros. La COB había instruido dejar pasar vehículos con oxígeno y medicamentos.

/ 7 de agosto de 2020 / 22:19

Bloqueos en Cochabamba, el 5 de agosto. Foto: APG

Este viernes, el viceministro de Justicia, Erasmo Vargas Camacho, interpuso ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por siete delitos contra Evo Morales, Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y Juan Carlos Huarachi.

Las figuras legales con los que se acusa a los cinco dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) son terrorismo, genocidio, sedición, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos contra la salud pública, destrucción y deterioro de bienes del Estado, e instigación pública a delinquir.

En la “relación de los hechos” de la denuncia planteada por el viceministro Vargas Camacho, se señala que los delitos empiezan con el bloqueo de caminos iniciado el lunes 3 de agosto, producto del cual, “el pueblo boliviano” estaría en una “situación de subsistencia inhumana”.

Señala el documento que el bloqueo cerca de la planta de YPFB de Senkata ocasionó desabastecimiento de GLP, elemento “hoy imprescindible por la pandemia”; también se señala que los cierres de vía ya provocaron desabastecimiento de alimentos.

Citando información emitida por el Ministerio de Salud, la denuncia acusa que dichos bloqueos habrían ocasionado 34 muertos, porque no recibieron oxígeno. Aunque sin detallar nada al respecto, también se afirma que la “Aduana Nacional reporta pérdidas económicas por día de bloqueo”.

Dichos delitos, prosigue el alegato, “han sido instigados y provocados por el ciudadano Evo Morales Ayma y otros quienes digitan, incitan, promueven y alientan estos actos”. Dichas acciones, redondea la denuncia, “evitan el socorro médico provocando así un convulsión social y una clara instigación a delinquir bajo apetitos personales y de grupo”.

La denuncia asevera, además, que las medidas asumidas por “militantes del MAS” y de la COB “buscan el incremento inusitado de contagios de COVID-19”.

La denuncia sucede cuando la COB y el Pacto de Unidad, mediante un comunicado, alertaron a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos la intención de “reprimir nuevamente al pueblo boliviano que se encuentra en paz, movilizado por sus derechos a la vida, salud, alimentación, educación, trabajo y democracia”.

En este comunicado, además, la dirigencia laboral instruye a los sectores movilizados a garantizar la libre circulación de motorizados que estén transportando oxígeno, medicamentos e insumos médicos para contrarrestar al COVID-19.

Desde la noche del jueves, y lo reiteró la mañana de este viernes, el Gobierno advirtió que “en cualquier momento” intervendrá los cortes de vía, que hasta el cierre de la presente entrega persistían en el país.

(07/08/2020)

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En su aniversario, Añez destaca el rol de las FFAA en noviembre de 2019 y en la pandemia

La Mandataria afirma que en noviembre, uno de los más conflictivos en el cambio de gobierno de 2019, la institución castrense defendió la democracia.

/ 7 de agosto de 2020 / 19:30

La presidenta Jeanine Áñez, en el acto por el aniversario de las FFAA. Foto: APG

En el 195 aniversario de las Fuerzas Armadas (FFAA), la presidenta del gobierno transitorio, Jeanine Añez, destacó el rol que jugó la institución en noviembre de 2019 y por la “defensa de la salud” en los meses de la presencia del COVID-19 en el país.

“Quiero rendir un homenaje histórico a las Fuerzas Armadas de nuestros días, las Fuerzas Armadas que han salido a la calle con dos misiones, la misión de defender la democracia en noviembre del 2019, y la misión de defender la salud del pueblo boliviano en los últimos meses”; le rindo mi homenaje y le expreso mi agradecimiento”, afirmó este viernes en el acto, en el Círculo de Oficiales del Ejército, en la zona Sur de La Paz.

Noviembre de 2019 fue el mes más conflictivo en el cambio de gobierno, con la renuncia del presidente Evo Morales (10 de noviembre, tras la sugerencia de las FFAA para que tome esa decisión) y la posesión de Añez (12 de noviembre).

Entre el 15 de y 19 de noviembre, en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó “masacres”, la represión militar-policial en  Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) registró al menos 22 muertos y más de 200 civiles heridos.

En esa oportunidad, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseveró que los fallecidos fueron victimados por los propios marchistas y bloqueadores, deslindando cualquier responsabilidad de los uniformados. El Ejecutivo negó el uso de armamento letal en los operativos.

En el Informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en Bolivia, emitido el 11 de diciembre de 2019 por la CIDH, este organismo condenó “de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”.

Este informe preliminar fue rechazado por el Gobierno, que lo calificó de unilateral y sesgado. En ese entonces, el ministro Murillo dijo: “Recibimos con mucho dolor el informe de la CIDH, porque lo ha hecho unilateralmente. Nos parece un informe totalmente sesgado, que no refleja la realidad. Un informe que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo; no está favoreciendo al pueblo de Bolivia».

El lunes 27 de julio, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) publicaron el informe “Nos dispararon como animales” Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia.

Un reporte que “documenta uno de los periodos más letales y represivos de las últimas décadas en Bolivia, así como el miedo creciente de comunidades indígenas y personas críticas del gobierno de que sus vidas y su seguridad están en peligro”, remarca un comunicado de prensa de la Clínica Internacional.

Uno de los investigadores del informe de la Universidad de Harvard, el abogado estadounidense Thomas Becker, en una entrevista con radio Éxito el miércoles, señaló que si bien octubre de 2003 es considerado, incluso por estadísticas, el mes más violento y trágico de la historia democrática del país, noviembre de 2019 ocupa el segundo lugar.

El informe de Harvard también fue rechazado por el Gobierno. Esta vez fue el Ministerio de Justicia, que mediante un comunicado calificó a dicho reporte de “tendencioso”, “poco serio”, que carece de imparcialidad y objetividad y que adolece de “varios errores”.

Tanto la CIDH como la Clínica demandan del Gobierno interino una urgente investigación independiente de los hechos de noviembre de 2019, especialmente.

La CIDH cuestionó en su momento el decreto 4078, del 14 de noviembre de 2019, que en su artículo 3 establecía que “el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad”.

En su informe preliminar de diciembre remarcó: “La CIDH recuerda al Estado que, bajo los estándares interamericanos de derechos humanos, el Decreto 4.078 es jurídicamente inoponible en virtud de su invalidez, por lo cual los actos de violencia que se hayan cometido durante los días en que estuvo vigente no pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado”.

El polémico decreto fue derogado el 28 de noviembre, cuando la presidenta Añez dijo que el país había “logrado la ansiada pacificación”.

Una vez que Añez asumió el cargo, según registra la Gaceta Oficial, su primer decreto presidencial, el 4076, del miércoles 13 de noviembre de 2019, fue para designar el nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas (del Comandante en Jefe de las FFAA, del Jefe de Estado Mayor, y de los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada); solo en un segundo decreto designó a su gabinete.

También fue significativo que quien le impusiera la banda presidencial por sucesión fuera un militar. “No es posible entender a nuestro país y a la sociedad boliviana sin nuestras Fuerzas Armadas”, dijo este viernes en su homenaje la Mandataria.

En lo relativo al papel jugado por las Fuerzas Armadas en la contención de la pandemia, hay que recordar que los uniformados, junto con la Policía, fueron quienes realizaron el control diario en diferentes lugares del país para hacer cumplir la cuarentena rígida dispuesta por el Gobierno.

Hasta el jueve, según información oficial del Ministerio de Defensa, 1.261 uniformados de esa institución se infectaron de COVID-19 y 24 perdieron la vida por esta causa.

(07/08/2020)

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El Gobierno anuncia intervenir los bloqueos ‘en cualquier momento’; Morales advierte de una ‘masacre’

Murillo fustiga nuevamente al TSE por la suspensión de las elecciones. López dice que el transporte aéreo de oxígeno medicinal ya es insostenible. Mercado afirma que ya no se aguantarán “chantajes”. Morales alerta que hay un proyecto de decreto para la intervención.

/ 6 de agosto de 2020 / 22:35

Punto de bloqueos en Confital, camino entre Cochabamba y Oruro. Foto: Roberto Sardinas

La noche de este jueves, desde Cochabamba, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que se intervendrá «en cualquier momento» los bloqueos de caminos que protestan por la postergación de las elecciones.

Poco después, el expresidente Evo Morales, mediante su cuenta de Twitter, advirtió de una posible «masacre» con la acción de la fuerza pública. Morales afirma que hay un proyecto de decreto de intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Junto a los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Defensa, Luis Fernando López, y de Trabajo, Óscar Mercado, Murillo, si bien dijo que agotarán todos los recursos para un levantamiento pacífico de los bloqueos, indicó que está la opción del desbloqueo.

La autoridad volvió a responsabilizar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) del conflicto por la suspensión unilateral de los comicios, del 6 de septiembre al 18 de octubre, y sostuvo que le corresponde hallar una solución.

El miércoles, Murillo fustigó al presidente del TSE mediante su cuenta de Twitter, y lo acusó de haber “incendiado” al país con su decisión.

Por su lado, López advirtió que «se acabó la paciencia» y que si bien en el día se transportó oxígeno medicinal y otros insumos médicos por avión, ello ya es «insuficiente e insostenible».

Nuñez reiteró que la responsabilidad de las personas que vayan a fallecer por falta de oxígeno será de Morales, el candidato Luis Arce, el dirigente cocalero Andronico Rodríguez y la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, todos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Mientras Mercado aseveró que acaso el Gobierno hasta ahora ha sido demasiado tolerante con los bloqueos, y que ya no se va «aguantar más chantajes».

Hasta el miércoles se reportaron más de un centenar de cierres de rutas. Organizaciones protestan contra la determinación del TSE, que convocó al diálogo a representantes de éstas, sin embargo, hasta ahora no hubo avances.

(06/08/2020)

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Añez en campaña: Bolivianos deberán elegir entre los que saben hacer bonos y los que no

La mandataria acusó al resto de los candidatos de haber formado el “partido contra los bonos” y reclamó a la Asamblea Legislativa la aprobación de créditos.

/ 6 de agosto de 2020 / 14:39

El discurso de aniversario patrio de Jeanine Áñez en el Palacio de Gobierno. Foto: APG

La presidenta transitoria Jeanine Añez, en su informe de aniversario de la patria, llamó a que los bolivianos en las próximas elecciones voten “entre los que saben hacer bonos y los que no saben hacerlo”, esto. Lo dijo segundos después de que afirmara: “Permítanme hablar de los bonos, que es justamente lo que nosotros sabemos hacer”, en referencia a su gobierno.

Los bonos (Canasta, Familia, Universal, y el proyectado Salud) fueron una parte sustancial del informe de Añez; un hecho significativo de esto fue que ni bien comenzó su discurso emplazó nuevamente a la Asamblea Legislativa a “liberar” el crédito externo que permitiría  pagar dicho bono.

La convocatoria velada a votar por su candidatura fue reforzada luego con el reproche que hizo a “todos” los candidatos por no apoyar abiertamente la política gubernamental de los bonos.

Tras recordar que “ya son 19 días” de que “lanzó” el Bono Salud, de Bs 500, y que no ha podido pagarlo por la oposición del Movimiento Al Socialismo (MAS), que no le aprueba el crédito en la Asamblea Legislativa, acusó: “Pero también es claro para todos que el resto de los políticos y candidatos a la presidencia han guardado un silencio cómplice con el MAS en la lucha por los bonos. Nunca escuché a los candidatos pelando para defender o impulsar el bono Canasta, Familia y Universal”.

Lo que le parece peor aún a Añez es que no le hayan apoyado en su reclamo a la Asamblea Legislativa para “liberar” el referido crédito externo. “Más grave aún, mucho más grave, nunca escuché a ninguno de los candidatos, ni a los del MAS ni a los otros, reclamando (sic) que la Asamblea libere el dinero para pagar el bono Salud”, protestó.

Y de nuevo, la mandataria transitoria, volvió al discurso apolítico, esta vez contra los demás candidatos: “Esos candidatos estaban y están ocupados en hacer política, estaban y están llenándose la boca con palabras complicadas para justificar sus intereses políticos, y ninguno, ni en la derecha ni en la izquierda, ni los nuevos ni los viejos abrieron ni abren la boca para reclamar por el bono Salud”.

El reproche contra los demás candidatos fue coronado con la acusación de que sus opositores prácticamente formaron un partido contra-bonos: “Fue como si todos los candidatos a la presidencia hubieran hecho un nuevo partido, el partido contra los bonos”.

Con base en esta recriminación a los demás postulantes, la mandataria cerró su mensaje sobre los bonos con el llamado a votar por quienes “saben hacerlos”.

“Por eso lo digo sin vueltas: en Bolivia hay dos caminos de futuro, el camino de los que saben hacer solidaridad, y el camino de los que no saben hacerlo; por eso está claro que a la hora de pensar en el futuro, los bolivianos van a elegir entre los que saben hacer bonos y los que no saben hacerlo, entre los que saben hacer las cosas ayudándonos unos a otros, y los que no saben hacerlo; entre los que piensan en la gente y los que piensan en el poder”.

Añez dio tal importancia a los bonos, que dijo que serán parte fundamental de la economía en la próxima década. “Los bonos representan las políticas de ayuda y solidaridad que necesitará Bolivia y los bolivianos en los siguientes diez años para salir de la situación en la cual nos está dejando la pandemia”.

Así, al final, llamó a todos los candidatos a firmar un “acuerdo nacional por los bonos”, según el cual se determinen dos acciones: en lo inmediato que se permita pagar el bono Salud, y entre enero y febrero de 2021 se vuelva a pagar los bonos Canasta, Familia e Universal.

Hasta la fecha, en poco más de tres meses, el gobierno transitorio pagó, por una sola vez, los bonos Casta (Bs 400), Familia (Bs 500) y Universal (Bs 500); asegura que con estos pagos llegó a más de nueve millones de personas.

(06/08/2020)

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