Nacional

miércoles 30 sep 2020 | Actualizado a 05:30

Cierran filas por la senadora Copa, víctima de violencia de género en redes sociales

El Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo exhortaron a la Policía Boliviana y al Ministerio Público iniciar las investigaciones para encontrar a los delincuentes.

/ 31 de julio de 2020 / 00:04

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa. Foto: Archivo La Razón

Un video de contenido sexual que alude a la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, circuló en las redes sociales en los últimos días. La legisladora exigió el Ministerio de Gobierno encontrar a los responsables y recibió apoyo en todos los ámbitos.

“Exijo al Ministerio de Gobierno una minuciosa investigación para dar con el o los responsables de una publicación que circuló en redes sociales y que mella mi honor y dignidad personal. Acudiré a instancias nacionales e internacionales hasta que esta cobarde acción sea sancionada”, había la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) en su cuenta de Twitter.

Aunque los comentarios sobre su mensaje se inundaron de improperios contra la legisladora en redes sociales, en el ámbito político el respaldo a Copa fue cerrado, entre ellos el Ministerio de Justicia, que expresó su “repudio y completo rechazo a los actos de violencia de género contra el honor, la dignidad, el decoro, la imagen e intimidad de la presidenta del Senado, Eva Copa”.

Dicho despacho gubernamental exhortó a la Policía Boliviana y al Ministerio Público al “inicio inmediato a las acciones investigativas correspondientes” sobre el caso.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, afirmó que Copa es “víctima de un acto canalla”. “No debe existir tolerancia a ningún tipo de violencia contra la mujer o acto que melle su dignidad y honor, vamos a coadyuvar a que esto no quede impune”, prometió.

Otra institución que coincidió con el reclamo fue la Defensoría del Pueblo, que condenó la publicación y consideró que “este tipo de acciones que afectan la dignidad de cualquier mujer y evidencian la reproducción de un sistema patriarcal en el que impera toda forma de violencia, incluyendo la mediática y la política”.

“La Defensoría del Pueblo considera que la difusión del citado video se constituye en una acción de acoso y violencia política así como mediático”, complementó.

La representante de Gestión Social, Carolina Ribera, hija de la presidenta Jeanine Áñez, también se sumó a la solidaridad. “Mi solidaridad con la presidente del Senado Boliviano

@EvaCopa_Bol, ninguna acto de violencia contra la mujer es justificado, esperamos que las pericias den con los responsables de mellar su dignidad”, afirmó en sus redes sociales.

En la vereda política, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa, consideró que lo que sufrió Copa fue un “atentado cibernético”. “Expreso mi más enérgico repudio al atentado cibernético que daña la dignidad de la senadora @EvaCopa_Bol y le doy mi plena solidaridad. Ninguna mujer puede ser objeto de tan canallesca acción. Las autoridades deben procesar y sancionar a los autores de este delito”, escribió en Twitter.

La diputada Sonia Britto, del MAS, expresó también su respaldo a Copa. “Condenamos enérgicamente la bajeza de quienes hacen campaña de desacreditacion de la Pdta del senado @EvaCopa_Bol, estas acciones misoginas, machistas y cobardes deben ser investigadas enjuiciados y sancionadas por acoso y violencia politica Buscan acallar su voz, no lo lograrán! (sic)”, dijo en Twitter.

Copa se encuentra en aislamiento y tratamiento por contagio de COVID-19. Hace unas semanas había sostenido fuertes enfrentamientos políticos con algunos miembros del Gobierno por la promulgación de leyes sin la aquiescencia del Órgano Ejecutivo.

La Ley de Estados de Excepción fue un factor de conflicto. El ministro Coímbra interpuso una consulta ante el Tribunal Constitucional sobre la ley y dijo que “será ese órgano quien defina”, la vigencia de la norma. “La cultura del “métanle nomás” ya terminó”, remató.

Copa respondió: “La norma es clara en cuanto a la legitimación activa para el control previo de constitucionalidad, el Ejecutivo no tuvo la más mínima participación para el origen de la ‘Ley de Estados de Excepción’”.

(30/07/2020)

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Gobierno espera notificación de la Corte-IDH para juicio a exmagistrados por reelección indefinida

La Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió audiencias públicas sobre la reelección indefinida, por una gestión de Colombia. El ministro Yerko Núñez aseguró que los exmagistrados del control constitucional serán procesados

/ 29 de septiembre de 2020 / 17:06

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Con un marcado rechazo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) se cumplió el segundo día de audiencias sobre la reelección indefinida. El ministro de la Presidencia, Yerko Núnez, consideró que el pronunciamiento será de rechazo, por lo que ni bien el Gobierno sea notificado planteará un juicio de responsabilidades contra los magistrados que la validaron.

Fueron los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que en 2017 posibilitaron la cuarta repostulación consecutiva del hoy expresidente Evo Morales, luego que sobrepusieran a los límites fijados en la Constitución, una elección y una segunda reelección consecutiva,  el derecho humano a ser elegido, establecido en  el Pacto de San José de Costa Rica.

“Vamos a iniciar un juicio de responsabilidades a esos masistrados, apenas nos notifique la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sobre el rechazo a la repostulación como derecho humano), de manera inmediata vamos a iniciar este proceso, no puede dejarse impune este tema”, advirtió en una conferencia de prensa.

El subprocurador Alejandro Roda calculó que la Corte emitirá una respuesta sobre la relección indefinida en dos o tres meses. «La Corte entrará a deliberar y nosotros estimamos que en un periodo de no mayor a dos (o) tres meses va a emitir un pronunciamiento», explicó Roda, en una entrevista con la radio Erbol.

Colombia llevó el caso a esa instancia internacional, por pedido de cívicos y políticos opuestos a la candidatura indefinida de un presidente. Desde el lunes se abrieron las audiencias, en las que hay coincidencia de rechazo a esa figura que habilitó a Morales a terciar en las elecciones del 2019, que fueron anuladas en medio de una crisis política-social derivada de denuncias de fraude.

La sentencia constitucional 084 de 2017 fue firmada por los entonces magistrados Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Neldy Andrade y Ruddy Flores. Todos fueron elegidos en elecciones, luego que fueran seleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó en la audiencia de la Corte-IDH que la reelección presidencial indefinida “socava los sistemas de vigilancia y las bases de la democracia” y puede afectar la autenticidad de las elecciones, pero además puede generar ventajas indebidas en proceso electorales y afectar el pleno goce de otros derechos humanos.

A pesar del referéndum de 2016 que rechazó la modificación de la Constitución para habilitar a Morales a una nueva repostulación, se optó por la vía legal. Morales llegó al poder el 2006 y en 2009 acordó su mandato para ajustar la gestión de gobierno a la nueva Constitución. Ganó esa elección, volvió a postular y ganar en 2014. Volvió a terciar en 2019, pero una convulsión lo presionó para dimitir. Hoy, está asilado en Argentina.

A los exmagistrados les corresponde un juicio de responsabilidades en el Legislativo, porque la denuncia que anuncia el Gobierno de Jeanine Áñez es por sus acciones durante el ejercicio de sus cargos como magistrados.

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El Gobierno enjuicia a la jueza que ‘favoreció’ a Choque con detención domiciliaria

El viceministro Guido Melgar detalló que la denuncia se sustenta en delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

/ 29 de septiembre de 2020 / 16:22

El viceministro Guido Melgar, en conferencia de prensa este martes- Foto: ABI

El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, informó este martes que presentó una denuncia penal en contra de Lorena Camacho Ramírez, la jueza que, en su criterio, ha “beneficiado” con detención domiciliaria a la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Choque.

“El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción ha presentado, el día de ayer, una denuncia en contra de la señora Lorena Camacho Ramírez, jueza Quinto en lo Penal Cautelar de la ciudad de La Paz, toda vez que habría beneficiado a la señora Eugenia Choque, expresidenta del Órgano Electoral nacional con la medida sustitutiva de detención domiciliaria”, sostuvo.

Melgar detalló que la denuncia se sustente en los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. “En el actuar de esta jueza se ha podido establecer, de manera clara e inequívoca, la parcialización y el afán de beneficiar a esta señora Choque con la medida sustitutiva de detención preventiva”, remarcó.

“Lo curioso es que cuando ella solicita la cesación a la detención preventiva, el 9 de septiembre, el Ministerio Público ya había solicitado la ampliación de la detención preventiva de la señora Choque porque faltaban declaraciones testificales que la Fiscalía tenía que llevar a cabo. Sin embargo, de manera irregular, primero se resuelve la cesación de la señora Choque y aún no se ha resuelto la solicitud del Ministerio Público de ampliar la detención preventiva”, acotó Melgar.

También recordó que Choque fue detenida porque existía riesgo de obstaculización, ya que estando en libertad podría “influir negativamente” en jueces, fiscales, peritos y testigos. Señaló que la exautoridad del TSE presentó su solicitud de cesación a la detención preventiva “con un memorial que no tiene ni una plana”.

Choque es procesada por el presunto fraude electoral de 2019, que dio como vencedor al expresidente Evo Morales.

(29/09/2020)

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Murillo viaja a EEUU para visitar la OEA, el BID y el Departamento de Estado de ese país

El expresidente Morales cuestionó la salida del titular de Gobierno y la ligó a una posible conspiración contra el proceso electoral o la preparación de “su fuga”.

/ 29 de septiembre de 2020 / 12:16

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en rueda de prensa pasada

Por Eduardo Medina

En medio de polémica por la crisis de gabinete generada a raíz de la destitución de Óscar Ortiz de la cartera de Economía, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, partió el lunes rumbo a Estados Unidos para cumplir una agenda de trabajo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento de Estado de esa nación norteamericana.

Ante las especulaciones, el Ministerio de Gobierno emitió este martes un comunicado en el que aclaró que Murillo viajó en “misión oficial” y detalló que esta participación ya estaba pactada con antelación, la cual debía contar con la presencia Branko Marinkovic, pero esto no fue posible debido a su reciente nombramiento como ministro de Economía.

“Debida a la importancia de estas reuniones para el país, el ministro Arturo Murillo debe cumplir con ellas”, cita el comunicado.

Minutos antes, el expresidente Evo Morales cuestionó la partida del titular de Gobierno. A través de su cuenta de Twitter, señaló que “los responsables de las masacres, el descalabro económico y la corrupción buscarán impunidad a cualquier precio”.

“Murillo se fue de viaje a EE.UU: ¿Será para someterse a las políticas de saqueo, conspirar contra el proceso electoral o para preparar su fuga?”, afirmó Morales, mediante la red social.

(29/09/2020)

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Justicia dicta detención domiciliaria para el excomandante de las FFAA Williams Kaliman

Kaliman fue denunciado por no desplegar a tiempo a las Fuerzas Armadas, entre el 10 y 12 de noviembre del año pasado, cuando la Policía fue rebasada por las protestas y violencia después de la renuncia de Morales.

/ 29 de septiembre de 2020 / 00:41

El excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman

El excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman fue beneficiado con detención domiciliaria y la obligación de pagar una fianza de Bs 50.000, en la audiencia cautelar por el proceso abierto en su contra sobre el accionar militar en los hechos de noviembre de 2019, que derivaron en una convulsión social y la renuncia del expresidente Evo Morales.

“La juez anticorrupción del juzgado cuarto ha dispuesto en esta audiencia cautelar detención domiciliaria, sin derecho al trabajo, así mismo, marcado biométrico, un arraigo, una fianza económica de 50.000 bolivianos y la prohibición de que el señor Williams Kaliman Romero pueda reunirse con miembros de las Fuerzas Armadas para entorpecer las funciones durante un juicio”, indicó el abogado querellante, Omar Durán.

Kaliman fue denunciado por no desplegar a tiempo a las Fuerzas Armadas, entre el 10 y 12 de noviembre del año pasado, cuando la Policía fue rebasada por las protestas y violencia después de la renuncia de Morales.

Durán manifestó a la red Erbol que hubiese querido la detención en la cárcel de San Pedro para Kalimán, pero se optó por la detención domiciliaria.

Se lo acusa por incumplimiento de deberes. Anunció que en el juicio se pedirá que Kaliman sea sentenciado a cuatro años de privación de libertad.

(29/09/2020)

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Áñez califica de ‘intestino’ reclamo de Ortiz sobre ELFEC y defiende su destitución

Añez explicó, durante una entrevista al programa Conclusiones, que el decreto 4345 sobre ELFEC no compromete nada y que fue aprobado por todo su gabinete, incluido Ortiz

/ 29 de septiembre de 2020 / 00:27

Áñez y Ortiz, en julio cuando éste último fue posesionado como Ministro de Economía.

Por Paulo Cuiza

La noche de este lunes, la presidenta Jeanine Áñez defendió su derecho de destituir al ministro Oscar Ortiz y atribuyó a “un reclamo intestino” los cuestionamientos a un decreto que relacionado a su anuncio de devolución de las acciones nacionalizadas a la eléctrica privada ELFEC-Cochabamba.

“Dos precisiones que me parecen importantes: primero, elegir a mis colaboradores, a mi gabinete es una potestad que yo tengo, entonces, en ese sentido, yo debo actuar en consecuencia, y por otro lado, el hecho de hablar de un decreto supremo, yo creo que es un reclamo muy intestino”, señaló en una entrevista con la cadena CNN.

Añez explicó que el decreto 4345 sobre ELFEC no compromete nada y que fue aprobado por todo su gabinete, incluido Ortiz, quien, sin embargo, en horas de la mañana, en una conferencia de prensa, aseveró: “No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal”.

El decreto autorizó a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) “realizar un procedimiento de diligencia debida, en un plazo de hasta treinta (30) días hábiles, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, a fin de establecer toda la información financiera, administrativa, legal y técnica necesaria para determinar el estado patrimonial de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. – ELFEC”. Una comisión trabajará en ese cometido.

Ortiz fue cambiado la mañana de este lunes y en su lugar asumió el empresario Branco Marinkovic. En la tarde, el exministro apuntó sus críticas al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a quien dijo que Áñez le entregó el futuro del gobierno y del país.

Según Áñez, lo que establece el decreto supremo es la creación de una comisión técnica para analizar el tema de la devolución de acciones.

“Yo no le veo mayor conflicto y le insisto en que es un reclamo intestino porque tiene su curso, todavía no está en marcha lo que se pretende hacer, hay una comisión de análisis y así se lo va hacer”, insistió.

Consultada sobre por qué el caso ELFEC derivó también en la destitución del procurador del Estado, José María Cabrera, quien además denunció injerencia de Murillo en su caso, la presidenta aseveró que se trata de un caso distinto porque la destitución de Cabrera es a causa de “una serie de acciones anteriores”.

(29/09/2020)

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