Nacional

sábado 8 ago 2020 | Actualizado a 11:02

Estudio: Áñez ‘nunca’ debió ser candidata y la situación del país ‘va por mal camino’

Un informe de la fundación Friedrich Ebert Stiftung establece que el 47,8% de 140 entrevistados cree que la situación política del país es “mala”; el 31,4%, “muy mala”; el 18,5%, “regular”; el 1,4%, “buena”, y el 0,7%, “muy buena”.

/ 25 de junio de 2020 / 10:58

La presidenta Jeanine Áñez, en un acto de homenaje a la Policía, el 19 de junio. Foto: ABI

Un estudio devela la impertinencia de la candidatura de la presidenta Jeanine Áñez en una situación del país que “va por mal camino”, una situación política “mala” y una situación de la economía también “mala”, ante una fractura social que aún es “más profunda y crítica” y una opinión dividida sobre las elecciones generales.

Presentado por la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), el criterio fue resuelto por 140 entrevistados, un “un grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos”, vía on-line mediante la plataforma SurveyMonkey y entre el 1 y 17 de junio.

Ante la pregunta de con cuál de estas frases está más de acuerdo, el 53,6% de los entrevistados respondió que “la presidenta Áñez nunca debió haberse presentado como candidata”, el 27,9% dice que ella “debe renunciar a su candidatura para concentrarse en las acciones del Gobierno contra el coronavirus” y el 8,8% considera que la mandataria “puede ser presidenta y candidata al mismo tiempo sin que afecte las acciones del Gobierno contra el coronavirus”.

Desde hace más de tres meses el país se encuentra sumergido en una crisis sanitaria por la expansión del nuevo coronavirus, que según reportes oficiales hasta el miércoles afecta 27.487 pacientes y dejó 876 fallecidos.

Elecciones generales

Con el argumento de la situación de salud, el gobierno de Áñez se resistió por varios días a promulgar la ley que fija el 6 de septiembre como fecha de las elecciones y al hacerlo, la mandataria afirmó que fue presionada por Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sobre esa decisión, sancionada por la Asamblea Legislativa y bajo la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) previo consenso con las fuerzas políticas, la opinión está dividida: el 29,5% expresa estar de acuerdo y el 29,5%, en desacuerdo; con la diferencia de que 19,4% dice estar “muy de acuerdo” y 17,2%, “muy en desacuerdo”.

Ante la pregunta de si el Gobierno de la presidenta Áñez está comprometido con la realización de las elecciones, el 69% respondió que “no”; el 16,5%, “sí”, y el 14,3%, “no sabe”.

Sobre cuán de acuerdo está con la afirmación de que la gestión de la emergencia sanitaria puede desencadenar una nueva crisis política en el país, el 47,7% respondió “de acuerdo”; el 36%, “muy de acuerdo”; el 9,5%, “en desacuerdo”; y el 5,8%, “muy en desacuerdo”.

Respecto de la situación política del país, el 47,8% cree que es “mala”; el 31,4%, “muy mala”; el 18,5%, “regular”; el 1,4%, “buena”, y el 0,7%, “muy buena”.

Situación del país

Con siete meses del gobierno transitorio, la situación del país es difícil, alimentada por las consecuencias de la emergencia sanitaria, que mantiene a los bolivianos en cuarentena por el COVID-19 desde el 22 de marzo.

En su informe “Perspectivas Económicas Mundiales” publicado el 8 de junio, el Banco Mundial pronosticó una brutal contracción de 5,9% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia en 2020, en medio de la pandemia.

De enero a marzo de este año, la economía boliviana se ha ido desacelerando hasta alcanzar una expansión de solo el 0,55%, uno de los crecimientos más bajos de los últimos 19 años, comparado con el primer trimestre de cada gestión, según el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), información que es publicada mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El cuestionario Delphi, de la FES, abordó el asunto. El 81,4% respondió que el país va “por mal camino”; el 9,2%, por “buen camino”, y el 9,2%, “no sabe”.

Sobre la situación económica del país, el 43,5% de los entrevistados considera que es “mala”; el 31,4%, “regular”; el 22,1%, “muy mala”; el 2,1%, “buena”, y el 0,71%, “muy buena”.

Situación social

Al asumir que en la crisis política de 2019 se produjo una “fractura social”, el estudio encontró estas respuestas: el 57,8% considera que la fractura “es aún más profunda y crítica”; el 40%, “se mantienes igual”, y el 0,7%, “ha sido superada”.

Sobre tres opciones planteadas a los entrevistados respecto a la preocupación actual de los bolivianos, los resultados del estudio son: el 71,4% considera que la preocupación mayor es “la crisis económica con aumento de pobreza”; el 42,8%, “el riesgo de contagio de coronavirus (mío o de algún familiar)”; el 42,8%, “el autoritarismo y la persecución política”; el 42,1%, “el colapso del sistema de salud”; el 38,7%, “la no realización de las elecciones este año”, y el 28,2%, “hechos de violencia derivados de la emergencia sanitaria”.

El informe fue anunciado para este jueves en el marco del Proyecto de Análisis Prospectivo y Diálogo, de la fundación Friedrich Ebert Stiftung.

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Gobierno y movilizados acuden a la comunidad internacional por la defensa de los DDHH

Mientras la administración Áñez pide censurar los bloqueos, la COB advierte de una eventual represión militar y policial contra los protestantes.

/ 8 de agosto de 2020 / 09:01

La canciller Karen Longaric, en la conferencia virtual de la OEA; el viernes. Foto: ABI

En una inusual convergencia, este viernes el Gobierno boliviano y los sectores movilizados contra la postergación de las elecciones acudieron a la comunidad internacional en busca  de respaldo contra lo que cada cual considera “violación de derechos humanos”.

Por la mañana, en la sesión extraordinaria del consejo permanente de la Organización de Estado Americanos (OEA), la canciller de Bolivia, Karen Longaric, pidió a la instancia que reúne a los embajadores de los 35 países representados en la OEA, “censurar” la violación de los derechos humanos en que estarían incurriendo los bloqueadores  de caminos que exigen no cambiar la fecha de las elecciones fijadas para el 6 de septiembre.

«El Gobierno de Bolivia solicita que los organismos internacionales censuren estas flagrantes violaciones de los derechos humanos. Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al expresidente (Evo) Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos», demandó la ministra Longaric en el Consejo Permanente de la OEA, que se desarrolló de manera virtual.

Por la mañana también, mediante un comunicado, la COB y el Pacto de Unidad, organizaciones que promueven el bloqueo de caminos desde el lunes 3 contra la postergación de los comicios, alertaron a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos la eventual represión que previsiblemente se ejercerá contra los movilizados.

Específicamente, las organizaciones sociales se refieren a las advertencias emitidas desde la noche del 6 de agosto, en Cochabamba, por cuatro ministros, en sentido de que la fuerza pública intervendrá los bloqueos “en cualquier momento”.

“Alertamos a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos que hoy los ministros (de Gobierno, Arturo Murillo; y de Defensa, Fernando López) amenazaron con reprimir nuevamente al pueblo boliviano que se encuentra en paz, movilizado por sus derechos a la vida, salud, alimentación, educación, trabajo y democracia”, señalan en su comunicado.

En este documento, además, la dirigencia laboral, campesina e indígena instruye a los sectores movilizados a garantizar la libre circulación de motorizados que estén transportando oxígeno, medicamentos e insumos médicos para contrarrestar el COVID-19. “el pueblo movilizado está comprometido con la salud y la vida”, aseguran.

CIDH

La ministra de Relaciones Exteriores boliviana, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA del viernes, también reclamó lo que considera “parcialización ideológica” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “órgano autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano” (sitio web oficial).

«A nombre de todo el pueblo boliviano, pido a la CIDH objetividad e imparcialidad. La CIDH no puede convertirse en un portavoz y altavoz de Evo Morales y de sus adeptos que ilegítimamente controlan la Defensoría del Pueblo en Bolivia. La parcialización ideológica de la CIDH no ayuda a acabar con la violencia en Bolivia, solo desacredita a esta importante institución y profundiza las divisiones en nuestro continente», reclamó la canciller.

El pasado 30 de julio, el expresidente Morales había posteado en su cuenta de Twitter el reclamo de que “los bolivianos vuelven a vivir la escasez: largas filas para comprar alimentos, medicamentos y gas en medio de la incertidumbre y pandemia. El pueblo no solo tiene que luchar contra el #Coronavirus sino por sobrevivir como puede, en total abandono”.

En la cuenta oficial de la CIDH, se dio un “me gusta” al mensaje de Morales. Inmediatamente, la Procuraduría General del Estado (PGE) exigió a la CIDH que se retracte del apoyo dado al exmandatario, y que pida disculpas públicas al Estado boliviano.

Para la Procuraduría, además de tachar al exmandatario de “prófugo de la justicia boliviana”, lo dicho en su tuit no era sino “una opinión política sediciosa y dirigida a la confrontación entre bolivianos y bolivianas como parte de su campaña dirigida a la desinformación y desestabilización del país”.

La discrepancia entre el gobierno transitorio de Bolivia y la CIDH no es nueva. Aparte del informe preliminar sobre los hechos de noviembre de 2019, donde el organismo internacional directamente califica de “masacre” lo ocurrido el 15 y 19 de noviembre en Sacaba y Senkata, cuestionó la legalidad del Decreto 4078 del 15 de noviembre de 2019, por el cual se eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza para restituir el orden.

En abril de este año, la Relatoría Especial de la CIDH para la libertad de pidió anular el Decreto 4200 del gobierno, por el cual se podía enjuiciar, con una pena de uno a 10 años, a quien “desinformara” sobre la pandemia de coronavirus.

De nuevo, la Procuraduría reclamó al organismo de derechos humanos de la OEA, alegando que el decreto de marras era completamente legal.

(08/08/2020)

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El Gobierno instaura una denuncia penal por siete delitos a dirigentes del MAS y la COB

Por el bloqueo de caminos, el Ministerio de Justicia acusa de terrorismo y genocidio, entre otros. La COB había instruido dejar pasar vehículos con oxígeno y medicamentos.

/ 7 de agosto de 2020 / 22:19

Bloqueos en Cochabamba, el 5 de agosto. Foto: APG

Este viernes, el viceministro de Justicia, Erasmo Vargas Camacho, interpuso ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por siete delitos contra Evo Morales, Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y Juan Carlos Huarachi.

Las figuras legales con los que se acusa a los cinco dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) son terrorismo, genocidio, sedición, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos contra la salud pública, destrucción y deterioro de bienes del Estado, e instigación pública a delinquir.

En la “relación de los hechos” de la denuncia planteada por el viceministro Vargas Camacho, se señala que los delitos empiezan con el bloqueo de caminos iniciado el lunes 3 de agosto, producto del cual, “el pueblo boliviano” estaría en una “situación de subsistencia inhumana”.

Señala el documento que el bloqueo cerca de la planta de YPFB de Senkata ocasionó desabastecimiento de GLP, elemento “hoy imprescindible por la pandemia”; también se señala que los cierres de vía ya provocaron desabastecimiento de alimentos.

Citando información emitida por el Ministerio de Salud, la denuncia acusa que dichos bloqueos habrían ocasionado 34 muertos, porque no recibieron oxígeno. Aunque sin detallar nada al respecto, también se afirma que la “Aduana Nacional reporta pérdidas económicas por día de bloqueo”.

Dichos delitos, prosigue el alegato, “han sido instigados y provocados por el ciudadano Evo Morales Ayma y otros quienes digitan, incitan, promueven y alientan estos actos”. Dichas acciones, redondea la denuncia, “evitan el socorro médico provocando así un convulsión social y una clara instigación a delinquir bajo apetitos personales y de grupo”.

La denuncia asevera, además, que las medidas asumidas por “militantes del MAS” y de la COB “buscan el incremento inusitado de contagios de COVID-19”.

La denuncia sucede cuando la COB y el Pacto de Unidad, mediante un comunicado, alertaron a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos la intención de “reprimir nuevamente al pueblo boliviano que se encuentra en paz, movilizado por sus derechos a la vida, salud, alimentación, educación, trabajo y democracia”.

En este comunicado, además, la dirigencia laboral instruye a los sectores movilizados a garantizar la libre circulación de motorizados que estén transportando oxígeno, medicamentos e insumos médicos para contrarrestar al COVID-19.

Desde la noche del jueves, y lo reiteró la mañana de este viernes, el Gobierno advirtió que “en cualquier momento” intervendrá los cortes de vía, que hasta el cierre de la presente entrega persistían en el país.

(07/08/2020)

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En su aniversario, Añez destaca el rol de las FFAA en noviembre de 2019 y en la pandemia

La Mandataria afirma que en noviembre, uno de los más conflictivos en el cambio de gobierno de 2019, la institución castrense defendió la democracia.

/ 7 de agosto de 2020 / 19:30

La presidenta Jeanine Áñez, en el acto por el aniversario de las FFAA. Foto: APG

En el 195 aniversario de las Fuerzas Armadas (FFAA), la presidenta del gobierno transitorio, Jeanine Añez, destacó el rol que jugó la institución en noviembre de 2019 y por la “defensa de la salud” en los meses de la presencia del COVID-19 en el país.

“Quiero rendir un homenaje histórico a las Fuerzas Armadas de nuestros días, las Fuerzas Armadas que han salido a la calle con dos misiones, la misión de defender la democracia en noviembre del 2019, y la misión de defender la salud del pueblo boliviano en los últimos meses”; le rindo mi homenaje y le expreso mi agradecimiento”, afirmó este viernes en el acto, en el Círculo de Oficiales del Ejército, en la zona Sur de La Paz.

Noviembre de 2019 fue el mes más conflictivo en el cambio de gobierno, con la renuncia del presidente Evo Morales (10 de noviembre, tras la sugerencia de las FFAA para que tome esa decisión) y la posesión de Añez (12 de noviembre).

Entre el 15 de y 19 de noviembre, en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó “masacres”, la represión militar-policial en  Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) registró al menos 22 muertos y más de 200 civiles heridos.

En esa oportunidad, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseveró que los fallecidos fueron victimados por los propios marchistas y bloqueadores, deslindando cualquier responsabilidad de los uniformados. El Ejecutivo negó el uso de armamento letal en los operativos.

En el Informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en Bolivia, emitido el 11 de diciembre de 2019 por la CIDH, este organismo condenó “de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”.

Este informe preliminar fue rechazado por el Gobierno, que lo calificó de unilateral y sesgado. En ese entonces, el ministro Murillo dijo: “Recibimos con mucho dolor el informe de la CIDH, porque lo ha hecho unilateralmente. Nos parece un informe totalmente sesgado, que no refleja la realidad. Un informe que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo; no está favoreciendo al pueblo de Bolivia».

El lunes 27 de julio, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) publicaron el informe “Nos dispararon como animales” Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia.

Un reporte que “documenta uno de los periodos más letales y represivos de las últimas décadas en Bolivia, así como el miedo creciente de comunidades indígenas y personas críticas del gobierno de que sus vidas y su seguridad están en peligro”, remarca un comunicado de prensa de la Clínica Internacional.

Uno de los investigadores del informe de la Universidad de Harvard, el abogado estadounidense Thomas Becker, en una entrevista con radio Éxito el miércoles, señaló que si bien octubre de 2003 es considerado, incluso por estadísticas, el mes más violento y trágico de la historia democrática del país, noviembre de 2019 ocupa el segundo lugar.

El informe de Harvard también fue rechazado por el Gobierno. Esta vez fue el Ministerio de Justicia, que mediante un comunicado calificó a dicho reporte de “tendencioso”, “poco serio”, que carece de imparcialidad y objetividad y que adolece de “varios errores”.

Tanto la CIDH como la Clínica demandan del Gobierno interino una urgente investigación independiente de los hechos de noviembre de 2019, especialmente.

La CIDH cuestionó en su momento el decreto 4078, del 14 de noviembre de 2019, que en su artículo 3 establecía que “el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad”.

En su informe preliminar de diciembre remarcó: “La CIDH recuerda al Estado que, bajo los estándares interamericanos de derechos humanos, el Decreto 4.078 es jurídicamente inoponible en virtud de su invalidez, por lo cual los actos de violencia que se hayan cometido durante los días en que estuvo vigente no pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado”.

El polémico decreto fue derogado el 28 de noviembre, cuando la presidenta Añez dijo que el país había “logrado la ansiada pacificación”.

Una vez que Añez asumió el cargo, según registra la Gaceta Oficial, su primer decreto presidencial, el 4076, del miércoles 13 de noviembre de 2019, fue para designar el nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas (del Comandante en Jefe de las FFAA, del Jefe de Estado Mayor, y de los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada); solo en un segundo decreto designó a su gabinete.

También fue significativo que quien le impusiera la banda presidencial por sucesión fuera un militar. “No es posible entender a nuestro país y a la sociedad boliviana sin nuestras Fuerzas Armadas”, dijo este viernes en su homenaje la Mandataria.

En lo relativo al papel jugado por las Fuerzas Armadas en la contención de la pandemia, hay que recordar que los uniformados, junto con la Policía, fueron quienes realizaron el control diario en diferentes lugares del país para hacer cumplir la cuarentena rígida dispuesta por el Gobierno.

Hasta el jueve, según información oficial del Ministerio de Defensa, 1.261 uniformados de esa institución se infectaron de COVID-19 y 24 perdieron la vida por esta causa.

(07/08/2020)

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Camacho y Chi fustigan a Áñez y desahucian unirse a su convocatoria por los bonos

La Presidenta criticó a los demás candidatos y los llamó a firmar un “acuerdo nacional por los bonos”. Camacho afirma que esperaba que llame a la unidad en su mensaje . Y Chi le pide que rinda cuentas sobre los “millonarios préstamos y donaciones” que ya recibió para la lucha contra el COVID-19.

/ 7 de agosto de 2020 / 11:43

La presidenta Jeanine Áñez, en su discurso del 6 de agosto en el Palacio de Gobierno. Foto: APG

Tras el llamado de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, para un “acuerdo nacional por los bonos” a todos los candidatos, los primeros en pronunciarse fueron los postulantes de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, y de Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, quienes fustigaron a la mandataria por su discurso del jueves y desahuciaron su adscripción a la convocatoria.

Con tono proselitista, en su discurso por los 195 años de independencia de Bolivia, Áñez reprochó a los aspirantes de los otros frentes políticos por no pronunciarse sobre el “bloqueo” del Legislativo, con mayoría del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), a los créditos de organismos internacionales, condición para la entrega del Bono Salud, de Bs 500, para ayudar a las familias en la pandemia.

Afirmó que en los próximos comicios los bolivianos tienen dos opciones, “entre los que saben hacer bonos y los que no saben hacerlo”. Indicó que parece que sus contendores electorales armaron un partido contra los bonos. Y al anunciar de que hablaría de estos beneficios, “que es justamente lo que nosotros sabemos hacer”, cerró su mensaje con el llamado a votar por quienes “saben hacerlos”.

Más aún, convocó a los demás candidatos a sumarse a su cruzada y firmar un “acuerdo nacional por los bonos”. Los primeros en dar su opinión sobre este planteamiento fueron Camacho, uno de los aliados de Áñez cuando ésta fue posesionada el 12 de noviembre, tras la renuncia de Evo Morales, y Chi, una de las sorpresas de los comicios anulados del 20 de octubre del año pasado, quien salió tercero.

“Presidenta: ¿Acuerdo Nacional para los Bonos? Si el conflicto no es ese. Esperábamos que llame a la unidad para hallar soluciones a la crisis económica y de salud y, sobre todo, para frenar la violencia que genera el MAS. Pero usted está en campaña y eso no le interesa (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien se convirtió en un acérrimo crítico de Áñez.

Chi lanzó igualmente una respuesta dura, con otro tuit en su cuenta personal de la red social. “ANTE EL PEDIDO DE PRONUNCIAMIENTO DE LOS CANDIDATOS POR LOS BONOS CON EL FONDO DE FMI. Consideramos que primero se debe rendir cuenta acerca del destino de los millonarios préstamos y donaciones que recibió su gobierno para combatir el COVID-19 (sic)”.

El problema se activó por la observación del MAS al crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), de $us 327 millones; demandó “transparencia” al Gobierno, al afirmar que no brinda información clara sobre el destino, las condiciones, los plazos, entre otros puntos, de este préstamo que ya está registrado en el Banco Central de Bolivia (BCB), pero requiere autorización legislativa para su empleo.

En medio de este problema se desataron las protestas por la suspensión unilateral de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo cual hay más de un centenar de bloqueos de caminos en el país. Incluso Áñez y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, objetaron las medidas del TSE. Áñez le pidió a la entidad dejar de jugar con las fechas.

(07/08/2020)

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Murillo amenaza con procesos e intervención de bloqueos ‘en cualquier minuto’

Algunos ministros del gabinete de Jeanine Áñez ofrecieron una rueda de prensa en la ciudad de Cochabamba para pedir que las organizaciones sociales dejen de bloquear para dar paso a los insumos médicos varados en las vías.

/ 7 de agosto de 2020 / 10:47

Arturo Murillo y Yerko Núñez, en la conferencia de prensa del jueves.

En conferencia conjunta con otros colegas suyos, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió con procesar a alcaldes y dirigentes, de los que dijo que están identificados, que propician bloqueos en distintas carreteras del país.

Habrá “operativos que se harán en cualquier minuto”, afirmó otra vez el funcionario, quien aseguró que en la línea de las protestas se encuentran alcaldes, como la de Vinto, y dirigentes. “Todos los que están identificados, van a ser procesados”, aseguró.

Murillo apuntó especialmente a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, y a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, de propiciar las movilizaciones, incluso ofreciendo alimentación a los movilizados. “Están haciendo saquear camiones en carretera”, no son solo asesinos que quieren matar gente por falta de medicamentos, sino también ladrones, dijo el ministro.

Adelantó que el Gobierno procesará a las autoridades locales y dirigente que propician las protestas por crímenes de lesa humanidad, sedición y terrorismo. “No perseguimos a políticos, hacemos justicia por el pueblo”, reivindicó Murillo.

Luego, furibundo, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que a los movilizados les interesa más la política que salvar vidas. “Vamos a emplear lo que dice la Constitución: primero la vida, y vamos a cuidar la vida de los bolivianos”, advirtió.

«A los dirigentes y militantes del MAS, dirigidos por Evo Morales y Luis Arce, les interesa más la política y generar caos, pero no salvar vidas. El Gobierno trabaja 24/7 para cuidar la vida de las personas», insistió.

La noche del jueves, el expresidente evo Morales, a quien apunta el Gobierno de organizar las protestas, denunció que la administración de Jeanine Áñez ya tiene listo el decreto para la actuación de las Fuerzas Armadas en los conflictos.

En noviembre del año pasado, ante una situación similar, el Gobierno tuvo que apelar a un decreto, el 4078 luego abrogado, para la intervención de las movilizaciones. La norma había dispuesto inmunidad penal a los militares.

El resultado de la represión en Huayllani, Cochabamba, y Senkata, en El Alto, fue una treintena de fallecidos y decenas de heridos, aunque el Gobierno insistió en que las muertes fueron causadas por los propios movilizados.

“Paremos estos bloqueos que tanto daño le hacen al país”, exclamó Núñez.

Así como están “asaltando camiones, sean valientes para afrontar lo que se viene”, advirtió Murillo.

El miércoles, al salir de la reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, afirmó que el órgano electoral y el Gobierno “están subestimando la fuerza del pueblo” y anunció que “si tocan un punto de bloqueo” con la intervención, los movilizados abandonarán los cortes de ruta y se trasladarán a La Paz de forma “contundente”.

Los bloqueos comenzaron el lunes por decisión de la Central Obrera Bolivia (COB) y el Pacto de Unidad, contra la postergación de las elecciones del 6 de septiembre. De forma autónoma, el TSE dispuso la modificación de la fecha para el 18 de octubre, decisión que incluso fue considerada como “un juego infantil” por Áñez en su discurso sobre el aniversario patrio, el jueves.

(07/08/2020)

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