Nacional

viernes 15 ene 2021 | Actualizado a 13:57

Aprehendido el ‘testigo clave’, revela ‘honorarios’ de $us 1 MM del sobreprecio entre tres intermediarios

El director de la FELCC, Iván Rojas, informó que se aprehendió a Luis Fernando Humérez, considerado como el “testigo clave” del caso de los respiradores. La Razón accedió a su declaración en la que revela los detalles del negociado.

El "testigo clave" y el documento de su declaración.

Por Roberto Guzmán y Rubén Ariñez

/ 22 de mayo de 2020 / 08:40

Luis Fernando Humérez, considerado como el “testigo clave” en el caso de los respiradores, está aprehendido. Declaró el jueves más de ocho horas y durante ese periodo reveló que al menos tres personas participaron del negociado para repartirse más de $us 1 millón, entre ellos él, según un documento de la Fiscalía al que tuvo acceso La Razón Digital.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas, y el fiscal departamental de La Paz, Juan Carlos Cossío, presentaron la mañana del jueves al supuesto “testigo clave”, quien ya había anticipado que el Gobierno fue estafado por empresas españolas en la compra de 170 respiradores Respira Device.

“Hasta altas horas de la noche se concluyó con la declaración informativa del mismo; la comisión de fiscales, luego de una evaluación, ha dispuesto su aprehensión, lo que quiere decir que será remitido con su imputación”, dijo el oficial en una entrevista en la red Unitel este viernes.

A las 16.30 de este viernes será la audiencia cautelar de él y los otros implicados en este caso, entre ellos el exministro Marcelo Navajas.

Presentación

La Policía y la Fiscalía informaron que esta persona se había presentado de manera voluntaria para contar su verdad. Es más, antes de esa acción intentó comunicarse con dos ministros, Arturo Murillo y Óscar Merado. ¿Por qué lo hizo?

“(Me presenté) enterado de la amplia información en medios de comunicación y redes sociales por el problema de la adquisición de los respiradores españoles por parte del Gobierno, ya que mi persona, de manera honesta, ha intervenido como gestor con la empresa española que ha vendido los respiradores”, dijo, según el documento.

Así, reveló que hace tres semanas recibió una solicitud de Fernando Valenzuela, el ahora exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, “para poder conseguir en el mercado internacional respiradores para ser entregados en un plazo no mayor de 10 días”.

El Gobierno ha paralizado el pago del 50% restante por la adquisición de los cuestionados equipos cuyo precio unitario, según el contrato firmado con IME Consulting Global Services  SL, alcanzó a $us 28.080, a diferencia de la oferta en lista de precios de la fábrica, la española GPAinnova, de $us 6.540.

El negocio

Humérez contó que contacta de inmediato con el abogado Wálter Zuleta, que participó en casos relevantes como el de Gabriela Zapata y que ahora radica en Perú, quien de forma también inmediata le informó que había conseguido los equipos en España y envía la propuesta.

El testigo dice que luego habla nuevamente con Valenzuela y éste da su consentimiento para activar las negociaciones.

Parte del documento de la Fiscalía.

Así, Humérez se contacta con Zuleta, quien presenta en una “llamada tripartita” a Iñaqui García, como representante de la firma supuestamente “representante legal” de la fábrica.

“Sostenemos una conversación las tres personas por vía WhatsApp con el objeto de poder coordinar la compra de los respiradores al señor Iñaqui García”.

Certificación y precio

En ese ínterin, siempre con base en los datos del documento de la Fiscalía, Valenzuela observa que hay una firma que ofrece el producto a la mitad de precio. Desde España, no se establece de manera clara si el intermediario o la fábrica, llega una certificación que da cuenta que la única autorizada para la comercialización de los productos era IME.

De todas formas, se hace el negocio. Humérez revela que la firma española fijó un precio de $us 20.000 “propuesto en Bolivia”.

“Seguidamente Zuleta e Iñaqui, al considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que ellas me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000 de las cuales nuestros honorarios iban a ser de $us 2.000”, contó.

Precisó además que la diferencia entre el precio ofertado por la firma española y el intermediario era de $us 6.000 porque “al ser una empresa privada son dueños de ponerle el precio que ellos convengan” y pueden “disponer sus utilidades como vean conveniente”.

Quiero indicar que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, puntualizó Humérez, quien luego precisó que no cobró a la fecha “un solo centavo” porque esperaba la conformidad de las partes. Así, la ganancia total, según esos datos, ascendía a $us 1.020.000.

Hipótesis

Humérez tiene dos hipótesis: que la certificación como “único representante” en Bolivia de IME es falsa o que hay un negociado entre la fábrica y esa intermediaria.

El coronel Rojas anticipó este viernes que no se descarta pedir apoyo de las fuerzas del orden de otros países, aunque no mencionó cuáles. “De pronto tengamos que pedir cooperación de nuestros pares en el exterior”, dijo y añadió: “Se van a convocar a todas las personas que tengan participación en el hecho, ya sea en el país o en el exterior”.

Ante la consulta de si conoció al exministro de Salud Marcelo Navajas, también aprehendido y uno de los principales implicados del caso, Humérez dijo que no, que supo de él solo por medios de información.

¿Y cómo conoció a Zuleta? El hombre dijo que ambos son amigos desde que ambos eran dirigentes de la extinta Liga del Fútbol Profesional Boliviano.

El escándalo de los respiradores está en su etapa inicial y comienza a causar un remezón en el Gobierno, inicialmente con la caída del ministro y el “desmontaje” del equipo vinculado a las adquisiciones en esta emergencia sanitaria en el Ministerio de Salud.

Comparte y opina:

El Ministro de Salud da positivo al COVID-19 y analizará seguir en el cargo

Édgar Pozo no participa de la reunión ministerial ampliada en la Casa Grande del Pueblo, es el cuarto miembro del gabinete del presidente Arce que resultó contagiado.

El ministro de Salud, Édgar Pozo. Foto: Rodwy Cazón

/ 15 de enero de 2021 / 10:18

El ministro de Salud, Édgar Pozo confirmó este viernes que dio positivo al COVID-19, por lo cual se mantiene aislado en su domicilio y con los cuidados respectivos. Indicó que analizará si continúa en el gabinete del presidente Luis Arce.

«Estoy en tratamiento y bajo aislamiento domiciliario por COVID (…) No es malo (mi estado de salud), pero tengo que guardar todos los recaudos que el protocolo demanda», indicó la autoridad a radio Fides.

Explicó que empezó a presentar los síntomas hace unos cinco días, por lo que se sometió a la prueba. Y afirmó que analizará su continuidad en el cargo, dado que pertenece al grupo de riesgo.

«Lo voy a analizar bien los próximos días porque no tengo 40 años, tengo poco más de 70 y las condiciones de una persona de mi edad que está cursando esta enfermedad es de riesgo para la salud en adelante».

De esta manera se explica la ausencia de Pozo en la firma del nuevo contrato de adquisición de vacunas de AstraZeneca el miércoles y en el gabinete ampliado que convocó este viernes el presidente Arce, quien había señalado que estaba con problemas de salud.

Anteriormente fueron diagnosticados con la enfermedad el canciller Rogelio Mayta y los ministros de Obras Públicas, Édgar Montaño, y de Defensa, Edmundo Novillo, este último ya recibió el alta médica, pero aún cumple un protocolo de aislamiento.

(15/01/2021)

Comparte y opina:

El gabinete ampliado analiza lucha contra la pandemia y reactivación económica

La reunión es semipresencial y se realiza en el Campo Ferial 'Chuquiago Marka' desde las 08.00.

Por Ghilka Sanabria

/ 15 de enero de 2021 / 09:34

Al inicio del gabinete ampliado instalado la mañana de este viernes, el presidente Luis Arce Catacora anunció que se abordarán temas relativos a la reactivación económica y lucha contra la pandemia del COVID-19, cuya segunda ola de contagios fue declarada en el país.

“Esta reunión está diseñada para que podamos intercambiar ideas acerca de algunos tópicos; hay varias cosas que debemos comunicarles, razones de porqué, por ejemplo, hemos hechos una reducción entre el 20 y 30% de los presupuestos en cada una de las instituciones. Tiene mucho que ver con lo que nos han dejado los del gobierno de-facto en materia económica”, adelantó el Mandatario en palabras inaugurales.

Esta reunión, en la que se aplica la modalidad semipresencial, se efectúa en el Campo Ferial “Chiquiago Marka” desde las 08.00 y participan ministros y directores de entidades del Estado.

Arce también indicó que en el gabinete ampliado se abordarán temas referidos a la reactivación económica, porque “tampoco alcaldías y gobernaciones están pasando por  un buen momento”.

“La intención es devolverle la salud, la educación y las obras inconclusas que durante once meses el pueblo boliviano ha estado sometido a la ausencia de todo esto”, agregó.

Destacó que en reuniones previas con diferentes instituciones se determinó que la inversión pública con procesos ágiles es el mejor camino para salir adelante en este momento de aflicción y pobreza.

Advirtió que es fundamental “estar preparados para enfrentar la segunda ola del coronavirus que se lamenta en nuestro territorio”.

“No quisiéramos que el tema del COVID-19 afecte el bolsillos de los bolivianos”, aseguró. Concluyó que “las soluciones y mecanismos tienen que ser discutidas para no afectar la economía de los servidores públicos, porque el virus vino para quedarse y hay que saber enfrentar esta situación”.

Por su parte, el vicepresidente David Choquehuanca advirtió que la sociedad boliviana enfrenta otra pandemia que es el racismo y la burocracia, que también tienen que ser discutidos.

“Después de la pandemia, nada tiene que ser igual, así que estamos empezando a trabajar una nueva normalidad en el mundo. Los seres humanos tenemos que ser resilientes”, manifestó. (15/01/2021)

Comparte y opina:

A 40 años de la Masacre de la Harrington, Asofamd ve que todavía no se aprende el valor de la democracia

El 15 de enero de 1981, ocho dirigentes del MIR fueron asesinados por la dictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez.

/ 15 de enero de 2021 / 07:24

La historia los llamó héroes. Fueron ocho bolivianos que murieron acribillados por ametralladoras de paramilitares el 15 de enero de 1981 en la calle Harrington Nº 730 de la zona de Sopocachi, en La Paz.

Hoy, cuando ya pasaron cuatro décadas de este hecho, quienes fueron los directos afectados por la matanza perciben con desaliento que aún no se aprende el valor de la democracia.

“Ojalá que las muertes de ocho compatriotas bolivianos que estaban luchando contra la última dictadura militar de Bolivia, realmente hubiesen tenido impacto”, dice a La Razón la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd), Ruth Llanos, aún desalentada por las lecciones no aprendidas del hecho.

Pudo servir “para que estudiantes, para que jóvenes de ahora, para que varias generaciones que surgieron y nacieron después de la conquista de la democracia hubiesen aprendido; pero no es así, estos últimos 40 años se dan en el contexto de lo que hemos tenido durante estos últimos meses —no hace mucho— en noviembre de 2019, en Bolivia también realizaron masacres”, reclama.

La denominada “Masacre de la calle Harrington” fue el preámbulo  del fin de los regímenes dictatoriales militares en el país.

“Fue una época muy dura.  Era terrible, porque había el toque de queda. Primero era hasta las ocho de la noche y luego nueve, once. Hubo muchos casos de gente que le faltaba unos metros para llegar a su casa y resulta que la tomaban presa porque se pasó del toque de queda. Un régimen totalmente de terror”, cuenta Beatriz Suárez, viuda de José Luis Suárez, uno de los ocho militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que perdieron la vida en la masacre.

Los otros fueron Arcil Menacho Loayza, José Reyes Carvajal, Ramiro Velasco Arce, Artemio Camargo Crespo, Ricardo Navarro Mogro, Jorge Baldivieso Menacho y Gonzalo Barrón Rendón.

“No sé cuánto de deuda tenemos con estos ocho maravillosos hombres que murieron para nada; para que todos se olviden, para que los utilicen una vez al año (…)”, cuestiona Llanos, quien dice que el amor infinito a la patria, a la democracia, a la libertad, a la justicia, lamentablemente no fue aprendido.

En 1993, después de un juicio de responsabilidades que se extendió por casi una década, el dictador Luis García Meza fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Junto con él, también su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, y 13 paramilitares más.

“La condena refleja lo que pasó. Lo que puedo decir es que García Meza nunca cumplió su sentencia porque fue cobijado bajo las cálidas mantas de Cossmil y se enfermó todo el tiempo; nunca cumplió sus años en Chonchocoro. Arce Gómez estuvo en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Él si cumplió sus días, pero varios ya salieron aprovechando del COVID-19, y ahora estarán felices en sus casas, aprovechando de los recursos mal habidos”, comenta Llanos.

Para Suárez, el que los familiares de las víctimas de la dictadura hayan ganado un juicio de responsabilidades contra García Meza fue un gran logro.

“Ha sido un gran paso, porque García Meza ha sido el primer dictador condenado y tomado preso en América Latina. Es evidente que hay cosas que no se pueden recuperar, como la vida: el criar a nuestros hijos sin padre. Eso no tiene precio y no se puede recuperar con nada”, apunta.

Fernando Rodríguez, de la Comisión de la Verdad, afirma que de manera paralela a la Masacre de la calle Harrington hubo investigaciones sobre otros hechos ocurridos durante la dictadura de García Meza.

“Sin embargo, la Comisión de Verdad ha ratificado algunas hipótesis que se plantearon, una de ésas fue que si bien hubo enfrentamiento, aunque no estaban armados los dirigentes del MIR, algunos salieron con vida y fueron conducidos a una camioneta”.

“Nos dieron unos certificados de defunción que ya estaban preparados, en los que decía que murieron por herida de bala en el cráneo, lo cual era mentira. Mi marido salió con vida, lo torturaron y mataron en el Estado Mayor, tenemos testimonios y testigos de ello”, recuerda Suárez, que corrobora la hipótesis de la Comisión que concluyó sus labores en 2019, cuando presentó un informe pormenorizado al gobierno de Evo Morales.

Pese que hasta el momento las investigaciones por la Masacre de la Harrington estarían concluidas, existe la amargura de quienes quedaron sin sus seres queridos.

“Hay culpables que están sueltos; seguro. Pero después del ‘juicio del siglo’ que se llamó, fue un paso muy importante que se dio; hicimos meter presos a muchos de esos paramilitares. No a todos (…), pero sin duda hay gente a la que se juzgó”, remarca Suárez.

Aún queda pendiente mucho por decir, mucho por corregir y sobre todo mucho por aprender de ese episodio oscuro. “Tuvimos un triunfo y tampoco se lo reconoce”, cuestiona Llanos.

Las víctimas de la calle Harrington

José Luis Suárez. Fue docente de Sociología en universidades e institutos castrenses. Fue dirigente de los catedráticos y presidió el frente universitario del MIR.

Ricardo Navarro. Fue ingeniero, docente universitario y dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UMSA y del frente universitario del MIR.

Artemio Camargo. Fue secretario general de la mina Siglo XX, primer secretario de Conflictos de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.

José Reyes Carvajal. Dejó la carrera policial y estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a sus 22 años. Luego pasó a la carrera política.

Ramiro Velasco. Fue economista, docente universitario de Macroeconomía. Entre 1974 y 1975 estudió un curso de posgrado en Planificación en Varsovia (Polonia).

Arcil Menacho Loayza. En 1955 fue encarcelado por luchar contra las dictaduras. Gran parte de su vida la pasó en la clandestinidad. Fue el mayor del grupo.

Gonzalo Barrón. Desde el colegio fue dirigente, estudió Arquitectura y para entonces ya era parte del MIR. Participó en luchas de reivindicación universitaria.

Comparte y opina:

El Gobierno dispone horario continuo y teletrabajo para frenar rebrote del COVID-19

También instruyó la vigencia hasta el 31 de marzo de las cédulas de identidad y de las licencias de conducir caducas, la contratación de personal de salud y la autorización para que un familiar cobre la renta de los jubilados o beneficiarios de la Renta Dignidad.

La reunión de Gabinete de este jueves presidida por el presidente Luis Arce

/ 14 de enero de 2021 / 23:56

Como parte de las acciones para contener la propagación del COVID-19, el Gobierno dispuso horario continuo en la jornada laboral del sector público y privado y el retorno del teletrabajo de forma permanente, o uno o dos días por medio.

La decisión está contenida en el decreto 4451 aprobado el miércoles en reunión de gabinete, ante el rebrote del coronavirus que golpea principalmente a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hasta este jueves se superó las barrera de los 180.000 contagiados desde marzo de 2020.

“La jornada laboral del sector público y privado será en horario continuo, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones”, establece el parágrafo I del artículo 8 de la norma que retoma el teletrabajo ya sea de forma permanente o alternada con la presencia física.

“Alternar al personal del sector público y privado, entre la asistencia física a su fuente de trabajo y teletrabajo uno (1) o dos (2) días por medio, atendiendo las condiciones de trabajo y el número de personas del establecimiento laboral”, “como opción permanente”, “como opción preferente” para personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con patología crónicas; o “por turnos, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada sector”, establece el artículo 8.

Las modalidades de trabajo “gozarán de los mismos derechos y garantías de la modalidad laboral presencial, reconocidas en la normativa laboral aplicable. Las entidades privadas reportarán al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, las modalidades de trabajo adoptadas, conforme reglamentación específica”, aclara la normativa.

También autoriza a los gobiernos departamentales destinar los saldos de los recursos del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito en la contratación de servicios de consultoría de profesionales y trabajadores en salud pública, ante una serie de reclamos de mayor personal de salud para atender el rebrote.

Se repuso la facilidad para que los beneficiarios de la Renta Dignidad, de las Prestaciones y Beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo y del Sistema de Reparto autoricen a un familiar el cobro de su renta en las entidades financieras para evitar que se expongan al riesgo de contraer el coronavirus.

Otra de las disposiciones contenidas en el decreto es la ampliación de “la vigencia de las Cédulas de Identidad – C.I. y de las Licencias para Conducir que se encuentran vencidas a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, hasta el 31 de marzo de 2021”.

Otras medidas relacionadas a la bioseguridad y restricciones están en la norma.

Comparte y opina:

El Senado aprueba designación del exministro Roberto Aguilar como embajador ante la UNESCO

Fue Ministro de Educación desde noviembre de 2008 hasta noviembre de 2019.

El exministro Roberto Aguilar

/ 14 de enero de 2021 / 23:18

En una sesión reservada, el Senado de la Asamblea Legislativa designó este jueves al exministro de Educación Roberto Aguilar como embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“Hemos aprobado que el exministro de Educación Roberto Aguilar sea designado ante la UNESCO”, informó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez, según publicó la agencia ABI.

Aguilar, de profesión economista, fue Ministro de Educación desde el 7 de noviembre de 2008 hasta el 11 de noviembre de 2019 durante el primer, segundo y tercer gobierno del expresidente Evo Morales.

También fue Vicepresidente de la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2007.

Este jueves se informó a cerca de la designación del exdiputado del MAS David Ramos como miembro del Directorio de la entidad estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Entre tanto, el exjefe de campaña del MAS Sebastián Michel presentó hoy sus cartas credenciales como Embajador de Bolivia ante Venezuela al presidente Nicolás Maduro.

Comparte y opina:

Últimas Noticias