Nacional

sábado 16 ene 2021 | Actualizado a 03:58

Echan a jefes de la Casa Militar y la seguridad de la hija de Ánez por supuesta infidencia sobre vuelos cuestionados

Una denuncia presentada a La Razón por oficiales militares señala que Carolina Ribera tenía personal de seguridad, vehículo del Ministerio de la Presidencia, fotógrafos, maquilladores y gestores de redes sociales propios.

Una de las aeronaves de la FAB que son usadas por el Gobierno

/ 19 de mayo de 2020 / 15:35

Luego de los cuestionados viajes en avión de la hija de la presidenta Jeanine Áñez y el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, jefes militares de la Casa Militar y al Jefe de Seguridad Presidencial y otros miembros de esa unidad fueron destituidos por presunta “infidencia” de los casos.

La Razón intentó sin éxito obtener una contraparte por parte de Núñez y otras autoridades de Gobierno, que no respondieron a sus teléfonos móviles.

Denuncias

Un oficial de las Fuerzas Armadas y otro de la Policía Boliviana, quienes pidieron la reserva de su identidad, se contactaron con este diario para dar a conocer su molestia con relación a cómo se administra el personal en el entorno del Palacio de Gobierno y los cambios intempestivos a causa de información revelada y relacionada a los viajes que hizo la hija de la Presidenta y la miss Rurrenabaque junto a Núñez.

“Todos estos hechos de conocimiento público derivaron en la destitución del cargo de los principales miembros del grupo de seguridad de la Presidenta de Estado, puesto que a criterio de la familia de la Presidenta, los mismos fueron los únicos que estuvieron presentes de forma directa en los mencionados viajes, teniendo la posibilidad de realizar grabaciones, fotografías y otros, además de realizar todas las coordinaciones para los arribos y poseer la información referente a fechas, horas y rutas de los vuelos de forma directa”, aseguró uno de los efectivos.

Asimismo, develó que el 12 de mayo fueron destituidos de su cargo del general de Brigada A. T. M., el jefe de la Casa Militar, coronel E. V. A.; el jefe de Edecanes y el mayor de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) J. C. A.

“Los mismos coordinaban y tenían acceso directo con todo movimiento que se realiza en Palacio de Gobierno, además son los que autorizan todo ingreso a instalaciones de gobierno, los planes de vuelo, arribos, rutas de viajes y protocolo militar”.

Posteriormente, el 14 de mayo también fueron separados el coronel L. H. C. D., jefe de Seguridad Personal de la Presidenta; el capitán I. T. G., jefe de Grupo de Caravana de Seguridad; el capitán M. A. C. M., oficial de Seguridad Personal de la hija de la Presidenta; el teniente J. P. D. P.; el jefe del Grupo Táctico de Caravana Presidencial y otros oficiales, así como los conductores.

“Fueron destituidos injustificadamente por presunta infidencia en todas las actividades realizadas por la hija de la Presidenta en los últimos viajes realizados por la misma en plena cuarentena nacional”, observó otro efectivo.

Los casos

Los sucesos conocidos públicamente y que causaron polémica en las últimas semanas fueron protagonizados por la hija de la mandataria, quien realizó más de un vuelo en aeronaves oficiales. Aquél incluso recibió partes y protocolos militares cual si fuera una autoridad de Estado.

Además, disponía de un grupo de seguridad (oficiales policiales), varios vehículos de seguridad (del Ministerio de la Presidencia), conductores también uniformados, fotógrafos, encargados de redes sociales, maquillaje, vestuario y otros, todos funcionarios públicos entre uniformados y civiles asignados particularmente a ella los siete días de la semana y más aún en viajes, describen los denunciantes.

El 26 de abril, la hija de Añez, Carolina Ribera Añez, llegó después del mediodía al municipio de Roboré en Santa Cruz en una aeronave oficial de la FAB. El viaje desató polémica y susceptibilidad sobre el uso de los bienes del Estado, ya que las autoridades de la región señalaron que desconocen las razones de la visita y que Ribera no aceptó reunirse con ellas.

En el material audiovisual que registra la llegada de la hija de Añez a Roboré se observa que efectivos de la Policía Militar (PM) esperan el arribo y posteriormente cargan unas bolsas y equipaje a una camioneta, presuntamente de propiedad del exalcalde de Roboré, con destino al hotel Biotermal.

Este hecho fue rechazado y justificado por el Gobierno, que aseguró que la actuación de la hija de la Mandataria tenía fines humanitarios.

Luego, el 30 de abril, también se presentó una denuncia en contra de la diputada Ginna Torrez Saracho y su hijo Mauricio Raña Torrez, quienes abordaron el avión FAB-026 para trasladarse de Tarija a La Paz, en el que supuestamente estaba Ribera.

A pesar de que el vuelo fue oficial, trasladó a personas particulares en plena cuarentena. Horas más tarde, la diputada y su hijo asistieron al cumpleaños de Ribera en la Residencia Presidencial ubicada en la zona de San Jorge.

Réplica

Este suceso igual fue justificado por el Ejecutivo, cuando aseguró que la diputada tiene una enfermedad grave que no le permite caminar sola y que debía ser acompañada por su hijo, además de que debía asistir a una sesión de la Asamblea Legislativa, hecho que no sucedió.

El sábado 2 de mayo, se hizo público otro vuelo, esta vez de la aeronave 048 de la FAB por la ruta Rurrenabaque-La Paz. La ex miss Rurrenabaque Yaracobi Shiraishi fue trasladada en ese vuelo junto al ministro Núñez.

“Estos cambios que se han dispuesto en las fuerzas militares y policiales perjudican de total sobre manera el plan de carrera que nosotros como oficiales superiores aspiramos y ostentamos durante más de 30 años de esfuerzo y dedicación a lo largo de nuestras carreras, puesto que nosotros cumplimos requisitos en cada grado y destino, mismos que son calificados al final para ascender a los grados superiores de mando de nuestras instituciones, y estos cambios intempestivos producen disminución de puntajes y antecedentes negativos que nos perjudican irreversiblemente en nuestra carrera, todo por no socapar hechos de corrupción y delitos cometidos por mandatarios, sus hijos y otras autoridades del Estado”, reclamaron de manera conjunta los uniformados.

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Gobierno de Arce aprueba imagen institucional con íconos de tejidos de cuatro regiones

La nueva Imagen Gobierno estará en la papelería de las diferentes instancias del gobierno. Los tejidos que están representados en el ícono son del altiplano, valles, amazonia y chaco

La nueva Imagen Gobierno

/ 15 de enero de 2021 / 23:42

La administración del presidente Luis Arce diseñó y aprobó el uso de su propia imagen institucional. Tiene íconos de tejidos del altiplano, valles, amazonia y chaco con la idea de revalorizar la cultura y diversidad.

Los íconos “están distribuidos en 24 texturas, colores y símbolos, con una composición coherente de los tejidos por región, para dotar a la Imagen Gobierno toda su fuerza expresiva, integradora, representativa y auténtica”, se explica en el decreto que institucionaliza este símbolo distintivo.

“Las entidades e instituciones señaladas en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo deben implementar las imágenes y logotipos de la “Imagen Gobierno”, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo”, refiere la disposición transitoria del decreto 4445.

La parte central del logotipo está “representada por el símbolo de una espiral que va de un punto medio hacia el infinito, este símbolo representa al Pachakuti, que alude al retorno de la dualidad y el orden, en un círculo infinito”.

Mientras que la “disposición horizontal del soporte secundario, respeta el orden de la cosmovisión andina del número cuatro”, refiere parte del justificativo y explicación del simbolismo del ícono institucional que estará en la papelería oficial.

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Costas dice que el COVID-19 está ‘fuera de control’ y que ya es una ‘catástrofe’

El gobernador Rubén Costas participó de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). La alcaldesa Angélica Sosa llamó a la población a mantener las medidas de bioseguridad y dijo que “sí podemos tener salud y trabajo”

El gobernador Rubén Costas, durante la conferencia de prensa de este viernes en Santa Cruz

/ 15 de enero de 2021 / 23:02

Con 24 casos de contagio cada hora, en el departamento de Santa Cruz la situación de COVID-19 está “fuera de control” y dejó de ser considerada una emergencia para pasar a una situación de desastre, advirtió el gobernador Rubén Costas a la conclusión de una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

“Desde este lunes vamos a propiciar y vamos a reunirnos con instituciones y municipios para evaluar y tomar las decisiones de emergencia que así ameriten, esta situación ya no es de emergencia sino de catástrofe, no debemos relajarnos ni abandonar nuestras medidas de bioseguridad”, sostuvo.

En la reunión del COE se hizo una evaluación de la situación epidemiológica, en una jornada en la que se detectaron 1.045 nuevos casos. Se decidió mantener las restricciones y contratar los más de 600 profesionales de salud para atender a los afectados por el virus.

Por su parte la alcaldesa interina Angélica Sosa, quien también participó de la reunión, demandó mayores acciones para enfrentar la actual situación epidemiológica y garantizar la vacunación contra el COVID-19.

“Sí podemos tener salud y trabajo, depende de la responsabilidad de cada uno”, reflexionó y cuestionó las protestas que rechazan las restricciones y la demanda de renuncia a la alcaldía o a su candidatura.

Para Costas, “la situación está fuera de control” y la responsabilidad es de todos para frenar la propagación del virus.

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Durante el gobierno de Áñez 50.824 personas fueron arrestadas por vulnerar la cuarentena

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que la política para la atención y prevención del COVID-19 durante la pasada gestión gubernamental fue la “del miedo y la instrumentalización del derecho penal”.

El 18 de julio de 2020, al menos 18 jóvenes fueron detenidos en Santa Cruz por vulnerar la cuarentena.

/ 15 de enero de 2021 / 21:50

Durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, 50.824 personas fueron arrestadas por vulnerar la cuarentena por la pandemia del COVID-19, según un informe de la Defensoría del Pueblo presentado este viernes. Además se concluyó que el Estado no asumió medidas “efectivas” y “oportunas” para evitar la propagación y contagio del coronavirus.

“Solamente este es un (dato) en un margen del 21 de marzo al 29 de septiembre de 2020 como información oficial recibida por el Estado; seguramente hubieron más arrestos porque además algo que nosotros observamos en su momento es que los arrestos estaban acompañados de multas, multas que no tenían un reglamento o transparencia de hacia dónde iban esos recursos económicos. Hasta hoy, la Policía Boliviana no ha respondido a la Defensoría del Pueblo sobre el procedimiento administrativo para el cobro de multas”, explicó la defensora Nadia Cruz, durante una entrevista con radio Illimani.

Cruz advirtió que la política para la atención y prevención del COVID-19 durante la pasada gestión gubernamental fue la “del miedo y la instrumentalización del derecho penal”.

“Se priorizó la persecución penal y no se llevó a tomar ni al 10% de la población las pruebas de diagnóstico. Hasta junio de 2020 se contaba con más de tres laboratorios a nivel nacional para pruebas que demoraban tres, cinco y siete días. No existían cifras sobre el real impacto del COVID-19 en Bolivia, eso nos está generando un problema porque no tenemos una línea base para entender la magnitud del COVID-19”, advirtió.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz. (c)

Cruz presentó un extenso informe defensorial denominado “Salud, derechos humanos y COVID-19 en Bolivia”, elaborado con información obtenida de 38 establecimientos sanitarios del país, entre febrero y noviembre de 2020.

En el informe se concluyó, además, que se afectó el derecho a la vida de los pacientes graves de COVID-19, en “virtud a que se restringió el acceso a la salud por la falta de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de las UTIs”, a la economía de la población, en virtud al agio y especulación en la venta de medicamentos.

De acuerdo con el informe, los rastrillajes como acción preventiva para evitar la propagación del virus fueron realizados “inoportunamente”. Cruz explicó que solo Santa Cruz empezó con esta actividad en mayo de 2020 mientras que los otros departamentos entre junio y julio del mismo año.

Los primeros casos de COVID-19 en Bolivia aparecieron el 10 de marzo de 2020 en Oruro y Santa Cruz, una semana después el gobierno de Áñez dictó la norma respectiva para el ingreso de Bolivia en una etapa de cuarentena ante el incremento de casos de coronavirus.

“Es importante no cometer los errores que se han cometido, una de las situaciones que más nos preocupa en este momento es el fortalecimiento de segundo y tercer nivel al menos respecto a las unidades de terapia intensiva, es complejo, es difícil pero es urgente en este momento”, declaró.

En diciembre del pasado año, el Gobierno instruyó a la Policía anular todas las infracciones aplicadas por circulación vehicular sin autorización en la cuarentena por el COVID-2019 y que implicaban multas de hasta Bs 2.000 y la retención de los motorizados infractores.

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El exdefensor del Pueblo Rolando Villena es intubado debido a complicaciones por el COVID-19

Villena ocupó el cargo de Presidente de la APDHB y es parte del Conade. Fue internado el 11 de enero en la clínica Los Andes, cinco días después del deceso de su esposa.

El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena.

/ 15 de enero de 2021 / 21:40

El exdefensor del Pueblo Rolando Villena tuvo que ser intubado la madrugada de este viernes como consecuencia de complicaciones en su salud por el COVID-19. Se encuentra internado desde el 11 de enero en una clínica de La Paz.

“El estado de salud de Rolando es muy delicado”, declaró el dirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, a la página en internet Cabildeo Digital.

Explicó que el último contacto con Villena fue virtual. “No logramos hablar, después de la muerte de su esposa, participamos de la ceremonia virtual convocada por la Iglesia Metodista, pero después no pudimos acompañarlo porque no se acostumbra acompañar el velorio y el entierro en casos de fallecimiento por Covid-19”.

Villena ocupó el cargo de Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y es parte del Conade. Fue internado el 11 de enero en la clínica Los Andes, cinco días después del deceso de su esposa.

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La Fiscalía alista citación para Morales y García por violencia de noviembre, Camacho será convocado a La Paz

El fiscal Omar Mejillones informó que serán citados para la subsiguiente semana. La investigación por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales se amplió por 80 días más

Álvaro García Linera y Evo Morales.

/ 15 de enero de 2021 / 21:30

La Fiscalía alista las citaciones para que el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García y el exdiputado Víctor Borda declaren como testigos en la investigación de los hechos que derivaron en la dimisión de Morales. El excívico y candidato Luis Fernando Camacho también será citado para que declare en La Paz como sindicado.

El fiscal Omar Mejillones informó que para la última semana de enero serán citados a declarar varias de las víctimas y sindicados por los hechos ocurridos en noviembre de 2019 y que fueron considerados por la denunciante como un golpe de estado preparado y planificado para interrumpir la democracia.

Fue la exdiputada del MAS Lidia Patty la que presentó en noviembre a la Fiscalía una denuncia por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición en contra del Camacho y su padre José Luis Camacho, y los excomandante de las FFAA y de la Policía por los hechos que derivaron en las renuncia de Morales, en noviembre de 2019, por un “golpe de Estado”.

La fase investigativa fue ampliada a 80 días por su complejidad. Mejillones informó que para la “subsiguiente” semana serán citados a declarar Morales, García y Borda en sus lugares de origen a través de la cooperación fiscal, es decir, que sus declaraciones serán tomadas por otros fiscales en los lugares de residencia de los citados.

El excívico y excandidato Luis Fernando Camacho.

Sin embargo anunció que Camacho, uno de los principales acusados, será citado a declarar en La Paz, donde radica la causa. “A Camacho se le puede tomar la declaración entre el 28 y 29 de enero en La Paz, está consignado como sindicado”, explicó.

En la denuncia están el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, el general Carlos Orellana, entonces comandante de operaciones y luego comandante de las FFAA, Flavio Gustavo Arce San Martín, jefe de Estado Mayor, y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

Se puso como testigos a los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana; de Gobierno Carlos Romero; de Salud, Gabriela Montaño; de Culturas Wilma Alanoca; y de Defensa Javier Zavaleta.

Morales dimitió en medio de una denuncia de fraude electoras en las elecciones de octubre de 2019, un prolongado paro cívico, un motín policial y la “sugerencia” militar de renunciar.

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