Nacional

viernes 10 jul 2020 | Actualizado a 17:15

Al menos 13 casos de corrupción en 6 meses de gobierno de Jeanine Áñez

En YPFB, BoA y Entel se denunciaron malos manejos económicos.

/ 18 de mayo de 2020 / 19:58

Estatales. Herland Soliz y Elio Montes fueron destituidos por irregularidades en YPFB y Entel. Foto: Miguel Carrasco y APG

Casos comprobados y denuncias de coacción, tráfico de influencias, sobreprecios, pagos y cobros irregulares, además de uso indebido de bienes estatales, desnudan la fragilidad de un gobierno de transición en 6 meses de gestión.

Jeanine Áñez asumió la presidencia del Estado por sucesión constitucional el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales. Desde esa fecha ya han pasado 6 meses y seis días de la actual administración gubernamental.

La Razón hizo un recuento de 13 casos que han empañado la gestión de la Presidenta transitoria, quien se comprometió a pacificar el país, convocar a elecciones, así como “destapar las ollas de corrupción del gobierno pasado”, además de luchar contra el “abuso de poder para usar recursos públicos a favor de un partido político”, conforme a su discurso del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional.

No obstante, a esa fecha ya se habían registrado dos denuncias de coacción y tráfico de influencias en el Viceministerio de Políticas Comunicacionales y el Ministerio de la Presidencia.

“Veo necesario aclarar que como Viceministro de Políticas Comunicacionales me negué a viabilizar consultorías internacionales comunicacionales, así como el inhumano despido masivo de mi personal. Coaccionado con bajezas, el Min. de Presidencia (Jerjes Justiniano) solicitó mi renuncia”, escribió Danilo Romano en su cuenta de Twitter, el 28 de noviembre.

Romano fue posesionado el 21 de noviembre de 2019 por la entonces ministra de Comunicación Roxana Lizárraga y renunció al cargo una semana después.

Tras la denuncia del exviceministro de Políticas Comunicacionales se sumó otra en contra de Jerjes Justiniano, esta vez por injerencia en el caso “La manada” ocurrido el año pasado en Santa Cruz.

Fue la fiscal Nancy Carrasco la que denunció injerencia, tráfico de influencias por parte de esta autoridad e inclusive amenazas de muerte por parte de la abogada Iris Justiniano. Esta situación provocó la destitución de Jerjes Justiniano y el inmediato nombramiento de Yerko Núñez como nuevo ministro de la Presidencia, el 3 de diciembre.

De igual manera, el 17 de enero de 2020 la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizaba la primera aprehensión de un funcionario del Ministerio de Minería y Metalurgia por cobrar dinero a cambio de cargos laborales en esa entidad estatal.

El acusado por delitos de uso indebido de influencias y concusión fue identificado como asesor de despacho, según el reporte policial.

PRESIÓN. Corría enero cuando el ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, decide destituir a Juan Carlos Zuleta del cargo de presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) para posesionar en su reemplazo al economista potosino Gunnar Valda Vargas.

Zuleta asumió el 8 de enero y días antes de cumplir un mes en el cargo fue reemplazado en una situación que fue observada y denunciada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), al señalar que la destitución obedece a una “presión” del Gobierno de Alemania para retomar la alianza con la estatal YLB y ACI Systems (ACISA) para continuar con el contrato para industrializar el litio del salar de Uyuni.

El pago de dos facturas de Bs 36.440 y Bs 18.712 por concepto de hospedaje y consumo extra en un hotel de cinco estrellas de la zona Sur de La Paz, además de un auspició por $us 160.000 a un piloto de carreras de autos y la cancelación de finiquitos por Bs 868.998 a 13 funcionarios, fueron algunos hechos irregulares que ocasionaron el 7 de febrero la destitución de Elio Montes Chávez de la gerencia general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), después de 82 días de ejercer el cargo.

Las denuncias salieron a la luz el 12 de febrero, demostrando irregularidades, y al día siguiente Montes abandonó el país en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA), luego de escribir en su cuenta de Twitter que actuó en el marco de la ley y que fue víctima de acoso laboral.

Después de ese escándalo, casos de cobros irregulares por cargos y comisiones de publicidad se descubren en tres ministerios.

El 19 de febrero se conoce la denuncia del dueño de la empresa Vajillera y de Eventos Claris, Martín Cerruto, presentada en contra de la ministra de Culturas y Turismo, Martha Yujra, por supuestos cobros irregulares de parte del responsable de los procesos de contratación de esa cartera, quien habría solicitado el 10% del monto total del contrato (Bs 152.250) para que se le desembolse el pago y además se le adjudique otros contratos. Frente a ello, el Ministerio de Culturas mediante un comunicado anunció la destitución del citado funcionario, proceso administrativo y sanción que corresponda.

Un día después de este caso, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió a un director y un jefe de unidad del Ministerio de Comunicación, sindicados de pedir el 10% de comisión por adjudicación de publicidad en medios de comunicación escritos.

Cuando apenas se conocía las repercusiones de este hecho, la viceministra de Educación Alternativa y Especial, del Ministerio de Educación, Yola Nery Mamani Callisaya, fue aprehendida por la Policía, el 21 de enero, luego de ser denunciada por cobros irregulares de dinero, uso indebido de influencias y concusión, luego de que se difundiera un video en el que supuestamente vendía cargos en esa cartera de Estado.

Tras una serie de críticas a la administración de BoA, por parte de legisladores e inclusive trabajadores y pilotos de la empresa, el gerente general, Juan Carlos Ossio, el 9 de marzo es destituido del cargo, que se negaba a dejar.

Días antes los trabajadores de BoA denunciaron cifras rojas en la empresa como resultado de los malos manejos realizados desde la gerencia, sobre todo por reducir la frecuencia de viajes y la eliminación de rutas o destinos aéreos.

El 7 de mayo, en medio de críticas por llevar contrataciones directas de emergencia, fue destituido Herland Soliz del cargo de presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Las denuncias se concentran en presuntas irregularidades y sobreprecios en la compra de combustible, alimentos y seguros.

Ante ello, el Ministerio de Hidrocarburos anunció una investigación de los contratos de compra de combustibles, seguros y alimentos para establecer la existencia de irregularidades.

El antecesor de Soliz fue José Luis Rivero, quien permaneció 29 días en el cargo hasta que declaró que YPFB estaba en “quiebra”.

El uso indebido de bienes del Estado también aparece en la lista de casos identificados por este medio, al conocerse que los ministros de Gobierno y de la Presidencia, Arturo Murillo y Yerko Núñez, reconocieron que personas particulares abordaron aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para fines no oficiales. Hablamos del hijo de una amiga de la presidenta Áñez y de una modelo beniana.

Murillo admitió que Mauricio Raña (hijo de la diputada Ginna María Tórrez) utilizó la avioneta para “acompañar a su madre”, que tiene dificultades para caminar y debía llegar a una sesión en La Paz.

Núñez también reconoció que una exreina de belleza viajó en un “vuelo solidario” desde Santa Rosa hasta la ciudad de La Paz por su “delicado estado de salud”.

Tras renunciar a su cargo, el 8 de mayo, el exministro de Minería Carlos Huallpa denuncia imposición de cargos y negociados en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

El 11 de mayo también se conoce de la renuncia de dos viceministros, que dependían del Ministerio de Defensa, debido a denuncias sobre presuntos cargos de corrupción relacionados con irregularidades en la adquisición de equipos para luchar contra el COVID-19 y a pagos personales, según una nota publicada en la web defensa.com del Grupo EDEFA SA de España.

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Uso de redes creció entre 50 y 70% en cuarentena

Popular. En el país hay 7 MM de usuarios de Facebook y 1,4 MM de Instagram

/ 25 de mayo de 2020 / 11:16

En el primer cuatrimestre del año, en Bolivia el uso de Facebook creció un 70%, mientras que WhatsApp y Messenger un 50%. Un experto ve una oportunidad para la migración digital y nuevas oportunidades de trabajo y negocios.

Cuando el mundo se encuentra sumido en luchar contra el coronavirus, el internet se está convirtiendo en un servicio de primera necesidad y las redes sociales en herramientas clave, más allá del entretenimiento y la comunicación.

A 48 horas de haberse celebrado el Día Mundial de Internet (17 de mayo), datos revelados a La Razón por Giovanni Gamarra, director general de Facebook para Bolivia & Paraguay, reflejan un considerable crecimiento porcentual en uso y penetración de las redes sociales en el país, sobre todo en el periodo de cuarentena.

“El tráfico (uso) en Facebook creció un 70%. La mensajería instantánea en WhatsApp y Messenger ha incrementado un 50% y las llamadas y videollamadas se han duplicado en estas plataformas en el mismo periodo, así como las herramientas como Instagram Live aumentaron su uso en un 700%”.

Asimismo, citando datos del portal People Insights, el ejecutivo de la compañía global estadounidense precisó que en Bolivia los usuarios activos de Facebook superan los 7 millones y de Instagram más de 1,4 millones.

Estos datos confirman que las redes se convirtieron en herramientas de información, educación y sobre todo comunicación entre amigos, familia, empresas, empleados, consumidores, entre otros, tras su aislamiento, distanciamiento social y restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria.

Al respecto, el experto en tecnologías digitales y gerente general de la revista TecnoBit, Juan Pablo Vásquez, señaló a este medio que la sorpresiva llegada del COVID-19 puso en evidencia falencias de las empresas nacionales en materia de presencia digital, formas de comunicación, trabajo, distribución, entre otras.

Además que el encierro “forzó” a que los usuarios y trabajadores recurran a medios digitales y redes sociales para la comunicación, compras e incluso educación.

“Esta situación está impulsando a que haya una reinvención y replanteamiento de las formas de trabajo y comunicación tal cual como fueron hasta ahora. Este es un momento en que hay que pensar en soluciones a través de los medios digitales”, apuntó.

En ese tiempo de crisis, con las medidas de distanciamiento social y aislamiento en Bolivia y el mundo, distintas plataformas ya existentes cobraron relevancia, páginas web de aprendizaje, servicios de videoconferencias, almacenamiento en la nube, entre otras, demostrando “ahora más que nunca que el internet se está convirtiendo en un servicio de primera necesidad y una herramienta que va mucho más allá de la entretención y comunicación”, sostuvo.

INTERNET. En los últimos años, Bolivia se caracterizó por ser uno de los países con internet más costoso y lento de la región. A la fecha, el panorama no cambió, aunque el servicio mejoró significativamente, incrementándose velocidades y bajando tarifas durante 2019, afirmó Vásquez.

Conforme datos de la web speedtest.com, en el ranking mundial de internet fijo, efectuado en 180 países, Bolivia se encuentra en el puesto 118 con una velocidad promedio de 18,78 Mbps (Megabits por segundo). Chile se ubica en el 33 con 91,36 Mbps siendo la mejor de la región, mientras que Venezuela en el puesto 175 con 2,83 Mbps, como una de las más bajas.

Según evaluación del experto, las conexiones internacionales de internet ya son submarinas, y Bolivia, al ser un país mediterráneo, enfrenta esa limitante.

Recordó que “en enero pasado, Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) anunció que nuestro país ya cuenta con una salida de internet hacia el océano Pacífico, vía Perú. Se estimaba que en un plazo de 60 días ya estaría implementada, aunque probablemente el COVID-19 frenó el avance”.

La nueva salida consta de un cableado de dos tramos, 1.000 km terrestres y 1.000 km submarinos, lo cual permitirá mejorar velocidades y bajar costos. “Será un gran avance que ayudará a la conectividad de los bolivianos al mundo digital y una reinvención de muchas industrias”, dijo.

FUTURO. Si bien la pandemia afectó la economía de Bolivia y del mundo, el ejecutivo de Facebook en el país, Giovanni Gamarra, consideró que las empresas “entendieron” que estas herramientas son más que una red social o un medio de promoción.

Ante ese nuevo escenario y con perspectiva a su uso poscoronavirus, “son herramientas de un potente componente de gestión de comunicación entre ellas (compañías) y los consumidores, que pueden convertirse en centros de atención al cliente, catalizadores de ventas y programas de fidelización. Se tiene que pensar siempre que si a éstas le sumamos la automatización de procesos, los negocios pueden lograr escala a un menor costo”, precisó.

Por su parte, Juan Pablo Vásquez sostuvo que el mundo ya no será el mismo y que se está ingresando a la “era digital” de una manera forzosa y con varios cambios.

“Es muy probable que el esperado aterrizaje del e-commerce (compra y venta online) tenga un gran crecimiento y sea implementado masivamente. Distintos bancos estuvieron apostando por la banca digital y compras en línea, aunque no tuvieron la recepción masiva como en otros países, esto de igual manera deberá cambiar. Bolivia muy pronto tendrá mejor internet a menores tarifas, una oportunidad muy grande para la migración digital y crear nuevas oportunidades de trabajo y negocio”, presagió el experto.

Cada 17 de mayo se celebra el Día de Internet en gran parte del mundo, una fecha que fue impulsada por la Cumbre de la Sociedad de la Información desarrollada en Túnez en noviembre de 2005.

En Bolivia, con ese motivo, se realizaron varias actividades utilizando plataformas virtuales, entre éstas se puede citar el conversatorio virtual denominado “El Internet y las Telecomunicaciones en Bolivia – Una Oportunidad dentro de la Crisis”, impulsada por la Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación en Bolivia (Fundetic-Bolivia), con el apoyo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, la Asociación Iberoamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), Cisco Systems, Viceministerio de Telecomunicaciones y la Agencia Boliviana Espacial (ABE).

Este evento tuvo la finalidad de promover un espacio de análisis y reflexión sobre el internet y las telecomunicaciones, sus avances y desafíos en la región; además de evaluar la regulación, cobertura, acceso, uso e impactos económicos y sociales, así como las tendencias del sector.

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Nuevo perdonazo dará ‘racionalidad’ al sistema tributario

Norma. El proyecto reduce plazos de prescripción de 8 a 4 años y condona multas

/ 25 de mayo de 2020 / 10:56

Tributos. Oficina de atención al contribuyente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en La Paz. Foto: APG

El “nuevo perdonazo” tributario presentado a la Asamblea Legislativa eliminará la imprescriptibilidad, habilitará pago de deudas al contado o crédito con 2 y 4% de interés, y condonará multas hasta un 100%. Un analista destaca “racionalidad” de la norma.

Se trata del proyecto de Ley 606 que “modifica los artículos 59, 60, y 61 de la Ley 2492, Código Tributario Boliviano”, el cual fue presentado el 18 de marzo a la Asamblea por la presidenta Jeanine Áñez, y que a la fecha se encuentra en análisis por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.

La propuesta de cinco artículos, en la primera de sus seis disposiciones transitorias, plantea que los contribuyentes con deudas tributarias anteriores al 1 de enero de 2020, podrán efectuar el pago único al contado de la totalidad del tributo omitido, por impuesto y/o período fiscal, con un interés de 2% y de 4% si la deuda se paga a plazos, aplicables a todo el periodo en mora.

En ambos casos, el contribuyente podrá beneficiarse de la condonación del mantenimiento del valor y del 100% de las multas.

Además señala que los sujetos pasivos (empresas y profesionales) que hubiesen incurrido hasta un día antes de 1 de enero en incumplimiento de deberes formales previstos en el Artículo 162 de la Ley 2492 (falta de presentación de declaraciones juradas en los plazos fijados por la Administración Tributaria; no emisión de facturas, notas fiscales, omisión de inscripción en los registros tributarios, y contravenciones aduaneras), quedan condonados automáticamente del pago de multa, previa presentación de la información que corresponda.

COHERENCIA. Al respecto, el analista financiero Jaime Dunn de Ávila explicó a La Razón que esta nueva ley busca una regularización, clara y concreta, además de levantar la imprescriptibilidad a los adeudos tributarios, reduciendo los plazos de prescripción de 8 a 4 años. “Es decir no solo beneficia al contribuyente eliminando adeudos tributarios, sino que otorga un alto nivel de racionalidad en el cálculo de multas e intereses y otorga seguridad jurídica”.

A diferencia de la anterior normativa aprobada por la administración del expresidente Evo Morales (2019), esta norma no busca incrementar las recaudaciones ante la presión del déficit fiscal.

“Es un perdonazo verdadero que no busca ser un instrumento para incrementar las recaudaciones, sino que busca dar seguridad jurídica y terminar con las prácticas de persecución a los contribuyentes que existía al haberse distorsionado el rol del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales), que en vez de ser una entidad recaudadora de impuestos, se volvió en una entidad cuasi extorsionadora, cobradora de multas y penalidades desproporcionadas, acumulando cerca de Bs 41.000 millones en adeudos tributarios, mayormente de multas e intereses”, precisó.

De igual manera, para la parlamentaria del MAS y presidenta de la Comisión Económica de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, este proyecto propone la condonación del 100% de las multas por omisiones o contravenciones, lo cual le parece “muy bien”, al igual que las facilidades de pago de los tributos adeudados.

No obstante, la legisladora consideró importante que la Aduana Nacional y el SIN se manifiesten si están de acuerdo con la extinción automática de los procesos administrativos, civiles y penales por temas tributarios.

POTESTAD. “La pasada semana hemos realizado la consulta al Ministerio de Economía para que estas instancias se manifiesten porque nos indica (proyecto de ley) que automáticamente tendrían que levantar esos procesos. Tendrían que consultar al Órgano Judicial (…). Esa es mi duda”, indicó la legisladora del MAS al anticipar que si el Órgano Judicial responde que tiene la “potestad” para eliminar casos judiciales de forma automática, se aprobará la normativa en los próximos días.

En el numeral V de la disposición transitoria primera señala que en los casos en que la Administración Tributaria hubiese interpuesto recursos o demandas que se encuentren en curso a la fecha de vigencia de la norma, ya sea administrativa o judicial, la deuda tributaria, la multa y el proceso se extinguirán automáticamente, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable realice el pago total y al contado del 50% del tributo determinado.

Asimismo, en la disposición transitoria segunda se establece que en materia de contrabando identificado por la Aduana, con anterioridad a la vigencia de esta ley, en operaciones autorizadas los consignatarios podrán realizar o concluir el despacho aduanero de importación al consumo con el pago total y al contado de los tributos determinados y que si el consignatario retira la mercancía en un plazo de 30 días calendario de efectuado el pago, el concesionario de depósitos aduaneros públicos condonará el pago de los gastos logísticos y de almacenaje, al igual que el concesionario privado.

Esta facilidad es observada por Choque, quien cuestionó si la Aduana está en condiciones de condonar los costos de carguío y almacenaje de mercadería consignada como contrabando, frente a sus necesidades de recursos.

VULNERACIÓN. “El contrabando es un delito, favorecer al 100 por ciento, no cobrarles nada y eliminar sus procesos, no me parece, estaríamos vulnerado la Constitución (Política del Estado) por eso estamos consultando” al Órgano Judicial, reiteró la legisladora.

En tanto, el analista Dunn consideró urgente la aprobación de esta ley. “El hecho de que lleva tanto tiempo sin tratarse en la Cámara de Diputados, es mala señal y una nueva muestra de que lamentablemente hay legisladores con claros cálculos políticos que anteponen sus intereses al de todos los bolivianos”, denunció.

Argumentó que ante la pandemia del COVID-19, se hace imperiosa la aprobación de esta ley y que no hacerlo crea una contradicción, pues por un lado la presidenta Áñez está otorgando bonos, reprograma créditos y otras ventajas a personas y empresas para enfrentar la crisis sanitaria, pero por el otro lado cobra multas e intereses “descomunales”.

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Desde noviembre hubo un enroque y cinco cambios de ministros

Jerjes Justiniano Atalá fue el primero en salir del gabinete de ministros.

/ 18 de mayo de 2020 / 20:04

Palacio. La presidenta Jeanine Áñez posesionó a algunos de sus colaboradores el 13 de noviembre. Pedro Laguna.

Entre denuncias y supuestas irregularidades, en seis meses de gestión se produjeron cinco cambios y un enroque en el gabinete ministerial que acompaña a la presidenta transitoria Jeanine Áñez Chávez.

Con la designación del ministro de Trabajo interino, Óscar Bruno Mercado, el primer equipo de ministros se terminó de estructurar el 29 de noviembre. Sin embargo, cuatro días después se efectúa el primer ajuste en el gabinete.

Denuncias sobre una supuesta influencia judicial en un caso de violación múltiple conocido como “La manada”, tras ser abogado defensor de uno de los involucrados, provocaron el cambio de Jerjes Justiniano, el 3 de diciembre.

En su reemplazo asumió como ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, que hasta esa fecha se desempeñaba como titular de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Junto a Núñez fueron posesionados Iván Arias, en la cartera de Obras Públicas, y Óscar Mercado dejó el interinato para asumir oficialmente el Ministerio de Trabajo.

Un mes después, el 29 de enero, la presidenta Jeanine Áñez posesionó a su gabinete ministerial, tras pedir su renuncia, para “encarar una nueva etapa de la gestión de transición democrática”.

Es así que se efectuaron cambios en tres carteras del Estado. Víctor Hugo Cárdenas —exvicepresidente en el periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 y 1997)— reemplazó a Virginia Patty en el Ministerio de Educación.

En tanto, la periodista Isabel Fernández asumió el Ministerio de Comunicación en sustitución de Roxana Lizárraga, quien renunció al cargo el 27 de enero, criticando la decisión de Áñez para presentarse como candidata para las elecciones generales.

Minería. Carlos Huallpa denunció irregularidades al dejar su cargo. Foto: José Lavayén

Además, la diputada por el Movimiento Demócrata Social y exfuncionaria de la Gobernación de Santa Cruz, Eliane Capobianco, reemplazó a Samuel Ordóñez en el Ministerio de Desarrollo Rural.

A estos cambios y enroque se suma la destitución y otra vez nombramiento del ministro de Defensa, Luis Fernando López, el 10 de marzo, un día después de haber sido sustituido tras su censura por la mayoría de legisladores en la Asamblea Legislativa.

De manera sorpresiva y en medio de la pandemia por el coronavirus, Aníbal Cruz renunció al cargo de ministro de Salud y fue reemplazado por el neumólogo Marcelo Navajas, el 8 de abril.

Finalmente, los dos últimos cambios: el exsenador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz reemplazó el 8 de mayo a Wilfredo Rojo, quien renunció al cargo de ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, argumentando razones personales.

En la misma fecha, Carlos Fernando Huallpa Sunagua también renunció al Ministerio de Minería y Metalurgia aduciendo problemas de salud y personales. Días después, en una entrevista con el programa Detrás de la Verdad, denunció imposición de cargos desde el Ministerio de la Presidencia y negociados en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.

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Empleo, un desafío para la inversión pública y privada

Trabajo. Dos economistas y la CNI critican al Gobierno por no incluir a los privados en la generación de empleo formal.

/ 15 de mayo de 2020 / 08:20

La Paz. La industria manufacturera, de textiles fundamentalmente, se encuentra en una crisis permanente. Muchas han cerrado, como Ametex. Foto: AFP

La tasa de desocupación crece en el país, mientras el Gobierno de transición ofrece un plan temporal de empleos sin visión de desarrollo y sin la participación del sector privado, coinciden dos economistas y la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

El desempleo en Bolivia alcanzó un 4,83% el último trimestre de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que 5 de cada 100 habitantes de las ciudades estaba sin trabajo hasta ese período, como consecuencia de una reducción de las actividades económicas por la crisis social y política vivida en el país entre octubre y noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales Ayma a la presidencia.

Considerando los efectos de la emergencia sanitaria y la cuarentena por la pandemia del COVID-19 o nuevo coronavirus, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la tasa de desocupación en el país llegará al 8% en esta gestión, de acuerdo a su informe Perspectivas de la Economía Mundial, publicado en abril.

En ese mismo mes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en sus proyecciones sobre el impacto de la pandemia en el empleo en América Latina y el Caribe, calcula que un millón de empleos formales y 4,2 millones de trabajos informales en Bolivia están en riesgo debido a la crisis causada por el coronavirus.

En ese escenario de proyecciones, la presidenta Jeanine Áñez, durante la celebración del Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo, ha anunciado la implementación de un plan amplio para crear empleo masivo a partir de junio, con el cual espera beneficiar a 600.000 personas a través de la construcción de obras públicas en áreas como la salud, mejoramiento barrial y campo.

Considerando la situación económica que vive el país por la emergencia sanitaria, el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, observa “improvisación” en el plan de empleo gubernamental porque no presenta una visión de desarrollo y no involucra al empresariado privado para la creación de al menos 100.000 fuentes laborales estables o de calidad del total ofrecido.

CAMPAÑA. “El desafío debe ser que el sector privado participe en ese plan, generando por lo menos 100.000 empleos hasta diciembre. Si eso sucede, el 2021 será de ganancia”, dice y agrega que es necesario involucrar a los empresarios y dejar de lado los cálculos políticos porque le pasarán factura a la administración de Áñez.

En sintonía con Akamine, el presidente de Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, considera urgente establecer una mesa de diálogo con el Órgano Ejecutivo donde el empresariado exponga sus proyectos y experiencias para la creación de nuevas fuentes de trabajo.

“Hemos decidido hacer una convocatoria al Gobierno para hacer un diálogo y podamos discutir nuestras ideas y la experiencia de crear nuevos empleos o apoyar los que están a punto de morir”, advierte el ejecutivo.

El sector siente que sus demandas para salvar los empleos que generan, no son escuchadas por las autoridades gubernamentales y que en respuesta solo hablan de crear nuevas fuentes de trabajo.

“Entonces se está poniendo en riesgo a una población muy grande que depende de la industria manufacturera y no encontramos apoyo”, afirma Blazicevic.

FÓRMULA. En tanto, el presidente de los economistas bolivianos cuestiona cómo se hizo la fórmula para ofertar 600.000 empleos, al recordar que el último en ofrecer 500.000 trabajos —y no cumplió— fue Gonzalo Sánchez de Lozada (como candidato presidencial para las elecciones de 1993), con la diferencia que esas fuentes laborales tenían que ser generadas por el sector privado.

La propuesta gubernamental busca construir aceras en ciudades, empedrado de calles, sistemas de alcantarillado y parques, para lo cual se contratará mano de obra de los vecinos y en el área rural de las comunidades para la construcción de caminos, muros de contención para prevenir derrumbes y canalización de ríos para evitar inundaciones.

“No es construir por construir y gastar”, se debe contar con una visión de desarrollo del país, dice Akamine, afirmando que también es importante incluir a los municipios con vocación productiva con tres actores: el gobierno municipal que cuenta con recursos, las universidades con la investigación y los emprendedores para la generación de nuevos modelos de negocios.

INVERSIÓN. En ese contexto y tomando en cuenta las condiciones económicas por las que atraviesa el país, “el camino más expedito es el fortalecimiento a la inversión pública productiva y generadora de empleo, a través del endeudamiento interno y externo”, afirma por su lado el economista Jimmy Osorio, quien considera que el plan gubernamental solo generará empleo de emergencia.

“Estos planes, han funcionado en economías que sufrieron desastres de diferentes índoles, incluso guerras. Y lo que hacen es reponer la fuente de ingresos de aquellas personas del sector informal que han quedado sin ingresos.

Estos planes no generan empleo formal, es decir, son temporales y tienen un objetivo específico, por ejemplo, el empedrado de una calle, que podría tomar 60 días a una cuadrilla de 30 empleados”, asegura y añade que por ello no pueden ser considerados formales, pues los beneficiarios no llegan a tener un seguro social o beneficios como el aguinaldo, pero para dinamizar la economía y fomentar la inversión pública local cumple tal objetivo.

Osorio argumenta que en los últimos años el Estado apostó todos sus esfuerzos a la captación de sus ingresos por vía de la extracción de materias primas y la venta de éstas, pero al ir cayendo las cotizaciones de minerales y petróleo en el mercado internacional, el crecimiento económico nacional se fue desacelerando de 6,83% en 2013 a 2,22% en 2019, es decir, se registró una contracción del 68% en este periodo.

Plan. El Gobierno pretende crear 600.000 empleos en los barrios. Foto: Miguel Rivas

PARALIZACIÓN. A esta situación se suma la crisis política y social de octubre de 2020, que ocasionó que la economía boliviana sufra el primer embate interno, pues el gran aparato económico-productivo fue parado por al menos 2 a 3 semanas, provocando la pérdida de la fuente de ingresos primaria de un gran porcentaje de familias así como de micro y pequeñas empresas.

A esto se suma la cuarentena por el riesgo sanitario que aceleró el cierre de una gran cantidad de emprendimientos y la pérdida de fuentes generadoras de recursos, señala Osorio y recuerda que en Bolivia el 83% de la población económicamente activa (PEA) pertenece al sector informal, por lo que más allá de perder un empleo, muchas personas de este sector perdieron o están perdiendo sus fuentes de ingresos.

“El 17% de trabajadores que pertenece al sector formal (de la economía), en la mayoría de los casos mantendrá sus fuentes laborales, por lo que ese sector no debería tener mayores inconvenientes, sino que a través del esfuerzo de sus empleadores podrán salir casi ilesos de esta crisis” sanitaria, analiza el economista.

Al respecto, el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia complementa que en este tiempo el país necesita generar un escenario poscuarentena, con un ambiente de confianza y certidumbre para que “las personas vuelvan a creer y las empresas vuelvan a invertir, y se produzca el efecto multiplicador del empleo y el consumo” interno.

Akamine considera que ésa es la receta que en el mediano plazo debe ser aplicada por el Estado porque “continuar viviendo de los recursos naturales es retroceder en el tiempo, se requiere estimular al sector privado que durante el gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo) fue asfixiado. No era negocio tener empresa y todo el mundo se movía en la informalidad a tal punto que se llegó a un 75% de informalidad en el país”, concluye el economista.

Blazicevic y el plan de empleo

Programa

‘En vez de que el Gobierno nos apoye y nos ayude a salvar los empleos que generamos, que son de calidad con todas las prestaciones de ley y son permanentes, nos está diciendo que van a tratar de crear nuevos empleos y no salvar los que existen y eso nos induce a tener más preocupación todavía. Parecería que no es de su interés o el Gobierno no estaría oyéndonos y no se esté dando cuenta de que estamos por perder una gran cantidad de empleos’, afirma.

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Gonzalo Quiroga: ‘La economía se contraerá un 9,8% hasta junio’

El Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo dice que para el primer trimestre de este año se había proyectado una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,4%, pero se estima un desempeño más bajo (-2,4%).

/ 15 de mayo de 2020 / 08:01

El ex viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, días atrás lamentó que el actual Gobierno haya solicitado al Banco Mundial (BM) un cambio en la clasificación que tiene Bolivia en ese organismo internacional, argumentando que el país en los últimos años ocupa una “posición expectante, con una economía de ingresos medios y en crecimiento, por lo cual los créditos tienen un rango más comercial”.

Esta autoridad, atendiendo un cuestionario de La Razón, aclara que no es un cambio de categoría sino una solicitud de postergación de la implementación de la Cláusula de Aceleración de Repago de los créditos de la Asociación Internacional del Fomento AIF (miembro del Grupo del Banco Mundial).

Además, al evaluar el crecimiento del país proyecta para el segundo trimestre de 2020 una caída interanual de 14,1% y una contracción acumulada de 6,2%; y que de ampliarse la cuarentena por el coronavirus, la contracción puede pasar a 20,8% (interanual) y a 9,8% en términos acumulados.

—¿Qué opina sobre los criterio del exviceministro Jaime Durán?

—Sorprende enterarse de la falta de criterio que las autoridades del anterior gobierno, que de manera irresponsable, durante 14 años, abusaron de la confianza de la población y de los recursos del país.

Bolivia, desde 2014 hasta 2016, comenzó a bajar sus ingresos más del 60%, afectando universidades, municipios y gobernaciones. De igual manera desde 2014, el país mantiene un déficit fiscal ascendente, es decir, un incremento en los gastos públicos que no tenía una justificación mayor que la de supuestamente mantener una demanda agregada alta, sin tener ingresos suficientes para cubrirlos.

El anterior gobierno del MAS no aplicó ninguna medida para reducir esta tendencia y mantuvo una gestión económica con fines políticos y despilfarro de recursos económicos, de esta manera el déficit se incrementó de -3,4% en 2014 a -8,1% en 2018, durante ese periodo el gobierno ejecutó proyectos de inversión pública que no son rentables, que no ayudaron a dinamizar la economía y en muchos casos solo se inscribieron en el presupuesto, sin ser ejecutados y para ser ocupados en el gasto corriente del gobierno (…).

—¿Podría precisar las razones técnicas por las cuáles el Gobierno pidió al BM que se le baje de categoría?

—Para empezar no se ha solicitado que se baje la categoría, se ha solicitado que se postergue la implementación de la Cláusula de Aceleración de Repago de los créditos de la Asociación Internacional de Fomento.

De acuerdo al “Informe de Uso de Fondos en Condiciones Concesionales 2015” del Fondo Monetario Internacional (FMI), Bolivia ha dejado de ser un país de bajos ingresos, convirtiéndose en un país de ingreso graduación que ha sucedido durante el período de la reposición de la AIF-17 (2016) del Banco Mundial (BM), acompañaron en esta graduación los países de Sri Lanka y Vietnam.

“Graduarse” de la AIF significa que el país deja de recibir créditos concesionales por haber dejado de ser país pobre (no empobrecido) y empieza a cambiar las condiciones de contratación de créditos (no concesionales), dado que se encuentra en una situación que le permite pagar más intereses y repagar los créditos en menor tiempo, para lo cual Bolivia empieza a suscribir créditos con el BIRF y con la AIF en términos no concesionales (condiciones comerciales).

Gonzalo Quiroga, viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Fotos: Christian Calderón

El determinar que el país debe asumir los créditos con un rango más comercial obliga a Bolivia considerar tres posibles medidas a aplicar: 1) reducir a la mitad el tiempo de amortización 2) incrementar la tasa de interés de modo variable de tal forma que el valor presente neto de la deuda se mantenga y 3) una opción híbrida que permitía al país elegir tasa y plazo.

El gobierno del MAS aceptó la segunda opción decidió utilizar la opción de tasa de interés, esta decisión fue comunicada al Banco Mundial a fines de octubre del 2019, como una medida para lograr mayores créditos para Bolivia sin considerar el impacto que ello tendría en el incremento de la tasa de interés de 1,29 a todos los créditos con esa cláusula, a partir de junio de 2020, afectando aproximadamente 40 operaciones de crédito que hasta hoy se mantienen.

—El INE establece que Bolivia cerró en 2019 con un crecimiento del PIB de 2,22%. ¿Este dato es parte de la justificación de cambiar esa categoría?

—No. Ahora no solo debemos corregir el despilfarro del MAS, sino además evitar que nuestra economía se resienta, para ello se ha considerado diferentes medidas que han permitido el aumento de nuestras Reservas Internacionales (RIN), que la “economía de ingresos medios” del MAS paso del período diciembre 2018 a diciembre 2019 de $us 8.946 millones a 6.468 millones (…).

La realidad es que a inicios de año se preveía la reactivación del PIB externo relevante para Bolivia; sin embargo, a marzo se tienen importantes correcciones a la baja en el desempeño de nuestros socios comerciales.

Para el primer trimestre de 2020 se había proyectado una tasa de crecimiento de 3,4%, sin embargo, se estima un desempeño más bajo (-2,4%) en casi todos los sectores debido a los efectos iniciales de la cuarentena principalmente.

La proyección para el segundo trimestre de 2020 muestra una caída interanual de 14,1% y una contracción acumulada de 6,2%. En caso de que se extendiera hasta fines de mayo, la contracción al segundo trimestre pasaría a 20,8% (interanual) y a 9,8% en términos acumulados. Esta es una de las razones que de manera responsable no podemos aplicar la nueva categoría y aceptar lo que el MAS aceptó que fue modificar las tasas de interés al alza.

—¿Cuáles son las ventajas para el país del cambio de categoría por parte del BM?

—Hoy en día ninguna, no es un premio, es la categorización del BM para calificar a los países de acuerdo a su realidad económica. En el caso de Bolivia, la pobreza sigue siendo alta, no se ha mejorado nada la calidad de vida, se ha destrozado el aparato industrial, la infraestructura de salud y ni qué decir la educación.

El hueco fiscal dejado por el MAS es alto y solo se preocupó de un modelo económico fracasado que hoy muestra una realidad que afecta a los bolivianos.

—¿Un cambio de categoría afectará al crecimiento económico del país?

—Pagar mayores intereses no es ventajoso, aún más cuando debemos cubrir los déficits dejados por el MAS y sobre todo al tener que atender las necesidades de la pandemia.

—¿Cómo ve el futuro relacionamiento del país con los organismos internacionales de cooperación y financiamiento externo?

—Excelente, porque hemos sincerado nuestras variables económicas, no la estamos falseando y ello ha permitido que los organismos sepan una realidad que estaba oculta por factores de politiquería y por un gobierno que no deseaba que Bolivia se desarrolle, solo falsearon las cifras para engañar a la población.

Hoy al conocer la verdadera realidad, los organismos están favoreciendo y ayudando a Bolivia.

Perfil

Nombre: Gonzalo Quiroga Soria

Nació: 21-02-1961

Profesión: Economista

Cargo: Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo

Con experiencia en el exterior

Fue consultor sénior en entidades financieras internacionales como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, FMI y NYSE (Bolsa de Valores de New York). Es experto en desarrollo de modelos económicos y sociales en países en vías de desa-rrollo y países posconflicto. Trabajó para organismos internacionales como el Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE) y SUNY-CID (Centro de Desarrollo Internacional). Desempeñó varias funciones públicas en la Alcaldía de Sucre y fue director del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Es viceministro desde el 16 de marzo.

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