Nacional

domingo 24 may 2020 | Actualizado a 21:51

En 10 días se ha más que duplicado el número de casos de COVID-19 en el país

El 22 de abril se reportaron 762 personas contagiadas con esta enfermedad y para el 2 de mayo esa cifra se había disparado hasta las 1.470. La tasa de letalidad es de 5 decesos por cada 100 positivos, mientras que el número de pacientes recuperados es de 11 por cada 100 infectados.

/ 3 de mayo de 2020 / 16:31

Personal del Hospital de Clínicas, en La Paz, mide la temperatura de un paciente entrante

En un lapso de 10 días, Bolivia ha pasado de tener 672 personas contagiadas con COVID-19 a 1.470. La cifra se ha más que duplicado durante este período y muestra un ritmo ascendente. Y desde el 10 de marzo, cuando se reportaron los dos primeros casos, hasta el 2 de mayo, cuando se registró el pico más alto con 241 infectados, el promedio diario de personas aquejadas con este mal llega a 28.

Bolivia registró el sábado un nuevo récord de casos positivos al nuevo coronavirus con 241 contagiados, sumando un total de 1.470 en 52 días, con 71 decesos y 159 recuperados. La tasa de letalidad ha retrocedido a 4,8% (5 muertos por cada 100 infectados), pero debido al aumento de los casos positivos, mientras que el número de pacientes curados sigue siendo una de las más bajas a nivel regional, con una tasa de 10,8% (11 restablecidos por cada 100 enfermos).

Santa Cruz, La Paz, Beni, Oruro y Cochabamba registran los índices más elevados de enfermos por coronavirus. El primero concentra el 54,8% del total de casos confirmados, el segundo el 16%, el tercero el 13%, el cuarto el 7,6% y el último el 5,5%. El 3,1% restante se dividen entre Potosí, Pando, Chuquisaca y Tarija.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó este domingo que si la población cumple a cabalidad la cuarentena y los gobiernos regionales apoyan en ese plan, la población “podrá salir” después del 31 de mayo.

La presidenta Jeanine Áñez anunció el pasado miércoles la continuidad de la actual cuarentena denominada “total” hasta el 10 de mayo y el inicio de una “cuarentena dinámica” a partir del 11.

Esta última implica el retorno gradual de actividades económicas en determinados departamentos y ciudades bajo una evaluación cada semana sobre el comportamiento de los casos de COVID-19 y que definirá la categorización del riesgo alto, medio y moderado.

CRONOLOGÍA

Haciendo una recapitulación. El 10 de marzo pasará a la historia como el día en que se confirmaba los dos primeros casos del nuevo coronavirus o COVID-19 en Oruro y Santa Cruz. La enfermedad había ingresado a territorio nacional hace exactamente un mes a través de dos mujeres que arribaron de Italia. Desde esa fecha y hasta el 10 de abril se registraron 275 infectados en ocho de los nueve departamentos del país, excepto Beni, 20 de los cuales perdieron la vida.

El 12 de marzo, cuando el país tenía solo tres casos importados, el Gobierno nacional anunció las primeras medidas para contener el virus: suspensión de clases hasta el 31 de marzo, restricción de viajes hacia y desde Europa, cuarentena obligatoria a viajeros que lleguen de países con infectados, prohibición de eventos con más de 1.000 personas y la conformación de un gabinete para la atención del COVID-19.

El 15 de marzo, cuando el país sumaba 11 casos positivos, la presidenta Jeanine Áñez endureció las primeras medidas y determinó horario laboral continuo, prohibió los eventos con más de 100 personas, eliminó aranceles para importaciones de medicamentos y equipos, y prohibió el ingreso de viajeros, con excepción de los bolivianos, provenientes de China, Corea, Italia y España, que en ese entonces eran los más afectados por el virus.

Dos días después, la Mandataria dictó una cuarentena parcial para que todas las personas permanezcan en sus casas de 17.00 a 05.00. Para ello redujo la jornada laboral de 08.00 a 13.00, restringió la venta en mercados y supermercados hasta las 15.00, la circulación de vehículos, hasta las 16.00 y los viajes interdepartamentales e interprovinciales.

El 25 de marzo, con 39 pacientes confirmados, Áñez declaró el estado de “Emergencia Sanitaria” en Bolivia y la cuarentena total en todo el territorio desde las 00.00 del 26 y hasta el 15 de abril, medida que posteriormente fue ampliada hasta el 30 de abril y ahora hasta el 10 de mayo. Con ello se estableció el cierre total de fronteras, la prohibición de la circulación de vehículos, salvo los de seguridad y salud, y se restringió la circulación de cada persona a una vez por semana y de 07.00 a 12.00, según la terminación de su carnet de identidad, para aprovisionarse de alimentos.

Además fijó una multa de Bs 1.000 para quienes infrinjan la cuarentena y de Bs 2.000 para conductores, más arresto de ocho horas. También anunció las primeras medidas económicas, entre la dotación de una canasta familiar, el pago de los servicios de luz y agua, un bono Familia para estudiantes de colegios fiscales.

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Caso Entel y otros que fueron denunciados antes de la cuarentena están paralizados

El Gobierno espera que la próxima semana se reinicien las investigaciones de estos procesos y el Ministerio Público presente las imputaciones de los responsables de los hechos de corrupción.

/ 22 de mayo de 2020 / 16:49

Entel

Por Miguel Lazcano

Debido a la cuarentena por el coronavirus, los casos de corrupción en firmas estatales como en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y otros, que fueron denunciados antes de la emergencia sanitaria, están paralizados por lo que se prevé que a partir de la siguiente semana se reactiven y se presenten las imputaciones contra los responsables de esos hechos.

“En el tema de Entel hay una investigación en el Ministerio Público que desgraciadamente fue antes de la cuarentena, por eso es que se ha paralizado los procesos como en todos los procesos anteriores a la cuarentena, seguramente desde el lunes, dependiendo si habrá la cuarentena dinámica, algunas cosas se van a ir abriendo, los procesos van a ir avanzando”, indicó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra.

En el caso de Entel, en febrero de este año, La Razón publicó las irregularidades cometidas por el gerente de ese entonces, Elio Montes, quien fue denunciado por el pago de finiquitos a sus colabores que llegaron con él a la empresa estatal y no estuvieron más de tres meses como establecen las normas laborales. El monto ascendía a los Bs 868.998.

Otras irregularidades cometidas en la gestión de Montes fue el pago de hospedajes y consumos extras en hoteles de cinco estrellas en la zona sur de la ciudad de La Paz, así como compra de teléfonos celulares para sus colaboradores y el pago de auspicio a competidores deportivos, entre otros.

Telefónica

Con relación a los supuestos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Coimbra explicó que las denuncias en la petrolera estatal se presentaron durante la emergencia sanitaria, por lo tanto las investigaciones por parte del Ministerio Público continúan su curso. Recordó que en las pasadas semanas se realizó la solicitud de documentación de las oficinas en la ciudad de La Paz.

A mediados de abril, se conoció diversas irregularidades cometidas en la gestión del entonces presidente de YPFB, Herland Soliz. Una de ellas fue la contratación de manera directa, y por emergencia, de combustible por unos $us 160 millones, pese a que el precio del barril de petróleo se encontraba por debajo de los $us 20.

También se denunció la contratación de una póliza de seguro para YPFB Corporación por un valor de Bs 49 millones, pero la misma se dejó sin efecto por las denuncias realizadas. Otro hecho fue la adjudicación de manera directa de una empresa para servicios de alimentación y limpieza para la Planta de Río Grande por un costo de $us 8,89 millones.

En tanto, en la estatal Boliviana de Aviación (BoA), los trabajadores denunciaron a principios de marzo que la gerencia de ese entonces determinó disminuir la frecuencia de vuelos nacionales e internacionales beneficiando a las aerolíneas privadas. Eso derivó en la destitución del gerente general Juan Carlos Ossio.

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YPFB confirma responsabilidad penal y administrativa de funcionarios en caso seguros

La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos informó que existieron dos procesos de contratación iniciados y no concluidos por YPFB para la contratación de seguros. Indicó que en la actualidad se encuentra en curso un nuevo proceso de contratación que se encuentra publicado en la página del Sicoes.

/ 20 de mayo de 2020 / 19:16

Planta de YPFB

Por Miguel Lazcano

La Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB confirmó en su informe final que hubo responsabilidad penal y administrativa de “algunos funcionarios” en la contratación de un seguro general para la petrolera estatal. Por esta razón, se presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal y se recomendó instaurar un proceso administrativo en contra de estos empleados.

La información la dio a conocer este miércoles el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Iván Roncal, quien indicó en conferencia de prensa que “el tema de los seguros queda definitivamente concluido”.

El 7 de abril, YPFB amplió el plazo de la licitación de seguros generales de YPFB. Sin embargo, dos días después, la petrolera estatal decide cancelar el proceso de licitación y determina la contratación directa al amparo del decreto de emergencia sanitaria por el COVID-19.

El 14 de abril, según un reportaje publicado por Cabildeo Digital en su portal de internet, La Boliviana Ciacruz, otra de las compañías que había concursado en la licitación pública, objeta la adjudicación y el 15 de abril demanda que se revierta “la orden en Firme” otorgada a Credinform International, bajo advertencia de tomar acciones legales en caso de no hacerlo.

Cinco días después, el 20 de abril, YPFB notificó a Credinform que no seguiría adelante con el contrato y, el 21 de abril, comunica a La Boliviana Ciacruz la ampliación, por 60 días, del contrato que esta compañía ya venía ejecutando desde la gestión 2019.

Debido a estas irregularidades y a otras denuncias como la compra de combustibles y alimentos con sobreprecio es que se decide la destitución, el 7 de mayo, del entonces presidente interino de YPFB, Herland Soliz, quien un día antes había renunciado a su cargo, pero sin haberlo oficializado, como el mismo declaró a medios locales de Santa Cruz.

Autoregulación

Roncal aclaró este miércoles que las entidades autárquicas con autonomía, como YPFB, tienen las facultades de autorregularse y de realizar procesos de contratación, y el Ministerio de Hidrocarburos tiene otras atribuciones y competencias.

“Las atribuciones y competencias del Ministerio de Hidrocarburos son principalmente el de fijar las políticas del sector, aunque sí puede fiscalizar, como en este caso, los actos y contratos de las entidades bajo su tuición, en la modalidad de control externo posterior, más no así asumir la potestad de realizar contratos de las entidades autárquicas y autónomas del sector”, señaló el funcionario.

Roncal informó que YPFB es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, según a los artículos 361, 362 y 365 se la Constitución Política del Estado, concordante con la Ley de Hidrocarburos 3058.

Aclaró que YPFB está facultada exclusivamente por la Carta Magna y todas las disposiciones legales vigentes a realizar cualquier tipo de contratos relacionados a su competencia, que es la cadena productiva hidrocarburífera y comercialización de hidrocarburos.

Roncal explicó que la propia CPE y la Ley de Hidrocarburos sujetan a YPFB y otras entidades a la tuición del Ministerio de Hidrocarburos.

“El Artículo 27 de la Ley Safco establece dos tipos de control, el interno, que es previo y está a cargo de las unidades de auditoría interna, y el control externo posterior de las entidades bajo tuición, que es en este caso la entidad pública que es YPFB, que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos”.

Proceso

Roncal añadió que en el caso concreto de los procesos de contrataciones realizados durante la emergencia sanitaria por el COVID 19, “por el conocimiento obtenido en los medios de comunicación, por los que algunos cuestionaron el proceso de contratación de seguros por YPFB”, el Ministerio de Hidrocarburos instruyó a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de esa cartera ministerial hacer el seguimiento e investigaciones de esas denuncias.

Esta unidad, a su vez, comunicó aquella instrucción a la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB, que realizó el proceso que corresponde a las denuncias en el marco de la Ley 974.

“En esa instancia se realizó el proceso correspondiente, que concluyó con el informe final que manda la ley y al establecer que existe responsabilidad penal y administrativa de algunos funcionarios de YPFB, presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal y recomendó instaurar un proceso administrativo en su contra”.

Roncal informó que partir de aquí, queda concluido en lo que al Ministerio de Hidrocarburos respecto al procedimiento legal de investigación establecido por la normas citadas, estando en manos de la Fiscalía y del Órgano Jurisdiccional establecer la posible responsabilidad y sanciones de los funcionarios denunciados, no pudiendo la Unidad de Transparencia realizar ningún acto procesal dentro de esos trámites, por mandato de la propia ley.

En lo administrativo, el Director de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos informó que existieron dos procesos de contratación iniciados y no concluidos por YPFB para la contratación de seguros.

El primero bajo la modalidad de contratación directa, mismo que —aclaró— fue declarado concluido en mérito a que el proceso quedó interrumpido como efecto de la emergencia sanitaria y cuarentena decretada en el país.

A partir de allí, según Roncal, YPFB inició un nuevo proceso de contratación, pero esta vez bajo la modalidad de contratación por emergencia, que es el proceso que fue cuestionado y también declarado concluido. “En ninguno de estos procesos se llegó a suscribir contrato de adjudicación”, afirmó.

Informó que en la actualidad se encuentra en curso un nuevo proceso de contratación que se encuentra publicado en la página del Sicoes, con código DCO-EPNE-GAFC-47-20, proceso al que haremos estricto seguimiento a efecto de garantizar la total transparencia en la que se encuentra empeñado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hidrocarburos.

“Invitamos públicamente a la ciudadanía, a los medios de prensa y a las empresas que desean participar a hacer el seguimiento de este proceso, para que todos garanticemos su legalidad y transparencia”, finalizó Rocal, según una nota de prensa publicada en el portal de internet del Ministerio de Hidrocarburos.

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El FMI adelanta que la pandemia de coronavirus tendrá un ‘severo impacto’ económico en Bolivia

El Gobierno ya adelantó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se contraerá un 9,8% hasta junio. Y aunque la balanza comercial todavía es positiva al primer trimestre, por una caída en las importaciones debido a las restricciones impuestas para hacer frente a la enfermedad, se prevé un descenso en el valor de las ventas de las materias primas (gas natural y minerales, principalmente) en los próximos meses.

/ 18 de mayo de 2020 / 18:22

La sede de FMI en Washington, EEUU . Foto: AFP

Tras aprobar la solicitud financiera de emergencia para Bolivia por $us 327 millones, el 17 de abril pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la pandemia de la COVID-19 o nuevo coronavirus tendrá un “severo impacto” económico en Bolivia que afectará las exportaciones, la producción y los ingresos fiscales.

“La pandemia de la COVID-19 tendrá un severo impacto en Bolivia. El costo económico será sustancial, ya que la combinación de precios mundiales de energía más bajos, cuarentenas domésticas y una interrupción repentina en las entradas de capital conduce a reducciones bruscas en las exportaciones, la producción y los ingresos fiscales”.

Así lo hizo conocer en esa oportunidad el subdirector Gerente y presidente Interino del organismo financiero internacional, Mitsuhiro Furusawa, quien reveló que tras la aprobación del financiamiento, el Gobierno boliviano se comprometió “a alcanzar un déficit fiscal sostenible en el mediano plazo, mientras continúan manteniendo un fuerte apoyo al gasto social y a adoptar otras medidas macro y financieras según sea necesario”, aunque no detalla cuáles serían éstas.

Añadió que “el apoyo adicional de otros socios para el desarrollo también será fundamental para ayudar a abordar las necesidades fiscales y de balanza de pagos de Bolivia”.

También destacó las políticas aprobadas por Bolivia para hacer frente a la pandemia, a las que calificó de oportunas, bien focalizadas y apropiadas.

El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el 17 de abril la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia de aproximadamente $us 327 millones (DEG 240,1 millones, 100 por ciento de la cuota) en virtud del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para ayudar al país a enfrentar necesidades de balanza de pagos derivada de la COVID-19, respaldar los gastos médicos necesarios y medidas de ayuda para proteger el bienestar de la población.

El crédito aún no fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debido a que el informe presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está incompleto.

Caída del PIB

En una entrevista concedida a La Razón, el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, indicó que para el primer trimestre de este año se había proyectado una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,4%, pero debido a la actual situación se estima un desempeño más bajo (-2,4%).

También señaló que el crecimiento del país para el segundo trimestre de 2020 tendrá una caída interanual de 14,1% y una contracción acumulada de 6,2%; y que de ampliarse la cuarentena por el coronavirus, la contracción puede pasar a 20,8% (interanual) y a 9,8% en términos acumulados al primer semestre de este año.

En el primer trimestre del 2020, Bolivia registró un superávit comercial de $us 76,2 millones. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) dice que el saldo comercial positivo se debe principalmente por un incremento en el valor exportado del oro y una reducción de las importaciones en los primeros meses del año a causa de la pandemia del nuevo coronavirus en el mundo.

De enero a marzo de este año, las exportaciones del país llegaron a $us 2.057,8 millones, mientras que las importaciones sumaron $us 1.981,6 millones, dejando un saldo comercial positivo de $us 76,2 millones, según datos publicados en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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El número de infectados por COVID-19 se duplica en Bolivia en solo 11 días

Entre el 4 y el 14 de mayo Bolivia ha pasado de tener 1.681 personas contagiadas con el nuevo coronavirus a 3.372, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

/ 15 de mayo de 2020 / 18:03

Reporte de casos de coronavirus al 14 de mayo de 2020.

Por Miguel Lazcano

La curva de propagación del Covid-19 está en un claro ascenso en el país. El número de casos del nuevo coronavirus o COVID-19 se ha duplicado en apenas 11 días. De 1.681 personas contagiadas al 4 de mayo, la cifra se ha duplicado hasta alcanzar los 3.372 casos positivos reportados al 14 de este mes. El pico más alto de infectados se ha registrado el 11 de mayo con 275 enfermos.

La evolución de la enfermedad está en franco ascenso y desde el 7 de este mes los casos no han bajado del centenar. El número de personas fallecidas hasta el 14 de este mes a consecuencia de la enfermedad ya llega a 152, con una tasa de letalidad del 4,5% (5 muertos por cada 100 infectados). En tanto, el número de pacientes recuperados sigue siendo uno de los más bajos a nivel regional, con una tasa de 10,5% (11 restablecidos por cada 100 enfermos).

La Razón informó el 3 de mayo que, en un lapso de 10 días, Bolivia había pasado de tener 672 personas contagiadas con COVID-19 a 1.470. La cifra se había más que duplicado durante este período y ya mostraba un ritmo ascendente. También se informó que en ese período el promedio diario de personas aquejadas con este mal llegaba a 28.

Al 14 de mayo, la media diaria de personas contagiadas con COVID-19 llega a 45.

El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, alertó el 9 de mayo que se podían duplicar los casos de coronavirus en el país en el transcurso de esta semana, al asegurar que se podrían alcanzar los 4.000 contagios.

“La epidemia está empezando a acelerarse”, aseguró Prieto, ya que la cifra de infectados que maneja el Ministerio de Salud se duplica cada siete días. “El virus tiene una velocidad de propagación muy grande, un infectado contagia a aproximadamente a cuatro”, sostuvo.

Prieto señaló que el pico de la pandemia se puede registrar a mediados de julio, si se cumple con las medidas de cuarentena impuestas a la población.

Antecedentes

El 10 de marzo pasará a la historia como el día en que se confirmaron los dos primeros casos del nuevo coronavirus o COVID-19 en Oruro y Santa Cruz. La enfermedad había ingresado a territorio nacional hace exactamente un mes a través de dos mujeres que arribaron de Italia. Desde esa fecha y hasta el 10 de abril se registraron 275 infectados en ocho de los nueve departamentos del país, excepto Beni, 20 de los cuales perdieron la vida.

El 12 de marzo, cuando el país tenía solo tres casos importados, el Gobierno nacional anunció las primeras medidas para contener el virus: suspensión de clases hasta el 31 de marzo, restricción de viajes hacia y desde Europa, cuarentena obligatoria a viajeros que lleguen de países con infectados, prohibición de eventos con más de 1.000 personas y la conformación de un gabinete para la atención del COVID-19.

El 15 de marzo, cuando el país sumaba 11 casos positivos, la presidenta Jeanine Áñez endureció las primeras medidas y determinó horario laboral continuo, prohibió los eventos con más de 100 personas, eliminó aranceles para importaciones de medicamentos y equipos, y prohibió el ingreso de viajeros, con excepción de los bolivianos, provenientes de China, Corea, Italia y España, que en ese entonces eran los más afectados por el virus.

Dos días después, la Mandataria dictó una cuarentena parcial para que todas las personas permanezcan en sus casas de 17.00 a 05.00. Para ello redujo la jornada laboral de 08.00 a 13.00, restringió la venta en mercados y supermercados hasta las 15.00, la circulación de vehículos, hasta las 16.00 y los viajes interdepartamentales e interprovinciales.

El 25 de marzo, con 39 pacientes confirmados, Áñez declaró el estado de “Emergencia Sanitaria” en Bolivia y la cuarentena total en todo el territorio desde las 00.00 del 26 y hasta el 15 de abril, medida que posteriormente fue ampliada hasta el 30 de abril, después hasta el 10 de mayo y posteriormente hasta el 31 de mayo.

Con ello se estableció el cierre total de fronteras, la prohibición de la circulación de vehículos, salvo los de seguridad y salud, y se restringió la circulación de cada persona a una vez por semana y de 07.00 a 12.00, según la terminación de su carnet de identidad, para aprovisionarse de alimentos.

Además fijó una multa de Bs 1.000 para quienes infrinjan la cuarentena y de Bs 2.000 para conductores, más arresto de ocho horas. También anunció las primeras medidas económicas, entre la dotación de una canasta familiar, el pago de los servicios de luz y agua, un bono Familia para estudiantes de colegios fiscales.

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Banca desembolsó a las empresas más de Bs 300 MM en créditos de apoyo al empleo

Hasta ahora se aprobaron y desembolsaron 1.322 solicitudes de alrededor de 2.157 presentadas, muchos trámites todavía están siendo considerados por los bancos. Asoban dice que las cifras crecerán en la medida en que se procesen más solicitudes.

/ 14 de mayo de 2020 / 17:40

Una persona cuenta dinero en bolivianos.

En respuesta al Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y la Estabilidad Laboral normada por el Decreto Supremo 4216, el sistema financiero agremiado en la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) ya ha desembolsado más de 300 millones de bolivianos, de acuerdo a un informe de la institución.

Los préstamos tienen el objetivo de brindar un alivio a las empresas que, como efecto de las medidas de aislamiento social, en el marco del combate a la COVID-19, tengan problemas a la hora de cumplir con sus obligaciones patronales con sus trabajadores.

“La banca ha desembolsado más de 300 millones de bolivianos, correspondientes a 1.322 solicitudes, de las cerca de 2.157 recibidas por el sistema financiero. Adicionalmente, se encuentran en evaluación 835 operaciones por 517 millones de bolivianos”, explicó el secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos.

Todavía hay muchas solicitudes que están siendo consideradas por el sistema financiero, una vez los solicitantes cumplan con todos los requisitos, explicó el ejecutivo, quien señaló que el proceso es ágil dado el objeto que tiene este crédito.

De acuerdo con la normativa, el monto para los créditos alcanza al equivalente de dos salarios mínimos nacionales, por un máximo de dos meses, es decir hasta un monto de Bs 8.488 por cada trabajador.

Villalobos recordó que las empresas que requieran beneficiarse de estos créditos pueden hacer su solicitud a través de los canales dispuestos por las entidades, desde oficinas hasta call centers.

Añadió que “los requisitos son los señalados por los funcionarios de los bancos y, entre los principales, está no tener endeudamiento en el sistema o tenerlo vigente al 29 de febrero de 2020, presentar la planilla de aportes a las AFP de los meses de enero, febrero o marzo de este año y una declaración jurada de que la información presentada es fidedigna”.

Las autoridades han establecido una tasa de interés anual del 3,73% y un plazo de hasta 18 meses con seis de gracia.

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