domingo 31 may 2020 | Actualizado a 06:17

Canasta básica tiene un 23% de alimentos importados

La Paz. Tienda de abarrotes en la calle Antonio Gallardo, en la ladera oeste de la urbe paceña. Foto: Miguel Carrasco

/ 15 de mayo de 2020 / 08:30

Consumo. En 1986 se importaba 17%, en 2005 subió a 19% y de 2018 para adelante llega a 23%.

Un 23% de productos de la canasta básica boliviana es importado. Entre los productos que más se compran del exterior están la harina de trigo, papa, cebolla, tomate, arroz y frutas.

El economista José Gabriel Espinoza, director del Banco Central de Bolivia (BCB), señaló en una conferencia académica que los hogares bolivianos tienen una dependencia al suministro internacional. “Cuando hablo de importación me refiero a que la papa o la palta son importadas”.

Según datos presentados por Espinoza, en 1986 se importaba un 17% de productos de la canasta básica, en 2005 subió a 19% y en 2018 ascendió al 23%, cifra que se mantiene hoy en día.

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), observa que el valor de las importaciones de alimentos en el país se duplicó, pasando de $us 219 millones en 2005 a $us 572 millones en 2018. “Sin embargo, los volúmenes han presentado subidas y bajadas, presentando el pico más alto en 2017 cuando llegó a 893.000 toneladas”.

La investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Giovanna Hurtado agregó que las razones para que en Bolivia la importación de alimentos vaya en ascenso tiene que ver con la política de apertura comercial sin restricciones. Dijo que las políticas de apertura comercial son aplicadas desde la época neoliberal y que han persistido durante el gobierno de Evo Morales.

INVERSIÓN. Según los últimos análisis de Enrique Hurtado, también investigador del CEDLA, se advierte que la participación de la inversión pública en el sector generador de excedentes (hidrocarburos, minería y electricidad) se ha incrementado sostenidamente entre 2006 y 2016, mientras que la inversión en el sector productivo generador de ingresos y empleo (industria, agropecuaria y turismo) habría disminuido su participación de 10%, en 2006, a 7% en 2016.

Por otro lado, no se han logrado incrementos importantes con relación a la productividad agrícola, situando al país entre los de menor rendimiento en cultivos como el arroz, la caña de azúcar, el maíz, la papa, la soya y el trigo.

Los alimentos primarios de la canasta son importados de Argentina, Perú, Chile, EEUU y Brasil.

“Tampoco se ha desarrollado una industria alimenticia capaz de sustituir las importaciones cada vez más crecientes de alimentos”, enfatiza el CEDLA.

CLIMA. Según datos del Censo Agropecuario 2013 realizado por el INE y analizados por el CEDLA, se confirma que gran parte de la agricultura en el país aún depende de las lluvias para los diferentes cultivos, lo que podría explicar también los bajos niveles de productividad alcanzados y la escasez de varios productos agrícolas en diferentes momentos del año que deben ser importados temporalmente para satisfacer la demanda interna.

“No se puede negar que la contribución campesina a la oferta interna de alimentos es cada vez menor, los procesos de urbanización han contribuido a que una parte importante de los campesinos se hayan desplazado hacia ciudades intermedias o centros más poblados donde se emplean en diversas actividades económicas y retornan a sus comunidades, la mayoría, para vender su fuerza de trabajo a las explotaciones agropecuarias capitalistas en la época de cosecha”.

Brasil y Argentina suministran 57% de los productos

En 2019, las importaciones de alimentos y bebidas llegó a 772.863 toneladas por un valor de $us 666 millones y los principales proveedores fueron Argentina (35%) y Brasil (22%), según información procesada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El porcentaje restante de importaciones se distribuye entre Perú, Chile, Estados Unidos (EEUU), México y Uruguay.

Las importaciones de estos productos tuvieron su pico máximo en valor en 2014, cuando pasaron los $us 700 millones, mientras que su mayor registro en volumen fue en 2017 con más de 943.000 toneladas métricas.

“En 2019 las compras externas de este grupo de productos fue un 2% a lo registrado en 2018; asimismo, la harina de trigo se constituyó como el principal alimento importado con $us 111 millones; mientras que los principales países de origen fueron Argentina, Brasil y Perú”, se lee en el boletín del privado IBCE.

Además de la harina, los 10 productos más requeridos son preparaciones para bebidas no alcohólicas, como malta sin tostar, chocolates, manzanas frescas, caramelos, trigo en grano, pescados, cerveza y leche maternizada.

El avance de las importaciones a febrero de este año muestra un baja, la cual se acrecentó en marzo y en el curso de este mes ante el cierre de fronteras.

Argentina, camino a un default y a seguir negociando su deuda

Negociación. Argentina debe pagar hasta el viernes $us 500 millones en intereses.

/ 25 de mayo de 2020 / 12:07

Ícono. El Obelisco, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, en pleno centro bonaerense. Foto: aéreo

Por AFP

Argentina se encamina a un default el viernes, cuando vencerá un plazo de gracia para el pago de intereses de su deuda, y otro para que sus acreedores adhieran a un canje en una negociación que se extenderá, admitieron ayer el Gobierno y economistas.

Esta situación supone que Argentina continuaría negociando con sus acreedores para obtener mejoras en sus condiciones de pago aunque esté en mora.

“El 22 (de mayo) es anecdótico. Estamos en un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo.

Hay una alta probabilidad de que sea extendido el plazo” para que los acreedores con bonos emitidos bajo legislación extranjera adhieran a un canje, expresó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en teleconferencia con miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.

El viernes 22 de mayo vence el plazo de gracia para pagar 500 millones de dólares en intereses de tres de los bonos ofrecidos en canje. Al mismo tiempo, iba a ser el último día para acordar una reestructuración de títulos por 66.000 millones de dólares.

Si el gobierno del presidente de centroizquierda Alberto Fernández no paga habrá “un default selectivo o técnico”, dijo una alta fuente del Gobierno. Pero los acreedores “aceptarán seguir negociando de buena fe y de mutuo acuerdo” más allá de esa fecha, agregó.

Como gesto negociador, los bonistas no se presentarían ante la Justicia de Estados Unidos para pedir una “aceleración” de la deuda que les habilite a exigir cobrar por vía judicial todo el capital e intereses, agregó la fuente.

Argentina confía en que el buen tono de la negociación permitirá que la comisión bursátil norteamericana (SEC) acepte ampliar otra vez los plazos, como lo hizo el 8 de mayo pasado, día del primer vencimiento para el canje.

ACUERDO. “No sé si habrá default. Se van arrimando posiciones. Estamos más cerca de un acuerdo”, dijo Matías Rajnerman, economista de la consultora Ecolatina.

Los bonos globales que Argentina busca canjear representan menos de la quinta parte del total de la deuda pública del país. Pero son estratégicos por estar bajo legislación extranjera, porque es susceptible de abrir litigios ante tribunales internacionales.

Si Argentina tiene éxito en su negociación sería un paso adelante para un país que en 2001 declaró el mayor default de la historia por más de 100.000 millones de dólares en medio de una gigantesca crisis.

Fernández era jefe de gabinete del ya fallecido mandatario Néstor Kirchner (2003-2007) cuando el país reestructuró 93% de aquellos papeles en mora, entre 2005 y 2010, y ahora vuelve a estar en el mismo papel. “Siempre me toca a mí”, dijo en tono resignado pero risueño.

Los bonos emitidos entonces también entran en la actual propuesta de canje.

“Por como se mueve el índice ‘riesgo país’, en baja, hoy el mercado descuenta que Argentina no va a pagar (el viernes), pero no se van a ejecutar ante la Justicia de Estados Unidos las cláusulas tan temidas de ‘aceleración’ de todos los pagos, para seguir negociando”, dijo Rajnerman.

La “aceleración” implica que si un bono entra en default, también lo hace el resto. Para demandar ante la Justicia para obtener el cobro en ese escenario, hace falta el 25% de los acreedores.

“Si se entra en default, supongo que los acreedores que no acepten la propuesta esperan tener mejores resultados por la vía judicial”, dijo Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE), de la privada Universidad de Belgrano.

Argentina y sus acreedores proponen varias soluciones

El Gobierno argentino propuso un plazo de gracia de tres años y sendas quitas de capital, de un 5,4%, y de intereses, de 62%, con una tasa promedio de 2,25% para nuevos bonos a madurar entre 2030 y 2047, una oferta que ya fue rechazada.

Los acreedores, divididos en tres grupos, presentaron varias contraofertas, con más pago de intereses, sin quita de capital y menos plazo de gracia.

“El mercado ve algún tipo de arreglo, pero difícil que lo cierren en una semana”, dijo Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

“Si hay default, podría encarecerse el crédito de empresas y estatal. Pero esto no fue un problema tan significativo en otras épocas”, constató Hernán Letcher, director del privado Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Argentina lleva dos años de recesión y en medio de la pandemia de coronavirus podría sufrir una seria contracción económica que agravaría la situación, por lo que el gobierno de Alberto Fernández apuesta a renegociar su deuda y no quedar excluido del mercado de capitales.

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El concepto de Fuerza Mayor en el derecho laboral

Podemos afirmar que en materia laboral, la pandemia por sí misma no es el evento que se pueda catalogar como Fuerza Mayor

/ 25 de mayo de 2020 / 11:57

Richard Villca,
Es abogado laboralista, asesor de la Sala Social de la Corte Suprema de Justicia (2000-2003), ex Viceministro de Trabajo (2006), auditor laboral especializado y
miembro de la Mesa Laboral

En materia laboral solo se puede recurrir al derecho civil, utilizando la analogía, en aspectos no regulados ni previstos en el área, lo cual no ocurre en el caso de Fuerza Mayor. El derecho laboral en Bolivia tiene su propia definición normativa y jurisprudencial del concepto. Además de la normativa positiva (leyes, decretos etcétera), se determinó su alcance mediante la jurisprudencia constitucional y por las siguientes normas legales:

En 1930, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante el Convenio 29, ratificado por Bolivia, definía a los eventos que deben nombrarse como Fuerza Mayor, es decir, guerra, siniestros o amenaza de siniestros, tales como incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias y epizootias violentas; invasiones de animales, insectos o parásitos vegetales dañinos y, en general, en todas las circunstancias que pongan en peligro o amenacen la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población. Ese mismo año, el Convenio 30 de la OIT, también ratificado por el país, ya definía otros eventos de Fuerza Mayor, como averías en las instalaciones, la interrupción de la fuerza motriz, del alumbrado, de la calefacción o del agua, y siniestros.

La Ley General del Trabajo de 1939, en su artículo 80, ya hacía una diferencia entre Fuerza Mayor extraña al trabajo e inherente al trabajo. Más aún, el Convenio 89 de la OIT, del 9 de julio de 1948, ratificado por Bolivia, señalaba que la interrupción de trabajo es un caso de Fuerza Mayor.

Artículo 4. a) en caso de Fuerza Mayor, cuando en una empresa sobrevenga una interrupción de trabajo imposible de prever que no tenga carácter periódico; La Sentencia Constitucional (SC) 1088/2015 S1, del 5 de noviembre de 2015, define a la Fuerza Mayor como “… todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido evitarse”, y exige como requisitos: 1) Ser imprevisible; 2) Inevitable; 3) Ajeno al Empleador; 4) Debe ser actual, es decir, un hecho real y vigente; 5) Sobreviniente; y, 6) Configurarse como impedimento absoluto de incumplimiento (hecho del príncipe o hecho del soberano, en el que el Estado puede imponer situaciones de hecho respecto a la empresa e, incluso, llegar a provocar la cesación de las actividades de ésta, como resultado de circunstancias que no son en manera alguna imputables al empresario…). Caso típico en esta materia es el de la nacionalización de una actividad, o una prohibición.

Esta definición de Fuerza Mayor en el derecho laboral tiene concordancia con lo que razona el Tribunal Supremo de Justicia en el campo del Derecho Civil, que en una de sus salas civiles pronunció el Auto Supremo 480/2016, que define a la Fuerza Mayor como el “obstáculo externo atribuible al hombre, imprevisto, inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc…)”.

Podemos afirmar que en materia laboral, la pandemia por sí misma no es el evento que se pueda catalogar como Fuerza Mayor. El que sí se constituye no es otro que la decisión de la Autoridad Administrativa, en nuestro caso pronunciada mediante decretos supremos y otra normativa de menor jerarquía que dictan “medidas en contra del contagio y propagación del coronavirus”.

En el campo del derecho laboral existe una situación que se debe precisar con la ciencia jurídica en sus efectos jurídicos, si las “medidas en contra del contagio y propagación del coronavirus” (DS 4229 y anteriores desde el DS 4196) se constituyen o no en un evento de Fuerza Mayor. Una de ellas fue la suspensión de actividades (DS 4199, artículo 2 I) y la orden de permanencia en residencia o domicilio (DS 4199, artículo 2 II), que no son otra cosa que una prohibición para trabajar durante un período de tiempo y una severa supresión o restricción al intercambio de bienes y servicios. Estas medidas son un evento de Fuerza Mayor que la jurisprudencia constitucional califica como “Fuerza Mayor – hecho del Soberano” (SC 1088/2015 S1) y la norma boliviana, que ratifica el Convenio 89 de la OIT, califica la “interrupción de trabajo” como un caso de Fuerza Mayor.

Además, para ser calificado como un evento de Fuerza Mayor se exige que cumpla los siguientes elementos (SC 1088/2015 S1):

1) Ser imprevisible. Antes del 21 de marzo de 2020 nadie podía tener certeza.

2) Inevitable. Los DS 4296, 4199, 4200, 4229 son de cumplimiento obligatorio con medidas coactivas.

3) Ajeno al empleador. Son medidas ajenas a la voluntad del empleador.

4) Debe ser actual, es decir, un hecho real y vigente. Están en vigencia y son un hecho real.

5) Sobreviniente. Son un hecho sobreviniente a todas las relaciones laborales iniciadas con anterioridad al 21 de marzo de 2020.

6) Configurarse como impedimento absoluto de incumplimiento (hecho del príncipe o hecho del soberano). Los decretos supremos de restricción son actos de prohibición de la Autoridad Administrativa, por tanto se constituyen en hechos u actos administrativos.

Aparte, la “Extinción por causas ajenas a la voluntad de las partes” está claramente dispuesta en la sentencia expuesta. Además, la Fuerza Mayor es una “causa justificada” que viabiliza la extinción de la relación laboral, conforme lo dicta explícitamente la Sentencia Constitucional 0009/2017, del 24 de marzo de 2017: “… En el marco constitucional antes referido, se tiene que en el Estado Plurinacional de Bolivia no está permitido el despido arbitrario (…), sin que medie una causa justificada prevista en la ley, como ser fuerza mayor, quiebra de la empresa, incapacidad física o mental del trabajador, edad de jubilación, causas de indisciplina entre otras…”

En consecuencia, la Fuerza Mayor es una causal justificada de extinción de la relación laboral, por causa ajena a la voluntad de las partes. Técnicamente no sería ni un despido arbitrario (no hay desahucio y el trabajador no pierde su indemnización por tiempo de servicios), ni una rescisión, ni terminación, ni una renuncia.

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Municipios sufren falta de liquidez y apuntan a un fondo de compensación

La AMB dice que hay baja ejecución presupuestaria por la falta de recursos.

/ 25 de mayo de 2020 / 11:44

Los gobiernos municipales sufren falta de liquidez en este primer cuatrimestre, lo que los ha llevado a una baja ejecución presupuestaria y deudas. Para revertir la situación buscan que se cree un Fondo de Compensación Municipal con apoyo del Gobierno.

“Ha habido una baja ejecución presupuestaria porque el 67% de nuestros recursos se vinieron al suelo; al no recibir esas transferencias de coparticipación no estamos invirtiendo y no podemos pagar al personal de salud porque nuestros techos del gasto de funcionamiento están en el tope y no tenemos recursos”, explicó Rocío Molina, presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB).

No son los únicos sectores que se ven afectados. Otro en riesgo es el pago del bono de discapacidad y contar con presupuesto destinado a la lucha contra la violencia a la mujer e intrafamiliar. “También nos sentimos atados de manos en las posibilidades de seguir los contratos con los guardias municipales, que son fundamentales en el control de centros de abasto y áreas públicas donde hay que garantizar el distanciamiento social”, detalló la munícipe.

El Fondo de Compensación Municipal para hacerse realidad busca crear una ley que compense los Bs 1.237 millones que han dejado de percibir como transferencia los municipios y universidades por coparticipación tributaria.

“A esto se suma que en junio se va a venir al piso las transferencias por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en casi un 70%. Esta ley de compensación que se pide es justamente para que se nos compense lo que no hemos recibido este cuatrimestre”.

FUENTES. Las fuentes de financiamiento para este fondo serían el “Tesoro General de la Nación (TGN), todos los recursos de donación y de créditos que está generando el Gobierno nacional y pedimos la posibilidad de que nosotros establezcamos créditos con organismos internacionales”, sostuvo.

La ley busca que estos recursos sean destinados a las siguientes áreas: COVID-19, violencia intrafamiliar, seguridad alimentaria y reactivación económica. “Tenemos deudas con diferentes sectores de la sociedad como constructoras y proveedores”, aseguró.

Ayer se tenía prevista una reunión entre la AMB y el Gobierno transitorio sobre este tema, pero fue cancelada a última hora.

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Hasta abril, ejecución presupuestaria llega al 14,5%

Fondos. Educación y Economía ya gastaron más de la mitad de su presupuesto

/ 25 de mayo de 2020 / 11:34

La ejecución presupuestaria hasta abril de 2020 llegó a 14,5%, una de las más bajas de los últimos años. De los Bs 294.187 millones destinados para el gasto en el Presupuesto General del Estado (PGE) de este año, apenas se ejecutó Bs 42.601 millones.

“Está claro que el nivel de ejecución presupuestaria del PGE es el más bajo registrado en muchos años, pues la crisis sanitaria que golpea a todo el mundo, producto de la pandemia del COVID-19, ha afectado también a las finanzas nacionales; a esta crisis se suma la estrepitosa baja en la cotización de los hidrocarburos y la baja en la demanda de nuestro gas, provocando serias dificultades en nuestra capacidad de generar recursos que permitan cumplir con el desarrollo de las actividades estatales”, explica el economista Jimmy Osorio, quien sistematizó la información publicada en el sitio web del Sistema de Gestión Pública (Sigep).

El PGE es un instrumento de planificación financiera que permite medir, en términos financieros, el cumplimiento de las metas planificadas, por las más de 580 entidades públicas, para el periodo fiscal vigente. “La ejecución presupuestaria mide tanto la capacidad de generación de ingresos como la capacidad de ejecutar o gastar los mismos”, precisa Osorio.

La administración del 81,8% del PGE la realiza el nivel central, que tuvo una ejecución del 14,6%; los niveles departamental y municipal —que administran el 11,5% del Presupuesto— tuvieron una ejecución del 17,0% y 15,2% respectivamente; las universidades públicas tuvieron una ejecución del 16,0% y las otras áreas un 9,1%

CAJAS. Además, algunos sectores como el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, las instituciones financieras no bancarias (Banco Central de Bolivia) y las empresas regionales, tuvieron una ejecución presupuestaria por encima del 20%. En cambio, en el otro extremo se puede apreciar a sectores como las instituciones de Seguridad Social (Cajas de Salud) y las empresas nacionales, que no lograron superar la barrera del 7%.

También se puede ver que los sectores con mayor incidencia en el PGE, como el Órgano Ejecutivo y las empresas nacionales, tuvieron una ejecución del 19,7% y 6,4% respectivamente. “Hay que tomar en cuenta que los ingresos de las empresas nacionales en el PGE juegan como variable de ajuste para llegar a un equilibrio con relación al gasto público; estos ingresos en muchos casos suelen estar sobreestimados y al final de la gestión fiscal algunas empresas no logran cumplir, ni siquiera medianamente, sus objetivos; es más, en la mayoría de los casos suelen tener pérdidas en sus estados financieros”, explica Osorio.

El Órgano Ejecutivo ejecutó un total de Bs 22.506 millones de los Bs 114.316 millones de su presupuesto vigente. Mientras que la ejecución presupuestaria de los ministerios de Educación, de Economía y Finanzas Públicas, y de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural ejecutaron más del 50% de sus presupuestos programados para la presente gestión.

“En el caso del Ministerio de Educación, se puede ver que ejecutó (gastó) Bs 1.031 millones, de los Bs 1.506 millones del total de su presupuesto para la gestión 2020, es decir, alcanzó un nivel de ejecución del 68,5%; este nivel de ejecución puede deberse a transferencias que haya realizado para la lucha contra el COVID-19. Situación similar puede haber pasado con los otros dos ministerios mencionados, y este juego financiero se da para obtener liquidez, por parte del Órgano Ejecutivo, de aquellas entidades en cuyas cuentas únicas del Tesoro tenían saldos efectivos”.

Sin embargo, Osorio precisa que estos movimientos de tan grandes cantidades de recursos pueden ocasionar incumplimiento de obligaciones a corto plazo, como el caso del pago de sueldos y salarios al sector del magisterio urbano y rural, puesto que al quedar agotado el presupuesto del Ministerio de Educación, deberá reformular e incrementar su presupuesto tanto de ingresos como de gasto y seguir los procedimientos conforme a la normativa de administración presupuestaria vigente.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de los otros ministerios, éstos tuvieron un promedio de ejecución del 16,3%, habiendo algunos como el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda que ejecutaron apenas un 2,2% y un 2,3% de sus presupuestos.

EMPRESAS. En tanto, la ejecución del presupuesto de las empresas nacionales llegó al 6,4%, es decir que de los Bs 82.284 millones de su presupuesto vigente, lograron ejecutar un total de Bs 5.288 millones, quedando un saldo por ejecutar de Bs 76.996 millones. “Sin embargo, en el caso de las empresas nacionales, el nivel de ejecución presupuestaria del gasto depende de la capacidad que tengan para generar sus ingresos, aunque en muchos casos éstas reciben transferencias del Órgano Ejecutivo o préstamos del Banco Central para cubrir sus gastos”, indica.

Llama la atención la participación de YPFB en el presupuesto de las empresas estaduales. Osorio enfatiza que “esta entidad maneja el 74,1% del total del presupuesto de las 29 empresas estratégicas nacionales; asimismo, se puede ver que esta empresa logró ejecutar tan solo un 6,3% de su programación presupuestaria. Esto puede deberse a que su nivel de ingresos también fue similar al gasto realizado, situación que debe preocupar, porque gran parte de la economía nacional depende de los resultados de la empresa más grande del país”.

Mientras que Comibol, Metalúrgica Vinto, TAB, Cofadena, Siderúrgica Mutún, Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos y Quipus tuvieron una ejecución por debajo del 4%. En otros casos, las empresas estatales tuvieron una ejecución por encima del 10%, que se da por el pago de servicios personales (sueldos y salarios).

REGIONES. En cuanto a las nueve gobernaciones, de los Bs 10.354 millones presupuestados se ejecutó un total de Bs 1.785 millones, alcanzando un nivel de ejecución del 17,2%. La gobernación que tuvo mayor eficacia en su ejecución al 30 de abril de 2020 fue la de Oruro, llegando a ejecutar un 20,8% de su presupuesto y en el otro extremo está la Gobernación de Tarija, que ejecutó un 12,3%.

“Cabe recordar que los ingresos de las gobernaciones son, en su mayoría, transferencias del TGN, por lo que estos niveles subnacionales tienen una dependencia fiscal casi total del nivel central, es decir que si el TGN está atravesando por momentos de iliquidez, las gobernaciones serán las primeras en sufrir tal situación”, indica el profesional.

Las universidades públicas llegaron a ejecutar un 16,0% de su presupuesto. La universidad pública con el mayor nivel de ejecución presupuestaria es la Universidad del Beni, José Ballivián, con un nivel de ejecución del 26,1%; en contraste a esta universidad está la cruceña Universidad Gabriel René Moreno, que ejecutó tan solo un 5,8% de su presupuesto.

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Uso de redes creció entre 50 y 70% en cuarentena

Popular. En el país hay 7 MM de usuarios de Facebook y 1,4 MM de Instagram

/ 25 de mayo de 2020 / 11:16

En el primer cuatrimestre del año, en Bolivia el uso de Facebook creció un 70%, mientras que WhatsApp y Messenger un 50%. Un experto ve una oportunidad para la migración digital y nuevas oportunidades de trabajo y negocios.

Cuando el mundo se encuentra sumido en luchar contra el coronavirus, el internet se está convirtiendo en un servicio de primera necesidad y las redes sociales en herramientas clave, más allá del entretenimiento y la comunicación.

A 48 horas de haberse celebrado el Día Mundial de Internet (17 de mayo), datos revelados a La Razón por Giovanni Gamarra, director general de Facebook para Bolivia & Paraguay, reflejan un considerable crecimiento porcentual en uso y penetración de las redes sociales en el país, sobre todo en el periodo de cuarentena.

“El tráfico (uso) en Facebook creció un 70%. La mensajería instantánea en WhatsApp y Messenger ha incrementado un 50% y las llamadas y videollamadas se han duplicado en estas plataformas en el mismo periodo, así como las herramientas como Instagram Live aumentaron su uso en un 700%”.

Asimismo, citando datos del portal People Insights, el ejecutivo de la compañía global estadounidense precisó que en Bolivia los usuarios activos de Facebook superan los 7 millones y de Instagram más de 1,4 millones.

Estos datos confirman que las redes se convirtieron en herramientas de información, educación y sobre todo comunicación entre amigos, familia, empresas, empleados, consumidores, entre otros, tras su aislamiento, distanciamiento social y restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria.

Al respecto, el experto en tecnologías digitales y gerente general de la revista TecnoBit, Juan Pablo Vásquez, señaló a este medio que la sorpresiva llegada del COVID-19 puso en evidencia falencias de las empresas nacionales en materia de presencia digital, formas de comunicación, trabajo, distribución, entre otras.

Además que el encierro “forzó” a que los usuarios y trabajadores recurran a medios digitales y redes sociales para la comunicación, compras e incluso educación.

“Esta situación está impulsando a que haya una reinvención y replanteamiento de las formas de trabajo y comunicación tal cual como fueron hasta ahora. Este es un momento en que hay que pensar en soluciones a través de los medios digitales”, apuntó.

En ese tiempo de crisis, con las medidas de distanciamiento social y aislamiento en Bolivia y el mundo, distintas plataformas ya existentes cobraron relevancia, páginas web de aprendizaje, servicios de videoconferencias, almacenamiento en la nube, entre otras, demostrando “ahora más que nunca que el internet se está convirtiendo en un servicio de primera necesidad y una herramienta que va mucho más allá de la entretención y comunicación”, sostuvo.

INTERNET. En los últimos años, Bolivia se caracterizó por ser uno de los países con internet más costoso y lento de la región. A la fecha, el panorama no cambió, aunque el servicio mejoró significativamente, incrementándose velocidades y bajando tarifas durante 2019, afirmó Vásquez.

Conforme datos de la web speedtest.com, en el ranking mundial de internet fijo, efectuado en 180 países, Bolivia se encuentra en el puesto 118 con una velocidad promedio de 18,78 Mbps (Megabits por segundo). Chile se ubica en el 33 con 91,36 Mbps siendo la mejor de la región, mientras que Venezuela en el puesto 175 con 2,83 Mbps, como una de las más bajas.

Según evaluación del experto, las conexiones internacionales de internet ya son submarinas, y Bolivia, al ser un país mediterráneo, enfrenta esa limitante.

Recordó que “en enero pasado, Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) anunció que nuestro país ya cuenta con una salida de internet hacia el océano Pacífico, vía Perú. Se estimaba que en un plazo de 60 días ya estaría implementada, aunque probablemente el COVID-19 frenó el avance”.

La nueva salida consta de un cableado de dos tramos, 1.000 km terrestres y 1.000 km submarinos, lo cual permitirá mejorar velocidades y bajar costos. “Será un gran avance que ayudará a la conectividad de los bolivianos al mundo digital y una reinvención de muchas industrias”, dijo.

FUTURO. Si bien la pandemia afectó la economía de Bolivia y del mundo, el ejecutivo de Facebook en el país, Giovanni Gamarra, consideró que las empresas “entendieron” que estas herramientas son más que una red social o un medio de promoción.

Ante ese nuevo escenario y con perspectiva a su uso poscoronavirus, “son herramientas de un potente componente de gestión de comunicación entre ellas (compañías) y los consumidores, que pueden convertirse en centros de atención al cliente, catalizadores de ventas y programas de fidelización. Se tiene que pensar siempre que si a éstas le sumamos la automatización de procesos, los negocios pueden lograr escala a un menor costo”, precisó.

Por su parte, Juan Pablo Vásquez sostuvo que el mundo ya no será el mismo y que se está ingresando a la “era digital” de una manera forzosa y con varios cambios.

“Es muy probable que el esperado aterrizaje del e-commerce (compra y venta online) tenga un gran crecimiento y sea implementado masivamente. Distintos bancos estuvieron apostando por la banca digital y compras en línea, aunque no tuvieron la recepción masiva como en otros países, esto de igual manera deberá cambiar. Bolivia muy pronto tendrá mejor internet a menores tarifas, una oportunidad muy grande para la migración digital y crear nuevas oportunidades de trabajo y negocio”, presagió el experto.

Cada 17 de mayo se celebra el Día de Internet en gran parte del mundo, una fecha que fue impulsada por la Cumbre de la Sociedad de la Información desarrollada en Túnez en noviembre de 2005.

En Bolivia, con ese motivo, se realizaron varias actividades utilizando plataformas virtuales, entre éstas se puede citar el conversatorio virtual denominado “El Internet y las Telecomunicaciones en Bolivia – Una Oportunidad dentro de la Crisis”, impulsada por la Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación en Bolivia (Fundetic-Bolivia), con el apoyo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, la Asociación Iberoamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), Cisco Systems, Viceministerio de Telecomunicaciones y la Agencia Boliviana Espacial (ABE).

Este evento tuvo la finalidad de promover un espacio de análisis y reflexión sobre el internet y las telecomunicaciones, sus avances y desafíos en la región; además de evaluar la regulación, cobertura, acceso, uso e impactos económicos y sociales, así como las tendencias del sector.

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