Economía

martes 4 ago 2020 | Actualizado a 21:42

Gobierno transferirá hasta el 3 de julio los Bs 279,3 millones del Fondo COVID-19 a gobiernos locales

Alcaldes todavía dialogan sobre la paralización de proyectos debido a la falta de fondos.

/ 24 de junio de 2020 / 00:10

Una jornada de prevención del COVID-19 en la ciudad de La Paz.

Por Guadalupe Tapia

El Gobierno nacional se comprometió a transferir hasta el 3 de julio Bs 279.390.000 a 340 Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos de Bolivia a través de una inscripción presupuestaria en la estructura programática para la lucha contra el COVID-19.

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Álvaro Ruiz, explicó que este fue uno de los acuerdos a los que se llegó el viernes 19 de junio en la mesa de salud, instalada entre la FAM, las asociaciones municipales departamentales y la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB).

Ese es uno de los cuatro puntos del pliego de demandas del asociativismo local, que se suma a la sanción el jueves de la semana pasada de la Ley de Recuperación del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades, que les beneficiará con la devolución de $us 200 millones.

“Valoramos el poder coordinar algunas acciones. Es importante que el Gobierno transitorio se dé cuenta que para establecer políticas para esta lucha, es importante coordinar con los municipios (sic). Se ha avanzado, no como esperábamos, pero se ha avanzado”, dijo Ruiz.

Según el acta suscrita el viernes, a requerimiento del Ministerio de Salud se hará la transferencia directa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a las cuentas de los gobiernos autónomos municipales hasta el 3 de julio de 2020, con cargo a rendición de cuentas.

Para la entrega de los fondos tomó en cuenta la clasificación de los municipios en cuatro categorías.
Así los 63 gobiernos locales de la categoría A), que son los que tienen hasta 4.999 habitantes; percibirán Bs 400.000 por gobierno autónomo municipal o gobierno indígena originario, que arroja un total de Bs 25,2 millones.

Los 155 de la categoría B), que son los que cuentan con entre 5.000 y 14.999 habitantes, recibirán Bs 650.00 cada uno, que suma un total de Bs 100,7 millones.

Los 98 de la categoría C), a la que pertenecen los que tienen entre de 15.000 y 49.999 moradores, recibirán Bs 1 millón, por lo que el total llega a Bs 98 millones.

Finalmente, los 24 municipios de la categoría D), que son los que cuentan con 50.000 o más pobladores, recibirán casa uno Bs 2,3 millones, que arroja un total de Bs 55,4 millones.

La distribución por departamento es como sigue: Pando, Bs 8,1 millones; La Paz, Bs 67,6 millones; Cochabamba, Bs 47,1 millones; Oruro, Bs 21,21 millones; Potosí, Bs 31,3 millones; Beni, Bs 16,4 millones; Santa Cruz, Bs 53,1 millones; Chuquisaca, Bs 21,7 millones y Tarija, Bs 12,5 millones (Ver infograma).

«Lo concreto es que hay un fondo COVID-19, un fondo de salud, que va a llegar a todos los municipios que asciende a casi Bs 280 millones», destacó Ruiz.

El Presidente de la FAM también mostró su esperanza de que la presidenta Jeanine Áñez promulgue de forma inmediata la ley sobre los recursos del IDH.

En el diálogo con el Gobierno todavía está negociación la continuidad de proyectos y programas que están paralizados. «Se está avanzando estos días, pero esperamos llegar a acuerdos que den certidumbre a los municipios y a la economía que esta desacelerada», apuntó.

(23/06/2020)

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El empresariado privado pide un ‘gran diálogo nacional’ para enfrentar la crisis

La CEPB afirma que en el país no se puede seguir en la “lógica irracional del enfrentamiento que solo genera incertidumbre”.

/ 3 de agosto de 2020 / 19:28

La avenida Petrolera, en Cochabamba, està bloqueada; movimientos exigen elecciones en septiembre. Foto: APG

El empresariado privado nacional exhortó este lunes a los actores políticos y al Gobierno la convocatoria a un “gran diálogo nacional” ante la gravedad de la crisis que afecta la salud, la educación, la economía, el trabajo y la institucionalidad del país y la evidencia de que no se ha podido encontrar “caminos de solución ni de mitigación a los daños actuales y futuros que enfrenta el país”.

En un comunicado a la opinión pública, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) enumera una serie de problemas que afectan al país y critica las posiciones cerradas e irreconciliables de los órganos Ejecutivo y Legislativo. También cuestiona el papel de los movimientos sociales que, en lugar de sumarse a la búsqueda de soluciones, agravan el conflicto interno.

“En medio de la calamidad en la salud y el desastre económico ocasionado por esta pandemia, los órganos Ejecutivo y Legislativo, responsables de tomar las decisiones que ayuden a enfrentarlos, han roto toda comunicación y coordinación y se hallan atrincherados en posiciones dogmáticas bloqueando las soluciones y descalificando las iniciativas mutuas, aportando al agravamiento y prolongación de la crisis y, poniendo en riesgo las pocas posibilidades que tenemos para enfrentar esta situación, haciendo cuesta arriba este lento proceso de recuperación”.

En ese marco, la CEPB demanda a los líderes políticos de todos los partidos, sin ninguna excepción, “cesen en sus enfrentamientos electoralistas mezquinos y que demuestren la honestidad de su compromiso con Bolivia, en la comprensión de que hoy nuestro país requiere de grandeza, responsabilidad y unidad para salir de esta crisis”, en lugar de tensionar permanentemente por cálculos electorales.

Asimismo, exige al Órgano Legislativo aprobar los contratos de préstamo de dinero con diferentes órganos internacionales, gestionados por el Gobierno, para enfrentar los efectos de la pandemia y, por otro que, anteponga el diálogo y la coordinación sensata con el Ejecutivo en el tratamiento y aprobación de las normas.

En tanto, al Órgano Ejecutivo le pide que asuma plenamente sus responsabilidades, formulando medidas sustantivas que impacten de manera decidida en la reactivación del sector productivo, la garantía de acceso pleno a la salud y la educación para todos y la protección de las fuentes de trabajo, así como el restablecimiento progresivo de una nueva condición de normalidad.

En cuanto a los movimientos sociales, “que amenazan con movilizaciones y convulsión” interna, la patronal boliviana les exhorta a que “retornen por los senderos de la racionalidad y depongan sus actitudes violentas, a fin de privilegiar, por encima de todo, la vida y salud de los bolivianos y contribuyan a la solución de los problemas inmediatos que tienen relación con la salud, el empleo y la economía, ratificando que el único camino es el diálogo y el consenso”.

Afirma que en el país no se puede seguir en la “lógica irracional del enfrentamiento que solo genera incertidumbre”.

(03/07/2020)

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Ante la competencia desleal, el interés político y los ataques cobardes

Entendimos que la situación no puede seguir así. A la luz de sus números en rojo y el entorno adverso, la empresa tiene el derecho de tomar medidas drásticas para su sobrevivencia y permanencia en el mercado.

/ 3 de agosto de 2020 / 02:16

Por La Razón

En los últimos años, los diarios del mundo fueron afectados por la irrupción de las tecnologías para la comunicación. El fenómeno cambió los hábitos de consumo de noticias, cuya consecuencia directa fue la caída de las ventas de periódicos y la publicidad, sin contar con el encarecimiento de los insumos y el control tributario.

Muchos diarios nacionales tomaron iniciativas propias para reinventarse, desde rediseñar su presentación y sus contenidos hasta decidir nuevos modelos de negocios. Y algunos optaron, de la manera más traumática, por el recorte masivo de personal o la reducción de salarios.

La Razón, como otros medios impresos del país, hizo sus propios esfuerzos por zafar el momento, pero en el intento tropezó con una serie de obstáculos, tanto internos como externos, y en este caso de la manera más artera desde flancos del mismo gremio periodístico, en una franca competencia desleal y sucesivos ataques inéditos contra su prestigio de líder nacional.

No es verdad que este diario haya tenido privilegios en la pauta publicitaria de parte del Estado; si es que de acuerdo con algunas publicaciones lo tuvo, fue gracias a sus tirajes, su llegada a todo el país, su liderazgo y, sobre todo, a su ejercicio responsable, sensato y plural del periodismo como lo tuvieron otros diarios de tiraje importante en el país.

El Estado (llámese Gobierno, gobernaciones, alcaldías, entidades o empresas estatales) no es el principal proveedor de publicidad de esta empresa. Así, no puede inferirse que el Estado sostiene a esta casa periodística; los mayores ingresos de publicidad de este diario corresponden a fuentes de la empresa privada, que usualmente llegan hasta el 88% del total. Aquí prevalece la preferencia por nuestra empresa por su liderazgo e influencia en el mercado.

Entre 2017 y 2019, la publicidad cayó gradualmente: la caída de 2018 respecto de 2017 fue de 12% y de 2019 en relación de 2017, 19%.

Así sea real, el monto de publicidad estatal conocido en el mismo periodo, cerca de Bs 12 millones (según anunciaron desde el Ministerio de Comunicación, antes de ser convertido en viceministerio), es ínfimo en relación al gasto en la partida de personal de La Razón, que alcanzó  Bs 101 millones en el mismo tiempo (total ganado del trabajador más aportes laborales)

Si a la carencia de publicidad estatal llaman algunos “asfixia”, La Razón también sufrió del problema, pero siempre entendió que su gestión financiera es independiente de la bienvenida pauta del Estado, sin tutelajes externos más que la conciencia de su dirección y sus periodistas por un trabajo profesional.

Como una empresa grande, este diario tenía la planta de trabajadores también más grande del rubro en el país (220 personas), que suponía a su vez una planilla laboral fuerte y ahora incompatible con el nivel de ingresos de la empresa. El pago de la planilla implicaba más del 80% del total de sus ingresos antes de la cuarentena por el COVID-19, sin contar los gastos de provisión de insumos o pago de servicios.

Aunque en los últimos meses La Razón tuvo dificultades en el pago de sueldos, que es el principal ítem de sus egresos, no incumplió sus obligaciones laborales, desde la atención de la seguridad social, el desembolso a las AFP, las liquidaciones en casos de salida de trabajadores o la misma provisión de condiciones favorables para el ejercicio periodístico, además de los anuales incrementos salariales y aguinaldos y doble aguinaldos.

Esas dificultades tienen su justificativo en la reducción de ingresos de publicidad y la caída de la venta de ejemplares, que de 2018 respecto de 2017 fue de 11% y de 2019 sobre los de 2017, 21%.

En la revisión de resultados en el periodo 2017 a enero de 2020, la pérdida acumulada de la empresa alcanza a Bs 42,6 millones.

Sus obligaciones con la renta están encaminadas. En este punto, hay que decirlo, La Razón también sufrió la presión del Estado por deudas tributarias de sus anteriores propietarios (uno de ellos es hoy propietario actual de un medio de la competencia en La Paz) que implicaron congelamiento de cuentas, anotaciones preventivas y procesos tributarios vencidos con justicia durante el anterior gobierno.

La presión política no fue ajena para nuestro diario, aunque la mejor respuesta fue periodismo sin concesiones. Sufrimos duros ataques desde el poder político de turno, autoridades nacionales y locales, y conocidos políticos-empresarios que hasta cortaron publicidad y suscripciones en su intento de influir en nuestros contenidos. La respuesta siempre fue periodismo sensato y responsable, sin represalias ni obsesiones.

Aún no está resuelto el juicio por “traición a la patria” contra la Directora y un periodista interpuesto por el Procurador del Estado del gobierno del MAS y, luego de un largo proceso judicial, derivado al Tribunal de Imprenta, donde siempre debió instalarse.

Y lo peor de todo es el ataque permanente que sufrió desde la competencia y algunos periodistas (con una extraña y ya conocida fijación con La Razón), que en los últimos años intentaron instalar un mito en la independencia de este diario, con falsedades, adjetivos, acusaciones, insultos y omisiones permanentes de su contraparte, acciones y hasta libros que a su vez trataron constantemente sembrar dudas sobre la ética y la profesionalidad de sus contenidos.

En esa andanada de ataques el blanco es el dueño de la empresa, Carlos Gill, cuyo único interés en el país fue invertir en distintos rubros luego de negociaciones de empresario a empresario, nunca con la intermediación del Gobierno y el Estado.

La compraventa de La Razón fue acordada con el anterior dueño de la empresa, el grupo español Prisa. Sus medios de información en Bolivia son únicamente La Razón y Extra, diario popular y no sensacionalista como con saña lo tildan.

La relación con ATB que los malintencionados se esmeran en repetir no es más que parte del mito que buscan construir sobre la arena de la mentira.

En el caso de las falsas acusaciones o constantes ataques, la razón estuvo de nuestro lado, es por eso que en al menos dos oportunidades el Tribunal de Ética de la Asociación de Periodistas obligó al diario Página Siete a rectificarse y evitar alusiones calumniosas contra La Razón.

En casa, la gestión fue complicada al menos en los últimos tres años, tiempo en el que el otrora Sindicato de Trabajadores de La Razón se mantuvo en permanente estado de emergencia. Pero lo más grave ocurrió el 13 de febrero, cuando una parte de los trabajadores paralizó sus labores, tomó la rotativa por horas, intentó boicotear la publicación de nuestras ediciones, amenazó con procesos sindicales a quienes trabajaron e impidieron cumplir sus labores a otros.

Con los antecedentes de una medida injusta, las calumnias a sus jefaturas y a su Directora, y el desprestigio contra el diario anotados por el Notario de Fe Pública, la empresa acudió al Ministerio de Trabajo para deslegitimar la medida, cuyas autoridades declararon ilegal dicho paro. No conforme con la determinación de esa oficina, un grupo de trabajadores impugnó la resolución pero también les fue denegada.

Ahora, en momentos en que las empresas periodísticas se encuentran en una grave crisis a raíz de la suspensión de sus operaciones y la imposibilidad de vender periódicos por una pandemia sin precedentes, los ataques acosan otra vez a la empresa desde los mismos flancos: autoridades que hostigan con acusaciones y acciones políticas, medios de comunicación como Página Siete que falsean la información y se aprovechan de ella para incurrir en competencia desleal, y ataques anónimos sumados a una presión del otrora Sindicato que siembra acusaciones que derivan en afirmaciones como que los trabajadores no se beneficiaron específicamente de la publicidad estatal (o sea, el pago de salarios supera los más de Bs 100 millones, pero el entonces Sindicato afirma que no se benefició de Bs 12 millones provenientes del Estado).

Entendimos que la situación no puede seguir así. A la luz de sus números en rojo y el entorno adverso, la empresa tiene el derecho de tomar medidas drásticas para su sobrevivencia y su permanencia en el mercado. Hubo motivos de fuerza mayor para buscar ese camino y se lo hizo al amparo de las normas, en resguardo de su salud financiera y con respeto a las obligaciones con sus trabajadores.

En cuanto a sus lectores y sus clientes, La Razón siempre será la referencia. Es la oportunidad para reinventarnos en la adversidad.

*Éste es un espacio institucional de La Razón en el que compartiremos con nuestro público un detallado repaso a las tres décadas recorridas por este diario, mostrando los grandes hitos, los logros más importantes, los galardones, pero también los tropiezos y los momentos duros, como el que ahora nos ha tocado vivir. A partir de ahora, tanto en su versión impresa como en la digital, comenzamos a contar nuestra historia, pero con la mirada puesta en el porvenir. Acompáñennos.

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YPFB pierde $us 5,34 millones al mes con la octava adenda de venta de gas con Petrobras

En 142 días, desde el 11 de marzo hasta el 31 de julio, la petrolera estatal boliviana ya ha perdido $us 25,3 millones. Hasta fin de año la afectación económica sería de unos $us 52,5 millones.

/ 3 de agosto de 2020 / 01:53

Una planta de la brasileña Petrobras. Foto: Archivo AFP

Tras la firma de la octava adenda al contrato de compraventa de gas natural suscrito entre YPFB y Petrobras, la petrolera estatal boliviana ha dejado de percibir mensualmente unos $us 5,34 millones por el transporte del energético entre Río Grande y Puerto Suárez (Mutún), en la frontera con Brasil, costo que antes de la firma del nuevo convenio lo pagaba la petrolera brasileña.

Desde Río Grande hasta el Mutún la longitud del ducto es de 570 kilómetros. Antes de la firma del nuevo acuerdo el punto de entrega del gas boliviano era Río Grande. Ahora, con la octava adenda, el punto de entrega se lo ha cambiado al Mutún, en la frontera con Brasil, según el documento al que tuvo acceso La Razón.

Bolivia recibe por día unos $us 1,8 millones por 14 millones de metros cúbicos de gas que comercializa a Petrobras, de los que debe disponer —tras la firma de la octava adenda— $us 177.975 por el pago que ahora Bolivia hace por el transporte desde Río Grande hasta el Mutún y que antes asumía Petrobras.

En un mes sería una afectación económica por unos $us 5,4 millones. Y hasta fin de año, las pérdidas para YPFB ascenderían a $us 52,5 millones.

El portal digital “Detrás de la Verdad” también denunció ayer que los ingresos por la exportación de gas se han visto afectados por la firma de la adenda con Brasil, lo que se constituye en un daño económico para Bolivia, “ya que se ha permitido que Petrobras deje de pagar la tarifa de Transporte a GTB que lo hacía durante los últimos años y ahora YPFB asume ese pago millonario tras haber modificado el punto de entrega de Río Grande a la zona fronteriza con Brasil en Puerto Suárez”.

Asimismo, el portal de noticias reveló que exaltos cargos de Petrobras ahora toman decisiones en YPFB. Detrás de la Verdad enumeró una larga lista que va desde el actual presidente de YPFB hasta el gerente general de YPFB Refinación, pasando por asesores y directores de la petrolera estatal.

“Estos ejecutivos cumplieron funciones durante décadas en Petrobras y ahora ocupan cargos estratégicos en YPFB, desde allí negocian y toman decisiones con Petrobras dejando entrever un conflicto de intereses que puede haber provocado la toma de decisiones en desmedro de los bolivianos”, afirma el diario digital.

Volumen

El punto de entrega del gas de exportación para el mercado de Brasil, antes de la firma de la octava adenda, era Río Grande en Santa Cruz, punto donde se realizaba la medición del volumen a ser entregado a Petrobras, desde donde esta empresa asumía todos los costos de transporte, es decir pagaba la tarifa de transporte en territorio nacional a Gas Trans Boliviano (GTB) —subsidiaria de YPFB Corporación— y desde el Mutún también debía realizar el pago a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG).

El 6 de marzo, Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmaron la octava adenda al contrato de compra venta de gas natural. El acuerdo suscrito en la ciudad de Santa Cruz establece un volumen mínimo de entrega de 14 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) y un máximo de 20 MMm3d. Con las anteriores adendas el volumen máximo era de 30,08 MMm3d y el mínimo, de 24 MMm3d.

La octava adenda entró en vigencia oficialmente el 11 de ese mes.

Incompetencia

Fuentes del sector energético explicaron a este medio que si actualmente se tiene un volumen contractual de 14 MMm3d, antes de la firma de la adenda YPFB hubiera recibido por la exportación de este volumen, considerando un precio de $us 4 el millón de BTU, un ingreso de $us 1,98 millones por día y en un mes (30 días) se hubiera recibido $us 59,3 millones.

“Sin embargo, hoy Bolivia (TGN, YPFB, Gobernaciones, Universidades, Gobiernos Municipales y otros) reciben por día $us 1,8 millones por día, haciendo una diferencia (ingreso menor) de $us 177.975 ya que se debe descontar el pago que ahora Bolivia hace por el transporte desde Río Grande hasta el Mutún y que antes asumía Petrobras, que en un mes de 30 días sería una afectación económica por esta mala negociación de $us 5,34 millones”, dijo una de las fuentes consultadas que pidió guardar su nombre en reserva.

Y añadió: “Petrobras se aprovechó de la incompetencia o hizo (hicieron) un negocio redondo junto con las personas que negociaron esta adenda”.

(03/08/2020)

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Áñez decreta el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad y Arce la acusa de hacer campaña

La presidenta-candidata ratificó el pago del beneficio desde este lunes. El postulante presidencial del MAS anuncia que presentará el proyecto de ley para un bono de Bs 1.000.

/ 2 de agosto de 2020 / 01:11

La presidenta-candidata Jeanine Áñez y el presidenciable del MAS, Luis Arce.

Con la promulgación del Decreto Supremo 4303, el viernes 31 de julio, la presidenta-candidata Jeanine Áñez ratificó la premura para el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad desde este lunes 3 de agosto. El postulante presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, la acuso de hacer campaña política y presentará un proyecto de ley para un bono de Bs 1.000.

Esta semana, la postulante de la alianza Juntos anunció su decisión de adelantar el beneficio para más de 870.000 adultos mayores de 60 años. “Hemos decidido entregar otra ayuda económica a las familias, una ayuda que no necesita permiso de la Asamblea. Vamos a adelantar el aguinaldo de la Renta Dignidad”, dijo mediante un video en redes sociales.

Añadió que tomó la determinación ante el “bloqueo” de los asambleístas del MAS, que son mayoría en el Legislativo, para el uso de créditos internacionales como del Fondo Monetario Internacional (FMI), de $us 327 millones, condición que puso para el pago del Bono Salud de Bs 500. El Gobierno señaló que los recursos “bloqueados” ascienden a $us 1.054 millones.

Ante ello, el MAS demandó mayor transparencia del gobierno de Áñez para el empleo del dinero proveniente del extranjero. Por ello, señaló que el Ejecutivo todavía no fundamentó las condiciones, los intereses y el destino de esos créditos. Ahora, se allana una reunión entre representantes gubernamentales y legisladores de la oposición para allanar este camino.

Arce, quien fue ministro de Economía, dio una entrevista el sábado a radio San Gabriel, en la cual señaló que Áñez solamente hace campaña con el adelanto del aguinaldo de la Renta Dignidad. “Esta es una jugada política más, como los bonos. No le interesa resolver la situación del país y solo le interesa su campaña política; adelantar el pago es parte de su campaña”.

“Si realmente le preocupara a este gobierno resolver el tema de los más pobres, humildes, el desempleo, el aumento de la pobreza por la pandemia, debería hacernos caso y pagar los Bs 1.000 que hemos planteado y no con Bs 500, que no alcanza para enfrentar la pandemia”. Y ratificó que presentará un proyecto de ley para que se viabilice este planteamiento.

La Renta Dignidad asciende a Bs 350 mensuales para los ancianos de más de 60 años que no gozan de jubilación y a Bs 300 para quienes tienen este beneficio. El Ministerio de Economía y Finanzas calculó Bs 300 millones para la cancelación de este aguinaldo en los bancos. Se anunció que el cobro se podrá realizar según el día de cumpleaños del beneficiario.

(02/08/2020)

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El aguinaldo de la Renta Dignidad se pagará desde el lunes según el día del cumpleaños

El beneficio adelantado se pagará en los mismos bancos que cancelan mensualmente la renta. El Gobierno calculó Bs 300 millones para el pago y que llegará a más 870.000 adultos mayores.

/ 1 de agosto de 2020 / 17:39

Un grupo de adultos mayores cobra la Renta Dignidad en una entidad financiera.

El aguinaldo adelantado de la Renta Dignidad podrá ser cobrado por los adultos mayores de 60 años desde este lunes 3 de agosto, según el día de su cumpleaños.

«De la misma forma (que se cobra) con el carnet de identidad, en el día de sus cumpleaños, como se paga la Renta Dignidad, de la misma forma van a acceder al aguinaldo que estamos adelantando», dijo este sábado la presidenta transitoria Jeanine Áñez, difundió la red Unitel.

El miércoles, Áñez anunció que la decisión beneficiará a más de 870.000 ancianos y que los mismos bancos que pagan la Renta Dignidad serán los encargados de la entrega.

Hace una semana, la Mandataria oficializó la determinación. “Hemos decidido entregar otra ayuda económica a las familias, una ayuda que no necesita permiso de la Asamblea (Legislativa). Vamos a adelantar el aguinaldo de la Renta Dignidad (…)”, informó mediante un video en redes sociales.

Añadió que tomó la decisión ante el “bloqueo” del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Legislativo para el uso de créditos internacionales como del Fondo Monetario Internacional (FMI), de $us 327 millones, condición que puso para pagar el Bono Salud de Bs 500.

Legisladores del MAS demandaron mayor transparencia del gobierno de Áñez para el uso de recursos provenientes del extranjero. Por ello, señalaron que el Ejecutivo todavía no fundamentó las condiciones, los intereses y el destino que se dará a este dinero.

La Renta Dignidad asciende a Bs 350 mensuales para quienes no gozan de jubilación y a Bs 300 para quienes tienen este beneficio. El Ministerio de Economía y Finanzas calculó Bs 300 millones para el pago de este aguinaldo.

El ministro interino de Economía y Finanzas Públicas, Abel Martínez, explicó que el Ejecutivo afina los detalles para iniciar este pago a partir del lunes. Recordó que en la reunión de gabinete del viernes se definió la fuente de financiamiento, publicó la agencia ABI.

Ello “ha significado que se apruebe el decreto estableciendo todas las reglas especialmente y lo más importante de todo esto es el financiamiento de este aguinaldo, y además el hecho de buscar siempre la seguridad y bioseguridad de nuestros adultos mayores».

Los beneficiarios pueden autorizar el cobro mediante sus familiares, a través de un poder.

(01/08/2020)

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