Economía

domingo 24 may 2020 | Actualizado a 21:45

BoA ofrece pasajes a mitad de precio

La oferta de Boliviana de Aviación es desde el 22 de mayo hasta el 31 de agosto

/ 23 de mayo de 2020 / 15:27

Una aeronave de BoA en el aeropuerto Viru Viru.

Por Erick Ortega

Boliviana de Aviación (BoA) ya tiene lista una hoja de ruta nacional, ahora que la cuarentena apunta a flexibilizarse en algunas regiones del país. La empresa aérea ofrece pasajes a mitad de precio.

Según información en su cuenta de Facebook, la campaña “Más flexibles que nunca” empezó el 22 de mayo y se extenderá hasta el 31 de agosto.

Con este nuevo tarifario de oferta, un vuelo de la ciudad de La Paz a Oruro está cotizado en Bs 260, a Cochabamba Bs 182 y a Santa Cruz Bs 361. La oferta aplica a vuelos que salgan desde las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Cobija y Trinidad.

Los interesados pueden ingresar al portal www.boa.bo, a la página de Facebook BolivianaDeAviacion o llamar al Call Center: 901 105010.

Debido a la pandemia del coronavirus, la aerolínea estatal dejó de percibir desde el 10 de marzo hasta el 30 de abril un total de $us 800.000 lo que derivó en una iliquidez en la aerolínea nacional. El 3 de marzo, el Gobierno aseguró que potenciará a la aerolínea estatal pese a los problemas financieros que arrastraba hasta ese entonces.

(23/05/2020)

Comparte y opina:

Asuss aclara que empleadores no pagarán indemnizaciones por COVID-19, sino las cajas y AFP

La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social recordó que el instructivo de extender el Certificado de Incapacidad Temporal por Accidente de Trabajo sigue lineamientos de la Ley General de Trabajo y la OIT.

/ 24 de mayo de 2020 / 14:24

Economía y coronavirus

Por Miguel Vargas

La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (Asuss) aclaró que cualquier pago de indemnizaciones en favor de un empleado que resultare contagiado con COVID-19 no correrá por cuenta del empleador, sino de las entidades de la seguridad social (las cajas de salud) y las AFP.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC -Bolivia), la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur Nacional), entre otras entidades privadas, solicitaron al Gobierno en las últimas horas dejar sin efecto el Instructivo INS/ASUSS/DGE/DJ N° 0003/2020, que ordena a los Entes Gestores de Salud (las cajas de salud) emitir el certificado de incapacidad temporal por trabajo a los asegurados que se contagien del COVID-19 con ocasión o como consecuencia de sus actividades laborales.

“Es necesario mencionar que la aplicación de la Ley General del Trabajo y su reglamento no está dentro de la tuición directa de la Asuss, por lo tanto, la información vertida por algunos medios de comunicación de que la Asuss instruye que el trabajador que quede inválido o muera producto del COVID-19 debe ser indemnizado con 24 sueldos por sus empleadores carece de verdad, ya que el instructivo emitido se circunscribe a la aplicación del Código de Seguridad Social”, se lee en un comunicado firmado por Ramiro Alejandro Reyes, director General Ejecutivo de la entidad reguladora.

En el comunicado se explica que el artículo 98 de la Ley General del Trabajo establece que “la institución aseguradora responderá el pago total de las indemnizaciones, rentas y pensiones quedando, entonces, relevado el patrono de sus obligaciones por el riesgo respectivo”.

Accidentes de trabajo

De forma específica, si se declara un accidente de trabajo, serán las Cajas de Salud las que harán las prestaciones a corto plazo y si la persona falleciera por COVID-19, serán las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) las que harán las prestaciones a largo plazo, precisa el documento emitido este domingo.

La Asuss sostiene, además, que para elaborar el instructivo –que responde a la necesidad de los Entes Gestores de Salud de aclarar la relación de la infección por COVID-19 con referencia y consecuencia del trabajo en el ámbito de la seguridad social–, se ha procedido en apego al Código de Seguridad Social a Corto Plazo, considerando lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lo vinculado al nuevo coronavirus, en que se establecen obligaciones de empleadores y trabajadores sobre las medidas de bioseguridad.

(24/05/2020)

Comparte y opina:

Las 5 claves para el retorno normado de los gremiales a las calles en La Paz

El protocolo deberá ser aprobado en forma de ley municipal en las próximas horas, y entrará en vigor el 1 de junio.

/ 24 de mayo de 2020 / 13:01

Puestos de venta en la calle Tumusla de La Paz antes de la emergencia sanitaria

Por Patricia Cusicanqui

La Alcaldía y la dirigencia de las tres federaciones de gremiales de La Paz llegaron a un preacuerdo para aplicar un protocolo de cinco puntos a fin de que los comerciantes en vía pública vuelvan a salir una vez que se flexibilice la cuarentena, el 1 de junio.

La información fue proporcionada por la directora de Mercados de la Municipalidad, Paola Valdenassi. Como sucederá con el transporte y con los mercados, las actividades estarán limitadas a los cinco días hábiles de la semana, o sea de lunes a viernes, pues los sábados y domingos –de acuerdo con el Decreto Supremo 4229– no se permite ningún tipo de movimiento.

El alcalde Luis Revilla anunció hoy que las actividades laborales públicas y privadas, además del transporte y comercio, se reanudarán desde el 1 de junio, pero aclaró las labores académicas y de recreación seguirán suspendidas.

Las cinco condiciones para que los gremiales salgan nuevamente a vender son:

1. Solo el 50% de los afiliados de las tres federaciones más grandes de la ciudad saldrán cada día.

2. Los puestos de venta deberán guardar cierta distancia (que será reglamentada) uno entre otro.

3. Cada puesto deberá ser desinfectado dos veces al día: al inicio de la jornada y al término de ésta.

4. Las y los vendedores deberán usar, sin excepción, mascarillas y guantes, para evitar contraer o contagiar el mal.

5. Cada comerciante deberá someterse a control médico que realizará regularmente la municipalidad.

Se prevé que el protocolo esté concluido hasta este fin de semana, según una nota de prensa de la municipalidad. Este documento, al igual que la norma aprobada esta semana para el transporte de pasajeros, deberá ser refrendado en una ley municipal por parte del Concejo.

En los próximos días se conocerán también las sanciones para quienes infrinjan las disposiciones pactadas durante esta negociación.

Valdenassi afirmó que participan de la coordinación de estas medidas los dirigentes Zenón Yupanqui, Julio Patiño y Óscar Aranda, que lideran las tres federaciones más numerosas de comerciantes en vía pública de la ciudad.

Durante la cuarentena, la Alcaldía autorizó únicamente la salida de comerciantes de alimentos, tanto en mercados, como en ferias, pero también de ambulantes que únicamente vendan productos de bioseguridad y desinfección. No obstante, en los últimos días las calles se fueron llenando cada vez de más gremiales.

Otras negociaciones

Quedan pendientes reuniones con otras asociaciones de gremiales (más pequeñas en función de su número de asociados), el tratamiento de la venta de comida preparada y la apertura de los comedores populares, añadió Valdenassi.

Por instrucción del Gobierno, Bolivia está en cuarentena total desde el 22 de marzo con el objetivo de frenar el avance del coronavirus en el territorio nacional. Desde entonces, en todo el país se han reportado 5.187 casos, siendo los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz, en ese orden, los más golpeados. En la urbe paceña, el número de contagios suma 171, o sea el 46% de los confirmados en todo el departamento de La Paz, que contabiliza 375.

(24/05/2020)

Comparte y opina:

Asosur y las cámaras de Comercio e Industria piden anular la disposición que califica al COVID-19 como accidente de trabajo

La Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de Industrias también solicitaron la prórroga para el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas y un fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa

/ 23 de mayo de 2020 / 22:08

Por Miguel Vargas

La Cámara Nacional de Comercio (CNC -Bolivia) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), así como la Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur Nacional) solicitaron este sábado, a través de comunicados, que la Autoridad de Supervisión de la Seguridad a Corto Plazo (ASUSS), deje sin efecto el Instructivo INS/ASUSS/DGE/DJ N° 0003/2020 que ordena a los Entes Gestores de Salud emitir el certificado de incapacidad temporal por trabajo a los asegurados que se contagien del COVID-19 “con ocasión o como consecuencia del trabajo”, considerando que se trata de una medida que no tiene fundamento técnico ni médico.

Ambas cámaras sostienen que “a la fecha, no es posible determinar el lugar ni el momento del contagio, por lo que no es razonable que dicha enfermedad sea considerada responsabilidad de los establecimientos laborales, más aún cuando estos están aplicando los protocolos de bioseguridad exigidos y el contagio podría ocurrir en la vida privada de los trabajadores”.

Por ello,  piden que, “con carácter de urgencia”, la ASUSS deje sin efecto ese instructivo y que ordene a los Entes Gestores de Salud la emisión del certificado de incapacidad temporal por enfermedad común a favor de los asegurados que se contagien con el COVID-19.

De igual forma, Asosur afirma que “resulta un despropósito calificar esta situación como un accidente de trabajo, toda vez que cualquier determinación sobre el tema se torna subjetiva y discrecional, generando además inseguridad jurídica en nuestro sector”.

La norma vigente ordena que en caso de que la enfermedad derive en el fallecimiento o incapacidad permanente del trabajador, los empleadores indemnicen a los herederos con el pago de 24 salarios.

Pago de impuestos

La CNC-Bolivia y la CNI también solicitaron al Gobierno Nacional  que la prórroga otorgada por el Decreto Supremo 4198 para el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) para las empresas con cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2019, se amplíe hasta el 20 de octubre de 2020 o bien 60 días después de que se levante la actual cuarentena, aplicando la misma lógica de ampliación de plazo para el sector industrial cuyo cierre se registra, anualmente, el 31 de marzo.

El pedido se ha hecho debido a que las empresas no pudieron poder generar ingresos suficientes para hacer frente a la acumulación de sus obligaciones, no tuvieron la posibilidad de terminar sus cierres administrativos contables  ni con las auditorías con cierre de la gestión 2019.

Micro, pequeña y mediana empresa

Finalmente, ambas cámaras reiteraron la solicitud al Gobierno Nacional para que este constituya un fondo de garantías estatales para el financiamiento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME´s) de la reposición de los fondos de capital de trabajo a las entidades que tienen pendientes pagos y obligaciones de corto plazo. “Este financiamiento, que está dirigido a restablecer la cadena de pagos de las empresas que ha sido interrumpida de manera abrupta por el estado de emergencia sanitaria, debe ser otorgado de forma ágil, en condiciones concesionales de plazo y tasa de interés y bajo garantía quirografaria”, señala el comunicado.

(23/05/2020)

Comparte y opina:

Armada decomisa vino de contrabando y evacúa a pasajeros en choque de embarcaciones

Los hechos se dieron en Bermejo (Tarija) y Santa Ana (Beni). Efectivos de la armada realizan patrullajes por tierra y agua.

/ 23 de mayo de 2020 / 20:32

Embarcaderos en el puerto de Santa Ana

Por Wilma Pérez

Efectivos de la Base Naval “Bermejo” (Tarija) sorprendieron a personas que trataban de internar vino de contrabando, en tanto que los de la Base Naval de Santa Ana (Beni) ayudaron a desembarcar pasajeros de una embarcación que se chocó en el río Yacuma.

Según el reporte de prensa de la Armada en Acción, en Bermejo, en un sector del parque Los Chaguancos se sorprendió a cinco personas que internaban al país mercadería ilegal de procedencia argentina.

“Tres súbditos argentinos fueron detenidos y otras dos personas, en un intento de recuperar la mercadería y darse a la fuga, trataron de golpear a los efectivos navales, pero fueron aprehendidos y entregados a la Policía Fronteriza, con actas”, indica el documento de prensa.

Accidente

Por otro lado, en el norte del territorio nacional los efectivos de la naval ayudaron a familias que quedaron atrapadas en una embarcación pequeña  tras la colisión con una nave más grande que abastece de gas licuado a la comunidad de Caricacho del municipio de Santa Ana.

“Preservando la seguridad de la vida humana, se procedió a evacuar a los pasajeros de la embarcación, de las 15 personas, cuatro eran niños. Todos los pasajeros que fueron trasladados al puerto de la Unidad Naval en Santa Ana, los que se encuentran estables y aparentemente sin haber sufrido contusiones por el incidente fluvial”, detalla el boletín.

(23/05/2020)

Comparte y opina:

Telefónicas en emergencia por proyecto de ley de rebaja excepcional, advierten que puede ocasionar el colapso de la red

Catelbo considera que el proyecto de Ley Transitoria de Rebaja Excepcional de Servicios de Telecomunicaciones, es unilateral e irresponsable, Solo con la prohibición de cortar el servicio y el diferimiento del pago de las facturas, el tráfico se incrementó en un 40%.

/ 23 de mayo de 2020 / 19:05

Telefonía celular

Por Daymira Barriga

Las empresas telefónicas de Bolivia se declararon en emergencia y alertaron que el Proyecto de Ley 621 o Proyecto de Ley Transitoria de Rebaja Excepcional de Servicios de Telecomunicaciones, pone en riesgo la prestación de este servicio ya que ocasionará una severa congestión en la red.

“Una nueva medida que sólo contemple el incremento en la demanda del servicio sin considerar las medidas técnicamente necesarias para poder atenderlo razonablemente es simplemente una irresponsabilidad”, advirtió en un boletín de prensa la Cámara Boliviana de Telecomunicaciones (Catelbo).

“El sector de telecomunicaciones ha realizado un enorme esfuerzo humano, técnico y tecnológico para mantener al país conectado y comunicado en esta crisis sanitaria, es lamentable que el Legislativo tome decisiones unilaterales, sin tomar en cuenta a las partes involucradas”, dijo Eduardo Trigo, gerente de esa cámara empresarial.

 “Estamos en la obligación de visibilizar que, con esta medida inconstitucional, solo se afectará al usuario final”, añadió.

 Hace tres días el Proyecto de Ley 621 fue aprobado por los diputados, y su tratamiento pasó al Senado. El documento establece que operadores y proveedores del servicio móvil de voz y acceso a internet móvil, crearán un Plan Solidario de Recarga; para las modalidades pre-pago deberán duplicar el crédito al momento en el que el usuario realice alguna recarga, el monto máximo de beneficio de la recarga será de Bs 320 al mes y la vigencia del crédito adicional otorgado será de 30 días posteriores a la recarga y no podrá ser transferido a otros usuarios.

Para la modalidad post-pago se aumentará en 10% los minutos libres y los megabites (MB) mensuales del plan contratado. Cuando los usuarios de este plan pasen a pre pago serán beneficiados con la duplicación del crédito al momento de realizar alguna recarga y se aumentará en 50% los minutos libres mensuales contratados.

Dato

En el mismo proyecto se establece que los operadores y proveedores del servicio móvil deberán generar planes de acceso a internet destinados a teleducación y teletrabajo, estos planes deben ser difundidos en medios de comunicación masiva.

“La normal provisión de internet y telefonía a los cerca de 10 millones de usuarios que hay en Bolivia está en riesgo, tras la aprobación del proyecto de Ley 621”, informó Catelbo.

Solo con la medida que pospone el cobro de facturas por los servicios de telefonía e internet y prohíbe el corte por falta de pago tomado cuando comenzó la cuarentena por el COVID-19, “el tráfico en las redes se incrementó súbitamente más del 40% en promedio, con picos que pueden duplicar el tráfico histórico para el cual estaban preparadas las redes de telecomunicaciones”, dijo la entidad.

“Una nueva medida que sólo contemple el incremento en la demanda del servicio sin considerar las medidas técnicamente necesarias para poder atenderlo razonablemente es simplemente una irresponsabilidad”.

Este sector, en la nota de prensa, también lamentó que, pese a sus esfuerzos por explicar la situación a los legisladores, el proyecto avanzó en la Cámara Baja “sin consideración alguna a los aspectos técnicos, económicos y legales involucrados en una decisión como esta”.

“Se han presentado propuestas innovadoras, sostenibles que buscan el mismo objetivo, sin embargo, no fuimos escuchados. Creemos un tema tan crítico y técnico como este no puede ser politizado, es irresponsable”, aseguró.

(23/05/2020)

Comparte y opina: