Oportunidad de cambio

Para levantar el secreto bancario se busca el consenso con la Policía.

Carlos Romero es ministro de Gobierno 11/06/2019 11:36 AM

En 2011, los índices de criminalidad en Bolivia estaban cerca del 50% de la media latinoamericana. En esas condiciones se desarrolló un nuevo marco normativo para enfatizar en la seguridad ciudadana como una política integral de protección de los derechos humanos, lo que significaba también la asignación de un nuevo rol y disposición de la Policía Boliviana.

La estrategia de seguridad ciudadana se sustenta —entre otros factores— en el concepto de policía comunitaria, de cercanía, de vecindad. Por tanto, se definió la desconcentración territorial de la institución, mediante la aplicación de un “Plan Cuadrante” de control territorial a través de la construcción de Estaciones Policiales Integrales EPI. A su vez, un mayor despliegue policial en el territorio suponía el fortalecimiento de su parque automotor y la dotación de dispositivos tecnológicos.

En 2012, en Tarija, en el ámbito de una Cumbre de Seguridad Ciudadana, se consensuó un Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana asignando un 10% del IDH de Entidades Territoriales Autónomas a favor de las tareas de seguridad ciudadana. Estos recursos se suman a un incremento de más del 400% del TGN, para la planilla y equipamiento policial, con relación al periodo neoliberal.

Estas nuevas condiciones han permitido incrementar efectivamente los salarios y bonos de los policías, construcción y poner en funcionamiento 52 EPI a nivel nacional, dotar de laboratorios e insumos propios, establecer el AFIS criminal, el IBIS criminal, el registro de armas REAFUC, adquirir más de 3.000 cámaras de videovigilancia, crear la Unidad Aero-policial con dos helicópteros y una aeronave, asignar GPS, drones, incrementar un parque automotor de vehículos y motocicletas en más de 900%, construir viviendas policiales, infraestructura para Comandos, Unidades de Bomberos, Tránsito, Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, ampliación de infraestructura de unidades académicas, deportivas y otras.

Se ha incrementado significativamente el número de efectivos policiales, de algo más de 26.000 en 2006, ahora tenemos un total que supera los 37.000, gracias a la implementación de las Escuelas Básicas Policiales, establecidas en cada capital de departamento; así también en algunas capitales de provincia. Esto permitió que de la relación de un policía por cada 490 habitantes, hemos pasado a 1 policía por cada 272. Se trabajó también en la implementación de un gran proyecto de expansión e integración mediante el Programa Bol-110 con una inversión de 105 millones de dólares.

El Ministerio de Gobierno en coordinación con la Policía Boliviana  ha propuesto 15 lineamientos para fortalecerla en el corto y mediano plazo; dirigidos a fortalecer mecanismos de control, automatizar procedimientos, incorporar tecnología en la gestión interna, transparentar la gestión de recursos humanos, abreviar procesos disciplinarios, mayor presencia de la Oficina de Control Interno (OCI) y generar independencia en la integración de las inspectorías y fiscalías.

Se pretende transparentar el patrimonio de los policías y sus familiares, hasta la segunda línea de consanguinidad directa y cuarta en línea indirecta, aspecto que fue sugerido por el presidente del Estado, Evo Morales, en el marco de la IX Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana que se desarrolló en Trinidad (Beni), quien planteó que los efectivos del orden renuncien al secreto bancario.

Aún se analiza el alcance de aplicación de esta medida, que pretende transparentar las cuentas bancarias para evitar hechos de corrupción. Para esto se pretende generar un consenso con la Policía, por ello estamos a la espera de una respuesta para tomar decisiones.

También se prevé la automatización del kárdex de cada servidor policial, que permitirá una reingeniería en la gestión de recursos humanos para transparentar los ascensos y destinos. La evaluación integral de los servidores públicos policiales es otro de los lineamientos, que estará compuesta por distintas pruebas: toxicológica, psicológica, económica y una poligráfica. Se busca establecer la idoneidad del servidor público policial. Asimismo, será aplicada a postulantes seleccionados que ingresen a los institutos de formación policial de pregrado, y a todos los servidores públicos policiales de unidades donde existan indicios de actos ilícitos.

La cualificación y especialidad profesional es una prioridad, por lo que se pretende implementar la Reforma Integral del Sistema Educativo de la Universidad Policial (Unipol) con el apoyo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) de la Unión Europea (UE). Asimismo la FIIAPP también apoyará al establecimiento del Departamento Nacional de Contrainteligencia, el cual se creará de manera definitiva mediante ley.

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